El pasado 4 de junio se produjo un
derrame de jales mineros al interior de la mina La Cieneguita, en Chihuahua, el
cual arrastró maquinaria, vehículos y a varios trabajadores que realizaban
maniobras de contención. Han pasado más de 16 días y sólo se han recuperado los
cuerpos de cuatro de los nueve trabajadores desaparecidos del complejo operado
por Minera Río Tinto S.A. de C.V. y la canadiense Pan American Goldfields.
La Red Mexicana de Afectados por la
Minería exigió el cierre irreversible de la mina, que cuenta con autorización
para la explotación de oro, plata, plomo y zinc desde abril de 2017. Minera Río
Tinto es una sociedad que aumentó su capital en 2016 al fusionarse con la
empresa de Servicios MR Tinto, y su representación recae en Jacobo Elías Ayub
Touché, originario del estado de Chihuahua.
“Los Slim, los Larrea, los Salinas
Pliego, los Bailleres y los Ayub Touché, así como las empresas extranjeras,
especialmente las canadienses, se han enriquecido gracias al despojo, el
desplazamiento forzado de los pueblos y el saqueo de nuestros bienes
naturales”, dijo la Red Mexicana de Afectados por la Minería.
Ciudad de México, 20 de junio
(Noroeste/SinEmbargo).– Tras el derrumbe en la mina La Cieneguita del municipio
de Urique, Chihuahua, cinco trabajadores cumplen 16 días desaparecidos, luego
de que un total de nueve quedaran atrapados bajo los escombros de la presa de
jales mineros.
El complejo es operado por
Minera Río Tinto S.A. de C.V. y la canadiense Pan American Goldfields.
El vocero de la empresa
Minera Río Tinto (MRT), Nicolás Juárez, confirmó que oficialmente se han
encontrado dos cuerpos, en tanto dos lesionados han sido dados de alta del
hospital. En estos días se han descubierto restos humanos que, se presume, son
de los trabajadores perdidos, pero no han sido identificados. Mientras,
continúan las labores de búsqueda a cargo de Protección Civil del estado de
Chihuahua.
“El fin de semana y los últimos días se han
encontrado algunos restos, pero la Fiscalía del Estado de Chihuahua realiza
estudios de ADN para determinar a qué personas corresponden de los que están
registrados como desaparecidos”, declaró en entrevista.
La operación de la mina, que
cuenta con autorización para la explotación de oro, plata, plomo y zinc desde
abril de 2017, ha sido suspendida por decisión propia de la empresa para seguir
las labores de rescate y de construcción de bordos para impedir que los
materiales de la mina avanzaran hacia el Río Fuerte. Pero hasta el momento no
se ha determinado ninguna sanción.
“Una cantidad importante de
personas se encuentra precisamente en las actividades de rescate y en los muros
de contención, por eso hay un paro temporal determinado por la misma empresa,
pero no ha habido una sanción que evite sus operaciones”, reafirmó Nicolás
Juárez.
Esta es la prioridad
inmediata, por lo que se desconoce cuándo se normalizarán las actividades en la
planta minera. Tampoco se han cuantificado los daños materiales de la tragedia.
Recordó que tanto los
estudios de suelo de Profepa como los del agua de la Comisión Nacional del Agua
(CNA), han determinado que los residuos vertidos tras el derrame no son
peligrosos para la salud humana ni para el medio ambiente, ya que al trabajar
por el método de flotación “no utilizan metales como cianuro o arsénicos para
el proceso de los minerales”.
No obstante, una vez
concluidas las acciones de localización de las personas desaparecidas, las
autoridades dictarán a la compañía las medidas de mitigación para remediar los
impactos del derrumbe.
Minera Río Tinto, aseguró su
representante, atiende todas las indicaciones oficiales e indemnizará a los
deudos conforme a la Ley, aun cuando sólo tres de los afectados se encontraban
en nómina. El resto eran subcontratados a través de una sociedad cooperativa,
que cuenta con un contrato con la mina para el acarreo de materiales. En este
esquema laboran 350 personas. De forma adicional, 200 trabajan de manera
directa como parte de la compañía.
La Red Mexicana de Afectados por la
Minería exigió el cierre irreversible de la mina de la empresa Río Tinto en
Urique, Chihuahua. Foto: Noroeste.
NIEGA MRT RELACIÓN CON TRANSNACIONAL
La Red Mexicana de Afectados
por la Minería (REMA) exigió el cierre irreversible de la mina de la empresa
Río Tinto en Urique, Chihuahua, además de medidas enérgicas para la rendición
de cuentas y control y reparación de los daños en la región.
En un comunicado del 7 de
junio, la organización civil señaló a MRT de pertenecer al grupo británico Río
Tinto Plc, también de capitales australianos, “que en conjunto forman la
segunda más grande empresa minera diversificada a nivel mundial por sus
trabajos en los sectores de hierro, aluminio, cobre, diamantes, energía y
minerales”.
Se trata de una polémica
transnacional que ha enfrentado demandas legales, acusada de crímenes de lesa
humanidad en Nueva Papua Guinea, en 1988, cuando supuestamente incitó a una
guerra civil que costó miles de vidas humanas.
La información de que Minera
Río Tinto pertenece a esta multinacional, desde 2008, aparece en el directorio
minero de la Secretaría de Economía del gobierno federal mexicano, con
actualización hasta 2015.
En ese año, además, el
listado de inversiones extranjeras en la minería señala que Minera Río Tinto
operaba “La Cieneguita” en participación con Pan American Goldfields Ltd, una
empresa registrada en Delaware, Estados Unidos.
Nicolás Juárez señaló que el
dato es erróneo, pues MRT es una empresa cien por ciento mexicana, propiedad de
empresarios chihuahuenses.
En el Registro Público de
Comercio, consultado por Noroeste, encontró que MRT es una sociedad que aumentó
su capital en 2016, al fusionarse con la empresa de Servicios MR Tinto, y su
representación recae en Jacobo Elías Ayub Touché, originario del estado de
Chihuahua.
Por su parte, REMA incluye a
esta familia entre aquellas que se han enriquecido a través de causar daño a
las comunidades a través de la minería.
“Los Slim, los Larrea, los
Salinas Pliego, los Bailleres, los ahora Ayub Touché, así como las empresas
extranjeras, con particular énfasis en los dueños y accionistas de las empresas
canadienses, se han enriquecido gracias al despojo, el desplazamiento forzado
de los pueblos y el saqueo de nuestros bienes naturales”.
En ese tenor, afirman que el
negocio es redondo, porque no pagan por los daños que ocasionan a la salud, al
ambiente, la naturaleza, a la cultura y a la comunalidad y la vida de los
pueblos.
En refuerzo a estas
afirmaciones, REMA propone cambiar el modelo extractivo minero “si en verdad
queremos transitar a un país en armonía con la vida y una sociedad justa”.
CONTINÚAN DESAPARECIDOS:
–Óscar Minjarez Vázquez
–José María Santini
–Juan Escalante Valenzuela
–Monserrat Cervantes Orduño
–Román Rodríguez Chávez
MINAS CANADIENSES EN MÉXICO
La minería es una de las
actividades extractivas más dañinas para el medio ambiente, la salud y los
derechos humanos, sin embargo, las empresas de este sector operan con el aval
de distintas dependencias del Gobierno mexicano.
Un documento de Fundar,
Centro de Análisis e Investigación AC, cita cifras de la SE: hasta julio de
2016, existían en toda la República Mexicana 25 mil 178 títulos de concesiones
mineras vigentes en 22 millones de hectáreas.
En apego al último registro
del Sistema de Administración Minera (SIAM), sólo en septiembre de 2017 se
otorgaron 84 permisos.
Cabe mencionar que la
concesión es otorgada hasta por un siglo: de entrada se concede por 50 años,
con la posibilidad de solicitar una prórroga por un periodo igual, que,
indicaron los especialistas, difícilmente será negada.
Las dependencias federales
que autorizan que las mineras nacionales y extranjeras operen en una extensión
que abarca ya 22 millones de hectáreas en el territorio mexicano son las
secretarías de Economía (SE), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Desarrollo Agrario Territorial y
Urbano (Sedatu), del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Defensa Nacional
(Sedena) y de Energía (Sener).
También se involucran las
comisiones Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la
Nacional del Agua, además del Servicio Geológico Mexicano (SGM), los gobiernos
municipales y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
DEMANDAN CASTIGO PARA MINA
Organizaciones civiles de
Chihuahua lanzaron una exigencia al Estado mexicano para que se realice una
auditoría ambiental a la empresa minera, que se sancione a los responsables del
siniestro y que se remedie el daño ecológico lo antes posible.
“Los grandes grupos mineros
despojan de la tierra a sus propietarios y posesionarios (sobre todo indígenas
y ejidatarios), contaminan los mantos acuíferos, modifican agresivamente el
paisaje, producen montañas de residuos que contaminan la tierra y el aire con
el sistema de explotación a tajo abierto y la lixiviación por cianuración del
mineral”, señala un comunicado emitido a principios de mes por la Red en
Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara (REDETI).
De acuerdo a datos
proporcionados por la organización civil, en el Estado de Chihuahua existen
actualmente 4 mil 149 títulos que abarcan 3 millones 487 mil 514 hectáreas, 17
asignaciones mineras con una superficie de 3 millones 162 mil 990 has. y 9
zonas de reservas con 11 mil 120 hectáreas. Los municipios con mayor número de
concesiones trabajando son: Ocampo y Urique con 7 y Guadalupe y Calvo con 5,
mientras que Batopilas, Chínipas, Maguarichi y Uruachi solo tienen una.
“En el Estado existen 64
compañías con proyectos en exploración, 80 por ciento de ellas canadienses. Su
producción es millonaria (27 mil 270 millones de pesos fue el valor de la
producción minera en el 2014), por lo que hay grandes intereses por encima de
vidas humanas y la importancia ecológica de la Sierra Tarahumara”, destaca la
red civil.
ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE NOROESTE.
(SIN EMBARGO/ SIBELY CAÑEDO/20 DE JUNIO 2018)
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