El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena) informar sobre su actuación el pasado 30 de
junio de 2017, en la Sindicatura de Villa Unión, municipio de Mazatlán, estado
de Sinaloa, en donde murieron 17 personas y cinco policías municipales
resultaran heridos, y de no tener informes al respecto, le instruyó hacer una
búsqueda en la Tercera Zona Militar.
Ello a raíz de que un
particular solicitó conocer el reporte de los hechos consignados en el parte o
informe levantado; así como el punto exacto en donde ocurrieron los hechos; las
patrullas militares encargadas de cubrir ese turno y el sector rural; así como
el número de policías militares, ministeriales, estatales y de la Secretaría de
Marina (Semar), involucrados en el operativo, precisando, además, en qué
consistió su actuación.
En respuesta, la Sedena dijo
que no localizó ningún documento relacionado con la materia de la solicitud,
por ello el ciudadano se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el
INAI, y señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con registros de
todos los eventos donde participa su personal.
En alegatos, la Sedena
reiteró su respuesta y precisó que el personal militar participó después del
enfrentamiento, sólo en la búsqueda de los agresores sin obtener resultados.
Respecto de la actuación de las otras dependencias, orientó al particular a
dirigir su solicitud a la Procuraduría General de la República (PGR), a la
Fiscalía del estado de Sinaloa y a la Semar.
Al presentar el caso ante el
Pleno, la ponencia de la comisionada del INAI, Areli Cano Guadiana, afirmó que
la seguridad pública y la manera en que el Estado asume su responsabilidad de
garantizarla, se ha convertido en una de las exigencias más sentidas de la
sociedad.
Además, señaló que dichas
acciones se han reforzado mediante la coordinación interinstitucional entre las
diferentes dependencias que tienen el monopolio legítimo de la fuerza, entre
ellas el Ejército, por lo que destacó la necesidad de conocer datos que den
cuenta de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad.
Sin embargo, Cano Guadiana
dijo que la Sedena no cuenta con facultades para conocer del despliegue de
otras instancias en los operativos en los que participa, como es el caso de las
policías ministeriales estatales y de la Marina.
No obstante, sobre la
inexistencia de la información relacionada con la participación de la
dependencia en los hechos, se determinó que no cumplió con el procedimiento de
búsqueda establecido en el Ley, ya que no turnó la solicitud a la Tercera Zona
Militar, área que podría conocer los informes o partes relativos al actuar del
sujeto obligado, dado que su jurisdicción se localiza en Mazatlán.
Además, el INAI abundó que se
localizó un boletín de prensa del Gobierno de Sinaloa, fechado en julio de este
año, en donde el secretario de Seguridad Pública local informó sobre los hechos
y refirió haber solicitado el apoyo de todas las autoridades policiales,
incluidos el Ejército, la Marina y la Policía Estatal Preventiva, instancias
que de manera coordinada implementaron un operativo adicional, al cual se
refirió la Sedena en sus alegatos.
Se concluyó que es de interés
general conocer el número de militares involucrados en el operativo, así como
el detalle derivado de los partes o informes respectivos para identificar en
qué consistió la actuación militar en las labores de coordinación con las
instancias militares en materia de seguridad.
El 3 de julio pasado, el
subsecretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo,
rechazó que el hecho se haya tratado de una acción extrajudicial, luego de que
este caso despertó opiniones en las redes sociales donde ciudadanos
cuestionaron a las autoridades y exigieron que se esclarecieran los hechos.
Castañeda Camarillo afirmó
que existen imágenes, evidencias y peritajes que reflejan que las muertes de
los hombres armados se derivaron de enfrentamientos con la autoridad.
“La Fiscalía tiene a su cargo
las investigaciones de los hechos, las declaraciones de los policías heridos,
las armas aseguradas, vehículos y el reporte inicial del asesinato de dos
personas en Villa Unión, previo a los enfrentamientos”, precisó en aquel
entonces el subsecretario estatal.
Las 17 personas, que se
trasladaban en tres vehículos diferentes, se encontraron con policías
municipales de Mazatlán, con quienes sostuvieron un primer enfrentamiento. Por
el ataque, según se estableció por la Secretaría de Seguridad, se inició una
persecución dirigida por la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, que
después se apoyó de elementos de la Policía Estatal, la Sedena y de la Marina.
El enfrentamiento terminó en
la comunidad Aguaje de Costillla, a 8 kilómetros de Villa Unión, donde murieron
las 17 personas, “relacionadas con el tráfico de drogas ilícitas en la zona
serrana del sur del Estado”, según lo señaló el Gobierno de Sinaloa, a pesar de
que la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General reservaron la
información sobre las operaciones de la supuesta organización delictiva.
Además, se informó que la
Procuraduría General de la República atrajo la investigación de estos hechos.
Asimismo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició una
investigación de oficio para determinar si hubo o no violaciones a los derechos
humanos en los hechos registrados.
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS CARLOS ÁLVAREZ/ DOMINGO, 5 NOVIEMBRE, 2017,
11:21 AM)
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