Después
de 26 años de funcionamiento y de sobrevivir cuatro años al Nuevo Sistema de
Justicia Penal, en Mexicali fue cerrado el Juzgado Quinto de lo Penal. Ante la
disminución del trabajo y los expedientes por la entrada en vigor del NSJP, ya
no es necesario el Juzgado Tradicional. Dos Juzgados más están en capilla. Los
casos pendientes serán enviados al Cuarto Penal y el personal será, en su
mayoría, instalado en otras áreas del Poder Judicial
Por
primera vez en la historia del Poder Judicial en Baja California, un Juzgado
Penal fue oficialmente cerrado. A partir de las cero horas del sábado 19 de
septiembre de 2015, el Juzgado Quinto de lo Penal en Mexicali, dejó de existir.
Así
lo decidió el pleno del Consejo de la Judicatura en sesión extraordinaria
efectuada el martes 15 de septiembre, el acuerdo 01/2005 de ese organismo
decreta la extinción: “Se norma la conclusión de sus funciones, la reubicación
del personal y la entrega recepción de los asuntos públicos del citado órgano
jurisdiccional”.
El
cierre es la conclusión de la entrada en vigor en la capital de Baja California
del Nuevo Sistema de Justicia Penal en julio de 2011. La carga laboral en los
Juzgados Tradicionales fue disminuyendo hasta hacer esas instituciones,
dispensables. Ciertamente el primero en cerrarse fue el Quinto Penal, pero en
capilla, hay dos Juzgados más (Segundo y Cuarto).
Dentro
de la reingeniería propuesta para el Poder Judicial por el actual presidente
del Tribunal, abogado Armando Vázquez, trabajadores y recursos de los Juzgados
Tradicionales que son cerrados, serán reorientados a otras áreas.
EXPEDIENTES POR DOQUIER
A
partir de la segunda quincena de septiembre el ya escaso personal del Juzgado
Quinto se dedicó a organizar los cerca de 818 expedientes -160 activos por
instrucción, 40 pendientes de audiencia de vista, 280 órdenes de aprehensión
pendientes, 22 reaprehensiones en ejecución de sentencia, 18 pendientes por
sentencia y 298 en trámite de requerimientos por recibos de ingreso- que aún
estaban en custodia del Juzgado.
Eso
implicó que durante la semana, personal del Juzgado bajo la supervisión del
secretario de Acuerdos encargado de despacho, Ignacio Castro Beltrán,
organizaran el cúmulo de expedientes a repartir, los cuales serán turnados a
otros Juzgados para seguir el trámite, o los que se enviarán directamente al
archivo del Poder Judicial.
A
la par de la minuciosa labor, la incertidumbre de los empleados era evidente.
“No sabemos qué va a pasar con nosotros, sabemos que hoy es el último día aquí,
pero no se adonde me van a mandar”, explicó uno de ellos mientras hablaba por
teléfono celular en el pasillo externo del Juzgado. Adentro, todos se dedicaban
a acomodar expedientes, unos sobre los escritorios y ya listos para
llevárselos, otros en el piso de las oficinas esperando el ordenamiento.
“Pásele,
acá le posamos”, expresó una de las empleadas, quien amplió: “Es que ya nos
vamos”, pero al ver la grabadora no quiso decir más. Otra empleada dice contar
con 21 años de antigüedad en el Poder Judicial, e informa que el Juzgado Quinto
Penal fue creado en 1989, y que antes en ese lugar que poco a poco se va
vaciando, funcionaba un Juzgado de Paz.
Una
más de las adscritas al Juzgado evoca que el último juez en calidad de interino
en ese Juzgado fue Juan García Alberto, cuando sustituyó a Sonia Mireya
Beltrán, ahora magistrada en la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia.
Pero
García Alberto fue comisionado a otras funciones y en su posición quedó
encargado -para el cierre del Juzgado- el secretario de Acuerdos, Ignacio
Castro Beltrán. También titularon ese Juzgado el ahora Juez de Garantías,
Fernando Serrano, y anteriormente el abogado Leyva Mendívil.
“En
la semana nos avisaron que nos iban a reubicar, pero no a todos nos han dicho a
dónde”, expuso nervioso uno de los empleados, mientras seguía acomodando
expedientes.
Algunas
de las empleadas se muestran inquietas ante la cámara, preguntan si no hay
problema si salen en las imágenes los números de expediente, aun cuando se
trate de material que va directo al archivo. Otra más comenta que parte de los
expedientes pasará al Juzgado VI Penal para el seguimiento al proceso.
La
mayoría se resiste a hablar, incluso una de ellas, la representante sindical
María Figueroa, opta por no desviar la vista de los expedientes que acomoda, en
franco desdén a la información requerida. “Yo no puedo darle información, en
todo caso es el juez o uno de los secretarios de Acuerdos”, expone al
reportero, mientras el encargado insiste que la información oficial debe
proporcionarla el Consejo de la Judicatura.
Le
entra al quite Víctor Zamora, adscrito al área de fotocopiado, quien es el
representante del Sindicato de Burócratas en esa esfera del Poder Judicial y
cuenta con más de 15 años de antigüedad. Indica que en ese Juzgado solo quedan
tres empleados sindicalizados y otros tres de confianza, otra parte del
personal ya ha sido reubicada, principalmente al llamado Nuevo Sistema de
Justicia Penal.
“No
nos han dicho a qué parte nos van a mandar, nada más que nos iban transferir, a
reubicarnos”, tercia Norma Ramos, una de las trabajadoras (dos años adscrita al Juzgado Quinto): “Sí
hay incertidumbre porque ni siquiera han avisado… tienen como un mes que
empezaron a organizar el cierre”.
“Lo
único que sabemos es que hoy es el último día”, explica otra y adelanta que no
saben a qué horas podrían desocuparse ese viernes -son ya cerca de las tres,
hora oficial de salida- y ya saben que tendrán que acudir el sábado 19 a seguir
con la labor. Durante todo ese día, personal del Poder Judicial estuvo dando
vueltas en un pequeño pick-up con expedientes turnados definitivamente al
archivo.
“Lo
único que sabemos es que hoy es el último día”, sentencia otra de las
empleadas.
MUCHA HISTORIA
“Durante
mucho tiempo había un Juzgado federal, y era el que conocía de todos los
asuntos en el Territorio de la Baja California”, refiere Arnoldo Castilla,
académico ya retirado de la UABC, ex magistrado del Poder Judicial y ex
integrante del primer Consejo de la Judicatura conformado a mediados de 1995.
Con
la creación del Estado, el Código Penal Federal se adoptó como propio de Baja
California, creándose por primera vez los Juzgados del Orden Común, en función
de la primera Ley Orgánica publicada en el Periódico Oficial en enero de 1954.
Castilla
recuerda que los primeros Juzgados estaban ubicados en el edificio anexo al
Palacio de Gobierno -hoy Rectoría de la Universidad Autónoma de Baja
California- y el Ministerio Publico en un edificio anexo a la Cárcel Municipal,
ahora CERESO.
De
igual manera, refiere que fue en los tiempos de Milton Castellanos (1971-77)
cuando se crea el Juzgado Tercero Penal, en un pequeño edificio rentado a OASA
-por la calle Sur-, mientras que el Primero y el Segundo estaban en un pequeño
local pegado a la cárcel.
El
ex magistrado comenta que al parecer fue en tiempos de Roberto de la Madrid
como gobernante cuando se construyó el edificio de tres niveles que aún alberga
los Juzgados Penales.
Arnoldo
Castilla comparte una anécdota del Juzgado Tercero, donde se guardaban varios
kilos de marihuana decomisada -el Juzgado local conocía en auxilio de la
justicia federal de esos casos-, pero un fin de semana la hierba desapareció,
lo robaron y, al día siguiente, detuvieron al ladrón, quien buscaba vender la
mercancía en una zona cercana a Hotel Lucerna. Era un litigante que se dedicaba
a “coyotear”.
Como
consecuencia del crecimiento poblacional -y por ende la comisión de más
delitos-, el número de Juzgados ha crecido, aumentándose a cuatro el 31 de
enero de 1989 -con Baylón Chacón de gobernante- y el Quinto fue creado en
septiembre de ese mismo año, en el enorme edificio del Poder Judicial,
precisamente a un costado del centro penitenciario.
Cerca
de 26 años después, el Juzgado Quinto cerró definitivamente sus puertas y se
calcula que a fin de mes, el presidente del Poder Judicial, Armando Vázquez,
acuda a formalizar el cierre definitivo, el primero de al menos otros dos
Juzgados Penales.
“Se
trata de que sea un sistema de justicia de más alta calidad, es un cambio
radical”, refiere Castilla en cuanto al Nuevo Sistema de Justicia Penal, aunque
muestra abierta reticencia ante las evidentes fallas que se han tenido en su
implementación.
JUEZA MOLINA EN LA RECTA FINAL EN EL
PODER JUDICIAL
De
los 25 aspirantes al puesto de magistrado numerario del Tribunal Superior de
Justicia -lugar que dejó vacante el fallecido Marco Antonio López Magaña-, 20
fueron eliminados en el examen de conocimientos y cuatro en la prueba práctica.
Seis de los no aprobados en las dos categorías, presentaron recurso de revisión
y el Consejo de la Judicatura está por resolverlos.
La
única que aprobó las dos fases fue la Jueza del Décimo Civil de Tijuana,
Lourdes Molina Morales. Ella se presentó el lunes 21 de septiembre a la última
prueba, la entrevista con el jurado de evaluación que integraron el presidente
del Tribunal, Armando Vázquez; el magistrado Marco Antonio Jiménez Carrillo; y
el consejero de la Judicatura, Gerardo Brizuela.
La
comparecencia fue en la pequeña Sala de Pleno del Área Civil -llena, con
familiares y amistades de la compareciente- y duró cerca de una hora. Fue
transmitida vía internet y, de acuerdo con la convocatoria, se evaluaría la
integridad profesional, rectitud, ética, presentación, habilidad de
comunicación, buen juicio, prudencia y objetividad de la aspirante.
El
magistrado presidente Jorge Vázquez detalló el procedimiento, señalando que al
final cada uno de ellos emitiría una calificación en cuanto a la presentación
de Molina Morales, que resultaría en 100, 100 y 97.
La
candidata leyó un documento donde sintetizó su idea sobre el cargo a ocupar,
sus méritos profesionales y las acciones a desarrollar en caso de llegar a la
magistratura: “Desde el día en que ocupé mi cargo he venido ejerciendo mis
facultades y obligaciones con diligencia y esmero, ofreciendo siempre trato
diligente y respetuoso al litigante, ejerciéndolo a través de una política de
puertas abiertas”, expuso la jueza con carrera judicial desde enero de 2000;
también fue secretaria de Acuerdos y proyectista, además de docente en
universidades y actual estudiante de maestría. Aportó un dato: de las 2 mil 293
sentencias en su Juzgado, el 96 por cierto han sido confirmadas.
El
primero en lanzar preguntas fue el consejero Brizuela, quien quiso saber de las
cualidades necesarias de un magistrado, si debe tener los mismos atributos, sea
hombre o mujer, la ética, cuál sería su principal aportación al cargo, la
diferencia entre los recursos de queja y apelación.
“El
magistrado, en el desempeño de su función debe siempre estar regida su
actuación bajo las virtudes cardinales de la ética en general que nos marcan,
que son la templanza, la fortaleza, la justicia, la prudencia; pero se deben
relacionar con el ámbito jurídico, el jurisdiccional, donde no debemos de perder
de vista sobre todo la equidad, la igualdad de las partes, respetar el
principio de contradicción, dar a cada quien lo
que le corresponde, pero respetando la legalidad y ponderando los
derechos humanos”, refirió la jueza de lo civil.
Molina
recalcó que no se debe perder de vista que se está impartiendo justicia a seres
humanos, a la par de que hay que observar la legalidad. Sobre la ética,
considero necesario impartir una justicia “justa”, templada, prudente, y tener
la capacidad de reconocer que “no se tiene la verdad de todo”, resaltando la
necesidad de actualizarse.
De
su trabajo, Molina Molares dijo “para mí es un placer”, además de trabajar sin
horario, entregada plenamente a su labor y con esa idea concretar los proyectos
que ya hay al interior del Poder Judicial, como el caso de la reingeniería de
esa instancia.
“Creo
que Baja California se merece una justicia moderna, pronta, expedita y de mucha
calidad”, consideró.
El
magistrado Jiménez Carrillo disertó sobre la justicia y el derecho, el tribunal
de alzada y la necesaria revisión -en el caso de la responsabilidad del
magistrado- de lo ya realizado, el concepto de convencionalismo y lo difícil
que resulta en ocasiones entender este concepto; mientras Vázquez subrayó la
importancia del juzgador y el poder resolver de manera efectiva, transparente y
humana.
Al
final de la comparecencia, Molina habló de los recursos de revisión de los no
aprobados y de cómo se sentía: “Se siguieron
los lineamientos de la convocatoria, la verdad, muy cómoda”.
El
presidente del Tribunal refirió: “Lo que implica de un proceso de selección es
que nos tenemos que ajustar a ciertos reglamento, no hay que olvidar que la
selección es para magistrado, no es un examen para alumnos de la universidad”.
Del
examen práctico, donde los ponentes deben emitir una resolución, precisó: “Los
aspirantes estructuraron una sentencia y explicaron las consideraciones que
tuvieron para llegar a un sentido u otro, por lo que se evaluó fundamentación,
motivación, estructura, toda la cuestión técnica”.
Y
reiteró, fueron tres de los cuatro eliminados quienes interpusieron recurso de
inconformidad. Una vez que se resuelvan sus casos, se enviará la lista -una
sola persona- al Congreso, lo cual se estima ocurrirá a finales de septiembre.
— ¿Habrá posibilidad de que el Congreso “tumbe”
el procedimiento?
“No
hay; ellos solo tienen que recibir la lista y evaluar…Si cumple con todos los
requisitos, el Congreso no podría decir, y es mi opinión, que porque viene uno,
no van a poder deliberar. Ellos tienen que analizar si la sustentante cumple
con todos los requisitos constitucionales y aprobó el examen. Por eso hay
autonomía entre ambos poderes”.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ Sergio Haro Cordero / Fotos. Sergio Haro/ 03 de Octubre del 2015 a las 20:57:43)
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