Arturo de la Rosa Escalante, ex secretario particular del gobernador Marcos
Covarrubias y ex representante del gobierno de Baja California Sur en Los Cabos,
es acusado del desvío de recursos públicos por más de 6 millones.
La querella
fue presentada desde el 13 de julio del 2010, y después de 17 meses, nada se
sabe sobre el estatus de la averiguación previa.
Aun así el PAN pretende lanzar
al ex funcionario indiciado como candidato a Diputado Federal en las elecciones
del 2012.
Gerardo Zúñiga Pacheco
Ya pasaron 17 meses de que fuera denunciado penalmente por las Fracciones
Parlamentarias de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y
de Nueva Alianza en su paso como Presidente de la Gran Comisión de la XII
Legislatura local, y hasta hoy, en la Procuraduría General de Justicia del
Estado no se han deslindado responsabilidades en su contra por la administración
indebida y el desvío de recursos públicos por el monto de 6 millones 055 mil 965
pesos con 68 centavos.
A diferencia de Luis Armando Díaz, Guillermo Jáuregui Moreno y el también
panista Héctor Ibarra Espinoza, De la Rosa es íntimo amigo del gobernador de
Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor.
Por eso es intocable, y hasta inminente candidato a Diputado Federal por el
Partido Acción Nacional (PAN) después de que el 1 de diciembre presentó su
renuncia al cargo de Representante del Gobierno del Estado en Los Cabos para
abrir paso a su registro formal como aspirante.
Anteriormente ya se había
convertido en el brazo derecho y principal consejero político del gobernante
panista cuando ocupó el puesto de secretario particular del 5 de abril al 4 de
agosto pasados.
Los hermanos De la Rosa, Benjamín, Noé, Alfredo, Gerónimo y Adrián, ocuparon
puestos claves y estratégicos en la administración del ex gobernador del PRD,
Narciso Agúndez Montaño.
El primero fue Coordinador Administrativo de la Oficina del Gobernador; el
segundo, Director de Planeación y Evaluación Educativa en la Secretaría de
Educación Pública; el tercero, Subprocurador de Averiguaciones Previas de la
PGJ; el cuarto, regidor del Ayuntamiento de Comondú, y hoy Coordinador de
Programas Compensatorios de la Secretaría de Educación Pública, y el quinto
hasta hoy permanece en el cargo de Abogado General de la UABCS gracias a que
Arturo De la Rosa operó y maniobró estratégicamente para imponer a su secretario
particular –cuando fue Presidente de la Gran Comisión–, Gustavo Cruz Chávez,
como actual rector de la máxima casa de estudios.
Todo un clan metido en el negocio del “servicio público”, y donde tres de sus
parientes, con la venia y complacencia del gobernador Marcos Covarrubias
Villaseñor –después de ocupar puestos en la administración del perredista
Narciso Agúndez Montaño– despachan campantemente en la SEP y la UABCS ocupando
puestos gubernamentales para seguir viviendo del presupuesto y de los
privilegios del erario.
Hoy por hoy la denuncia penal que el 13 de julio del 2010 interpusieron
diputados de las fracciones del PAN, PRI y Panal en contra de Arturo de la Rosa
Escalante, en su calidad de Presidente de la Gran Comisión de la XII
Legislatura, misma que quedó registrada bajo el número de Averiguación Previa
LPZ/93/SPB/2010, en la PGJE no avanza.
Por lo menos eso es lo que refleja el silencio del Procurador Gamill Arreola
Leal cuando después de que ZETA solicitó una entrevista formal, optó por
reservarse todo comentario en torno al caso. Hasta el cierre de esta edición, no
se sabía el estatus de la investigación.
En esta denuncia penal también aparecen implicados el ex diputado del PRD,
Juan Hernández Paularena y el ex Director de Finanzas, Juan Carlos López
Cisneros, como cómplices de Arturo de la Rosa.
La denuncia
El 13 de julio del 2010 una comitiva de diputados de la XII Legislatura
interpuso una denuncia de hechos en contra de quien resultara responsable de
haber dado uso indebido a dinero público del congreso local.
Los abogados de los legisladores señalaron en ese entonces que los delitos
imputables podrían ser peculado, administración o uso indebido de dinero público
y desvío de recursos públicos por haber dado mal uso a 6 millones 055 mil 965
pesos con 68 centavos.
La comitiva legislativa fue integrada y encabezada por Jorge Miguel Cota
Katzenstein del Partido Nueva Alianza y por los diputados del PAN, Sonia Murillo
Macías y Adolfo González Agúndez, y del PRI, Jorge Humberto Mayoral López y José
Felipe Prado Bautista.
El delito –según copia de la denuncia que obra en manos de
ZETA— fue cometido en el ejercicio fiscal del 2009 cuando
Arturo de la Rosa Escalante era Presidente de la Gran Comisión de la XII
Legislatura.
El hecho fue detectado en una auditoría al Poder Legislativo, cuyo
resultado se hizo oficial el 29 de marzo del 2010, cuando el responsable del
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso local, Julio César López Márquez,
entregó las pruebas de las irregularidades a la Comisión de Asuntos Fiscales y
Administrativos en tres legajos de observaciones sobre el manejo de los fondos
públicos.
En el resultado de la revisión el auditor fiscal dictaminó responsabilidades
por estos malos manejos en contra de tres personas.
1.- Arturo de la Rosa Escalante, en primer término como responsable de
observar y vigilar el buen manejo del dinero público en su calidad de Presidente
de la Gran Comisión del Congreso local, y quien era diputado –en ese entonces—
del Distrito local VIII con sede en la ciudad de Cabo San Lucas.
2.- Juan Hernández Paularena, en segundo término como responsable de la
Comisión de Cuenta y Administración del Congreso local, y quien era diputado –en
ese entonces— del Distrito XI con sede en Ciudad Insurgentes.
3.- Juan Carlos López Cisneros, en tercer término como Director de Finanzas
del congreso local, y cuyo cargo, por cierto, es ocupado hoy por otro familiar
del clan Covarrubias, Sergio Ulises García Covarrubias, sobrino del actual
gobernador.
Los diputados denunciantes tuvieron que esperar de marzo a julio del 2010, es
decir, cuatro meses, para poder tener acceso al resultado de la auditoría, ya
que –en aquel entonces— por tener dominio del PRD la XII Legislatura se dispuso
a guardar silencio en tanto no fueran solventados los malos manejos. El problema
es que esto nunca ocurrió.
El día en que la comitiva de diputados interpuso la denuncia penal, el
diputado del Panal, Jorge Miguel Cota Katzenstein, expuso que no habían
realizado antes la querella formal porque “desde marzo solicitamos una
explicación de los malos manejos, insistimos en abril, mayo, junio y julio,
hasta que hoy nos presentamos a la Agencia del Ministerio Público del Fuero
Común, y venimos a que se deslinden responsabilidades contra quien resulte
responsable por los delitos de peculado y administración indebida de recursos
públicos”.
Las irregularidades
Los diputados no fueron solos. Bajo brazo traían un grueso expediente de más
de mil hojas con todas las copias de irregularidades, con las cuales se podía
probar claramente que para el manejo turbio del dinero público Arturo de la Rosa
Escalante era único.
Entre las decenas de irregularidades detectadas por la auditoría por el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, sobresale lo siguiente.
1.- Reparación de decenas de vehículos de motor y transmisión, de los cuales
no se dio ninguna referencia o especificaciones sobre sus propietarios.
2.- Contratación de grupos musicales en vivo.
3.- Compra de canastas y arreglos navideños, despensas, juguetes, piñatas,
pelotas y bolsas de dulces.
4.- Compra de aparatos electrodomésticos como teatro en casa, televisiones,
servibares, lavadoras, refrigeradores, hornos de microondas, componentes, DVD y
hasta perfumes para dama y caballero con valor de 2 mil 690 pesos cada
artículo.
5.- Compra de alimentos y bebidas embriagantes, café, cereal, bolsas de
churros, saborizantes de vainilla y hasta almohadas de tela para disfrutar el
sueño.
6.- Pago de aplicación de inyecciones de hasta por 22 mil 780 pesos todo el
paquete.
7.- Pago de servicios de lancha para avistamiento de la Ballena Gris en
Puerto Adolfo López Mateos y Puerto San Carlos, Baja California Sur.
8.- Pago de camisetas, gorras y tazas de hasta 77 mil 550 pesos todo el
paquete.
9.- Pago de estímulos al personal donde en ninguna de las pólizas o
documentos anexos figuran nombres y cargos de los supuestos beneficiarios.
Nadie mejor que el ex presidente de la Gran Comisión y algunos de sus
allegados, como Juan Hernández Paularena y Juan Carlos López Cisneros, para
vivir del presupuesto y gastar a criterio personal el recurso público que
tuvieron a su disposición en la XII Legislatura.
En la mayoría de las observaciones los arriba mencionados fueron señalados
por “olvidar” elaborar y entregar la solicitud de orden de compra o servicio
respectiva y entregar el comprobante fiscal original, como lo establece en su
dictamen el Auditor Superior, Juan Carlos López Cisneros, quien fundamentó su
observación en base a los artículos 134 párrafo I de la Constitución Política de
México; 76 Fracción I y 78 Fracción VIII de la Ley Reglamentaria del Poder
Legislativo del Estado; 12 Fracción VI y 14 Fracciones VI y XI de la Ley del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 2, 9 y 15 inciso (i) de la
Normatividad sobre contenido de la Cuenta Pública del Estado.
A pesar de las evidencias y pruebas contundentes, lo más sorprendente es que
la denuncia penal en contra de Arturo de la Rosa Escalante está estancada,
dejando en evidencia que goza de la amistad y protección del gobernador
Covarrubias Villaseñor, como en su momento sucedió con Narciso Agúndez Montaño,
cuando en el marco del Segundo Informe del entonces Diputado de Cabo San Lucas,
registrado el 6 de julio del 2010, en su discurso político dijo que “ya sabía
que estaban tratado de difamar a Arturo De la Rosa Escalante, en lo referente al
manejo de los recursos del congreso”, pero “ puedo asegurar que este manejo fue
y ha sido con toda claridad, para que no quede ninguna duda de la limpieza y
honestidad del compañero”.
Las reacciones
Sobre la denuncia penal interpuesta en contra de Arturo de la Rosa Escalante
y sus dos ex colaboradores, el diputado del PRI y Presidente de la Comisión de
Seguridad, Omar Zavala, argumentó que hoy más que nunca estarán al pendiente del
desenlace de esta investigación judicial, derivado de que el gobierno de Marcos
Covarrubias está exponiendo que quiere aplicar la Ley en contra de todos
aquellos ex servidores públicos que delinquieron en el sexenio pasado.
“Por el lado del congreso, tenemos el caso de Arturo de la Rosa Escalante, y
esperemos que ahora que terminen de recabar más pruebas y testimonios actúen,
porque él como Presidente de la Gran Comisión era el responsable del manejo de
los recursos públicos de este Poder Legislativo”, comentó.
El legislador priísta recalcó que incluso en esa denuncia participaron dos
diputados del PAN, junto con el PRI y PANAL, y todos están esperando el deslinde
de responsabilidades, aunque dijo desconocer si la PGJE ya ordenó un arqueo como
prueba pericial para acreditar el desvío de recursos que ya está demostrado en
la auditoría del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
“La PGJE tiene que ser cautelosa, sabemos, pero tiene que aplicar la Ley como
lo está haciendo últimamente con ex funcionarios del sexenio pasado, ya que de
no hacerlo, caería en contradicciones de actuar contra unos y proteger a otros.
Todos parejos, porque la gente está ávida de una justicia pronta y expedita, yo
no soy juzgador, pero estaremos muy atentos a que quien tenga una
responsabilidad, sea del partido que sea, recibe un castigo penal o
administrativo, como debe ser”, opinó.
Por otro lado, el diputado del PRD y Presidente de la Comisión de Enlace
Legislativo, Carlos Castro Ceseña, sostuvo que están analizando retomar el caso
de la denuncia penal en contra de Arturo de la Rosa Escalante por el desvío de
recursos públicos, justamente ahora que la administración de Marcos Covarrubias
está deslindando responsabilidades en contra de ex servidores públicos del
sexenio pasado.
“Queremos que la justicia sea pareja, y no que se aplique la Ley en algunos
casos sí, y en otros no, si van a deslindar responsabilidades que sea parejo,
porque vemos que no están siendo casos jurídicos sino políticos, y lo podemos
ver con el caso de Arturo de la Rosa, donde hay evidencias serias y contundentes
de los malos manejos y vemos que anda como si nada, ya hasta el señor quiere ser
Diputado Federal, y todavía no aclara su participación en el saqueo de su
periodo como Presidente de la Gran Comisión”, comentó.
El legislador perredista consideró que sería muy sano para el gobernador y el
procurador recuperar la confianza en la justicia, sobre todo por los últimos
acontecimientos y detenciones de ex funcionarios.
“Yo no quiero justificar y tampoco eximir de responsabilidades a nadie en la
posibilidad de algún delito, pero quiero que la instancia responsable actúe
conforme a derecho y castigue a quienes cometieron alguno delito, y desde luego,
Arturo de Rosa, no puede quedar impune porque cometió un delito y para muchos de
los habitantes de Baja California Sur, es un prófugo de la justicia y debe ser
enjuiciado”, señaló tajante.
El diputado del PRD afirmó que pese a que el ex secretario particular del
actual gobernador “trae el permiso y la protección de Marcos Covarrubias” y
hasta ya quiere ser candidato a Diputado Federal por el PAN, primero debe
aclarar su situación porque ante los electores es un prófugo de la justicia.
El legislador recalcó que así como ahora están multando e inhabilitando a ex
servidores públicos, la contraloría general del estado debería retomar el caso
de Arturo de la Rosa y resolver, conforme a derecho, lo conducente en contra del
que llamó “El Gobernadorcito”, porque la sociedad reclama claridad y certeza en
este caso, del cual “existen elementos contundentes en esa investigación para
que se aplique la ley, como ahora lo están pidiendo en contra de ex funcionarios
del PRD.
“Que cada quien asista a su derecho, como establece la Constitución, pero
siempre y cuando, se actúe en el marco de la Ley y no se mezclen otros asuntos o
haya represalias, porque el caso de él, ya tiene varios meses y no se le ha dado
seguimiento al asunto, porque independientemente de que quiera o no ser
candidato, es considerado como un prófugo de la justicia, hasta que no aclare
los malos manejos”, finalizó.
Tanto el legislador del PRI como el del PRD señalaron que la ley es clara,
porque –según el resultado de la auditoría– la sola distracción de recursos
públicos, aunque no sea para sí, constituye el delito, y con mayor razón cuando
en muchos de los casos no existe comprobante alguno que respalde el egreso de
los recursos, lo que exhibe que durante el periodo de Arturo de la Rosa
Escalante en el 2009, se dispuso de manera indiscriminada del dinero de la
sociedad, como si fueran recursos propios de los administradores.
Los diputados recordaron y citaron que los delitos de peculado y
administración indebida están previstos y sancionados por el Código Penal para
el Estado de Baja California Sur.
En el artículo 154 se ordena que “todo servidor público que para usos propios
o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas, o cualquier otra cosa
perteneciente al Estado, Municipios, organismos descentralizados, o a un
particular, si por razón de su cargo los hubiera recibido en administración, en
depósito o por otra causa, se impondrán las siguientes sanciones:
“I.- Cuando el monto de lo dispuesto no exceda de mil veces el salario o no
sea valuable, prisión de dos a seis años, multa de ochenta a doscientas veces el
salario, inhabilitación de seis meses a tres años para desempeñar otro empleo,
cargo o función pública y destitución en su caso.
“II.- Cuando exceda del monto señalado en la fracción anterior, la prisión
será de seis a quince años, multa de cien a trescientas veces el salario,
inhabilitación de tres a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o función
pública y destitución en su caso.”
También se considera peculado el hecho de que un servidor público utilice
indebidamente fondos públicos para promover la imagen política o social, propia
o ajena, o para denigrar a cualquier persona.
Y en el artículo 317 instruye: “Al que teniendo a su cargo la administración
o el cuidado de bienes ajenos, obtenga un lucro para sí o para otro, alterando
las cuentas o condiciones de los contratos, haciendo aparecer operaciones o
gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores, o
empleándose indebidamente los bienes o recursos que se le hubiesen entregado, se
le impondrá prisión de uno a siete años y multa hasta de trescientos días
salario. La administración indebida se perseguirá a querella de parte
ofendida”.
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