Por obtener cien, doscientos pesos los ladrones de metales se llevan cable eléctrico, telefónico, marcos metálicos, tapas de pluviales, medidores de agua, alcantarillas; que malbaratan en cientos de chatarreras que funcionan –la gran mayoría– de manera clandestina y en zonas urbanas, populares. Las chatarreras clandestinas han rebasado a la autoridad, señala líder de la Canacintra.
Sergio Haro Cordero
En el poblado Miguel Alemán –en el Valle de Mexicali– la mañana del sábado 5 de noviembre los pobladores descubrieron un hombre muerto, electrocutado. Estaba pegado a un transformador de energía eléctrica propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. Murió en el intento de desmantelarlo para venderlo como chatarra.
El robo de metales de todo tipo parece imparable, sea en la ciudad o en el Valle.
Marcos de aluminio en las escuelas, cables de energía eléctrica en casas, negocios y edificios públicos. Cable telefónico –alguno de fibra óptica–, alcantarillas metálicas, rejas, tapaderas del drenaje pluvial, medidores de agua, campanas en las iglesias, son hurtados bajo la premisa de que todo lo que tenga metal es susceptible de ser vendido.
“Han empezado a robarse partes de las grandes torres de transmisión de energía eléctrica”, dice alarmado el vocero de la Comisión Federal de Electricidad en Mexicali, Óscar Hernández.
De acuerdo a Julián Torres –del área de Relaciones Públicas de la CESPM– el año pasado la paraestatal tuvo pérdidas de millón y medio de pesos por más de seis mil robos de alcantarillas, rejas, medidores, llaves de paso.
En el Sistema Educativo en el ciclo pasado tuvieron 65 robos de cableado en todo el estado –28 en Mexicali– que significaron pérdidas de casi cuatro millones de pesos. Al finalizar el ciclo 2011, en julio, los robos subieron a 176 en Baja California –143 en Mexicali– sumando pérdidas de casi 11 millones de pesos.
Para lucrar con el metal robado se han abierto en las colonias de Mexicali chatarreras clandestinas, algunas operan las 24 horas, sin control alguno están dedicadas fundamentalmente a la compra de metales sin averiguar procedencia.
En Administración Urbana del Ayuntamiento de Mexicali calculan que podría haber cientos de negocios clandestinos, de los cuales en los últimos días han clausurado una treintena, todos en la zona urbana. Uno de los últimos apenas duró dos días funcionando en un pequeño local en la esquina de Río San Lorenzo y Vicente Guerrero, en la colonia Independencia. Otro más, igual clausurado, fue detectado operando en una casa particular en la colonia aledaña, Mártires de 1906.
Aparte de las chatarreras el metal robado se comercializa en “yonques” y tiendas de autopartes.
Compra Segura
El nuevo dirigente de Canacintra en Mexicali, Mario García Gratianne, comenta que ante el incremento en las cifras de robos de material metálico iniciaron una serie de reuniones con empresas recicladoras y tomaron la decisión de no comprar cobre durante un mes completo. Incluso se coordinaron con personal del Ayuntamiento y de la Procuraduría para hacer una estrategia conjunta.
“Hicieron operativos y nos dimos cuenta que había casi 300 chatarreras que estaban en zonas residenciales, en negocios que no tenían absolutamente nada que ver con el desperdicio de metales.
Me refiero a abarrotes que compraban en las colonias, llanteras”, explica Mario García y añade que en ese contexto emergió de nuevo el programa de “Compra Segura”, que significa el tener todos los datos del vendedor –identificación con foto– imagen del material, todos los datos posibles incluidos ya en un formato especial.
“El problema no es necesariamente el que compra, el problema es el que compra sin saber quién le vende… “, sostiene García Gratianne, quien explica que la no compra de cobre duró sólo un mes, ya que no se puede lastimar de manera permanente esa industria.
“Imaginemos qué pasa si nadie compra material reciclado, estaríamos en una ciudad atiborrada de basura”, dice el empresario, quien refiere que el metal reciclado va a un mercado mundial, en su mayoría en Estados Unidos y Asia, y representa a nivel local una facturación anual de cientos de millones de dólares.
El líder de Canacintra afirma que ese organismo afilia a cerca de 40 empresas recicladoras y calcula que de las más de 200 detectadas en los operativos podrían existir otras 200 operando irregularmente, incluso trabajando las 24 horas del día.
También hicieron acuerdos con la CFE y Telnor, quienes aportaron un muestrario a cada uno de los socios del material usado para ambas empresas, para evitar las compras de los mismos. Otro evidente problema es la quema clandestina del plástico y la grave contaminación al ambiente.
“Tenemos que pelear por una regulación mucha más estricta y controlada para los recicladores, pero sin dejar el hecho de que efectivamente es una actividad legal, que se hace en todo el mundo y que genera riqueza, empleo inclusive, limpieza para la misma ciudad”.
García Gratianne sostiene que es necesario que el programa de Compra Segura sea un documento válido para una investigación, pero además incluye la posibilidad de la rastreabilidad para que la línea de una investigación pueda llevar realmente hacia el delincuente que robó el material.
El líder de Canacintra califica de increíble que no existe una mesa de diálogo entre el Congreso y las autoridades que sirva para que surjan los cambios legislativos necesarios, aunque también considera que hay que tener mucho cuidado con la sobrerregulación porque “hace que lo irregular sea mucho más fácil…”.
Operativos
La actual administración municipal en Mexicali implementó una estrategia para enfrentar el tema de la compraventa clandestina de metales. Esto en respuesta a la ola de robos en viviendas –ocupadas y desocupadas–, locales comerciales, públicos, escuelas, y la prontitud para la venta de todo tipo de metales sustraídos, en los negocios clandestinos y cercanos conocidos como chatarreras.
“Lo que hicimos fue analizar cuáles eran las cuestiones en cuanto al uso de suelo, que compete específicamente a administración urbana –a través del Reglamento de Uso de Suelo– para normar y vigilar cómo se aplica. Me refiero al Plan de Desarrollo a las compatibilidades de actividades que hay entre un espacio y otro”, explica de entrada en titular de Administración Urbana en el Ayuntamiento de Mexicali, José Manuel Herrera de León.
El funcionario expone que se realizó un diagnóstico entre Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos, Ecología, el Sistema Municipal de Transporte y Administración Urbana. Así fue como se detectaron cerca de 300 chatarreras de las cuales una buena parte operaban de manera irregular y que –por la zona urbana de ubicación– ni siquiera podían ser regularizadas.
“De tajo tuvimos que clausurar 10 chatarreras “, refiere el arquitecto Herrera de León en relación con las medidas que se tomaron y de las que tuvieron conocimiento las cámaras empresariales como Canacintra, Canaco y Coparmex.
Del resto el funcionario explica que cerca de 117 han sido inspeccionadas para su regularización y 26 más han sido clausuradas por no cumplir con los requisitos que marca el Reglamento; entre éstos, estacionamiento, patios de maniobras, bardas, áreas verdes.
“Las condiciones tienen que ver con ecología, bomberos, protección civil y administración urbana”, refiere Herrera, quien informa que hay dos que tienen suspensión preventiva –que pueden resolver su faltante–, 18 han sido autorizadas y 37 se encuentran en proceso de regularización.
El titular de Administración urbana menciona que todo esto es parte de la herencia que les dejó la anterior administración.
“Hemos encontrado un sinnúmero de omisiones, no solamente de chatarreras sino además de espectaculares, de anuncios en los camellones, de estacionamientos de usos de suelo. Creo que la autoridad fue muy bondadosa y de alguna manera nada más vino a cumplir con lo que se le peticiona cotidianamente y no salió a la calle”.
El mismo funcionario explica que implementaron un programa de revisión donde los 158 empleados de Administración Urbana se convirtieron en verificadores, avisando sobre todo tipo de incidencias relativas al control urbano, con lo que se logró contar con un verdadero “ejército” de verificadores urbanos. El siguiente paso ha sido el turnar los datos a los seis inspectores que son los encargados de revisar y tomar acciones concretas.
Pero Herrera acepta algunas limitantes, como la no retroactividad de la Ley, y lo alude en relación a las chatarreras con años en funcionamiento –antes de la vigencia del Reglamento–, lo que implica que más que nada se les pida regularizarse. Que mejoren la imagen y amplíen áreas verdes y estacionamientos.
“Si tenemos orden en nuestra competencia vamos a mejorar la calidad de vida de los mexicalenses”, resume el funcionario, quien exhorta a los ciudadanos a denunciar la instalación de estos negocios irregulares, sea en el número de emergencia 066 o ahí mismo en Administración Urbana del Ayuntamiento.
Cadena de impunidad
Las recicladoras son una necesidad para limpiar las ciudades –como la basura que para algunos no vale nada y para otros tiene un gran valor–, igual la chatarra como material susceptible de ser reciclado, afirma el presidente de la Asociación de Maquiladoras de Mexicali y ex líder de Canacintra, Flavio Sandoval González.
Menciona que el kilo de cobre está actualmente valuado en 92 pesos y ha llegado hasta 104 pesos por kilo. “Esto se ha prestado para que la gente que vive día a día drogándose encuentre una forma muy cómoda de resolver su problema de adicción”, dice Sandoval y comenta que si alguien se sube a un poste y corta un alambre de 100 metros, le quema el plástico y ya “hizo la semana”, lo que ha significado la proliferación de negocios clandestinos.
“Si no estás registrado ni en el municipio ni en el estado, se vuelve tierra de nadie, como las tienditas”, expone el empresario cachanilla.
El dirigente de los maquiladores –y cabeza de un grupo industrial dedicado al reciclaje– comenta que en las empresas serias manejan la compra segura, con estándares de calidad y exigen comprobantes e identificación a los vendedores de materiales.
En referencia a la proliferación de decenas de chatarreras, Sandoval González considera que esos negocios no están regulados por nadie –entre otras cosas– porque en el Municipio los tramites son muy engorrosos, lo que significa un verdadero viacrucis para lograr los permisos. Él mismo comenta que tiene ocho meses tratando de conseguir un permiso de uso de suelo para uno de sus negocios.
“Lo que debe hacer un gobierno es facilitar la autorización de los establecimientos que tengan todas las medidas, de seguridad, de higiene, de infraestructura”, dice Sandoval y considera que a muchos de estos negocios clandestinos no les interesa registrarse, por lo que el Municipio, Estado y Federación deben coordinarse para detectarlos “para que les caiga Hacienda o el Gobierno del Estado”.
Sandoval califica de buena medida la tomada por el Municipio con la estrategia de que sea por el uso de suelo como se esté tratando de controlar y regular estos establecimientos.
El ex líder de Canacintra asegura que las pequeñas chatarreras siempre han existido, pero de cinco años a la fecha empezaron a proliferar propiciando este descontrol debido a que no hay nadie que quiera tomar el compromiso.
Comenta que hay materiales que por sus mismas características se sabe la procedencia, si son de Telnor o la CFE –ya que son cables muy especializados– y la gente metida a este negocio sabe lo que es robado o no.
“La única forma de detener es no comprarlo. Y si no se compra, pues ya la demanda baja”, expone Sandoval González y dice que desafortunadamente el municipio no tiene infraestructura para controlar eso y cuando no hay infraestructura “se hace un caos, una tierra de nadie”.
Considera además que debe haber más conciencia de parte de las empresas recicladoras para efectivamente registrarlas y refiere de paso un desacierto de la Secretaría de Hacienda al eliminar la figura fiscal de la auto-compra, donde las empresas facturaban y retenían 5 por ciento que entregaban a la dependencia. Dice que con esa eliminación se golpeó a las recicladoras y de paso la dependencia federal dejó de ingresar millones de pesos. Piensa además de que no se trata de lagunas legales, sino que falta coordinación entre las dependencias de los tres niveles, lo que ayudaría a contrarrestar la proliferación de estos negocios ilícitos.
Finalmente sintetiza lo que está sucediendo con las pequeñas chatarreras:
“Es una cadena de impunidad, no digamos que está solapada por el gobierno, ha superado al gobierno… “.
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