Una nueva nota publicada este
lunes, en primera plana, por el diario estadounidense The New York Times,
asegura que según un análisis independiente, el secretario ejecutivo del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) -investigadores designados
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento
al caso Ayotzinapa-, recibió mensajes de texto con un hipervínculo que escondía
el programa espía llamado Pegasus, con el que el Gobierno mexicano ha espiado a
otros activistas, periodistas y defensores de derechos humanos.
La nueva nota, otra vez
firmada por jefe de los corresponsales del rotativo en México, Azam Ahmed, da
cuenta del último informe del Citizen Lab -un laboratorio de la Universidad de
Toronto- publicado hoy en su página web, confirma que los teléfonos móviles
pertenecientes al grupo internacional de expertos de varios países, reunidos
por la CIDH, fue blanco de intentos de infección con el spyware desarrollado
por el grupo israelí NSO, supuestamente sólo vendido a gobiernos para vigilar a
criminales y terroristas.
Según la evidencia forense,
el GIEI también fue blanco de la tecnología de espionaje comprado por el
Gobierno de México en por lo menos 80 de millones de dólares, por lo que los
investigadores califican como “una campaña de acoso e interferencia” que dicen,
“obstaculizó sus indagatorias sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la
Normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, en Iguala,
Guerrero.
“Los investigadores, que
fueron nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
dicen que se toparon con muchos obstáculos en su trato con el gobierno
mexicano, como el rechazo a compartir documentos o permitir la realización de
entrevistas clave e, incluso, con una indagatoria penal en represalia a su
trabajo.”, señaló este día el NYT.
El rotativo estadounidense
hace énfasis en que la nueva evidencia comprueba que la campaña de espionaje
del Gobierno mexicano “fue mucho más allá de los críticos en casa: al tener
como blanco a los miembros del GIEI, afectó a oficiales internacionales que
tenían una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para
investigar un caso que se ha vuelto paradigmático de la situación de los
derechos humanos en México y, con ello, parte clave del legado del presidente
Enrique Peña Nieto.”
“A primera vista, el caso
–suponiendo la veracidad de estas afirmaciones– es suficientemente serio como
para justificar la creación de una comisión internacional”, le dijo James
Cavallaro, comisionado de la CIDH, al NYT. “La comisión comparte las
preocupaciones de otros: ¿cómo se puede confiar en que el gobierno investigue
su presunta violación de los derechos de sus ciudadanos dados los antecedentes
que tiene en este caso?”, señaló.
Otra comisionada del CIDH,
Esmeralda Arosemena de Troitiño, respaldó el llamado para una indagatoria
independiente al Gobierno de Peña Nieto y dijo que las acusaciones son
“extremadamente preocupantes”. “Está investigación debe establecer las
responsabilidades tanto materiales como intelectuales de las supuestas acciones
de espionaje”, dijo.
El GIEI pasaba por una crisis
cuando los investigadores habrían sido víctimas del programa espía, señaló el
NYT. “La presión del gobierno era cada vez mayor y apenas unas semanas antes
los miembros del grupo habían hecho públicas sus acusaciones de que las
autoridades los estaban obstaculizando. También estaban a poco menos de dos
meses de publicar su informe final, que rechazó la versión oficial o ‘verdad
histórica’ del gobierno sobre lo sucedido a los estudiantes desaparecidos.”
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS / CARLOS
ÁLVAREZ /LUNES, 10 JULIO, 2017 06:19 AM)
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