Sobre la demanda penal que fue anunciada ya hace meses contra Narciso
Agúndez Montaño, desconocemos también el estado que guarda la investigación y el
proceso legal correspondiente.
Ambos incidentes involucran a ex funcionarios de primerísimo nivel del
gobierno estatal anterior. En los dos casos, también, el delito se refiere a
peculado, es decir, al delito que consiste en el hurto de caudales del erario,
hecho por aquel en quien está confiada su administración, según define el
término la Real Academia Española.
Todavía no se han dado a conocer con precisión los detalles de los montos
involucrados con el delito supuestamente cometido por Narciso Agúndez Montaño; y
del que se refiere al de los recientes detenidos, aún menos sabemos.
Ni siquiera
tenemos indicios, tampoco, sobre qué instancia realizó la investigación que
arrojó los resultados que animaron a la presente administración a iniciar las
averiguaciones previas y a dictar las órdenes de aprehensión.
Si la responsabilidad de los hoy indiciados es probada, y aplicada la
sanción correspondiente, se estaría enviando a la ciudadanía una buena señal en
el sentido de que los delincuentes de cuello blanco, a veces extendidos
profusamente en la administración pública, ya no serán más tolerados.
Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el máximo
órgano auditor del Congreso de la Unión, en marzo de este año dio a conocer que
de los recursos federales destinados a educación en 2009 al Estado de Baja
California Sur, se encontró que fueron manejados irregularmente 1 mil 168
millones de pesos.
No obstante el gran prestigio de la instancia oficial – la ASF- que realizó
la auditoría; no obstante el dictamen negativo que ésta otorgó al desempeño de
instituciones estatales en el manejo financiero del recurso de origen federal, y
no obstante la gigantesca cantidad involucrada en su administración irregular,
la cuenta pública de 2009 del Gobierno de Baja California Sur, que fue aprobada
por la anterior legislatura, no ha sido sometida a revisión en este renovado
Congreso del Estado.
Omar Castro Cota, Secretario de Educación Pública en el gobierno de Narciso
Agúndez Montaño, declaró públicamente en su momento, que la responsabilidad de
rendición de cuentas, ante la Federación, del recurso enviado a nuestra entidad
como Fondo de Apoyo para Educación Básica y Normal (FAEB) recaía en la
Secretaría de Finanzas, a cargo, entonces, de José Antonio Ramírez Gómez, y
quien todavía hoy sigue desempeñando, en este gobierno encabezado por Marcos
Covarrubias, la misma responsabilidad que desempeñó como tesorero de Narciso
Agúndez Montaño.
Sería muy temerario de mi parte hablar de peculado en el caso de los
extraordinarios recursos que fueron manejados irregularmente en 2009.
Pero lo
que no puedo evadir es la responsabilidad de decir que dada la investidura de la
instancia que realizó la auditoría referida, y dados los desmesurados montos
involucrados en la administración irregular, el actual Secretario de Finanzas,
José Antonio Ramírez Gómez debe ser cesado de su responsabilidad para ser
investigado por lo que la Auditoría Superior de la Federación dio un dictamen
negativo.
¿O ya se está acordando con la Federación que las irregularidades sean
“solventadas”?
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