ESPERANZA CONTRA IMPUNIDAD

La pesadilla de los desaparecidos se agrava con la desidia de la justicia Alejandro Sicairos   Édgar Guadalupe García Hernández era empleado del despacho del procurador Marco Antonio Higuera Gómez y miembro de la brigada Jóvenes de Corazón que apoyó a Mario López Valdez en la campaña que lo llevó a la gubernatura, pero nada de eso le valió. Hoy es parte de la estadística de desaparecidos en Sinaloa. El 12 de febrero su fe en el cambio transmutó en miedo, impotencia y dolor. Los casi tres meses que lleva su familia buscándolo se han convertido en una pesadilla paralela a la que él vivió aquella noche cuando un grupo armado se lo llevó junto a varios de sus amigos. De acuerdo con la averiguación previa 143/2012 de la Agencia Séptima del Ministerio Público del Fuero Común —otra que engrosa los casos de levantones sin resolver— García Hernández estaba en su domicilio de la colonia Progreso cuando un comando tipo policiaco irrumpió para secuestrarlo. Aunque hubo varios testigos de este hecho violento, son escasas las pistas con que cuenta la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ningún funcionario de la dependencia habla al respecto a no ser por el habitual “estamos investigando”, “la investigación es confidencial”, “daremos con los responsables”. Un día después de que García Hernández desapareció, los padres de la víctima se entrevistaron con el procurador. Le pidieron que los ayudara a encontrarlo y se integró la averiguación. A partir de entonces han tocado puertas en todas partes. En la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa que preside Óscar Loza Ochoa pusieron una queja por la escasa atención que la Policía Ministerial le otorga al caso. Ahí les dicen que tienen mucho trabajo por resolver y ofrecieron que lo asignarían a otro grupo de investigación para agilizar la búsqueda. Han ido al despacho del gobernador a pedirle una audiencia y no han podido verlo. La familia de Édgar Guadalupe busca un gesto de solidaridad que les ayude a retomar un poco de calma. Tras la desaparición del joven, su pequeño hijo y esposa quedaron en el desamparo, han sufrido saqueos en la casa que él habitaba y los hermanos han tenido que irse por miedo, al ignorar los motivos del atentado. Los padres de Édgar acudieron el 23 de abril a entrevistarse de nuevo con el procurador Higuera Gómez, pero ya no los recibió. Ahí trabajaba su hijo, pero para la justicia eso de nada sirve. Méritos olvidados Édgar Guadalupe quería ser investigador policial. Con sus estudios de criminalística se preparaba para ingresar a la PGJE e indagar sucesos delictivos. Decía que le preocupaba que muchos jóvenes, mujeres y niños fueran asesinados sin que se esclarecieran y castigaran dichos crímenes. En los días previos a su desaparición, con frecuencia le hablaba al trabajo a su madre y pedía hablar con ella. Quienes lo conocían lo veían tenso, serio, acongojado. “Mamá deja eso que estás haciendo y vete a la casa para que me des un masaje para sentirme mejor”, le pedía sin revelar las causas que lo preocupaban. Él era el office boy del procurador. Sin antecedentes penales. En 2010 se sumó a la campaña de Malova integrándose a los jóvenes activistas de El cambio es ahora por Sinaloa. Movía a gente de su edad y organizaba su participación política. También se desempeñó como instructor del Consejo Nacional de Fomento Educativo y en diciembre realizaba posadas para los internos del Tutelar de Menores. Incluso armó diversos torneos de futbol en colonias populares. La última vez que su familia lo vio fue el 12 de febrero en un convivio en la casa de su madre. Le dijo que le empacara cena para tres personas y se fue. Al retirarse le dijo a su madre: “Mamá, te quiero mucho, nunca lo olvides”. Ella le respondió que también lo amaba. Desde esa noche nadie supo nada. Las horas posteriores se mantuvo la esperanza de que apareciera de un momento a otro, pero luego vendría la angustia, el insomnio y la exigencia a las autoridades para que lo encuentren. La noche del 12 de febrero, Édgar Guadalupe García Hernández aparece en la extensa lista de desaparecidos en Sinaloa. Es otro caso sin investigar y uno más de los expedientes que empiezan a empolvarse en la Procuraduría. Sufriendo los estragos de la impunidad, los padres de Édgar confían en que su hijo regresará con vida. Súplica de una madre “Por favor regrésenme a mi hijo, la verdad esto es algo muy desesperante. Ya nos han hecho sufrir demasiado a toda la familia. Todos perdimos trabajo, por temor, por no saber de dónde venía el problema, ¿porqué a nosotros?”. “Yo no les reprocharía nada. Somos gente de paz, no tenemos nada contra nadie. Queremos saber de él. Que los perdone Dios y les ablande el corazón. No sé quiénes sean, si es Gobierno y mi hijo cometió un delito, que pague conforme a la ley. Un delito no se combate con otro delito. Yo tengo la esperanza de volverlo a ver, mientras no lo encuentre”. “Sueño que lo voy a volver a ver. Mi intuición de madre me dice que está vivo. En ocasiones me dice en los sueños que me necesita y en otras que no podemos hacer nada por él. Que nosotros nos cuidemos”. “Él es el segundo hijo de cinco. Mi muchachito es bueno. Si alguien lo ve o sabe dónde está, no se callen. Ayúdenos. Hoy por nosotros, mañana por ustedes”. “Yo no guardo coraje ni rencor, que me ayuden a encontrarlo, que me hagan ese favor. Es Dios el que va a juzgar, él es la justicia. Somos una familia pobre que se dedica a vender vasijas, loza, para sobrevivir. Apiádense, regrésenme a Édgar”. La lucha de Eloísa Pérez por encontrar a su hijo Treinta meses de espera y silencio Javier Valdez Desde el 8 de septiembre de 2010, Eloísa Pérez Cibrián busca a su hijo. También los rastros, todo lo que conduzca a él. Y desde entonces espera, hasta ahora en vano, que la Procuraduría General de Justicia del Estado le entregue los resultados de la prueba de ADN practicado a un cadáver que podría ser el de su hijo. Son alrededor de 30 meses de ausencia. Y dolor, incertidumbre e indolencia. Lo que Eloísa y su familia quieren es confirmar si ese cadáver despedazado, encontrado días después de la desaparición de su hijo, en las cercanías de Costa Rica, es suyo. Y velarlo. Son muchas las muertes sufridas en este lapso. Aquella noche de septiembre un grupo armado llegó a la calle 13, en la colonia Progreso, en busca de varios jóvenes. Los homicidas, que llegaron al lugar en un automóvil blanco, tipo Tsuru, asesinaron a balazos a Juan Carlos Manjarrez Esparza de 21 años, después de someterlo e hincarlo. Otros dos, uno de ellos identificado como José Abel Leones Martínez, de 33 años, y Juan Carlos Sánchez Pérez, de 21, fueron privados de la libertad. Días después las autoridades supieron que Leones Martínez fue dejado en libertad y cuando los investigadores de la Policía Ministerial del Estado y los familiares de Sánchez Pérez le preguntaron por este, respondió que no sabía nada, que a él lo pusieron boca abajo y vio que al joven se lo llevaron en otro automóvil. El 18 de septiembre de 2010 y cerca de esta zona, los ministeriales encontraron un cadáver con características similares a las de Juan Carlos. La ropa parecía la misma, pero no así un lunar y otras señas particulares. El cadáver además estaba despedazado y en avanzada descomposición. Lléveselo “Es suyo, lléveselo”, le dijo un empleado del Servicio Médico Forense, apurado por deshacerse del cadáver. Le insistió: si lo reconoce como suyo, al día siguiente, le prometió, lo tendrá en su casa y podrá velarlo. Eloísa no estaba del todo segura, a pesar de algunas coincidencias. Simplemente, contundentemente, no sentía en sus adentros que esa fuera su sangre, su alma, su pequeño gran hijo desaparecido. Por eso no aceptó la “oferta” del empleado del Semefo. Y desde entonces han sido una y otra promesa de investigación sobre el paradero de su hijo y de que harán nuevas pruebas de ADN para confirmar si ese cadáver le pertenece o no. Le vamos a llamar Eloísa señaló que le hicieron al menos una prueba pero no confió en el resultado. Las versiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado indican que no hubo un manejo adecuado. En abril y noviembre de 2011 y después de muchas promesas sin cumplir, recogieron de nuevo las muestras de ADN. Y cuando habla a las oficinas de la PGJE para preguntar por novedades de las investigaciones del expediente CLN/ARD/13662/2010/D le dicen que no hay nada, que ellos le van a llamar cuando haya noticias. “Como enojados, como si les molestara que uno estuviera llamando para saber si hay novedades sobre el paradero de mi hijo y sobre las pruebas de ADN, le contestan a uno que no, que no hay nada, que ellos van a llamar cuando haya algo”, manifestó, entrevistada por Ríodoce. En su casa, entre láminas y paredes de ladrillos parados. Ahí brota el llanto y se seca pronto por la polvareda: no hay desarrollo ni justicia ni ley en la colonia Progreso, cuyo nombre parece una cachetada, y menos en la calle 13, donde tiene su casa Eloísa, que comparte con algunas de sus hijas. Recuerda, remando contra la desmemoria y en su lucha por saber de su hijo, que había sido albañil, que trabajó en un banco, que terminó la prepa y salió llorando el día que le dieron el diploma, porque ese mismo día su madre le anunció que no podría seguir estudiando: no había dinero. Ni lo hay hasta ahora. Pero si él viviera haría un esfuerzo para que Juan Carlos deje ese rostro lloroso de la fotografía del cartel que su madre y hermanas pegaron por todo el centro de la ciudad. Y cómo secar esas lágrimas. Apoyándolo para que entre a la Facultad de Derecho. “Yo no he perdido las esperanzas. Todavía pienso que puedo encontrarlo vivo”, dice. Cree que pueden tenerlo cautivo, en algún lado, trabajando en contra de su voluntad. Cuenta que eso ha pasado con otros jóvenes que logran escapar de sus captores y regresan con sus familias. No sabe si el cadáver de ese otro jovencito asesinado es el de su hijo. Tal vez le pusieron la ropa que traía Juan Carlos. Pero le ganan las lágrimas y esta vez ni el terregal puede con ellas: le da tristeza comer y pensar que quizá su hijo no tiene ni para eso, o cobijarse durante el invierno mientras él posiblemente esté pasando frío. Escándalo En la Agencia del Ministerio Público de Costa Rica los empleados le reclamaron que por qué había hecho escándalo en los medios de comunicación en el caso de la desaparición de su hijo. Ella les contestó que lo único que quería era saber de él, que investigaran hasta encontrarlo y que hicieran la prueba de ADN. “A veces me da hasta miedo decir algo y si él está vivo, que me lo maten. No me da miedo que me hagan algo a mí, a nosotros, si no que le hagan algo a él”, señala. Sus hijas le reclaman. Sabe que lo otro es el silencio. Estar así, sin hacer nada, “pero tampoco está bien andar así. Quiero algo, porque no quiero que me digan por qué no hiciste nada por encontrar a tu hijo”. No se le olvida que cuando fue a interponer a la Agencia Cuarta del Ministerio Público sobre su desaparición. Los servidores públicos que la atendieron le respondieron que ella investigara, que les dijera con quién se llevaban sus hijos, qué tipo de personas eran, en qué andaban. Ella no está para eso. Sabe que esa es responsabilidad del Gobierno. La suya es insistir, exigir, alimentar su flaca y luminosa esperanza. Aunque en eso se le vaya la vida, la salud. Aunque eso hasta ahora ha significado morir. No dejar de morir. ¿En dónde están? Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos indican que suman alrededor de 3 mil personas desaparecidas de 2006 al 2010, y el número de quejas por este tipo de casos pasó de cuatro en el 2006 a 77 en el 2010.