Hubo
en Tijuana, Baja California, un Alcalde del que se decía todo. Que le gustaba
la fiesta legal y la ilegal, que lo suyo eran las parrandas cruzando la
frontera y en casas ajenas, que la política la administraba con base en
amiguismo y la contabilidad la traía en el bolsillo. Que nunca volvió a
trabajar -si es que alguna vez trabajó en realidad- porque no tenía necesidad
de hacerlo más. Además, como suele ocurrir en estos casos, la simpatía del señor
invitaba a las carcajadas.
Eran
las épocas de los gobiernos hegemónicos del priismo en la República Mexicana.
Donde la dictadura perfecta encontró su origen y el presidencialismo estaba
enraizado. Los gobernantes del PRI eran todopoderosos. Interpretaban las leyes
a su favor, se enriquecían con el erario a la luz de todos, fraguaban
retorcidos negocios y beneficiaban a los suyos a cambio de prebendas.
Habían
pasado muchos años desde que aquel Alcalde abandonó el poder. No volvió a tener
carrera política, pero sí amenizaba cualquier círculo con sus anécdotas. Su
experiencia en la política le había dejado –aparte de dinero- experiencias
chuscas del ejercicio a ultranza del poder de la administración pública. En una
de esas, ya en confianza, uno de sus escuchas le preguntó a bocajarro:
¿Licenciado, por qué nunca lo investigaron o lo detuvieron? La respuesta fue
festejada por todos –hasta la fecha-: “Porque soy rata, pero no pendejo”.
Para
beneficiarse del Gobierno, de la administración pública, y sobrevivir en la
acción, se requiere cierta cantidad de neuronas y un proyecto político. Nadie
dijo que sería fácil, estarían ante la evidencia descarada, y podrían hasta
parar en la cárcel.
Sin
embargo, resulta que utilizar la Ley para beneficiarse, autoinvestigarse y exonerarse
de los presuntos delitos cometidos ante las muchas sospechas ciudadanas, es
algo muy común en nuestros días, en México. Del descaro de la corrupción que
caracterizó al PRI en su época de oro, hoy estamos frente a la corrupción
legal. La que se ve, se sabe, se platica, se aprecia, se denuncia, pero no se
puede probar.
Esto
viene a la mente luego de leer el informe de Virgilio Andrade, el Secretario de
la Función Pública de Enrique Peña Nieto, sobre la investigación que hizo para
develar si hubo o no tráfico de influencias en las adquisiciones de millonarios
mansiones por parte de Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y su
Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso. Los tres, como era de esperarse,
fueron exonerados por el leal y último miembro del gabinete peñista en ser
nombrado. Así con el poder que avala al Presidente y a sus colaboradores,
Andrade cerró el caso de la Casa Blanca, de la Casa de Ixtapan de la Sal y de
la Casa de Malinaldo, todas compradas a filiales del desarrollador de obras
contratado por las administraciones públicas que en dos ocasiones ha encabezado
Peña, Juan Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa. Caso cerrado.
A
partir del reportaje del equipo de Aristegui Noticias, donde se develó con la
adquisición al constructor amigo por parte de la esposa del Presidente de una
residencia en la Ciudad de México con valor –al momento de la publicación del
reportaje- de 7 millones de dólares, el resto de las adquisiciones a filiales
de Grupo Higa por otros miembros del Gabinete y el propio Mandatario, se fueron
mostrando.
El
tema causó impacto internacional ante el evidente tráfico de influencias. Vaya,
ni Videgaray ni Rivera hubiesen conocido a Hinojosa si el entonces Gobernador
del Estado de México, no le hubiera adjudicado –a partir de terceros- obras
para su edificación en aquella entidad. La propia primera dama dejó ver esa
ventaja de conocer a los amigos de su esposo el gobernante cuando en un video
intentó justificar la millonaria compra ante los mexicanos quienes en su mayoría
no le creyeron.
La
verdad de Virgilio Andrade es una verdad administrativa. No es una verdad
jurídica ni legal porque no tiene la facultad ni la capacidad que un Ministerio
Público y el Poder Judicial ejercen por mandato. La verdad popular es que el
tráfico de influencias es evidente, y la verdad histórica no puede tener mejor
modelo que la disculpa que pidió Enrique Peña Nieto después de haber sido
exonerado, a aquellos que se sintieron “lastimados e incluso indignados”. Si
hay disculpa es que hubo una acción incorrecta. Y a la “sincera” disculpa de
Peña, siguió la de Luis Videgaray. La primera dama no ha dicho palabra alguna,
ni si ya, como lo anunció, vendió la casa que no tendría que vender si la
transacción es transparente.
Las
reacciones de Peña, Videgaray y Rivera, no detonan la inocencia y la
transparencia que Virgilio Andrade pregonó. Disculpas o poner en venta la
residencia, hablan de una culpabilidad manifiesta, por lo menos en el
inconsciente, pues dados los resultados de la sesuda investigación que los
libra de cualquier sospecha, lo conducente habría sido seguir con ese estilo de
vida que les caracteriza y que se aleja de la medianía de la función pública.
La
indignación que despertó el resultado de la “Investigación Andrade”, también le
abonó a la falta de confianza y credibilidad que pesa sobre las instituciones
del Gobierno de la República; ni en México mucho menos en el extranjero, donde
por acciones menores se enjuicia a políticos de todos los niveles –Guatemala,
Australia y Estados Unidos, en casos resientes- la verdad de Andrade es tomada
como válido, sino como el resultado del amiguismo en el Gobierno que solo
provoca el pensamiento de más tráfico de influencias y complicidades de la alta
esfera política y de negocios.
Con
36 oficiales palabras, el secretario de la función pública, determinó la
inocencia de los suyos: “En los expedientes de investigación relacionados con
los servidores públicos Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, se demostró
que ninguno incurrió en conflicto de interés, ni violó las obligaciones que
como servidores públicos le corresponden”.
Entre
otras cosas, para llegar a tal conclusión, interrogó a los empleados del
Gobierno Federal que encabeza Peña y que en parte administra Videgaray, y los
empleados, 111, coincidieron con sus jefes:
“En
los expedientes de investigación números DGDI/031/2015 a DGDI/044/2015 y el
DGDI/050/2015, se interrogó a 111 (ciento once) servidores públicos que
intervinieron en los contratos de servicios u obras públicas otorgados a las
empresas vinculadas con el señor Juan Armando Hinojosa Cantú y Ricardo Arturo
San Román Dunne. En todos los casos los servidores públicos declararon que no
se les ordenó resolver de alguna manera el procedimiento, así como que no
tenían ningún interés personal, familiar o de negocios con la empresa
adjudicada”.
Para
que quede más clara la verdad de Andrade: “…se corrobora que no hubo ninguna
participación del Licenciado Enrique Peña Nieto en el otorgamiento de los
contratos, con las declaraciones de los 111 (ciento once) servidores públicos
que participaron en los procesos de contratación, lo que tiene el valor
probatorio a que se refiere el Código Federal de Procedimientos Civiles de
aplicación supletoria en términos del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos… El Presidente de la República no
intervino en ningún proceso de contratación. Por tanto, no era jurídicamente
posible que se excusara de intervenir en los mismos, ya que dichos procesos no
forman parte de sus atribuciones constitucionales y legales”.
Mejor
ahí le paro, si desea leer el increíble documento de la investigación de
Virgilio Andrade, aquí está.
La
verdad de Peña no convence a nadie, sus disculpas, menos. A ver si el nuevo
legislativo con la “nueva” oposición, se atreve a investigar en una comisión
anticorrupción, en una comisión especial, o alguna relacionada con la
investigación de tráfico de influencias, y que de ahí salgan elementos para una
averiguación ministerial que acaso, pueda llegar al ámbito judicial. Porque tal
parece que en el México que Peña mal gobierna entre el deber y el haber hay un
abismo al que nadie se asoma.
(SEMANARIO
ZETA/ Adela Navarro Bello / Fotos. Internet/
26 de Agosto del 2015 a las 19:44:06)
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