Esta semana arranca en Estados Unidos el
juicio contra uno de los narcos mexicanos más importantes: Alfredo Beltrán
Leyva el Mochomo, quien fuera mano derecha de Chapo Guzmán y luego rompiera con
él acusándolo de traición. Así, lo que se diga en el proceso puede hundir al
recapturado líder del Cártel de Sinaloa, proveer evidencias contra decenas de
capos e incluso evidenciar los vínculos de políticos mexicanos con el crimen
organizado.
WASHINGTON.- Con gran sigilo
para evitar la identificación de testigos y filtraciones a la prensa, esta
semana arranca en Estados Unidos el juicio contra el presunto narcotraficante
Alfredo Beltrán Leyva el Mochomo, proceso que puede ser clave en la
investigación contra Joaquín el Chapo Guzmán y otros dirigentes del Cártel de
Sinaloa.
El Departamento de Justicia
sabe que durante el procedimiento penal pueden ver la luz datos que inclusive
expongan el alcance de la corrupción en el gobierno de México por parte del
también conocido como Cártel del Pacífico.
El expediente judicial de
Beltrán Leyva (marcado con el número 1:2012-cr-00184 y cuya copia tiene
Proceso) muestra que tanto el Departamento de Justicia como la defensa de quien
fuera uno de los principales operadores de Guzmán Loera le han presentado al
juez Richard J. León, de la Corte Federal del Distrito de Columbia (Washington,
D.C.), centenares de peticiones para que el juicio se celebre con el mayor
hermetismo posible.
Por ejemplo, una moción
interpuesta hace unos días por los abogados del Mochomo exige a la Corte que
durante el proceso que se inicia este martes 16 no se identifique y se anule la
participación de uno de los testigos estelares que presentará en su contra el
Departamento de Justicia.
El Mochomo, capturado en
enero de 2008 y extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2014, es uno de
los capos del Cártel de Sinaloa con mayor jerarquía sometido a proceso judicial
en aquel país.
LA RUPTURA
El arresto de Alfredo Beltrán
Leyva, en 2008, rompió al Cártel de Sinaloa y desató una guerra entre la
fracción comandada por Guzmán Loera contra la de Arturo el Barbas y Héctor el
H, hermanos del presunto traficante que será enjuiciado.
Los familiares del Mochomo
responsabilizaron al Chapo de la captura de Alfredo, y presuntamente, en
venganza, ordenaron aquel mismo año el asesinato de Édgar Guzmán, hijo del
recién recapturado líder del Cártel de Sinaloa. Con la ruptura, los Beltrán
Leyva se convirtieron en un cártel independiente —enemigo del de Sinaloa— y se
asentaron en el Estado de México, Guerrero y Morelos.
Ante la Corte Federal,
Alfredo Beltrán está acusado de un solo delito: “Conspirar junto con otros para
importar y distribuir en Estados Unidos cinco kilos de cocaína y/o 50 gramos o
más de metanfetamina”.
Pero al Mochomo se le
procesará como miembro del Cártel de Sinaloa, no de los Beltrán Leyva. Este
hecho aumenta la posibilidad de que durante el proceso salgan a relucir
incidentes que relacionen al Chapo con el trasiego de narcóticos y la
corrupción en los gobiernos de Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto
(PRI).
Desde el 17 de noviembre de
2014, cuando Alfredo Beltrán fue presentado ante la Corte, se declaró inocente
y se le negó la libertad bajo fianza, la defensa del Mochomo (que encabeza el
abogado Eduardo Balarezo) ha estado poniendo en entredicho las estrategias del
Departamento de Justicia para acusar y procesar a su cliente.
Balarezo solicitó que la
parte acusadora —dirigida por la fiscal Marcia M. Henry e integrada por los
letrados Andrea Goldbarg, Amando N. Liskamm y Adrian Rosales— no incluya entre
sus testigos a un narcotraficante mexicano que trabajó con el demandado.
“El 4 de junio de 2012, uno
de los testigos potenciales del gobierno (identificado solamente como ‘A.T.’)
fue interrogado por agentes federales estadunidenses sobre su conocimiento de
las actividades del tráfico de drogas en México”, se lee en el expediente del
Departamento de Justicia.
Respaldado con información
proveniente de la División Criminal sobre Narcóticos y Drogas Peligrosas del
Departamento de Justicia —que dirige Arthur Wyatt— el gobierno de Estados
Unidos asegura que A.T. conoce a Beltrán Leyva y trabajó con él desde finales
de la década de los noventa en el Cártel de Sinaloa: “El testigo conoció al
acusado y a sus hermanos cuando recibían en México, aviones cargados de cocaína
procedentes de Colombia”, se destaca en el expediente.
A.T., quien es testigo
protegido reclutado por la Administración Federal Antidrogas (DEA), sostiene
que él, el Mochomo y un socio de éste, a quien identifica como Julio Beltrán,
se encargaron del tráfico de la cocaína colombiana hasta 2005, año en el que
falleció Julio. “A.T. tuvo múltiples acuerdos cara a cara con el acusado
durante casi una década”, asevera el Departamento de Justicia.
La fiscalía entregó al juez
documentos con fotografías del Mochomo y otros operadores del Cártel de
Sinaloa, a quienes A.T. identificó y calificó como algunos de los principales
exportadores de drogas a Estados Unidos. “Agentes federales, en junio de 2014,
interrogaron a A.T. sobre su conocimiento de las actividades del narcotráfico
en México. A.T., después de revisar un catálogo de 30 páginas con fotografías
de presuntos narcotraficantes, en dos casos identificó con facilidad al
acusado”, se lee en uno de los documentos en la Corte.
Ya desde el 29 de enero de
2013, la DEA había interrogado a A.T. En ese entonces los agentes federales le
presentaron al ahora testigo protegido otro catálogo con 50 fotografías. “A.T.
identificó a la persona de cada una de las fotografías. En la número 30, A.T.
identificó al acusado”, se destaca en el expediente del gobierno estadunidense,
que de este modo pudo certificar la calidad del posible testigo.
El Departamento de Justicia
presentó al juez León, además, una serie de argumentos judiciales para rebatir
la pretensión de la defensa por descalificar a los testigos de la parte
acusadora.
“Contamos con muchas
evidencias para demostrar que A.T. es un testigo confiable, con amplio
conocimiento sobre el día a día de las operaciones del narcotráfico en México”,
arguye la fiscalía.
LA DEFENSA
El equipo de Balarezo, en
cambio, ha entregado a la Corte Federal papeles que buscan mostrar que A.T.
nada tiene que ver con el Cártel de Sinaloa. Paralelamente, pretende aclarar
que el Mochomo nunca fue amigo ni mucho menos subalterno del Chapo. Y como
parte de su estrategia está prevenir filtraciones para que los medios de
comunicaciones no puedan influir en el proceso.
El martes 2, Balarezo
presentó 39 objeciones o “comentarios” a las propuestas del Departamento de
Justicia para la designación de los testigos y otros pormenores del juicio.
La primera objeción dice: “El
señor Beltrán Leyva, a quien se le presume inocente, rechaza cualquier y todas
las acusaciones en contra de él. En particular, niega haber cometido algún
crimen en contra de Estados Unidos, o que haya conspirado para distribuir
cocaína o metanfetamina sabiendo que sería exportada a los Estados Unidos”.
Otro argumento se refiere a
los medios de comunicación que podrían manipular el fallo del jurado. Por ello
el abogado advierte: “En algunos casos, aunque no necesariamente en éste,
podrían existir reportes en los periódicos, la radio, internet o la televisión
concernientes al caso mientras se celebre el juicio. Si hubiese ese tipo de
cobertura periodística, (los jurados) podrían estar tentados a leer, escuchar o
mirarlos. No deben leerlos, escuchar o mirar dichos reportes porque sólo deben
emitir un fallo de este caso basado únicamente en las evidencias que se
presenten en esta sala de la Corte. Si es que de manera inadvertida les llega a
ustedes (este tipo de reportes) durante la celebración del juicio, no lo
comenten entre los otros miembros del jurado ni con nadie más”, escribió la
defensa del Mochomo.
En este mismo sentido
Balarezo recomendó que los jurados tampoco busquen información por internet
respecto de Beltrán Leyva, ya que lo que localicen podría erróneamente influir
en su fallo.
A principios de este mes, la
defensa del Mochomo solicitó al juez León que se autorizaran las visitas de “un
abogado extranjero del acusado”, el letrado mexicano Noé Palacios Rodríguez. El
juez autorizó la solicitud, aunque no está claro si Palacios Rodríguez ya ha
tenido contacto directo con Beltrán Leyva o si sólo estará en la Corte el día
que se inicie el juicio.
LA LÍNEA QUE LLEVA AL CHAPO
Existe la posibilidad de que
por lo delicado del caso y por los nombres y acusaciones que puedan surgir
durante el procedimiento penal, tanto el Departamento de Justicia como la
defensa del Mochomo pidan al juez no permitir la entrada de los medios de
comunicación. Eso dependerá del magistrado federal y se conocerá hasta el día
que arranque el juicio.
Lo que pueda decir el
Mochomo, su defensa y los testigos del gobierno de Estados Unidos, como A.T.,
frente al juez León, podría ser utilizado para procesar a Guzmán Loera, acusado
de narcotráfico, lavado de dinero, homicidio y otros delitos en más de una
decena de estados en la Unión Americana.
Lo que se declare también
puede ayudar a consolidar evidencias en contra de otros miembros del crimen
organizado, incluso integrantes de otros cárteles. De hecho, existe la
posibilidad de que esto permita preparar encausamientos judiciales en contra de
políticos y expolíticos mexicanos vinculados con el trasiego de drogas, como ya
ocurrió en el pasado.
El Departamento de Justicia,
desde que el gobierno mexicano le entregó a Beltrán Leyva, quería que este
narcotraficante se declarara culpable de los delitos que le imputan, tal como
hizo Édgar Valdez Villareal la Barbie, a cambio de una sentencia moderada y de
convertirse en una “fuente protegida de información”.
(RIODOCE/ JESÚS ESQUIVEL/ PROCESO EN 14 FEBRERO, 2016)
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