Tuvo que pasar el proceso
electoral para que los diputados locales sometieran a votación el dictamen de
fiscalización del año 2013 del extinto Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Baja California (IEPC) en donde se ven involucrados actores
importantes en el nuevo Instituto Estatal Electoral.
Principalmente dos
irregularidades dentro del Instituto hicieron que los diputados votaran para
que se sancionen malos manejos en 2013, año en que se eligió al gobernador y a
los alcaldes en turno, Consejo que fue presidido por el priista Rubén Castro
Bojórquez y dirigido por Abel López Galindo.
Lo grave del tema es que, el
actual Consejero presidente –puesto en el que estará 7 años– está relacionado
con el tema de las irregularidades señaladas por el ORFIS y por los diputados.
Y no solo él, también la
consejera Helga Iliana Casanova López y la actual secretaria ejecutiva, Deida
Padilla, en ese entonces, ambas directoras de área.
Se trata –según consta en el
dictamen 186 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del
Estado– de la compra de 7 unidades de transporte por un monto de 2 millones 665
mil pesos, la cual se hizo violando la Ley de Adquisiciones de Baja California.
En el caso de una camioneta
Yukon Denali de 8 cilindros, GMC modelo 2007, adquirida para el entonces
director del Instituto, López Galindo por un monto de 320 mil pesos –describe
el documento en manos de ZETA– antes de un mes de uso se le tuvo que invertir
para su funcionamiento.
Junto a esa camioneta
considerada de lujo se compraron 5 vehículos más a una misma persona de nombre
Eduardo Pérez Pérez Verdía, quien tiene su lote de autos usados sobre la
Calzada Francisco L. Montejano y la calle San Diego de los Padres en Mexicali.
Sobre la Yukon Denali 2007 a
pesar de que el proveedor de apellidos Pérez y dueño de la empresa GDL
automotriz “otorgó un mes de garantía –según el dictamen– se observó que a
partir del día 21 de marzo del mismo año, habiendo transcurrido 28 días de su
compra se realizaron diversos gastos de reparación y acondicionamiento”.
En este lote de carros se
compró la Yukon Denalli, que en 28 días ya era inservible / Eduardo Pérez
Pérez, el proveedor del Instituto Electoral
La cantidad que se gastó
adicionalmente fue de 75 mil 961 pesos para la camioneta negra del entonces
director del Instituto Electoral.
Entre los gastos, explica la
observación hecha por el órgano de fiscalización, fue “la reparación de la
trasmisión, llantas nuevas, módulos de suspensión y sensores de llantas entre
otros conceptos, erogaciones que no se justifican por ser de reciente
adquisición y sin existir indicios de alguna negociación con el proveedor al
que fueron adquiridas 6 unidades”.
El lote de autos sigue
operando hasta la actualidad en la colonia Calafia, en el anuncio en su local
se puede leer: “El mejor precio. Negocio establecido, evite riesgos”.
Además, se habla de 4
millones 333 mil 612 pesos en “difusión institucional” y “servicios de
impresión” que no se apegaron al buen uso de los recursos públicos y conforme a
la ley.
En ese año, Helga Casanova
era la encargada de comunicación social, desde donde se ejerció el recurso
señalado, actualmente la ex conductora de Televisa es integrante del Consejo General
del Instituto Estatal Electoral.
LOS DE ANTES SON LOS DE AHORA
Estas irregularidades
provocaron que la mayoría de los diputados el pasado 7 de julio cambiara el
sentido del dictamen que había llegado al pleno en forma positiva para aprobar
las cuentas públicas del Instituto en el 2013.
Son pues, los actuales
funcionarios electorales quienes lograron librar el proceso del pasado 5 de
junio antes de ser exhibidos por los diputados. Por ejemplo, Javier Garay
Sánchez, fue consejero electoral en el 2013 y presidente de la Comisión de
administración.
Garay es en la actualidad el
presidente del consejo. Otra de las personas directamente involucradas, es
Deida Guadalupe Padilla Rodríguez, quien en aquel año fue directora
administrativa, hoy es la secretaria ejecutiva, es decir, la persona con mayor
rango de mando y responsabilidad luego de los consejeros en el Instituto
Electoral.
Y desde luego, como arriba se
menciona, se involucra a la entonces directora de comunicación social y actual
consejera electoral, Helga Casanova, ambas funcionarias muy cercanas a Garay
Sánchez, por cierto, esta última fue puesta como presidenta de la comisión de
administración y presupuesto del actual consejo.
De hecho, el jueves de la
votación, 11 diputados aprobaron una reserva al dictamen para “negar” la cuenta
de egresos del IEPC que propuso el perredista Roberto Dávalos. 7 diputados se
opusieron, los 5 del PRI presentes y el diputado del PT y el del PVEM, Julio
Vázquez y Fausto Gallardo, respectivamente.
Deida Padilla cercana al Presidente del Consejo
El diputado Roberto Dávalos
agrega: “Las autoridades electorales tendrán que responder a las
irregularidades, lo preocupante es que son los mismos de aquel entonces y
ahora, hay varios y tendrán que responder por eso”.
En consecuencia, negada la
cuenta pública de gastos, las irregularidades tendrán que remitirse al
Departamento de Control Interno del Instituto Estatal, el cual es inexistente,
pues no se han integrado legalmente tal como lo establece la reforma política
del Estado del 2014.
ZETA intentó contactarse con
Garay Sánchez para solicitarle su opinión al respecto. Se le buscó en su
celular (adonde incluso se le envió un mensaje de texto), así como en el
teléfono de su oficina. En ninguno de los casos respondió y, hasta el cierre de
edición, no regresó las llamadas.
HUBO IRREGULARIDADES Y CORRUPCIÓN MUY GRAVE: DÁVALOS
Para el perredista quien
propuso reservar el dictamen en lo particular en la cuenta de egresos, el
dictamen “se tardó en comisión y haberlo votado en el pleno” conforme la carga
de trabajo.
“Lo más seguro es que hayan
esperado a que se enfriara el tema que a prácticamente todo el mundo traía el
ruido por los excesos que hubo el IEPC, en esa elección porque todos se dieron
cuenta los excesos del instituto además de todas las irregularidades que son
graves”, dijo para ZETA el legislador.
Luego da su testimonio:
“yo lo viví en carne propia por parte del
presidente del Consejo Electoral, de la misma secretaria ejecutiva, algunas
arbitrariedades y que lastimó los intereses de nosotros como partido. Queda
clarísimo lo ilegal de los funcionarios dentro del IEE y sus directivos y la
corrupción que hay, ser víctima de él, como muchos otros que fueron víctimas en
el 2013 y en este proceso”.
“No es un asunto de
revanchismo, me tocó vivir los abusos y la corrupción que hay dentro del
Instituto Electoral, como escuchar a Deida Padilla que “por sus pantalones no iba a registrar a nuestros
candidatos…a ese grado de prepotencia y corrupción, es un asunto de legalidad y
de carácter”.
Por último, Dávalos dijo que
el ORFIS “por más que le hayan querido ayudar al instituto electoral, venían
las irregularidades que se hicieron notar, que eran suficientes para no aprobar
sus cuenta pública de egresos”.
“ES UN DESACIERTO DE LOS DIPUTADOS”
Nereida Fuentes es la actual
candidata electa a la presidencia municipal de Tecate, y fue ella la presidenta
de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público cuando el dictamen se redactó
en beneficio del Instituto Electoral del 2013.
No solo eso, en octubre del
2015, cuando se votó en comisión (antes de la votación ante el pleno) ella
ejerció su voto de calidad como presidenta después de un empate, unos por no
aprobarlo y otros al igual que la priista.
Nereida Fuentes razona que
los diputados “no la habían querido sacar” de la comisión para subirla a pleno
antes de las elecciones. Y agrega: “lamentablemente las cuentas públicas no se
miran con la objetividad con las que se tienen que ver”.
Helga Casanova,ex directora de comunicación, mal ejercicio 4 millones 300 mil pesos
Ella en su gestión como
diputada estaba a favor de la aprobación de las cuentas electorales: “Había
observaciones de compras, en lugar de licitar fueron por invitación, lo que yo
siempre les dije a los compañeros es que si una cuenta la calificas de una
manera la otra debe ser igual, una vez bajo un mismo criterio le negaron una
cuenta del instituto de la mujer, y la siguiente que se revisó era de una
paraestatal con cantidades superiores y se la aprobaron”.
A decir de ex legisladora:
“Muchos de los compañeros
diputados, no tienen nivelación en tema de fiscalización, no puedes estar a la
deriva, deben de saber valorar cuál es la observación, no lo considero un revés
personal sino que es un desacierto de los diputados, quisiera ver que si pasó
en el Instituto Electoral, todas las aplique igual, los mismos lineamentos, la
misma vara para todos”.
Y remata:
“Yo he visto peores cosas a
las paraestatales y queda en una llamadita de atención”. Por ello la
insistencia de quien redacta al preguntarle sobre si se trata de defender las
dependencias o institutos u órganos de extracción partidista.
“Eso parece pero de ninguna
manera, no es un tema electoral, no lo puedes juzgar así, mira ahorita, mira
quién ganó en 2013”.
¿Quién es y qué hace la Secretaria
ejecutiva? Deida Padilla, ostenta el cargo de secretaria ejecutiva, un nuevo
puesto que sustituye al anterior Director General y suma las responsabilidades
de la figura –también extinta– del Secretario Fedatario.
Es decir, sustituyó a Ignacio
Tena Calderón, quien suplió en 2014 a Abel López Galindo y al entonces
Secretario fedatario Javier Castro Conklen.
La nueva ley electoral,
desprendida de la reforma local política del 2014, así contempló la eliminación
de la Dirección general y la Secretaría Fedataria en la figura de, actualmente
una de las personas más cercanas a Garay Sánchez: Deida Padilla.
Es pues, quien tiene fe
pública dentro del consejo, pues además forma parte del consejo general
electoral (se sienta a la siniestra del presidente consejero) y es la encargada
de convocar a reuniones, de certificar las actas de las sesiones y al mismo
tiempo coordinar el trabajo de las direcciones de procesos electorales, de
administración, los departamentos de informática, las áreas jurídicas, entre
otras.
En resumen no hay Director
General, ahora se llama Secretario Ejecutivo y es Deida Padilla, la funcionaria
de mayor rango en el Instituto después de los Consejeros. ¿Y las camionetas? La
Yukon Denali 2007 que resultó inservible, se destinó para el entonces director
del Instituto López Galindo.
Pero se adquirieron otros
vehículos, la mayoría al mismo proveedor, Eduardo Pérez: una Ford Explorer
modelo 2012 (en 2013) para el presidente del Consejo, Rubén Castro con un valor
de 485 mil pesos, una Suburban negra de más de 410 mil, un Ford Fiesta de 132
mil pesos para Helga Casanova, actual consejera, una camioneta Expedition 2008
con un valor de 255 mil pesos para el Contralor David Gutiérrez García, y quien
en todo caso debió detectar las irregularidades.
La camioneta del contralor se
compró a Auto Producto Baja, la concesionaria en Mexicali de Chrysler, Dodge,
Jeep y Mitsubishi empresa dirigida por Diego Sada Moreno, hijo de don Héctor
Sada Quiroga, pionero de Mexicali y fallecido en 2015.
La Yukón Denali luego de las
reparaciones, fue traspasada en junio del 2014 para el director de Informática
del Instituto Electoral, Gabino Orrostieta Soto, quien finalmente la chocó en
carretera sufriendo pérdida total. Actualmente, Garay Sánchez se pasea en un
Chevrolet, Tahoe 2011 color plata metálico, Helga Casanova, cambió su Ford
Fiesta de 4 cilindros por una camioneta Dodge Durango 2012 de 8 cilindros, a
Deida Padilla se le asignó una Ford Expedition blanca 2008.
A todo esto hay que sumarle
que en la nueva ampliación presupuestal que se prepara para librar el 2016 en
el Instituto Estatal Electoral, su presidente intentó acrecentar una partida
presupuestal, primero a 750 mil pesos para adquirir y asignarse una Yukon del
año, y 450 mil pesos más para una camioneta nueva a Deida Padilla, en total un
millón 200 mil pesos, pero eso es otra historia…
(SEMANARIO ZETA/ ZOOM POLÍTICO/ ISAÍ LARA BERMÚDEZ /LUNES, 18 JULIO, 2016
12:00 PM)
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