FOTOS: Cristian Torres
Miles de trabajadores del mar en el
puerto de San Felipe y el Golfo de Santa Clara desconocen qué sucederá con la
pesca a partir de que termine el Programa de Compensación Federal que les ha
entregado dinero para que no salgan a pescar durante dos años, en una acción de
protección de la vaquita marina que funcionó a medias y que propició la pesca
ilegal de totoaba
Golfo de Santa Clara.- Lo
sucedido la semana pasada en este poblado podría ser un adelanto de la reacción
social, del estallido de rebeldía y coraje que derivó en el incendio de una
docena de vehículos del Gobierno Federal, agresiones a inspectores de PROFEPA y
CONAPESCA, saqueo a vehículos que fueron varados al bloquear los acceso al
poblado, y la expulsión de autoridades de todos los niveles.
Ese contexto implicó que
durante varios días los pescadores pudieran salir con sus pangas al mar a la
pesca generalizada de curvina golfina -detenida por falta de autorización por
Impacto Ambiental-, que convirtió a esta localidad en una tierra sin Ley.
“Todo el desmadre lo hicieron
los malandros”, expone un testigo de lo sucedido el miércoles 8 de marzo.
Y es que según esa versión tenían como diez,
veinte pangas con totoaba. Ese día los persiguió la patrulla, se metieron en un
refugio.
En la tarde tuvieron la mala
noticia -trasmitida en vivo- que no había respuesta positiva de las
autoridades, ya que faltaba un documento de la Manifestación de Impacto
Ambiental (MIA) que no había salido a tiempo.
Ahí surgió el descontento, azuzado por un
totoabero de nombre Jaime.
“Hagan un pinche desmadre”,
les dijo en función de llamar la atención y sacar las pangas con totoaba por
otro lado.
“Se hizo un cochinero”, narra
el testigo. La orden derivó en que empleados de la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) fueron bajados a golpes de los vehículos
oficiales para incendiarlos en plena calle.
La turba acudió hasta la zona
de departamentos donde viven los inspectores de CONAPESCA y PROFEPA y les
quemaron vehículos -casi enfrente de las oficinas de la Secretaría de Marina,
cuyos elementos se quedaron paralizados-.
Luego fueron por unas pangas de la Comisión Nacional
de Áreas Protegidas (CONANP) las juntaron en una cancha y también las quemaron.
“Hay la idea que algunos
andaban bien encristalados”, refiere otro de los testigos.
Dos pick-ups de CONAPESCA los llevaron hasta
el entronque de la carretera a Peñasco, donde los volcaron y quemaron.
“Estaban parando a los
tráileres y los estaban saqueando. Había gente armado, algunos encapuchados”,
aseguran.
Este violento contexto
implicó que horas después, ya sin la supervisión de la autoridad, pangas y más
pangas pudieran salir a pescar curvina, algunos echaron hasta dos viajes,
aunque después no sabían qué hacer con el producto, pues sin la MIA no lo
pueden comercializar.
En la temporada de curvina la
pesca en el Golfo implica la captura de 3 mil 500 toneladas de esa especie -hay
435 permisos de pesca y cerca de mil 500 pescadores- en un poblado que no llega
a 8 mil habitantes.
La temporada dura solo dos
meses -cinco mareas, el resto del año esté vedada por protección-, pero los
permisos de pesca que otorga Conapesca tienen que estar acompañados de la MIA,
el cual a la fecha no ha sido entregado por la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT).
En el caso de la totoaba, la
pesca ilegal ha continuado, aunque parece que los furtivos ya se saben el camino:
un día los detienen con buches, los trasladan a la Procuraduría General de la
República (PGR) y a la semana están libres tras el pago de una fianza.
INCERTIDUMBRE
“Es un derecho que les ha
sido pisoteado, aunque estemos en contra no lo podemos evitar, pues es el
clamor de una comunidad que es cien por ciento pesquera”, asume Carlos Alberto
Tirado, presidente de la Federación de Pescadores de la Reserva de la Biosfera,
en alusión a la pesca de curvina.
Traslado de los vehiculos
oficiales quemados
Y es que hasta el momento no se ha emitido MIA, y apenas el
viernes 10 de marzo salió publicada en el Diario Oficial de la Federación la
cuota de pesca de curvina golfina para 2017, fijada de 4 toneladas 300 kilos por embarcación.
“Eso nos garantiza al sector pesquero que la
autoridad debe darle seguimiento al proceso legal”, refiere en torno a la parte
que le toca a CONAPESCA -que depende de SAGARPA-, además de la MIA que le toca
a SEMARNAT.
Es decir, deben contar con el
permiso de CONAPESCA la Manifestación de Impacto Ambiental y la cuota de pesca.
En el caso de la MIA depende
de la Dirección de Inspección y Riesgo Ambiental de SEMARNAT y fue parte de la
discusión sostenida la semana pasada en la Ciudad de México.
El argumento oficial es que
el trámite se hizo tarde -el 21 de febrero-, aunque según Tirado, se entregó en
esas fechas porque hubo retraso de otras instituciones, como el Instituto
Nacional de Pesca (INAPESCA), que debería emitir un dictamen relativo al tipo
de red.
“Había un compromiso el año
pasado del Presidente Peña Nieto y el Presidente Obama donde en el Alto Golfo
ya no se podían utilizar redes ‘agalleras’. Si sometíamos la MIA con esa red, iba a ser
rechazado.
El INAPESCA el 29 de
noviembre dictaminó acerca del nuevo ‘arte de pesca’ para pescar curvina, que
es ahora el sistema en encierro”.
Tirado explica que el 6 de
enero, vía CONAPESCA, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) les mandó por oficio cómo será el nuevo
“arte de pesca” para curvina.
Comenta que desde el 10 de
febrero se capturó curvina -con lo que arrancaba la temporada-, aceleraron el
proceso y el 14 de febrero les fueron entregados los permisos con las nuevas
redes.
Dice que el 15 y 16 de
febrero recibieron los permisos, lo que implicó que los proyectistas que
realizaban la MIA trabajaran a marchas forzadas para modificar el trabajo ya
realizado -por el cambio del arte de pesca-.
Labor que realiza un
consultor externo que paga el sector pesquero, tan solo por el trámite ante
SEMARNAT, les cuesta 129 mil pesos, y
por la elaboración, entre 500 mil y 600 mil pesos.
De acuerdo a la Ley, la MIA
debe realizarse en 30 días, desde el momento de la solicitud, pero en caso de
que alguien pida consulta pública, se alarga el trámite. Según Tirado Pineda,
ese fue el planteamiento hecho por el sector pesquero para que dejaran salir a
pescar, dado que ya estaba el trámite solicitado oficialmente.
“Les pedimos que nos dejaran
pescar porque se nos iba a pasar la marea y el problema social que estaba en
ese momento se vio reflejado cuando nos dijo la autoridad que no”, argumenta en
relación a lo sucedido la noche del miércoles 8 de marzo.
“En el pueblo, independientemente de que este
mal o esté bien, está a flor de piel el asunto del Alto Golfo y la necesidad de
tener un ingreso económico”, comenta el líder de los pescadores del Golfo,
refiriendo que en el acuerdo de la no-pesca, por protección a la vaquita
marina-, la de curvina golfina es “la
única que se exceptúa, la más regulada, la más normada en nuestro país”.
Desde su óptica, la situación
para proteger la vaquita marina a nivel internacional pone en entredicho al
gobierno, de que cerca de 700 embarcaciones autorizadas para pescar curvina
anden en el mar.
Carlos Alberto Tirado, lider
de los pescadores en el golfo
En su opinión, es cuestión de
voluntad, y aporta el dato de que en 2016 no había MIA y hubo disposición del
Gobierno Federal de permitir la pesca, pero este año no.
Por eso la semana pasada
sostuvieron una serie de reuniones con funcionarios federales, diputados,
senadores, y las autoridades prometieron una respuesta la tarde-noche de ese
día, la cual llegó cerca de las ocho de la noche -siete de la noche en el
Golfo-, la cual fue negativa y desató la furia.
“Fue una reacción
descontrolada”, reflexiona el líder de los pescadores golfeños, “yo represento
al sector pesquero legal, lo que tenemos entendido es que no era gente del
sector organizado la que provocó todo esto.
Los pescadores, líderes y representantes,
están desconcertados por lo que pasó, están asustados”. Tirado comenta que los
informes que recibieron fueron en el sentido de que quienes estaban saliendo a
pescar era el sector furtivo, ilegal, el cual aprovechó la coyuntura.
En cuanto al Programa de Compensación, afirma
que es muy delicado que hasta hoy no haya ninguna dependencia que les diga qué
ocurrirá al respecto.
“No hay nadie que nos diga
con qué ‘arte de pesca’ vamos pescar camarón en la siguiente temporada, dado
que el acuerdo se vence en abril de este 2017”. Dice que CONAPESCA reconoció
que la red de pesca -que llaman “chango”- es inoperable en el Alto Golfo, lo
que implica la creación de un vacío legal en cuanto a la red con la que podrían
pescar camarón.
No saben si hay presupuesto
para continuar el programa ni tienen hasta el momento información relativa al
tema. Y es que de acuerdo a los tiempos, ya tendrían que estar sometiendo la
MIA para la pesca de camarón, pero a la par, desconocen con qué tipo de red
podrían hacerlo.
“Todo esto es
independientemente de que haya prórroga o no, no lo sabemos”, insiste el líder
de los pescadores del Golfo.
“El problema del ‘arte de
pesca’ para camarón y escama, creo que es una bomba de tiempo, y eso nos tiene
con mucha más incertidumbre” sintetiza.
EXALTACIÓN GONZÁLEZ: “VEDA TEMPORAL, PROFUNDO FRACASO”
“La situación no está fácil, la autoridad la
noto muy cerrada y no veo hasta el momento indicios de que la autoridad vaya a
permitir la pesca”, expone el diputado Exaltación González, quien considera se
ha demostrado que la pesca de la curvina no representa ningún riesgo para la
vaquita marina.
Según el postulado por el
Partido Acción Nacional, aunque la MIA sea requisito asentado en la Ley,
también debe haber flexibilidad por parte de la autoridad, al tratarse de una
zona muy lastimada económicamente.
PESCADORES EN EL GOLFO
“Es un tema de desesperación
social, es preocupante. El Golfo de Santa Clara la única actividad económica
que tiene es la pesca”, expone el ex comunicador y ahora diputado federal, y
aparentemente, no hay recursos federales autorizados, dado que el decreto de la
veda termina en abril de este 2017.
“El compromiso del Gobierno
Federal a través de INAPESCA es que en estos dos años se iban a hacer
investigaciones para determinar las artes de pesca adecuadas y que no representan
riesgo para la vaquita marina. Los pescadores cuestionan por qué INAPESCA no
hizo absolutamente nada en estos dos años”.
A su consideración, el Alto Golfo es un mar
rico en especies marinas que se deben preservar, pero no se puede descuidar a
los pescadores y sus familias.
“Creo que este programa de la
veda temporal ha sido un profundo fracaso en todos los sentidos, ni la
compensación ni la medida medioambientalista de proteger a la vaquita dieron
resultados. Había más vaquitas marinas cuando empezó el programa, ahorita
parece que quedan como 35, aparte la pesca de totoaba ha proliferado. No se
puede ahogar a toda una región solo por proteger a una especie marina”, resume
en alusión al estallido social para, por último, advertir que puede ser un adelanto
de lo que ocurriría en todo el país.
“Esto es una consecuencia de
una muy mala actuación del Gobierno Federal”.
Pagarán a pescadores, pero no
hay más Para Alfonso Blancafort, delegado de la SEMARNAT en la entidad, la MIA
es un requisito obligado por la Ley para que se pueda salir a pescar.
“Es un trámite que no se
puede obviar”, asegura, además, no se trata de un requisito nuevo y este año
los pescadores lo ingresaron justo antes de iniciar la primera marea.
“No podemos incurrir nosotros
mismos en la ilegalidad”, y calcula que por los tiempos y procedimientos, como
la consulta pública en la MIA,
difícilmente terminaría el proceso antes de que concluya la temporada de
pesca de curvina.
“Ellos están conscientes de
que lo ingresaron tarde y que no pueden llevar a cabo la actividad; señalan
como el principal culpable de haber ingresado su MIA a INAPESCA, porque
recibieron tarde la información de las artes de pesca que debían incluir”,
afirma Blancafort.
En ese contexto el Gobierno
Federal propuso a los pescadores de San Felipe y Santa Clara una compensación
económica -solo por esta temporada- para los 631 permisionarios para pesca de
curvina en El Golfo y San Felipe, calculada en casi 72 millones de pesos, 22
para San Felipe y cerca de 50 para el Golfo.
Además, en ambas comunidades
planean instaurar un programa de empleo temporal para los integrantes de la
cadena productiva que dure solo los 45 días de la temporada de pesca.
Eso implica que, a excepción
de loa etnia Cucapah, que lo hacen en otra zona, absolutamente nadie podrá
salir a pescar curvina en esta temporada que finaliza el 30 de abril.
Hasta el cierre de esta
edición los pescadores de San Felipe aceptaron la propuesta, los del Golfo aún
lo discutían.
“Es muy lamentable lo que
pasó en Santa Clara y nadie quiere que vuelva a suceder, la percepción es que
son delincuentes lo que provocaron esto, no los pescadores legales. Lo que
provocaron es que no hubiera vigilancia, a nadie se le permite que se amenace
al Gobierno Federal.
Las acciones van a ser claras
y contundentes en cuanto a quienes resulten responsables”, advierte el delegado
de SEMARNAT en Baja California.
En el caso del Programa de
Compensación implementado hace dos años para proteger la vaquita marina, asume:
“Lo único que tenemos seguro es que es un plan
que dura dos años y termina en abril. No hay dinero adicional para el Gobierno
Federal para continuar con la compensación, tenemos que trabajar con ellos para
que regresen a pescar y que sus artes de pesca no maten vaquitas”.
El funcionario federal acepta
que desde INAPESCA han fallado en aún no definir qué tipo de redes se
utilizarían -ya con el tiempo encima-, aunque no comparte la opinión de que se
trate de un programa fallido que, entre otras cosas, ha inhibido de manera
importante la pesca ilegal que se tenía, y reflexiona, el crimen organizado y
las actividades de pesca ilícita en el Alto Golfo están íntimamente
relacionados.
Refiere que cuando una embarcación ilegal es
detectada por la Marina, regularmente y después una persecución incauta la
lancha y encuentran redes curvineras, totoaberas, armas y drogas, aunque acepta
que las confiscaciones se han incrementado con el uso de drones de vigilancia
en toda la zona del Alto Golfo.
Finalmente, indica que de no haberse implementado el
programa, a la fecha ya no había ni una sola vaquita marina en la región.
El numero de 60 (vaquitas
vivas) es igual de alarmante que el de 30, son muy poquitas. Por eso estamos
trabajando en un proyecto donde buscamos capturar vaquitas en vida libre y
tenerlas en cautiverio para resguardarlas, estudiarlas y lograr su
reproducción”.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA /SERGIO HARO CORDERO
/LUNES, 20 MARZO, 2017 12:00 PM)
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