MÉXICO,
D.F. (apro).- En contraste con la versión oficial, organizaciones nacionales e
internacionales consideran que México atraviesa por una severa crisis de
derechos humanos y como ejemplo de ello citan el caso de la desaparición de los
43 estudiantes de Ayotzinapa.
El
presidente Enrique Peña Nieto dijo en su Tercer Informe de Gobierno que en su
administración el respeto a los derechos humanos “ocupa un lugar central en la
agenda de temas estratégicos”, y a manera de ilustración mencionó que se
implementaron cursos de capacitación a funcionarios públicos en “protección a
los grupos más vulnerables, así como de eliminación de la discriminación”.
A
pesar de las matanzas de Tlatlaya, Apatzingán, Ecuandureo y Calera, que
generaron un escándalo mundial en su momento, el mandatario presumió que las
recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos disminuyeron
64%.
Según
los datos aportados en su informe, en el periodo de septiembre de 2014 a julio de 2015, la CNDH emitió 18 recomendaciones, 32 menos que las registradas
en el mismo periodo de 2013 a 2014 y “66.7% con relación al periodo de 2012 a
2013, donde se emitieron 54 recomendaciones dirigidas a la APF”.
Los
casos graves registrados en este año son mencionados en el reporte de las
acciones realizadas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV),
dependencia que registró en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa 180
víctimas, y en el ataque a los futbolistas del equipo Avispones, 100, a los que
“se les brindó atención multidisciplinaria y aun son sujetos a un programa de
atención individualizada”, en tanto que en el caso Tlatlaya, la CEAV registró a
93 víctimas “y se continúa con el análisis de los casos restantes”.
De
acuerdo al informe la CEAV atendió a 52 personas víctimas de “comisión de
delito de orden federal” a las que destinó en indemnizaciones por “comisión de
delito por orden federal”, a las que se
destinaron 12.5 millones en indemnizaciones, en tanto que a 19 víctimas de
“violación a derechos humanos”, se les entregaron 12 millones de pesos.
En
el apartado “Instrumentar una política de Estado en derechos humanos”, se
señala que de enero a julio de 2015 el “Gabinete de Seguridad” recibió cuatro
recomendaciones de la CNDH, tres menos que en el mismo periodo de 2014 y 10
menos que en 2013, en tanto que la recomendación 26/2001, referente a las
víctimas de desaparición forzada en la guerra sucia, el informe de Peña asegura
que de los más de 500 casos a que hace referencia la CNDH, el gobierno federal ha cubierto 96
indemnizaciones a familiares de desaparecidos y 54 permanecen en proceso.
En
cuanto a las sentencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CoIDH) el informe presidencial asegura que dicho tribunal declaró el
cumplimiento delas mujeres indígenas abusadas sexualmente por el Ejército,
Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.
Sin
mencionarse la palabra “desaparecidos” el texto menciona que en el tercer año
de gobierno se brindó apoyo a “mil 397
familiares de personas extraviadas, sustraídas o ausentes” con la
elaboración y difusión de “cédulas de identificación en todo el país”, además
de que se ingresaron al Sistema CODIS (Combined DNA Index System9 7 mil
perfiles genéticos, con lo que a julio de 2015
existen 25 mil 31 perfiles genéticos “que han permitido identificar a
431 personas que se encontraban en calidad de desconocidas”.
En
cuanto a los delitos cometidos contra periodistas se informa que la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)
inició 133 averiguaciones previas, ejerció 19 acciones penales y determinó el
35 casos el no ejercicio e la acción penal; 14 expedientes fueron acumulados y
49 se determinaron por incompetencia, en tanto que 117 se consideraron
concluidos.
Y
asegura que en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas de la Segob se atendieron cien solicitudes de
información, de las cuales 37 corresponden a defensores y el resto a
periodistas; a 53 se les dio tratamiento ordinario y a 29 extraordinario,
mientras que en 18 casos no hubo incorporación al mecanismo.
(PROCESOS/
GLORIA LETICIA DÍAZ/ 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
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