jueves, 8 de diciembre de 2016

LA NARCOGUERRA SE ENSAÑÓ CON LAS MUJERES: THE GUARDIAN; 20 MIL SON ASESINADAS EN 9 AÑOS, AFIRMA


En 2011, en tres días, 50 mujeres desaparecieron en Veracruz. Una situación posible por la violencia que asedia a la entidad y al país tras haberse desatado una guerra intestina entre el Gobierno mexicano y el crimen organizado, misma que desde 2007 y hasta 2015 habría cobrado la vida de cerca de 20 mil mujeres a nivel nacional. Víctimas que se inscriben dentro de las cerca de 200 mil personas que han sido asesinadas y de las 28 mil que han desaparecido en México por la misma causa. A esta situación de violencia se suma la “epidemia de tortura” que Amnistía Internacional reconoce en el territorio mexicano, en donde las mujeres sufren de violaciones a sus derechos por parte de las fuerzas de seguridad que debieran protegerlas como debieran proteger a la población. Una crisis alimentada por los vínculos existentes entre la delincuencia y la clase política, donde la indiferencia como la impunidad engendran el crimen.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- Los diez años de la guerra contra las drogas en México colocó a las mujeres en el centro de la violencia en  todo el país, especialmente en Veracruz, un estado convulsionado por la violencia y la volatilidad política. En tan sólo tres noches al menos 50 mujeres desaparecieron en Xalapa en 2011, pero hay más historias que se cuentan por miles, refiere una publicación del diario The Guardian.

Su paradero es desconocido, y de acuerdo con el periódico inglés, “se cree que fueron forzadas a desaparecer porque sabían demasiado acerca de las relaciones corruptas entre políticos mexicanos y capos [del crimen organizado]”.

Lizbeth Amores dejó una noche a su hijo en casa de su madre para después dirigirse a una fiesta junto con su amiga Berenice Guevara, recuerda el medio británico. Se les vio por última vez en un bar local de Xalapa, estaban con integrantes del crimen organizado.

María de Jesús Marthen desapareció una noche después. Ella se encontraba entre la lista de mujeres invitadas a una fiesta privada que sería celebrada en un rancho ubicado a una hora y al este de la capital veracruzana. Lo último que se oyó de ella fue un mensaje dirigido a su novio a quien pedía ayuda.

Karla Saldaña y su amiga Luisa Quintana salieron a comprar tacos durante la noche siguiente a la desaparición de Marthen. Se les vio subir a un vehículo desconocido y desaparecieron sin dejar rastro.

Así como estas cuatro mujeres, más de 50 desaparecieron en un lapso de tres noches durante el mes de noviembre. Corría el año 2011.

La principal causa de muerte en mujeres de 15 a 29, es el homicidio. De hecho, al día matan a 7: INEGI



La mayor parte de las jóvenes provenían de familias modestas y estaban en sus veintes. Muchas de ellas eran madres solteras, algunas eran estudiantes, aspirantes a reinas de belleza y otras, inclusive, se desempeñaban como prostitutas.

Sin embargo, The Guardian señala que los documentos oficiales de la investigación arrojan que muchas de las mujeres desaparecidas -durante el periodo de tiempo mencionado- trabajaban como acompañantes o “escorts” de clase alta, o bien, como anfitrionas contratadas para eventos políticos -además de fiestas exclusivas a las que asistían tanto figuras políticas como líderes de Los Zetas-.

De ahí la hipótesis: sabían demasiado. Eran cabos sueltos que debían ser atados y debían desaparecer.

“En este clima de impunidad y corrupción -en donde las políticas de seguridad están determinadas por vínculos entre redes criminales, partidos políticos e intereses comerciales- las oportunidades de hacer de las mujeres y niñas un blanco están íntimamente conectadas con el conocimiento de que nadie hará nada serio para protegerlas”, mencionó Rupert Knox, quien hasta 2015 fungiera como jefe de investigación en México de Amnistía Internacional.

Según las cifras oficiales, en México, cerca de 7 mil mujeres y niñas han desaparecido desde 2007. Los registros gubernamentales sobre desaparecidos incluyen a 164 mujeres veracruzanas, aunque de acuerdo con The Guardian, un observatorio local indica que en los últimos tres años hay cerca de 500 casos documentados de mujeres desaparecidas.

El medio británico también refiere que entre 2007 y 2015 cerca de 20 mil mujeres fueron asesinadas en territorio nacional -un incremento del 49 por ciento en comparación con una década antes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)-. En Veracruz, sólo este año, 169 mujeres perdieron la vida.


Los asesinatos de mujeres en México y el “horror” de los feminicidios comenzó en Juárez, refiere Mariana Berlanga, experta en violencia de género en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). “Pero no lo tratamos y la impunidad tiene consecuencias. Ahora todo el mundo es vulnerable. Todo el país se ha convertido en Juárez”, explica.

Los femicidios de Juárez, muy probablemente vinculados a círculos de tráfico de personas, provocaron la condena internacional y múltiples investigaciones. Una situación de delitos que relaciona a bandas criminales, funcionarios corruptos y a las mismas fuerzas de seguridad desplegadas para acabar con las actividades criminales de los cárteles de la droga.

LA GUERRA INTESTINA

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Esta semana se cumplieron 10 años de comenzada la guerra en contra del crimen organizado que inició durante el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Desde entonces la afrenta ha subido de tono y la violencia se ha extendido en el territorio mexicano.

Desde entonces más de una centena de los traficantes de drogas más buscados en México han sido capturados o abatidos. Se han gastado billones de dólares, y sin embargo, la campaña no ha logrado acabar con el tráfico de drogas ni ha logrado que la Ley sea aplicada.

Además, el costo de vidas humanas ha sido enorme: alrededor de 200 mil personas han sido asesinadas y al menos 28 mil han desaparecido desde 2007.

La mayor parte de las víctimas han sido los hombres, pero al igual que ellos, las mujeres han sido víctimas de tortura, tráfico de blancas y de una brutalidad soslayada por la impunidad. Y en medio de ese clima, no sólo se escucha hablar de violaciones a los derechos por parte del crimen organizado, sino también de las fuerzas de seguridad y las autoridades.

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La desaparición y probable asesinato de 50 mujeres en la capital de Veracruz, en 2011, sucedió en uno de los episodios de esta guerra intestina, en un momento en que Los Zetas estaban perdiendo fuerza en el territorio que habían controlado por varios años.

Este cártel fue fundado por desertores, ex militares y fuerzas especiales del Ejército mexicano entre 2004 y 2010 -durante el periodo de gobierno del ex Gobernador de Veracruz Fidel Herrera-, cuando se realizaban en la entidad operaciones dedicadas a debilitar y a acabar con el Cártel del Golfo.

The Guardian menciona que en 2011, el sucesor de Herrera, el Gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa, “optó por grabar su propio camino en lugar de honrar los pactos políticos existentes. La violencia se alzó a lo largo del estado; las disputas con arma de fuego se convirtieron en un lugar común, y los cuerpos desmembrados eran tirados en las calles de Xalapa”.

Veracruz es una ruta de tráfico y contrabando para el crimen organizado por sus vastos puertos y por su ubicación y geografía -que la hacen una zona estratégica-. Ahí el poder político ha dependido, desde hace mucho tiempo, de los negocios que florecen con los terratenientes y líderes del crimen organizado.

Como respuesta a la alza de la violencia, poco después de iniciado su mandato, Duarte pidió ayuda a la federación.

“La Marina recibió la orden de limpiar el estado, de arrestar o matar a todos [aquellos] de quienes sospechara que estuvieran trabajando con Los Zetas, rápido, antes de que los medios de comunicación, los derechos humanos y organizaciones internacionales interfirieran”, dijo a The Guardian un fiscal que pidió permanecer en el anonimato por cuestiones de seguridad.

La violencia en Veracruz fue decayendo conforme los líderes Zeta fueron arrestados y abatidos, aunque los que sobrevivieron a los operativos se reorganizaron, desertaron a otros grupos o iniciaron otras organizaciones criminales.

Así el tiro salió por la culata, pues con el afloramiento de varias células criminales, la delincuencia resurgió en la entidad: tráfico de drogas, extorsiones, homicidios, secuestros, en fin, una pandemia de violencia.

En ese sentido, Estela Casados, antropóloga social de la Universidad de Veracruz y encargada del observatorio local de violencia de género, comentó al medio británico que “la guerra contra las drogas es una simulación que ignora las profundas conexiones y acuerdos entre el crimen organizado y el Estado mexicano. La manera en que las mujeres son asesinadas sirve como termómetro para [medir] la violencia y la impunidad”.

Cierto, la violencia y el crimen están vinculados. El Gobernador Javier Duarte es hoy un prófugo de la Ley acusado por la Fiscalía de Veracruz “por los delitos de Enriquecimiento Ilícito, Peculado e Incumplimiento del Deber Legal”.

En México, concluye The Guardian, “la guerra en contra de las drogas ha puesto en manifiesto los grotescos espectáculos públicos de violencia”. Y en Veracruz, “la desaparición de cientos de víctimas no ha logrado obtener una respuesta comparable. La indiferencia, como la impunidad, engendran el crimen”.

DEFENDER, PROTEGER… Y VIOLAR DERECHOS


De 2010 a la fecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido cerca de 7 mil quejas por casos de tortura por parte de fuerzas de seguridad. Foto: Félix Márquez, Cuartoscuro.

Las fuerzas de seguridad mexicanas han sido acusadas en varias ocasiones de cometer los mismos crímenes que se suponía evitarían.

En medio de los atropellos, decenas de mujeres inocentes han sido detenidas ilegalmente y torturadas con el fin de obtener confesiones y aumentar las tasas de acusación.

Según las Naciones Unidas, las fuerzas estatales, locales y federales han cometido torturas y abusos.

En agosto de 2011, Carolina Rosales, una asistente de enfermería de 24 años de edad, fue detenida en Poza Rica, Veracruz, durante un operativo militar para detener a un secuestrador de Los Zetas con quien ella había salido por un par de semanas. Durante cuatro días permaneció en una base militar con los ojos vendados; fue golpeada y sexualmente torturada.

“Un hombre con ropa normal vino diciendo que él era del departamento de derechos humanos y que fotografiaría mis heridas en el baño. Me violó”, dijo Rosales a The Guardian durante una entrevista en una prisión de la Ciudad de México. Durante el ataque, relata la joven, un marino uniformado entró en el baño. “Se ofreció a ayudar. Él también me violó”.

Rosales fue detenida durante varias semanas, y antes de tener acceso a un abogado, fue acusada como cómplice del muchacho con quien salió brevemente.

Cuando le dijo a los médicos de la cárcel que había sido violada por elementos de las fuerzas armadas, ellos le prescribieron un poderoso cóctel de medicamentos psicotrópicos que le causaron adicción.

En 2013, los médicos la diagnosticaron con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), mismo que contrajo durante una de las violaciones de las que fue víctima.

Un año después, Rosales fue sentenciada a 39 años de prisión a pesar de que un informe de un experto había confirmado que ella fue torturada y abandonada con enfermedades crónicas físicas y mentales. Cuando apeló, la sentencia fue aumentada a 51 años.

Rosales ha visto a su hijo, de ocho años de edad, sólo cinco veces en los últimos cinco años.

Tras ser arrestada, Rosales comentó a The Guardian que un marino le dijo que trabajaba para el Cártel del Golfo. “Entonces no podía creerlo, pero ahora lo hago. Las fuerzas armadas son sólo criminales con uniformes”, comentó.
Así como la joven quien hoy cumple casi 30 años de edad, existen decenas de casos que año con año permanecen en la impunidad.

Durante una entrevista realizada por Amnistía Internacional (AI) en México a 100 mujeres que fueron arrestadas en el país, todas las mujeres cuestionadas admitieron haber sido víctimas de algún tipo de violación, sea verbal o física: el 97 por ciento aseguró haber sufrido violencia física; el 72 por ciento violencia sexual; y el 33 por ciento admitió que sufrió de violación.

En entrevista con Efe, Madeleine Penman, autora del informe, explicó que desde 1991 sólo 15 casos de denuncia de tortura han terminado en sentencias condenatorias a nivel federal.

Asimismo, la agencia de información refiere que sólo ante la Procuraduría General de la República (PGR) se interpusieron durante 2014 unas 2 mil 403 denuncias por este delito. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por su parte, ha recibido unas 7 mil quejas por el mismo asunto desde 2010.

Para AI, la violencia sexual en los arrestos a mujeres por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas es “una práctica rutinaria”, pero “hay un casi nulo castigo” para estos crímenes. Por ello, en su informe calificó la situación que se vive en México como una “epidemia de tortura”.

Así la impunidad: 4,055 denuncias de tortura de 2006 a 2014, sólo 13 policías o militares sentenciados




(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / DICIEMBRE 8, 2016 - 2:02 PM)

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