La
indignación por el “engaño y la traición” de la que fue objeto el
magisterio disidente al no ser incluidas sus propuestas en las leyes
secundarias de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto se convirtió
en venganza que desplazó al Poder Legislativo, sujetó al Judicial y
atenazó el aeropuerto más importante del país. La administración federal
había prometido que haría caso a los maestros a la hora de definir
dicha legislación. Pero no cumplió.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Una fallida maniobra de los alfiles presidenciales desestabilizó a los tres poderes de la Unión.
Miguel
Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; Luis Miranda Nava,
subsecretario de la misma dependencia, y Aurelio Nuño, jefe de la
Oficina de la Presidencia de la República, intentaron controlar al
magisterio utilizando el Pacto por México.
Fallaron: Los legisladores
federales tuvieron que salirse de sus recintos, edificios del Poder
Judicial fueron cercados, los profesores impusieron qué leyes se
analizaban y paralizaron zonas enteras de la capital del país,
incluyendo los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM).
Después de nueve horas de bloqueo en torno al AICM,
el gobierno federal cedió ante los maestros. En una negociación de
cuatro horas con el secretario de Gobernación, los líderes seccionales
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
aceptaron replegarse a su campamento en el Zócalo, liberando San Lázaro y
el Senado de la República con el compromiso de iniciar negociaciones
con los legisladores, el próximo lunes.
En un intento por
desinflar el movimiento contra la reforma educativa que encabeza la CNTE
–y luego de las tomas de carreteras que los profesores realizaron en
Guerrero–, el pasado 14 de mayo Enrique Peña Nieto encomendó a Miranda
Nava, Osorio Chong y Nuño realizar una serie de ofrecimientos a los
profesores, abriéndoles las puertas del Pacto por México.
De
acuerdo con personas cercanas a la negociación, Miranda Nava prometió a
la disidencia magisterial el financiamiento para que realizara nueve
foros sobre la reforma. El acuerdo era que las propuestas emanadas de
esos encuentros se incorporarían a la iniciativa federal, que buscaba
reformar las tres leyes reglamentarias del artículo tercero
constitucional.
Las leyes a modificar serían la General de
Educación, la del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la
General del Servicio Profesional Docente.
Por su parte, el
presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz; el del PAN, Gustavo
Madero, y el del PRD, Jesús Zambrano (todos integrantes del Pacto por
México), ofrecieron apertura para recibir y “posiblemente” incluir las
propuestas de los docentes en las citadas leyes, según contaron
legisladores federales.
Pero el gobierno y los partidos los engañaron.
(Fragmento del reportaje principal que se publica en Proceso 1921, ya en circulación)
/24 de agosto de 2013)
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