La extinta Secretaría de
Comunicación Social del Gobierno de Guillermo Padrés, centro de operaciones de
Jorge Morales Borbón –detenido el pasado 1 de febrero acusado de diversos
delitos--, sobre ejerció recursos en más de 660% sólo en 2015, cuando se organizaron
las elecciones para renovar la gubernatura de Sonora.
De acuerdo con el Instituto
Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), la Cuenta Pública de 2014
presentó un gasto de más de 300 millones de pesos ejercidos en el área de
Comunicación Social del Gobierno Estatal en ese año, cuando lo presupuestado
eran sólo 45 millones, cantidad que representó un sobregiro de más de 660%.
Hasta septiembre pasado,
cuando se dio el cambio de Gobierno, Comunicación Social había sobre ejercido
293 millones de pesos.
Como se publicó en la edición
296 del semanario Última Palabra que circuló del 4 al 15 de noviembre, hasta el
15 de septiembre del año pasado --cuando ocurrió la transición con el Gobierno
de Claudia Pavlovich--, se documentó que el Gobierno dejó un endeudamiento de
167 millones de pesos, además de facturas y contratos por pagar por un monto
superior a los 300 millones, es decir un déficit de 467 millones.
LA CONFLAGRACIÓN
En 2009, el desvío y
sobreejercicio de fondos en la administración anterior consistió en “inflar”
convenios al doble o triple del valor comercial de la publicidad otorgada, como
lo revelaron administrativos del Gobierno priísta de Pavlovich.
A cambio, según las fuentes
citadas, se solicitaban significativas “mochadas” que iban de hasta 50% sobre
los montos pactados con los distintos medios de comunicación. De esta manera,
como lo establecen los análisis del ISAF, en 2009 se firmaron 170 convenios
publicitarios.
Para 2011, a tan sólo dos
años de la administración del panista Guillermo Padrés, fue evidente el desaseo
de la Secretaría de Comunicación Social, que por decreto de la gobernadora
Pavlovich fue reducida a coordinación, como fue en todos los anteriores
sexenios priístas.
Pese a ello, para ese mismo
año ya había más de 300 medios de comunicación en la nómina, en la que
predominaban las páginas de internet “fantasmas” donde resultaba fácil y barato
justificar cualquier campaña publicitaria.
LA COMPLICIDAD
Para liberar los montos
millonarios según las acciones de Jorge Morales Borbón, éste requirió del apoyo
de la Secretaría de Hacienda, encabezada en un principio por Alejandro López
Caballero --también ex alcalde de Hermosillo en el periodo 2012-2015--, y
secundada por Carlos Villalobos Organista.
Desde esta dependencia se dio
curso a las facturas y se liberaron recursos necesarios para pagar a medios
establecidos.
En el 2012, a la urgencia de
las elecciones intermedias de la administración de Padrés, operadores del
Gobierno del Estado bajo la orden de Jorge Morales recorrieron el Estado para
cerrar jugosos acuerdos millonarios con los principales medios de comunicación
de la Entidad para que operaran a favor de ciertos candidatos del PAN.
Según los archivos de la
ahora Coordinación de Comunicación Social que dirige Elda Molina, los contratos
no sólo se registraron en esta última dependencia sino también en las
secretarías de Salud, Educación y Gobierno. Los nuevos acuerdos llegaron a
multiplicar por cinco las cantidades facturadas por los medios en cuestión.
Tras el descalabro del PAN en
esas elecciones, la administración se dejó de abonar a 90% de las empresas que
facturaban al Gobierno del Estado.
A partir de enero de 2013, el
ex jefe de prensa de Padrés inició una “refacturación” de contratos sin pagar
originados en ejercicios anteriores y al recibir los nuevos “justificó” los
dispendios del año posterior.
En consecuencia, para 2015
sólo 70 medios de comunicación facturaban servicios al Gobierno Estatal. De
enero a septiembre de este año se facturaron 293 millones de pesos, de los
cuales se quedaron como deuda 167 millones, monto concentrado únicamente en 18
proveedores.
“OCULTARON” INFORMACIÓN
Como se publicó en Proceso en
su edición del 2 de noviembre de 2014, la administración estatal de Guillermo
Padrés Elías dejó información pública fuera del alcance de los ciudadanos
sonorenses hasta el 2024.
Se trata de nueve expedientes
llamados “Acuerdos de Reserva”, que la oficina del Ejecutivo Estatal evitó que
sean analizados por la opinión pública durante los próximos 10 años.
Dichos acuerdos están
relacionados con los servicios de asesoría para el mandatario sonorense, la
logística en materia de seguridad en sus giras estatales y el recurso entregado
desde 2009 a los padres de los 49 niños fallecidos y los más de 70 lesionados
por el incendio de la Guardería ABC, entre otros rubros.
Según la solicitud de acceso
a la información pública con número de folio 00162614, el titular del Poder
Ejecutivo en Sonora elaboró estos nueve Acuerdos de Reserva a fin de proteger
“datos personales” del Estado.
En el documento firmado por
Óscar Francisco Rodríguez Miranda, titular de la Unidad de Enlace de la
Gubernatura, se argumenta que el contenido de estos acuerdos se deja fuera del
alcance de los sonorenses debido a que:
“(De darse a conocer) se
estaría poniendo en riesgo la vida, seguridad y salud de cualquier persona. Se
arriesgaría la estabilidad de las instituciones del Estado de Sonora y sus
municipios; o la integridad de las máximas autoridades de los tres poderes de
la Entidad”.
No obstante, en nada se
vulnera la seguridad de la Entidad si se transparentan en 2014 -y no hasta el
2024- los montos que recibe cada uno de los padres de las víctimas por lo
ocurrido en la Guardería ABC el 5 de junio de 2009.
Hasta el 2020 se protegió la
información para que los sonorenses conozcan los contratos que firmó el
Ejecutivo estatal con los asesores de comunicación social de 2009 a 2015.
En ese mismo año podrá ser
consultado el uso de vehículos oficiales asignados a secretarios y
subsecretarios que colaboren directamente con el gobernador, así como del
personal y los vehículos que se utilizan en Casa de Gobierno.
Este último Acuerdo de
Reserva se contrapone con el decreto de austeridad que dictó el propio
Guillermo Padrés el 6 de mayo de 2013, sobre todo, lo respectivo al capítulo de
“Economía Presupuestal”:
“Las dependencias deberán
suspender de forma definitiva la celebración de contratos por honorarios, por
honorarios asimilables a sueldos, o cualquier otra cosa que sea de su
denominación”.
También en 2020 se podrán
conocer las transacciones bancarias y financieras realizadas por la oficina del
Ejecutivo a lo largo del sexenio, pese a que el 17 y el 29 de octubre se
interpusieron demandas contra el gobernador sonorense por los delitos de enriquecimiento
ilícito y lavado de dinero, luego de darse a conocer las dimensiones de su
rancho Pozo Nuevo, valuado en 99 millones de pesos, sin contabilizar las 300
hectáreas de nogal, que por cada una de ellas se paga 20 mil dólares anuales en
gastos de mantenimiento.
Asimismo, se conocerá el
convenio contraído con el despacho “Falcon Expertos en Opinión Pública S. de
R.L. de C.V.”, también sin origen definido, para difundir y analizar los
avances en los juicios orales en Sonora.
La solicitud antes mencionada
argumenta que la decisión gubernamental de resguardar estos nueve expedientes
se fundamenta en el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
En entrevista posterior a la
solicitud de información, el ex gobernador Guillermo Padrés Elías dijo
desconocer el origen de los nueve expedientes que desde su oficina se ordenó
que fueran resguardados hasta el 2024.
“La verdad es que es un tema
que no conozco, lo reviso y lo informo”, justificó.
La solicitud de acceso a la
información pública 00162614 precisa que estos Acuerdos de Reserva fueron
elaborados por el titular del Ejecutivo.
OTROS CASOS DE MORALES
A fin de cuidarse la espalda,
el ex secretario de Comunicación Social consiguió plazas laborales a 18
trabajadores administrativos. Actualmente, 10 diez de ellos siguen en los
mismos puestos y hacen, en su mayoría, “trabajo de espionaje” contra la
administración de Pavlovich.
Según empleados del área, se
les ha sorprendido tomando fotografías con el celular a documentos oficiales de
los nuevos titulares de esta dependencia.
Por ejemplo, la mujer que
realiza la limpieza de las oficinas, de nombre Georgina Urbina, fue
sindicalizada y basificada en junio de 2015. Las fuentes consultadas han visto
que aprovecha su credencial para acceder a oficinas de los actuales titulares
de la dependencia para espiar toda la documentación posible.
Por las tardes, la misma
Georgina Urbina labora por las tardes en casa del ex secretario Jorge Morales
y, según las fuentes consultadas, se jacta de no recibir un pago por ello, pues
“bastante favorcito” le hizo el ex funcionario al inscribirla como trabajadora
de base.
Otro de los casos que todavía
unen a Morales con la ahora Coordinación es el trabajador que fue su chofer
durante su gestión.
Se trata de César Celaya,
quien desde el 14 de septiembre pidió una incapacidad médica en el Gobierno
Estatal por una supuesta lesión en un pie.
Dicha prestación ha sido
renovada hasta en cuatro ocasiones, de modo que el empleado no ha laborado ni
un solo día de la actual administración, pero sí presta sus servicios diarios
como chofer de la familia Morales.
ENFRENTA PROCESO LEGAL
El pasado 1 de febrero, Jorge
Morales Borbón, ex secretario de Comunicación Social en el Gobierno de
Guillermo Padrés, fue aprehendido, acusado de los delitos de extorsión a tres
medios de comunicación y dos particulares por un monto superior a un millón de
pesos.
De acuerdo con el fiscal
Anticorrupción Odracir Espinosa Valdez, el ex funcionario podría recibir una
sentencia de cinco a 60 años de cárcel y una sanción económica de hasta 12 mil
726 pesos, según lo estipula el Código Penal Sonorense.
“Presumiblemente, el detenido
usó su facultad de funcionario para colectar beneficios monetarios a su favor,
coaccionando e intimidando a las víctimas por recibir un pago extra luego de
prestar un servicio al Gobierno del Estado”, expuso el fiscal.
“El señor Jorge Morales
–añadió– les pedía dinero a las víctimas para liberar los pagos que tuvieran
pendientes tras prestar sus servicios”.
Espinosa Valdez precisó que
antes de concretar la captura de Morales se recabaron testimonios de tres
empresas y dos particulares y se analizaron órdenes de pago y transferencias
bancarias que fueron consignadas ante el juez.
Jorge Morales Borbón espera
la decisión de un juez que resolverá a más tardar este domingo si lo sujeta a
proceso penal o lo libera por falta de elementos de prueba.
(DIARIO DEL YAQUI/ Agencias/ 06 DE
FEBRERO 2016)
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