El imputado participó en la campaña
electoral del gobernador Kiko Vega.
Foto: Especial para ZETA
El tesorero del PAN en Baja
California fue vinculado a proceso por un juez de control que encontró
suficientes pruebas para iniciar un proceso penal en su contra por no comprobar
gastos ordinarios de campaña, indicó la Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales (Fepade).
Aunque la Fepade no precisa
el nombre del imputado, el tesorero durante este periodo del Comité Directivo
Estatal es Omar Murillo, miembro activo de Acción Nacional y quien sigue
desempeñándose como tesorero.
Además de trabajar en
diversos puestos de gobierno, Murillo ha sido “asistente” de diputados panistas
y participó activamente en las campañas electorales del actual gobernador
“Kiko” Vega en 2013 y durante 2016 en la del presidente municipal de Mexicali,
Gustavo Sánchez.
El comunicado de la Fepade
indica que el panista “se abstuvo de realizar la comprobación de varios gastos
que realizaron los candidatos de ese instituto político, durante el proceso
electoral ordinario 2015-2016 para el estado de Baja California, en donde se
eligió a Presidentes Municipales y a diputados locales”.
La Fiscalía explicó también
que el imputado fue requerido por la Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral (INE), pero “no cumplió con las obligaciones
impuestas por las leyes, motivo por el cual se le dio vista a la Fepade”.
Durante su investigación, la
Fiscalía estableció que “los gastos realizados no cumplían con los requisitos
establecidos por las leyes electorales, por lo tanto, no existe la certeza de
que los recursos públicos hayan sido utilizados de manera correcta y conforme a
lo establecido por la normatividad electoral”, se explica en el boletín de
prensa.
Una vez que la carpeta de
investigación se presentó ante un juez de control, éste determinó que se
iniciara el proceso penal contra el tesorero por su probable participación en
el ilícito de abstenerse en la comprobación o justificación de gastos
ordinarios, previsto en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Según el comunicado de la
Fepade, la vinculación a proceso se obtuvo porque la conducta del panista “no
sólo vulneró la adecuada función pública electoral sino también los principios
fiscalizadores de los recursos públicos, en específico el de certeza y
legalidad”.
Sin embargo, el Comité Directivo Estatal dio
una lectura distinta a los hechos.
En un comunicado de prensa, a
nombre del dirigente estatal, José Luis Ovando Patrón, el instituto político
asegura que este proceso penal “es parte del nuevo modelo de fiscalización de
los gastos de campaña tanto de candidatos independientes como de partidos
políticos” y por lo tanto, “una etapa más del proceso electoral”.
También afirma que la
vinculación a proceso del tesorero obedece a que éste es el representante del
partido y de sus candidatos ante la autoridad electoral, precisamente para efectos
de la comprobación de los gastos de campaña, por lo que como figura jurídica,
él debe atender dicha parte del proceso.
De igual forma, la dirigencia
estatal asegura que “el 28 de marzo, el tesorero estatal del PAN atendió de
manera ordinaria el llamado que realizó la autoridad electoral para estos
efectos y comenzó el desahogo del citado proceso sin mayor problema,
presentándose para conocer los puntos que deberán ser aclarados y atenderlos de
inmediato… la autoridad deberá escuchar al representante del partido y
considerar los argumentos presentados para desahogar debidamente este proceso”.
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS/ ISAÍ LARA
BERMÚDEZ /DOMINGO, 2 ABRIL, 2017 09:25 PM)
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