El olor a pólvora ha sustituido el aroma de la caña quemada en Los
Mochis. Después de ser la ciudad más tranquila de Sinaloa no hace ni
siquiera una década, ahora el crimen organizado la ha convertido en el
territorio emblemático de la disputa entre cárteles y ha tomado a la
gente de paz como rehén de una guerra que les resulta ajena pero
igualmente terrorífica. El municipio de Ahome significa a la vez el
mayor fracaso del Gobierno en la obligación que tiene de darle seguridad
a la población.
En una de las fotos enviadas por la oficina de Comunicación del
Gobierno del Estado, en la cual da cuenta de la reunión urgente del
Gabinete de Seguridad celebrada el jueves 6 de junio en Los Mochis, se
aprecia a funcionarios riendo inexplicablemente. Ríen el gobernador, el
alcalde y el general ante rostros más adustos de mandos de las policías
federal y ministerial.
Quién sabe cuáles serán los motivos para la risa en una ciudad que a
diario despierta sabiendo de hechos de sangre cada vez más crueles, cada
días más absurdos. Da la impresión de que el cónclave policiaco fue
solo para la foto y la chunga y que los operativos anunciados ahí son
otro discurso bofo, solo para simular la presencia del estado en una
zona que aceptan como ingobernable.
Los Mochis se ha constituido en el ícono de las disputas entre grupos
escindidos del cártel de Sinaloa y los capos que lideran esa
organización. Pero no solo eso: es también la tierra del gobernador
Mario López Valdez y la referencia constante de un mando policiaco, a
cargo de Jesús Carrasco Ruiz, en torno a quien se narran atrocidades que
lo vuelven poco confiable y que incluso tácticamente vuelven inviable
su permanencia en el cargo.
La ciudad cañera, a diferencia de otros municipios donde la
pacificación es evidente, se calienta al fragor de una batalla de tantos
muertos, heridos y desaparecidos que describen las 24 horas la otra
realidad que crispa, que atemoriza y asombra como nunca antes les había
sucedido a los mochitenses. Para empeorar la zozobra civil, al jefe de
la Policía Municipal se le involucra sistemáticamente en sucesos
ilícitos, desvaneciendo la figura de autoridad y acentuándose el perfil
del proscrito.
De igual manera, el grupo delictivo que tiene el control en los
municipios norteños ha querido insistentemente mostrar al gobernador en
una lucha parcial contra la delincuencia, plasmándole a Malova
etiquetas que lo plantean sesgado en la responsabilidad constitucional
de combatir el delito contra quien sea que lo cometa. De tanto ir el
cántaro al agua, lo más seguro es que alguna abolladura le han causado
ya.
En razón de todo esto, la estrategia para rescatar a Los Mochis debe
ser distinta a la implementada en municipios como Mazatlán y Navolato
que alguna vez se convirtieron en la antesala del infierno y hoy
respiran un poco de tranquilidad, no la suficiente pero calma al fin que
distiende la actividad social a un nivel manejable. Cuando la gente
respira algo de paz tras una jornada de barbarie exacerbante, ella misma
colabora en restablecer el tejido legal para que el salvajismo no
vuelva a poner en jaque a las familias.
Eso es lo que le falta al norte del estado, particularmente a Los
Mochis. El rediseño de las estrategias de seguridad que conlleve la
coordinación entre instituciones de seguridad federales, estatales y
municipales, pero sobre todo que los mandos policiacos estén al lado de
la ciudadanía de bien y no sean parte de la delincuencia ni carguen con
la sospecha de tomar partido con uno u otro bando criminal.
En tanto se deciden a entrarle en serio o seguir jugando al tío Lolo,
los mochitenses que han copado las instituciones estatales tienen una
deuda que ni siquiera han podido cubrir con el terruño que los acunó y
los catapultó a cargos públicos que desempeñan no por capacidad, sino
por amiguismo y paisanaje.
Re-verso
La misma declaración,
de un gobierno arrodillado,
que ni cuenta se ha dado,
que él va al paredón.
Promesa trillada
Más allá de los nuevos operativos de la fuerza pública y el discurso
oficial de “no vamos a ceder espacios a la delincuencia”, incluso más
allá del disco rayado del procurador Marco Antonio Higuera Gómez que
ofrece el restablecimiento de la paz como si se tratara de una profecía,
el rescate de Los Mochis, contundente fracaso del gobierno de Malova,
no será obra de una reunión escénica del Gabinete de Seguridad.
Primero, se requiere dotar de estatura moral a las autoridades e
instituciones, cortando de tajo la sensación pública de impotencia al no
saber quién le pega más duro a la gente pacífica: si las células
criminales o los cuerpos policiacos. Segundo, igualar la lucha contra el
crimen, llámese como se llame. Inicia la cuenta regresiva.
Lluvia ácida
En la misma reunión el procurador Higuera Gómez dijo que el
comandante de la Tercera Región Militar, general Moisés Melo García,
reiteró el respaldo para restablecer la tranquilidad en el norte de
Sinaloa. ¿Eso qué significa? ¿Tirar desde los helicópteros más volantes
pidiéndole a la gente que denuncie a los malandrines?
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