En lo que es una clara violación a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
el presidente municipal no ha removido de sus cargos a Luis Armando Díaz, quien
fue hallado culpable de la venta irregular de siete bienes inmuebles en el
exclusivo fraccionamiento de “El Pedregal”, y a Lenin Giovanni Rodríguez
Aguilar, quien sigue al frente de Dirección de Seguridad Pública, Policía
Preventiva y Tránsito Municipal luego de reprobar los exámenes de control y
confianza.
Gerardo Zúñiga Pacheco / Alejandro Acuña Rivera
Cabo San Lucas, Baja California Sur.- En el principal destino turístico del
estado de Baja California Sur, nada más truenan los chicharrones del
perredista-ecologista José Antonio Agúndez Montaño, alcalde de Los Cabos.
Nadie mueve un lápiz o una hoja de papel si el hermano del indiciado e
inhabilitado ex gobernador del estado no da la orden o cuando menos disimula
hacerlo.
Desde hace cinco semanas el alcalde del PRD se ha convertido en el principal
protector de funcionarios ineptos e ineficientes, y ahora, hasta de cuestionados
“servidores públicos” porque cuando menos, dos de ellos están en boca de todos y
en la mira de las autoridades policiacas.
Uno de los señalados es Luis Armando Díaz, ex candidato a gobernador, ex
secretario general de gobierno y hoy director de desarrollo en el Ayuntamiento
de Los Cabos, detenido, encarcelado, y posteriormente, liberado, y desde el 5 de
diciembre, encontrado penalmente culpable del delito de incumplimiento de un
deber legal por la venta irregular de siete bienes inmuebles en el exclusivo
fraccionamiento de “El Pedregal” de Cabo San Lucas, cuya sentencia fue emitida
por la Juez Tercera del Ramo Penal, María del Rosario Palacios Montaño.
Hombre clave en el trágico sexenio del hoy ecologista Narciso Agúndez
Montaño, la permanencia en el cargo de Díaz viola de entrada y flagrantemente el
artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja
California Sur, que dice que una persona “no podrá tener cargo o comisión, hasta
en tanto, se defina de forma definitiva, su situación jurídica”.
Datos entregados a ZETA expusieron que la Contraloría
General del Estado ha iniciado un procedimiento de destitución con
inhabilitación de Luis Armando Díaz, como único órgano de gobierno facultado
legal y jurídicamente –así lo establece la propia Ley— para que sea separado
provisionalmente del cargo, comisión o empleo que desempeña el citado
funcionario, en virtud de que el alcalde José Antonio Agúndez Montaño,
violentando todas las disposiciones legales, declaró que el indiciado director
de desarrollo “no sería removido y permanecería en su puesto. “Todo el respaldo
para Luis Armando Díaz”, sostuvo el 5 de diciembre.
Por otro lado, hay regidores, como el panista Juan Fernando Sánchez Navarro,
que están totalmente en desacuerdo con la postura del edil, que sigue haciendo
caso omiso en el cambio de 8 funcionarios de su administración que no reúnen el
perfil ni son aptos para desempeñar los cargos, según el resultado de una
evaluación elaborada por 8 de los 11 regidores de la administración que
únicamente fue respaldada por el 25 por ciento de los electores cabeños.
Sánchez Navarro explicó que los regidores ya tienen cinco semanas que
entregaron el resultado de la evaluación y después de más de 200 días, aún no
conocen la respuesta del alcalde José Antonio Agúndez Montaño.
No obstante, regidores del PRD, como Julio César Castro, dijeron a
ZETA que tendrían que recurrir a la presión para que el alcalde
resuelva en definitiva la situación laboral de los funcionarios que, en la
evaluación de trabajo, salieron reprobados, y contraviniendo a las promesas de
campaña del propio alcalde, siguen trabajando en el Ayuntamiento de Los
Cabos.
El regidor del PRD solicitó –en el caso específico de Luis Armando Díaz— a la
PGJE una investigación apegada a derecho y fuera de cualquier revanchismo
político para evitar que se politice el sistema de procuración de justicia y el
estado de derecho, que las decisiones que tome la contraloría general del estado
sean en base a sus facultades y que se presenten pruebas de las acusaciones.
Para colmo el alcalde de Los Cabos también está incurriendo en un delito
estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que a
más de cuatro meses de haber reprobado el examen de control y confianza –el 6 de
agosto– en el Centro de Inteligencia de Seguridad Nacional (CISEN), Lenin
Giovanni Rodríguez Aguilar sigue ocupando el cargo de comisionado de la
Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los
Cabos.
El artículo 139 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
es claro y contempla sanciones con entre 2 y 8 años de prisión y una multa de
500 a mil días de salario mínimo a quien, de manera dolosa, ilícita o reiterada,
haga lo siguiente:
Fracción III. Inscriba o registre en la base de datos del personal de las
instituciones de seguridad pública, prevista en esta Ley, como miembro o
integrante de una institución de seguridad pública de cualquier orden de
gobierno, a cualquier persona que no cuente con la certificación exigible
conforme a la ley.
Fracción IV.- Asigne de nombramiento de policía, ministerio público o perito
oficial a aquella persona que no haya sido certificada y registrada, en los
términos de esta Ley. Si el responsable es o hubiera sido servidor público de
las instituciones de seguridad, se impondrá hasta una mitad más de la pena
correspondiente.
Así, entre violaciones y omisiones y la postura sumisa y blanda de los
regidores del PRD, PAN y PRI, Luis Armando Díaz y Lenin Giovanni Rodríguez
Aguilar, siguen en sus cargos cobrando jugosos sueldos y viviendo del erario,
como en su momento lo hicieron con el hermano del alcalde Tony Agúndez.
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