MÉXICO,
D.F. (apro).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizará las
participaciones federales de los estados y el actuar de gobernadores,
servidores públicos y particulares para sancionar y desalentar la corrupción,
conflicto de interés o tráfico de influencias, sin embargo, la figura
presidencial seguirá considerándose intocable e incapaz de cometer un ilícito.
Por
mayoría de votos y con solo un voto en contra y una abstención, la Comisión de
Puntos Constitucionales aprobó el dictamen que crea el Sistema Nacional
Anticorrupción, mismo que se votará este jueves 26 en el pleno de San Lázaro.
Al
fijar la posición del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza aclaró que su partido
no está de acuerdo en dos aspectos, pero reconoció que “la terca realidad nos
lleva a estas definiciones (a aceptarlas). Y las mencionó: la ratificación del
titular de la Secretaría de la Función Pública a través del Senado y abrir las
cuentas de los gobiernos de los estados para que la ASF audite el destino de
las participaciones federales.
“No
sé si la ratificación del Senado le dará mayor fortaleza al titular de la
Función Pública… pero se acepta. Probablemente tampoco estemos a favor de que
las participaciones federales se deban auditar… pero la terca realidad nos
lleva a estas definiciones”, admitió De la Garza, quien subrepticiamente
criticó al Senado y alabó a Enrique Peña Nieto.
Aunque
De la Garza ensalzó a la sociedad civil y dijo que el dictamen es producto de
ella, recordó que fue Peña Nieto quien en su campaña ofreció una fiscalía
anticorrupción, pero que el documento elaborado y aprobado por el Senado de la
República no sólo no llevaba las propuestas de la sociedad civil, sino que
además planteaba un “ente con poca eficacia”.
Por
ello es mejor este Sistema Nacional Anticorrupción, presumió. Luego urgió al
Senado a aprobar este tema, el de la fiscalía anticorrupción.
¿Y EL PRESIDENTE?
Uno
de los artículos con más cambios en el dictamen es el 79. En él se establecen
las facultades de la ASF, entre las que destaca el poder fiscalizar 98% de los
recursos que llegan a los estados a través de las llamadas “participaciones
federales”.
El
PAN, que finalmente cedió a que se auditen luego de poner algunos candados,
como por ejemplo que ello se haga “en coordinación con las entidades locales de
fiscalización o de manera directa” con el fin de evitar eventuales golpeteos
políticos.
Luego
de que los representantes de todos los partidos presumieran como propios los
avances en el dictamen anticorrupción, Ricardo Mejía, vicepresidente de
Movimiento Ciudadano (MC), criticó el sistema referido.
Y
aunque reconoció avances al dotar de más facultades a la ASF, cuestionó que
magistrados del Tribunal de Cuentas, el propio auditor superior o el fiscal
anticorrupción deben tener “la bendición, o de Los Pinos o de los
legisladores”.
Y
es que todas estas figuras serán propuestas por el Ejecutivo pero ratificadas
por el Senado. Mejía Berdeja recordó que quienes ayer crearon y festinaron la
creación del Instituto Nacional Electoral (INE), son hoy los siete partidos
políticos que se levantaron de la mesa por el ‘agandalle’ PRI-PVEM.
“Por
eso insisto en que lo de la ASF está muy bien… pero presentar el dictamen como
un ‘sistema’ ¡es un exceso!, pues el resto de las instancias involucradas tiene
la bendición, o de Los Pinos o de los legisladores”, fustigó.
Luego
soltó: “Esta bien fiscalizar las participaciones federales que se entregan a
los estados, pero quién fiscaliza al presidente de la República, su actuar
sigue en la impunidad. No se precisa el conflicto de interés, y yo pregunto a
la oposición, ¿qué pasó con la investigación de la Casa Blanca, la comisión de
la cámara que se crearía?”
Machacó:
“No puede hablarse de un sistema anticorrupción cuando el gran corruptor que es
el presidente de la República sigue en la impunidad”.
El
sistema nacional anticorrupción se votará en el pleno de San Lázaro este jueves
26.
(PROCESO/
JESUSA CERVANTES/ 25 DE FEBRERO DE 2015)
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