Un gran porcentaje de policías municipales en Baja California no ha sido
evaluado en control y confianza, y quienes sí lo fueron en el pasado, sus
resultados ya vencieron.
A partir de la llegada de alcaldes priistas, la
coordinación entre Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Federal, Ejército y
Municipales, acabó.
En el abandono de sus responsabilidades, las autoridades
permiten el crecimiento de la corrupción en corporaciones de Mexicali, Tijuana,
Rosarito, Tecate y Ensenada.
Investigaciones ZETA
En enero de 2012, ocho elementos de la Policía Municipal estaban bajo
sospecha de vínculos con el crimen organizado en Tijuana. Después la cifra
aumentó a quince, entonces el secretario de Seguridad Pública Municipal, Alberto
Capella, decidió sacarlos de circulación y los mandó a “un curso de
capacitación”.
La medida no fue suficiente. Mientras esos Municipales
atendían asuntos de escritorio, otros fueron señalados como corruptos por el
narcotráfico. La lista de agentes deshonestos llegó a 21. Semanas adelante, a
32, y de ahí a 39 los acusados de desleales. Para la tarde del martes 17 de
abril, la corrupción había alcanzado a 42 uniformados.
Lo anterior lo saben
las autoridades porque los policías son denunciados internamente, en ocasiones
por sus compañeros honestos, otras por delincuentes detenidos que confiesan
haber sido apoyados por Municipales.
El problema para Capella no es descubrir
a los malos elementos, sino que las autoridades que lo superan, no lo atienden
en su problema.
La lista de elementos sospechosos de favorecer al crimen
organizado, ha llegado a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a la
Estatal y hasta al Ejército, y nadie ha apoyado al de Tijuana en la limpia de su
tropa.
La falta de depuración en las policías municipales de Baja California
es un problema que ha crecido a partir de la llegada de los alcaldes emanados
del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Después del discurso oficial de
la baja en los índices de inseguridad, los presidentes municipales se
desentendieron del tema policíaco, y poco o nada les importa que las
corporaciones regresen a la deslealtad al ciudadano.
A pesar de que en
ninguno de los cinco municipios se ha continuado con la depuración alcanzada en
las anteriores administraciones, el único que ha solicitado apoyo para ello, ha
sido Alberto Capella, secretario de Seguridad en Tijuana. Del resto,
nada.
Oficialmente, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó
que entre noviembre de 2007 y marzo de 2012, 2 mil 382 empleados de las áreas de
seguridad en Baja California han sido retirados del servicio público; alrededor
de 450 de esos elementos, como resultado del programa de depuración.
Lo que
omiten informar es que las destituciones no están directamente relacionadas,
como lo han publicitado, con los inoperantes resultados de los exámenes de
control y confianza, y que los elementos que reprueban, no son dados de baja.
La
mayoría de los despedidos fueron o han sido removidos por faltas
administrativas, comisión de delitos y, en los casos más extremos, por
señalamientos de miembros del crimen organizado que en un alto porcentaje no
pudieron ser probados en las instancias judiciales y concluyeron con la
liberación de los agentes.
Los resultados de las evaluaciones de confianza
sólo han servido para que los secretarios de Seguridad tengan una idea de
quiénes son sus agentes corruptos, y si hay disposición en el mando, busquen la
manera de suspenderlos o darlos de baja.
Policías para cada célula
En el caso de los agentes señalados en lo que va del año en Tijuana, cada uno
fue acusado de algún tipo de actividad criminal, por traficantes de armas y
droga. O en su defecto, denunciados por sus compañeros, en declaraciones
posteriores a hechos delictivos de alto impacto en los que ha resultado
sospechosa la ausencia de resultados.
Los apellidos que salieron a relucir
fueron Hernández, Contreras, Galindo, Gallardo, Ruiz Laborín, Hernández Jacobo,
Parra, Camacho, Almanza; Gutiérrez, Vela, Esquivel, Chávez, Vela Esparza y
Paredes.
De acuerdo a reportes iniciales, todos son agentes “activos” y dados
de alta como empleados municipales en las delegaciones Playas de Tijuana, La
Presa, Zona Centro, Los Pinos y San Antonio de Los Buenos.
Algunos tienen
puestos de operatividad cercanos a los mandos en la Comandancia de Seguridad
Pública, pero en su mayoría están en Puntos Fijos, Policía Turística, en la
operativa, como peritos, o en el grupo identificado como Fuerzas
Especiales.
Los elementos han sido delatados por informar de operativos,
retenes o filtros, liberar detenidos, proteger el trasiego de droga y
desaparecer de las calles cuando se comete un delito.
En esta última parte, la
SSPM pudo corroborar irregularidades cuando analizaron los tiempos de arribo de
su personal en atención a los reportes al centro de mando, detectando que de
enero a marzo, los oficiales en las demarcaciones
La Presa, Sánchez Taboada,
Zona Centro, Centenario y Cerro Colorado, no estaban atendiendo en los tiempos
estipulados. Realizaron cambios y, para el mes de abril, los tiempos de atención
se corrigieron.
A los 42 agentes bajo sospecha, los señalan de servir a los
siguientes grupos:
René Arzate y/o Arteaga “La Rana”. Familiar y principal
operador de Alfredo Arteaga y/o Arzate “El Aquiles”, principal responsable del
trasiego de droga a gran escala en Tijuana.
Israel Vergara Galindo. Ex
policía municipal con alrededor de 20 años de servicio al Cártel Arellano Félix,
se incorporó al Cártel de Sinaloa en noviembre de 2010, tras informar a los
sinaloenses y facilitar el rescate de las sobrinas de Ismael “El Mayo” Zambada
en Tijuana.
“Los Teos”. Encabezados por José Soto “El Tigre”. Aquí la
delación hace referencia a un grupo de ex policías relacionados históricamente
con los uniformados detenidos, Omar Cabrera, Luis Gilberto Sánchez Guerrero e
Israel de la Cruz López, presumiblemente liderados desde fuera por el ex agente
Abraham Celis, y otro identificado como Baca.
“La Rosy”. Hermana de Héctor
Eduardo Guajardo Hernández, amplió su operatividad a la zona de Santa Fe y la
totalidad de la delegación San Antonio de los Buenos.
El 8-8. Traficante
identificado por las áreas de investigación del Consejo Estatal de Seguridad de
Baja California, como parte de los líderes de célula que rinde cuentas a
Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, de la vieja guardia del CAF, y opera
en la zona de la Garita de San Ysidro para los cruces de enervantes.
A finales
del año pasado fue detenido por la Municipal, luego de una persecución en carro
robado y turnado por ese delito a la Procuraduría del Estado, donde obtuvo
libertad bajo fianza.
“Los Chamulas”. La célula criminal más grande que
delinque en Tijuana, tiene establecida su base de confort y mayor poder en la
Zona Norte, el área de prostíbulos más grande de la ciudad.
Aunque trafican en
todo el municipio, sus principales operadores se desempeñan en las delegaciones
Centro, San Antonio de los Buenos y La Mesa. Las colonias donde tienen mayor
presencia son:
Hidalgo, México, Ciudad Jardín, Francisco Villa, Rancho La Cima,
Camino Verde, Emperadores y Altabrisa.
Aún se investiga: Capella
Entrevistado respecto al trabajo de depuración y las denuncias, el secretario
de Seguridad Pública de Tijuana se negó a hablar de asuntos o nombres
específicos, limitándose a declarar que aún están investigando:
“Si le quitas
diez elementos a la fuerza operativa de la Policía de Tijuana, todos los días es
un conflicto, ahora imaginen los efectos si tenemos que sacar a más de cuarenta
y tantos elementos de circulación, no es una situación fácil, pero lo preferimos
a tener en las calles a personal uniformado que podría estar traicionando a la
ciudadanía y a la corporación”.
A la par de asegurar que en todos los casos
se están siguiendo los cauces legales y protocolarios, Alberto Capella admitió:
“Hemos recibido datos e información de presuntas o posibles acciones ilícitas
que no se han acreditado aún; y no se va actuar hasta que hayamos convertido esa
realidad virtual en una realidad jurídica para definir quiénes son realmente
responsables, y quiénes son inocentes”.
Cuando se le cuestionó el hecho de
haberlos congelado, al incluirlos en un curso de actualización, sólo manifestó:
“En asuntos como éstos, se deben tomar medidas inmediatas”.
No todos los
asistentes a los cursos están siendo investigados, y adelantó que la lista de
investigados continuará creciendo.
De acuerdo al funcionario, aún no recibe
respuesta de las indagatorias de policías remitidas a la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Más allá del
lento avance de la averiguación de la Procuraduría del Estado, en la
investigación interna incluyeron la indagatoria por los asesinatos de Jesús
Alberto Hurtado Estrada (29 de marzo 2012) y el de César López Camarena (12 de
abril 2012), al existir amenazas y acusaciones contra otros elementos
activos.
La tarde del martes 17 de abril, cuatro narcotraficantes a los que
les decomisaron 650 kilos de marihuana en la colonia Infonavit Loma Dos, fueron
detenidos por la Policía Municipal y la Estatal. Los criminales hablaron
respecto a los agentes asesinados:
Aseguraron que se les dio muerte porque
“se habían pasado de reatas” y que no eran los únicos que iban a “caer”. La
amenaza “es contra once elementos más”.
La razón: transas y “compromisos
pasados” que no estaban cumpliendo.
Depuración
Consultados ante la poca o nula respuesta de la Policía Estatal en los casos
de los más recientes homicidios de policías, elementos de la SSPE expresaron que
la justificación fuera de orden y protocolo estuvo relacionada con los índices
de corrupción que están creciendo en la corporación municipal.
Explicación
contradictoria, considerando que la realización de exámenes de confianza,
principal filtro de la depuración establecido en Ley, es una acción que implica
corresponsabilidad de estado y municipios.
El Centro de Evaluación y Control
de Confianza identificado como “C2”, “… tiene como objetivo fundamental
establecer criterios rectores del proceso de evaluación para el ingreso, la
promoción y la permanencia en el servicio dentro de las instituciones
policiales, en un esfuerzo por optimizar los niveles de eficacia y
profesionalización de las corporaciones”. Dicho centro es operado por la
Secretaría de Seguridad Pública Estatal, y por Ley, cada tres años debe examinar
a todos los empleados de Seguridad de Baja California.
La Ley de Seguridad
ordenaba que se realizaran cada dos años, pero los estados firmaron un acuerdo
con el gobierno federal para ampliar la validez de los resultados a un
trienio.
Actualmente la fuerza operativa del estado está integrada por 6 mil
657 operativos: 960 Ministeriales, 580 policías Estatales Preventivos, mil 850
agentes municipales en Mexicali, 2 mil 050 oficiales locales en Tijuana, 830 en
Ensenada, 207 en Tecate y 180 en Rosarito.
Efectivamente, en 2009 el estado
de fuerza llegaba a 9 mil oficiales, sin embargo, la mayoría de los despedidos
salieron de las corporaciones incluso antes de que, en agosto de ese año, el
Centro de Evaluación, Control y Confianza del estado iniciara operaciones.
De
los mil 371 Municipales dados de baja en el sexenio en el estado, sólo 170
fueron despedidos entre diciembre de 2010 y marzo de 2012.
Los otros mil 201
quedaron fuera de la nómina entre noviembre de 2007 y diciembre de 2009.
Formaban parte de aquellos paquetes de detenciones coordinados por el Ejército
con las autoridades locales, apoyadas en órdenes de presentación emitidas por la
SIEDO, sustentadas en declaraciones de miembros del crimen organizado, como a
quienes dieron el beneficio de convertirse en testigos protegidos.
Este año,
completar la evaluación de las policías se convirtió en requisito para recibir
fondos federales en materia de seguridad, lo que les garantizará el dinero, pero
de nuevo, no tendrá como consecuencia obligada el retiro de agentes que lo
reprueben.
Como ejemplos de esta “depuración” oficial, en el caso de Tijuana,
Alberto Capella informó que el 60 por ciento de su corporación ha sido sometida
a los exámenes de confianza, y por Rosarito, el Mayor Magdaleno Vázquez habló de
un 47 por ciento de avance.
Agregó que en el quinto municipio, 84 elementos
han sido evaluados y faltan 77. De los 29 mandos a su servicio, 16 han sido
evaluados y tiene 13 pendientes.
En 2010 fueron evaluados 51 elementos,
durante 2011 otros 33, y en lo que va de 2012, sólo han certificado al Mayor
Vázquez y a un municipal. “Enviamos ya la lista del resto, y estamos esperando
que nos respondan con la asignación de fechas”, citó.
Como responsable de la
seguridad de Rosarito, Vázquez aseguró que hasta el momento los resultados que
le han remitido, han sido aprobatorios. Cincuenta elementos pasaron la mayoría
de los exámenes, aunque falta que les hagan las visitas en campo.
“Tengo dos
mandos que reprobaron, pero los resultados están vencidos, la instrucción fue
que se realicen de nuevo”, lo cual significa que los jefes policiacos en
cuestión forman parte de aquellos exámenes de confianza realizados por el
gobierno federal entre 2007 y 2008, donde se reportaron cientos de reprobados,
sin que secretarios, directores de policías o sus alcaldes, ordenaran la
remoción por pérdida de confianza. En la presente administración decidieron
darles una nueva oportunidad.
Oficialmente se sabe que más del 60 por ciento
de las fuerzas del orden han sido sometidas a análisis de evaluación y
confianza, pero de manera sistemática, la Secretaría de Seguridad Pública
Estatal se ha negado a informar el porcentaje de agentes que han resultado no
aptos o reprobados, por lo que resulta imposible determinar los efectos de esos
exámenes en la depuración.
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