El ex gobernador del PRD Narciso Agúndez Montaño, aprovechándose de su cargo
y poder, otorgó dolosa e ilícitamente concesiones de transporte público a 2
hijos, 2 hermanos, 3 primos, 7 sobrinos, 1 cuñada, 5 compadres y hasta firmó y
autorizó una más para él, “porque ya iba de salida”.
Gerardo Zúñiga Pacheco
San José del Cabo, Baja California Sur.- Una gran parte del
transporte público de uno de los principales destinos turísticos de Baja
California Sur se encuentra en manos de una sola familia: hijos, hermanos,
primos, sobrinos, cuñados, compadres y hasta el ex gobernador de Baja California
Sur forman parte de la lista de concesionarios y agremiados de la unión de
camioneros de reciente creación denominada “Tres de Mayo”, con sede en esta
cabecera municipal.
Lo anterior es producto de una investigación de ZETA, donde
se descubrió que el ex gobernador del PRD Narciso Agúndez Montaño, abusando de
su poder y cargo, otorgó de manera dolosa e ilícitamente decenas de concesiones
de transporte público a toda su parentela durante su sexenio,
contraviniendo de forma cínica e impune a la Ley Estatal de Transporte y la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Baja California
Sur.
Del 2005 al 2011 Agúndez firmó y autorizó la entrega de concesiones de
transporte público a cuando menos 21 familiares en su calidad de gobernador de
Baja California Sur. En esta transa, tal y como ha quedado plenamente
demostrando hoy, no podría faltar su nombre en el otorgamiento de placas en la
modalidad de transporte de volteo.
No obstante, y paralelamente, la Dirección de Transporte del Estado sigue el
curso de una denuncia presentada por un grupo de transportistas para que se
abriera una investigación, y en su momento, detectar y revocar todas las
concesiones posibles que el ex gobernante del PRD entregó a más familiares y
amigos cercanos la víspera de dejar el poder, porque tal como algunos
trabajadores gubernamentales atestiguaron “ya iba de salida”.
Los propios trabajadores al servicio del estado revelaron inclusive: que el
ex gobernador puso a la venta decenas de concesiones en precios que van de 120 a
180 mil pesos, cada una, a particulares y empresas que solicitaron un permiso.
Para ello utilizaba a su secretario privado, César Uzcanga González, y algunos
“colaboradores muy personales”, para elaborar trámites y recibir el dinero
siempre en efectivo.
Los reporteros de ZETA contactaron a uno de los
beneficiarios de estas irregularidades, registradas en el pasado sexenio, quien
ofreció una concesión de taxi hasta en 20 mil pesos, después de partir de una
negociación de 100 mil pesos.
A continuación se incluye un extracto de la plática que se sostuvo con el
vendedor de concesiones.
–Buenas tardes, mira, me mandó un amigo tuyo a quien la semana pasada le
vendiste una concesión de transporte de carga pesada… No sé si te acuerdas.
–Sí, claro.
–Bueno, lo que pasa es que yo estoy interesado en comprar unas concesiones,
ya que ahora en diciembre iré a Tijuana a comprar unos vehículos y me los quiero
traer para poner un negocio en San José del Cabo.
–Sí.
–Quería preguntarte en cuánto me sale una concesión.
–Bueno, lo que pasa es que depende del tipo de concesión que quieras…
–Me interesa de taxi.
– ¿De taxi?
–Sí, de taxi. ¿Cuánto me sale?
–Ésa está en cien, está firmada ya y nomás le ponemos tu nombre.
–Oye, pero ¿no tendría ningún problema que saliera a mi nombre?
–No, amigo, sólo que llevaría la fecha antes del 30 de mayo del 2010, porque
como seguramente te platicaron fue la fecha en que se expidieron.
–Sí, ya sé eso.
–Pues, la verdad, se me hace caro, ¿eh?, porque, creo, es un riesgo, ¿o
no?
–Para nada, todas están registradas en el sistema y tienen la firma del
anterior, ya sabes, entonces, no hay problema, son legales.
–Mmm. ¿Cuánto es lo menos?, te pregunto para animarme.
–Es lo menos, o al menos que me compres varias y entonces reconsideramos el
precio.
– ¿Cuántos taxis quieres poner?
–Unos 5.
– ¡Perfecto! Te vendo las cinco concesiones. ¿Tienes socios?
–Sí, dos.
–Habla con ellos, organícense, y si quieren y les parece les puedo recomendar
otras modalidades. Porque, la verdad, los taxis ahorita no son el gran negocio.
Los Cabos es turismo y es inversión y a lo mejor te reditúa más comprar
concesiones de carga regular, exprés, carga especializada, o liviana, o a lo
mejor traslado de vehículos o grúas, podría ser. También tengo concesiones en
esas modalidades.
Después de media hora de plática, y en el estira y afloja, el vendedor
terminó por ofrecer las concesiones en 20 mil pesos cada una, en caso de que se
compraran 5 de taxi y 2 para carga pesada o de cisterna.
Así y de esta manera, el ex gobernador Agúndez aseguró el futuro de todos sus
compadres, amigos y familiares en el negocio del transporte público, vendiendo
concesiones o acarreando materiales de construcción, como arena, grava, piedra y
retiro de escombros, así como transporte de agua potable, automóviles o
maquinaria en camas bajas.
Los beneficiarios
La existencia de este tipo de actos despóticos en el gobierno no es nueva ni
constituye un hecho aislado, pero en el sexenio del ex gobernador Narciso
Agúndez Montaño se convirtió en una vieja práctica de la clase política
perredista que exhibió que el servicio público sólo fue un instrumento para
satisfacer necesidades de familias y grupos, y no de la sociedad a la que
gobernó durante seis años.
Lo más preocupante y grave es el papel y la función desempeñada por la
Dirección de Transporte del Estado y la Contraloría General del Estado, ya que
los funcionarios guardaron total silencio frente a una práctica que está
tipificada como delito, y donde los nuevos titulares, Gabino Vargas Espinoza y
Maritza Muñoz, trabajan ya en la revisión e investigación de este caso de
evidente favoritismo, como un primer paso para integrar expedientes y,
posteriormente, tomar una decisión sobre el futuro de las concesiones, así como
emitir las sanciones correspondientes por este hecho que flagrantemente violentó
la Ley Estatal de Transporte y la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del estado de Baja California Sur.
Los datos recabados por ZETA expusieron que los familiares
beneficiados son los Agúndez Gómez, Agúndez Montaño, Agúndez Gavarian, Montaño
Ceseña, Marrón Montaño, Agúndez Burgoin, Marrón Green, Marrón Marrón, Marrón
Burgoin, Gavarian Lucero, Castro Ceseña, Espinoza Lucero, Castro Espinoza y
Solorio Ceseña.
Las concesiones que todos estos parientes de Agúndez poseen son para operar
camiones de volteo, cisternas y cargas especializadas de alta capacidad, cuyos
expedientes, evidenciaron que fueron emitidas de un jalón, porque el número de
folio o permiso registra un consecutivo.
Cabe destacar que en estas concesiones expedidas figura Narciso Agúndez
Montaño como uno de los beneficiarios, al igual que sus hijos Christian y
Argelia, y los hijos del actual alcalde de Los Cabos: Jovita Alejandra, Miguel
Antonio y Luis Ángel de apellidos Agúndez Gavarian.
Las violaciones
Sobre este hecho de evidente corrupción y favoritismo, un especialista en la
materia dijo a ZETA que las concesiones firmadas y autorizadas
por el ex gobernador, de entrada, son revocables, porque como lo establece la
propia Ley Estatal de Transporte, Narciso Agúndez Montaño, transgredió los
términos de concesión y de permisos desde el momento que los asignó directamente
a amigos, compadres y familiares.
Por otra parte, uno de los especialistas consultados por este Semanario
explicó que la mayoría de los beneficiarios comenzaron a operar las concesiones
hasta que Narciso Agúndez Montaño dejó el poder porque, según el artículo 41 de
la Ley de Transporte del estado, “la concesión caducará cuando una vez otorgada,
y expedido el permiso correspondiente, no se inicie la prestación del servicio
dentro de los 30 días siguientes”.
Es decir, los parientes de Agúndez, debieron
haber solicitado con cinco días hábiles de anticipación –al vencimiento del
plazo– una prórroga con base en los elementos de justificación que debieron
haber sido valorados por la propia Dirección de Transporte, quien debió
autorizar por una sola vez, y hasta por un plazo de treinta días, cualquier
atraso en las operaciones.
Sin embargo, nada de esto obra en expedientes; por lo tanto, se revisa e
investiga su estatus en la Dirección de Transporte del Estado.
No obstante, el hecho de que Narciso Agúndez Montaño haya firmado y
autorizado las concesiones a favor de toda su parentela, incluido él mismo, es
un acto de barbarie y una violación flagrante al artículo 46 de los apartados XI
y XII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja
California Sur.
Y es que la ley explícitamente establece que los gobernantes o subalternos
deberán “excusarse de intervenir de cualquier forma en la atención, tramitación,
resolución de asuntos entre las que tengan interés personal, familiar o de
negocios, incluyendo aquellos de los que puedan resultar algún beneficio para
él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado”.
Pese a lo anterior, y previendo que Luis Armando Díaz habría de ser su
sucesor, autorizó las concesiones, por lo que incurrió en un delito más de los
cometidos en todo su sexenio.
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