De mayo a septiembre se agotó el presupuesto municipal, por causa de gastos superfluos que incluyen más de 59 mil pesos en compra de agua embotellada para la toma de protesta del alcalde.
La mayoría de los recursos se invirtieron en préstamos, becas, reparación de vehículos, fiestas tradicionales, además del informe de los primeros 100 días de gobierno.
Por si fuera poco, tan sólo en junio, 463 mil 947 pesos egresaron de las arcas por concepto de comida.
La mayoría de los recursos se invirtieron en préstamos, becas, reparación de vehículos, fiestas tradicionales, además del informe de los primeros 100 días de gobierno.
Por si fuera poco, tan sólo en junio, 463 mil 947 pesos egresaron de las arcas por concepto de comida.
Gerardo Zúñiga Pacheco
Cuando se trata de manejar dinero del erario público, José Antonio Agúndez Montaño, alcalde de Los Cabos, y los miembros de su gabinete, se pintan solos.
Préstamos, compensaciones, estímulos, reparación de vehículos, compra de agua y colchonetas y pago de eventos de belleza, fiestas tradicionales y para el informe de los 100 días son algunos de los gastos en los que de mayo a septiembre se fue la mayoría del presupuesto 2011.
Nadie mejor que el alcalde y los miembros de su gabinete para vivir del presupuesto y gastar a criterio personal el recurso público a lo largo y ancho de Los Cabos, Baja California Sur.
Tan es así que, en una investigación de cinco meses, ZETA tuvo acceso a copias de la cuenta pública, donde aparece la relación de gastos que presentaron los llamados “servidores públicos” de primer nivel para justificar los egresos de la XI administración municipal.
Los regidores del Ayuntamiento de Los Cabos lo saben, pero de todas maneras aprobaron las cuentas públicas, sin revisar a fondo en qué se está gastando el dinero de los cabeños. Los legisladores simplemente levantaron el dedo y otorgaron –desde mayo– un periodo de gracia que no excediera los 20 días a la Tesorería General, Oficialía Mayor y Contraloría, a fin de que elaboraran y remitieran un informe sobre las correcciones que se harían para recuperar comprobantes de los fondos entregados a los funcionarios.
Sin embargo ya llegó noviembre y no sucedió nada. Por el contrario, los egresos en el gobierno del perredista José Antonio Agúndez Montaño rayan en la desfachatez de haber pagado 463 mil 947 pesos, tan sólo en junio, por concepto de comida.
Jugosos filetes de res, charolas de los más finos mariscos, especialidades de comida típica mexicana y abundantes órdenes de platillos chinos, japoneses e italianos satisfacen el buen diente del alcalde y sus colaboradores. Así, en el Ayuntamiento de Los Cabos, vivir del poder, termina siendo una delicia.
Por otro lado, nada más en junio se pagaron diversas facturas que amparan la cantidad de 139 mil 800 pesos, en erogaciones de van de los 6 mil, 12 mil y hasta 67 mil 800 pesos, cantidad que representa casi la mitad del presupuesto –de ese mismo mes— en becas para educación y aportaciones en efectivo para el pago de convenios de obras públicas.
De hecho, desde el arranque del ayuntamiento actual fue evidente el dispendio. Ya en el tercer informe de su antecesora, Mirna Xibillé de la Puente, y en la toma de protesta de Tony Agúndez, se pagaron 59 mil 694 pesos por concepto de compra de cajas de agua embotellada, cantidad que supera el presupuesto de 32 mil pesos –de ese mes— en entrega de apoyos en servicios asistenciales, es decir, dinero otorgado a las clases sociales más desprotegidas del municipio.
Al igual figura la supuesta compra de 4 mil colchonetas para utilizarse en “refugios temporales”, mismas por las que se pagaron 566 mil 100 pesos en 4 operaciones distintas. Dicha transacción se hizo así para evitar la licitación correspondiente, como lo contempla la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en virtud de que la compraventa, rebasaba el tope establecido de 504 mil pesos.
La duda que tienen algunos regidores es respecto a los refugios temporales que hay y dónde están ubicados. Y es que, hasta donde se sabe, por lo menos este año no se abrieron recintos así, porque al momento no se ha presentado ningún fenómeno natural que lo amerite en el principal destino turístico de Baja California Sur.
La herencia
Desde que tomó protesta en el cargo, el alcalde Agúndez Montaño no ha revelado en qué condiciones recibió el municipio, a pesar de haber contratado al despacho contable “Sánchez & Sánchez”, dirigido por el contador Carlos Salgado Rubio, y quien fue el responsable de elaborar una auditoría a los estados financieros de la administración anterior hasta el pasado 30 de abril.
En esa auditoría, de la que ZETA tiene copia, se descubrió que el pasivo heredado por su antecesora Mirna Xibillé de la Puente, asciende a 614 millones 270 mil 369 pesos con 18 centavos, de los cuales, 424 millones 937 mil 412 pesos con 14 centavos, deben cubrirse a corto plazo.
Según datos del despacho “Sánchez & Sánchez”, la deuda total heredada representa el 54 por ciento del total de activos del ayuntamiento cabeño y el 63 por ciento del total de ingresos presupuestales para el ejercicio del 2011, es decir, incluyendo las participaciones federales, pues sin ellas, según deducen los auditores, “el factor de endeudamiento contra ingresos propios sería del 101 por ciento”.
Del total de activo que a finales de mayo ascendía a 227 millones 513 mil 85 pesos con 25 centavos, el 47 por ciento, equivalente a 106 millones 82 mil 975 pesos con 16 centavos, correspondía a cuentas por cobrar, y el 26 por ciento, o sea, 5 millones 569 mil 20 pesos con 36 centavos, se derivaba de recursos pendientes de aplicar a partidas presupuestales de obras o gasto corriente.
Las cuentas de abril y marzo de la ex alcaldesa De la Puente no están del todo claras, porque según los auditores, no se integraron de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Normatividad del Contenido y Control de la Cuenta Pública del estado de Baja California Sur, sobre todo lo relacionado a omisiones de reportes de tipo financiero, presupuestal y administrativo, entre lo que destaca el estado de variación de la cuenta pública, el informe sobre pasivos contingentes, los estados analíticos de activo y deuda, el informe de endeudamiento neto, el flujo de fondos, el informe programático del gasto, programas e indicadores y el estado analítico de deuda que muestre la fuente de financiamiento y los plazos.
Asimismo, no se presentaron altas ni bajas de empleados, los convenios celebrados con los contribuyentes y las bases de datos de operaciones de ingresos y de padrón de contribuyentes, información que tiene que ser entregada a más tardar el 31 de diciembre del 2012, de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
En esta auditoría se detectó que el 87 por ciento de los egresos van directamente a gasto corriente, incluido el 70 por ciento que está destinado al pago de la nómina de los trabajadores.
Al igual el 17 por ciento va a la adquisición de materiales, suministros y servicios generales, el 8 por ciento es destinado al pago de deuda pública y subsidios diversos y únicamente el 5 por ciento se canaliza a la inversión de obra pública, quedando en evidencia que el ayuntamiento de Los Cabos se ha convertido en una figura improductiva y totalmente pagadora de nóminas gubernamentales.
Lo cierto es que José Antonio Agúndez Montaño recibió una administración prácticamente quebrada y endeudada –incluida su propia herencia de más de 100 millones de pesos en el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
En el banco apenas tenía un saldo de 28 millones 591 mil 979 pesos con 11 centavos en las 38 cuentas de cheques de la administración municipal, entre las que se encuentran dos en moneda extranjera.
Algo que llama la atención en el rubro de los bancos es una relación de cheques devueltos por insuficiencia de fondos que datan de los ejercicios 2006, 2007, 2009, 2010 y 2011 y que ascienden a 674 mil 965 pesos, y los cuales fueron expedidos por las administraciones de los perredistas Luis Armando Díaz, René Núñez Cosío y Mirna Xibillé de la Puente, lo que evidencia dos cosas: una falta de control interno, y a su vez, protección para los responsables de haberlos emitido.
En la auditoría de “Sánchez & Sánchez” se detectó que inmediatamente tomando posesión de sus cargos, 57 trabajadores y servidores públicos, recibieron anticipos de sueldo en el mes de mayo, y aunque 5 de ellos, no liquidaron el saldo anterior, nuevamente fueron objeto de préstamos, todo esto sin contar a decenas de ex trabajadores y ex funcionarios que nunca han sido requeridos para que paguen préstamos que en su totalidad amparan la cantidad de 1 millón 441 mil 714 pesos con 43 centavos, y cuya recuperación al cierre de esta edición, no se había hecho efectiva.
En esta revisión contable aparecen préstamos por 1 millón 215 mil 721 mil pesos con 75 centavos a favor de asociaciones ganaderas y del Ayuntamiento de Mulegé, cuya información ya habría sido entregada a la Dirección de Asuntos Jurídicos, Reglamentarios y Legislativos para su gestión de recuperación y cobros.
Como si se tratara de un banco, y según datos de la auditoría, se descubrió que el ayuntamiento no solamente prestó dinero a sus trabajadores, sino también a un grupo externo de concesionarios de transporte colectivo y urbano para que renovaran sus unidades.
En este caso el monto total asciende a tres millones 864 mil pesos, de los cuales únicamente ha logrado recuperar 10 mil pesos, quedando en evidencia su incapacidad en materia de recuperación de dinero.
Acorralado por la pésima administración y los malos manejos del hoy alcalde Tony Agúndez, el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos tuvo que recurrir a una serie de préstamos y adelantos de participaciones municipales.
Por ejemplo, en la auditoría se expone que hasta el 31 de mayo, el organismo descentralizado debía 104 millones 867 mil 253 pesos con 41 centavos, destacando un préstamo de 65 millones de pesos para financiar y cumplir con los compromisos de obras; no obstante, todavía tuvieron que prestarle 300 mil pesos para “otros gastos”.
Entre la larga lista de gastos también llama la atención el depósito de 1 millón de pesos a favor de la compañía ASP Consultores Representación, S.A de C.V, cuyo dinero fue entregado como parte de un programa de financiamientos de créditos a microempresarios del municipio. Cabe destacar que esta empresa es parte del grupo ASP Financiera, propiedad de los hermanos Armando y Gustavo Sánchez Porras, uno de los principales beneficiados en la gubernatura de Narciso Agúndez Montaño.
Las irregularidades
Ya como alcalde, José Antonio Agúndez Montaño comenzó a liberar recursos y soltar fondos revolventes a diferentes funcionarios de su administración municipal, quienes hasta el cierre de esta edición no habían entregado comprobantes por 2 millones 829 mil 062 pesos con 25 centavos.
Datos entregados a ZETA expusieron que el edil liberó 5 millones 039 mil 690 para diversas erogaciones, y sólo se comprobaron por parte de los funcionarios, 2 millones 210 mil 627 pesos con 75 centavos.
De esta cantidad, y en el análisis de gastos, se comprobó que del importe pendiente de demostrar están 1 millón 177 mil 375 pesos con 1 centavo por concepto de combustible, y aunque se desconoce si fueron erogados o no, dado que a la fecha no han sido registrados como un egreso del ayuntamiento local.
Los propios regidores reconocieron en una sesión de cabildo que en la gestión de Agúndez Montaño no se está cumpliendo con la normatividad sobre el contenido de la Cuenta Pública, en materia de comprobación de fondos, respecto a los plazos, ya que no se tiene cuidado al recabar los documentos comprobatorios.
Lo único que sucede es que se esté exhibiendo constantemente la falta de control interno por parte de la tesorería, oficialía mayor y contraloría del ayuntamiento cabeño.
Tan es así que nadie sabe el destino y el avance de supuestamente 6 obras, que aunque los contratistas cobraron sendos anticipos, no han entregado la documentación comprobatoria que ampare una erogación de 26 millones 958 mil 218 pesos con 43 centavos. Éstas son las compañías en cuestión:
1.- Iluminación Sustentable de México, S.A. de C.V.
2.- Constructora Santos, S. de R.L. de C.V.
3.- Rosi Construcciones, S.A. de C.V.
4.- Maquinaria y Suministros Japaz, S.A. de C.V.
5.- Movicreto, S.A. de C.V.
6.- Constructora Roja, S.A. de C.V.
Entre estas irregularidades brincó el caso del proveedor Arturo Romero Sillas, quien con un débito por parte del ayuntamiento de 501 mil 175 pesos con 79 centavos, repentinamente y sin explicación alguna, apareció en la lista de documentos por pagar con una cantidad de 1 millón 557 mil 227 pesos con 13 centavos.
Para tratar de solventar algunas irregularidades y responder a la petición de los regidores de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, sobre algunas dudas y denuncias en la ejecución de obras, la Contraloría General, en base al oficio –SM/402/2011— inició la auditoría de ocho obras. Éstas son:
1.- Alumbrado público de la calle Luis Castro Arballo.
2.- Construcción del gimnasio de usos múltiples en la unidad deportiva San José 78.
3.- Rehabilitación de taludes, drenaje pluvial y bancas con sombra en la cancha de futbol de la colonia San Bernabé de San José del Cabo.
4.- Colocación de pasto sintético en ciclo-pista.
5.- Instalación de pasto sintético para cancha de futbol infantil en el parque integral Lomas del Sol en Cabo San Lucas.
6.- Re-nivelación y acondicionamiento en terracerías para la cancha de futbol en el parque Lomas del Sol en Cabo San Lucas.
7.- Instalación de pasto sintético en cancha de futbol de la colonia Las Palmas.
8.- Resguardo de ganado en el poblado de Miraflores.
El Ejecutivo de los Cabos, está poniendo en evidencia –según los documentos que obran en manos de ZETA— opacidad en el manejo del dinero público en estos primeros meses de administración, por un lado, y por otro, gastos excesivos que no tienen razón de ser dentro de un gobierno municipal que está endeudado y arrastra una grave crisis económica, destacando pagos de reparación de vehículos, financiamiento de eventos de belleza, fiestas tradicionales, evento de los 100 días, arrendamiento de mobiliarios, afinaciones de carros, compra de hielo y cajas de agua, alimentación y vinos, todo a precios que no concuerdan con la realidad.
A todo esto habría que sumarle la ineficacia en el cobro del dinero que tiene prestado entre empleados y terceras personas, que no ha podido cobrarse por falta de interés o complicidad.
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