En 2011, en tres días, 50 mujeres
desaparecieron en Veracruz. Una situación posible por la violencia que asedia a
la entidad y al país tras haberse desatado una guerra intestina entre el
Gobierno mexicano y el crimen organizado, misma que desde 2007 y hasta 2015
habría cobrado la vida de cerca de 20 mil mujeres a nivel nacional. Víctimas
que se inscriben dentro de las cerca de 200 mil personas que han sido
asesinadas y de las 28 mil que han desaparecido en México por la misma causa. A
esta situación de violencia se suma la “epidemia de tortura” que Amnistía
Internacional reconoce en el territorio mexicano, en donde las mujeres sufren
de violaciones a sus derechos por parte de las fuerzas de seguridad que
debieran protegerlas como debieran proteger a la población. Una crisis
alimentada por los vínculos existentes entre la delincuencia y la clase
política, donde la indiferencia como la impunidad engendran el crimen.
Ciudad de México, 8 de
diciembre (SinEmbargo).- Los diez años de la guerra contra las drogas en México
colocó a las mujeres en el centro de la violencia en todo el país, especialmente en Veracruz, un
estado convulsionado por la violencia y la volatilidad política. En tan sólo tres
noches al menos 50 mujeres desaparecieron en Xalapa en 2011, pero hay más
historias que se cuentan por miles, refiere una publicación del diario The
Guardian.
Su paradero es desconocido, y
de acuerdo con el periódico inglés, “se cree que fueron forzadas a desaparecer
porque sabían demasiado acerca de las relaciones corruptas entre políticos
mexicanos y capos [del crimen organizado]”.
Lizbeth Amores dejó una noche
a su hijo en casa de su madre para después dirigirse a una fiesta junto con su
amiga Berenice Guevara, recuerda el medio británico. Se les vio por última vez
en un bar local de Xalapa, estaban con integrantes del crimen organizado.
María de Jesús Marthen
desapareció una noche después. Ella se encontraba entre la lista de mujeres
invitadas a una fiesta privada que sería celebrada en un rancho ubicado a una
hora y al este de la capital veracruzana. Lo último que se oyó de ella fue un
mensaje dirigido a su novio a quien pedía ayuda.
Karla Saldaña y su amiga
Luisa Quintana salieron a comprar tacos durante la noche siguiente a la desaparición
de Marthen. Se les vio subir a un vehículo desconocido y desaparecieron sin
dejar rastro.
Así como estas cuatro
mujeres, más de 50 desaparecieron en un lapso de tres noches durante el mes de
noviembre. Corría el año 2011.
La principal causa de muerte en mujeres
de 15 a 29, es el homicidio. De hecho, al día matan a 7: INEGI
La mayor parte de las jóvenes
provenían de familias modestas y estaban en sus veintes. Muchas de ellas eran
madres solteras, algunas eran estudiantes, aspirantes a reinas de belleza y
otras, inclusive, se desempeñaban como prostitutas.
Sin embargo, The Guardian
señala que los documentos oficiales de la investigación arrojan que muchas de
las mujeres desaparecidas -durante el periodo de tiempo mencionado- trabajaban
como acompañantes o “escorts” de clase alta, o bien, como anfitrionas
contratadas para eventos políticos -además de fiestas exclusivas a las que
asistían tanto figuras políticas como líderes de Los Zetas-.
De ahí la hipótesis: sabían
demasiado. Eran cabos sueltos que debían ser atados y debían desaparecer.
“En este clima de impunidad y
corrupción -en donde las políticas de seguridad están determinadas por vínculos
entre redes criminales, partidos políticos e intereses comerciales- las
oportunidades de hacer de las mujeres y niñas un blanco están íntimamente
conectadas con el conocimiento de que nadie hará nada serio para protegerlas”,
mencionó Rupert Knox, quien hasta 2015 fungiera como jefe de investigación en
México de Amnistía Internacional.
Según las cifras oficiales,
en México, cerca de 7 mil mujeres y niñas han desaparecido desde 2007. Los registros
gubernamentales sobre desaparecidos incluyen a 164 mujeres veracruzanas, aunque
de acuerdo con The Guardian, un observatorio local indica que en los últimos
tres años hay cerca de 500 casos documentados de mujeres desaparecidas.
El medio británico también
refiere que entre 2007 y 2015 cerca de 20 mil mujeres fueron asesinadas en
territorio nacional -un incremento del 49 por ciento en comparación con una
década antes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi)-. En Veracruz, sólo este año, 169 mujeres perdieron la vida.
Los asesinatos de mujeres en
México y el “horror” de los feminicidios comenzó en Juárez, refiere Mariana
Berlanga, experta en violencia de género en la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México (UACM). “Pero no lo tratamos y la impunidad tiene
consecuencias. Ahora todo el mundo es vulnerable. Todo el país se ha convertido
en Juárez”, explica.
Los femicidios de Juárez, muy
probablemente vinculados a círculos de tráfico de personas, provocaron la
condena internacional y múltiples investigaciones. Una situación de delitos que
relaciona a bandas criminales, funcionarios corruptos y a las mismas fuerzas de
seguridad desplegadas para acabar con las actividades criminales de los
cárteles de la droga.
LA GUERRA INTESTINA
El tamaño del fracaso: 186 mil muertos
en una década de guerra en México, según datos oficiales
Esta semana se cumplieron 10
años de comenzada la guerra en contra del crimen organizado que inició durante
el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Desde entonces la
afrenta ha subido de tono y la violencia se ha extendido en el territorio
mexicano.
Desde entonces más de una
centena de los traficantes de drogas más buscados en México han sido capturados
o abatidos. Se han gastado billones de dólares, y sin embargo, la campaña no ha
logrado acabar con el tráfico de drogas ni ha logrado que la Ley sea aplicada.
Además, el costo de vidas
humanas ha sido enorme: alrededor de 200 mil personas han sido asesinadas y al
menos 28 mil han desaparecido desde 2007.
La mayor parte de las
víctimas han sido los hombres, pero al igual que ellos, las mujeres han sido
víctimas de tortura, tráfico de blancas y de una brutalidad soslayada por la
impunidad. Y en medio de ese clima, no sólo se escucha hablar de violaciones a
los derechos por parte del crimen organizado, sino también de las fuerzas de
seguridad y las autoridades.
En México, la trata de personas es el
tercer negocio ilícito más lucrativo: CNDH
La desaparición y probable
asesinato de 50 mujeres en la capital de Veracruz, en 2011, sucedió en uno de
los episodios de esta guerra intestina, en un momento en que Los Zetas estaban
perdiendo fuerza en el territorio que habían controlado por varios años.
Este cártel fue fundado por
desertores, ex militares y fuerzas especiales del Ejército mexicano entre 2004
y 2010 -durante el periodo de gobierno del ex Gobernador de Veracruz Fidel
Herrera-, cuando se realizaban en la entidad operaciones dedicadas a debilitar
y a acabar con el Cártel del Golfo.
The Guardian menciona que en
2011, el sucesor de Herrera, el Gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa,
“optó por grabar su propio camino en lugar de honrar los pactos políticos
existentes. La violencia se alzó a lo largo del estado; las disputas con arma
de fuego se convirtieron en un lugar común, y los cuerpos desmembrados eran
tirados en las calles de Xalapa”.
Veracruz es una ruta de
tráfico y contrabando para el crimen organizado por sus vastos puertos y por su
ubicación y geografía -que la hacen una zona estratégica-. Ahí el poder
político ha dependido, desde hace mucho tiempo, de los negocios que florecen
con los terratenientes y líderes del crimen organizado.
Como respuesta a la alza de
la violencia, poco después de iniciado su mandato, Duarte pidió ayuda a la
federación.
“La Marina recibió la orden
de limpiar el estado, de arrestar o matar a todos [aquellos] de quienes
sospechara que estuvieran trabajando con Los Zetas, rápido, antes de que los
medios de comunicación, los derechos humanos y organizaciones internacionales
interfirieran”, dijo a The Guardian un fiscal que pidió permanecer en el
anonimato por cuestiones de seguridad.
La violencia en Veracruz fue
decayendo conforme los líderes Zeta fueron arrestados y abatidos, aunque los
que sobrevivieron a los operativos se reorganizaron, desertaron a otros grupos
o iniciaron otras organizaciones criminales.
Así el tiro salió por la
culata, pues con el afloramiento de varias células criminales, la delincuencia
resurgió en la entidad: tráfico de drogas, extorsiones, homicidios, secuestros,
en fin, una pandemia de violencia.
En ese sentido, Estela
Casados, antropóloga social de la Universidad de Veracruz y encargada del
observatorio local de violencia de género, comentó al medio británico que “la
guerra contra las drogas es una simulación que ignora las profundas conexiones
y acuerdos entre el crimen organizado y el Estado mexicano. La manera en que
las mujeres son asesinadas sirve como termómetro para [medir] la violencia y la
impunidad”.
Cierto, la violencia y el
crimen están vinculados. El Gobernador Javier Duarte es hoy un prófugo de la
Ley acusado por la Fiscalía de Veracruz “por los delitos de Enriquecimiento
Ilícito, Peculado e Incumplimiento del Deber Legal”.
En México, concluye The
Guardian, “la guerra en contra de las drogas ha puesto en manifiesto los
grotescos espectáculos públicos de violencia”. Y en Veracruz, “la desaparición
de cientos de víctimas no ha logrado obtener una respuesta comparable. La
indiferencia, como la impunidad, engendran el crimen”.
DEFENDER, PROTEGER… Y VIOLAR DERECHOS
De 2010 a la fecha, la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido cerca de 7 mil quejas por casos de
tortura por parte de fuerzas de seguridad. Foto: Félix Márquez, Cuartoscuro.
Las fuerzas de seguridad
mexicanas han sido acusadas en varias ocasiones de cometer los mismos crímenes
que se suponía evitarían.
En medio de los atropellos,
decenas de mujeres inocentes han sido detenidas ilegalmente y torturadas con el
fin de obtener confesiones y aumentar las tasas de acusación.
Según las Naciones Unidas,
las fuerzas estatales, locales y federales han cometido torturas y abusos.
En agosto de 2011, Carolina
Rosales, una asistente de enfermería de 24 años de edad, fue detenida en Poza
Rica, Veracruz, durante un operativo militar para detener a un secuestrador de
Los Zetas con quien ella había salido por un par de semanas. Durante cuatro
días permaneció en una base militar con los ojos vendados; fue golpeada y
sexualmente torturada.
“Un hombre con ropa normal
vino diciendo que él era del departamento de derechos humanos y que
fotografiaría mis heridas en el baño. Me violó”, dijo Rosales a The Guardian
durante una entrevista en una prisión de la Ciudad de México. Durante el
ataque, relata la joven, un marino uniformado entró en el baño. “Se ofreció a
ayudar. Él también me violó”.
Rosales fue detenida durante
varias semanas, y antes de tener acceso a un abogado, fue acusada como cómplice
del muchacho con quien salió brevemente.
Cuando le dijo a los médicos
de la cárcel que había sido violada por elementos de las fuerzas armadas, ellos
le prescribieron un poderoso cóctel de medicamentos psicotrópicos que le
causaron adicción.
En 2013, los médicos la
diagnosticaron con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), mismo que
contrajo durante una de las violaciones de las que fue víctima.
Un año después, Rosales fue
sentenciada a 39 años de prisión a pesar de que un informe de un experto había
confirmado que ella fue torturada y abandonada con enfermedades crónicas
físicas y mentales. Cuando apeló, la sentencia fue aumentada a 51 años.
Rosales ha visto a su hijo,
de ocho años de edad, sólo cinco veces en los últimos cinco años.
Tras ser arrestada, Rosales
comentó a The Guardian que un marino le dijo que trabajaba para el Cártel del
Golfo. “Entonces no podía creerlo, pero ahora lo hago. Las fuerzas armadas son
sólo criminales con uniformes”, comentó.
Así como la joven quien hoy
cumple casi 30 años de edad, existen decenas de casos que año con año
permanecen en la impunidad.
Durante una entrevista
realizada por Amnistía Internacional (AI) en México a 100 mujeres que fueron
arrestadas en el país, todas las mujeres cuestionadas admitieron haber sido
víctimas de algún tipo de violación, sea verbal o física: el 97 por ciento
aseguró haber sufrido violencia física; el 72 por ciento violencia sexual; y el
33 por ciento admitió que sufrió de violación.
En entrevista con Efe,
Madeleine Penman, autora del informe, explicó que desde 1991 sólo 15 casos de
denuncia de tortura han terminado en sentencias condenatorias a nivel federal.
Asimismo, la agencia de
información refiere que sólo ante la Procuraduría General de la República (PGR)
se interpusieron durante 2014 unas 2 mil 403 denuncias por este delito. La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por su parte, ha recibido
unas 7 mil quejas por el mismo asunto desde 2010.
Para AI, la violencia sexual
en los arrestos a mujeres por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas es
“una práctica rutinaria”, pero “hay un casi nulo castigo” para estos crímenes.
Por ello, en su informe calificó la situación que se vive en México como una
“epidemia de tortura”.
Así la impunidad: 4,055 denuncias de tortura de 2006 a
2014, sólo 13 policías o militares sentenciados
(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / DICIEMBRE
8, 2016 - 2:02 PM)
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