La
principal línea de investigación de la Procuraduría General de Justicia del
Estado sobre el robo de 3 millones 130 mil pesos, apunta hacia el tesorero,
Gerardo Manríquez Amador, y el comisario de la policía municipal de Los Cabos,
Guillermo Marrón Rosas
San
José del Cabo, Baja California Sur.- Las primeras indagatorias de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) -tras el millonario robo en
la sede del palacio municipal del XI Ayuntamiento de Los Cabos-, apuntan hacía
dos de los principales hombres de confianza del alcalde José Antonio Agúndez
Montaño.
Se
trata del tesorero Gerardo Manríquez Amador, y del comisario de la Dirección de
Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Guillermo Marrón
Rosas, quienes –según las primeras
investigaciones oficiales- son quienes deben responder por el atraco cometido
la madrugada del 1 de febrero cuando un comando de presuntos delincuentes entró
al gobierno municipal y se llevó alrededor de 3 millones 130 mil pesos en
efectivo que estaban resguardados en dos cajas de seguridad en el área de
Recaudación y Nómina de la Tesorería.
La
PGJE indica que los ladrones poseían información que solo el tesorero municipal
y sus principales colaboradores, Susana Burgoin Amézquita, Ana Luisa Guluarte
Arista y Héctor de Jesús Olmos, directores de Ingresos, Contabilidad y Egresos
y Recursos Financieros, respectivamente, conocían sobre la existencia y
ubicación de las cajas fuertes donde fue resguardado el dinero que se recaudó
el 31 de enero en el marco del último día del programa de descuento del 15 y 20
por ciento en el pago del Impuesto Predial.
Los
delincuentes tuvieron todo a su favor para perpetrar el millonario hurto, y ser
muy precisos en el golpe, porque cuando habían ingresado dentro de la sede
gubernamental, el comandante de guardia nocturna, Jesús Leyva Valenzuela,
ordenó sospechosamente un operativo y distrajo la atención de las únicas dos
patrullas de la zona centro que cuidaban la seguridad de la oficina del
gobierno en el Sector Uno.
Peor
aún. La versión del único policía de guardia de la sede del palacio municipal
de Los Cabos, Raúl Orozco Martínez, supuestamente sometido por los malhechores,
resulta inverosímil, sobre todo porque cuando escuchó los primeros ruidos, y
estando a casi 30 metros de distancia por donde supuestamente entraron los
ladrones, hizo absolutamente nada para detenerlos, a pesar de traer consigo un
radio de comunicación y una pistola abastecida calibre 9 milímetros y,
sospechosamente, se dejó someter de manera rápida sin oponer ningún tipo de
resistencia.
Según
su declaración ministerial las marcas de los supuestos golpes que recibió de
los delincuentes en la mejilla izquierda y derecha y los rodillazos en la
espalda, no aparecieron por ningún lado.
Físicamente,
y de acuerdo al dictamen medico, no presenta rastros de hematomas, por lo
tanto, “nunca hubo tal golpiza”.
Por
el contrario, cuando el atraco estaba en proceso el policía conocido como
“Tatu”, salió del palacio municipal alrededor de las 3:45 de la madrugada, y
cuando pasó una de las dos patrullas del Sector Uno, reportó “sin novedad”.
Después
de 22 minutos, tras la supuesta fuga de los ladrones, finalmente informó sobre
el millonario robo; el primero en llegar casualmente fue el comandante de la
guardia nocturna, Jesús Leyva Valenzuela, a bordo de la patrulla DST-1003, en
compañía del agente Paúl Portal.
Con
toda esta información, la PGJE inició la averiguación previa SJC/84/TUR/2015
con información de que “el caso del atraco fue planeado desde la tesorería,
porque solo el titular y su gente sabían de la existencia de las cajas fuertes,
y protegido desde la policía municipal, porque siendo responsable de la
seguridad, ofreció todo tipo de facilidades a los delincuentes para que
pudieran consumar el millonario robo”.
Un
colaborador cercano dijo que José Antonio Agúndez Montaño “tiene la certeza que
el golpe financiero fue planeado desde la tesorería y la policía municipal
porque estuvo tan bien sincronizado que no hubo fallas y tampoco se
equivocaron”.
El
multimillonario robo políticamente es un golpe muy fuerte para el edil cabeño,
que va de salida. También lacera las aspiraciones de su hermano, Narciso
Agúndez Montaño, quien busca sucederlo en el cargo, después de haber gobernado
por 16 años este destino de playa.
La
peor parte de este latrocinio la están llevando en este momento los Agúndez,
porque –según el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos,
Julio Castillo Gómez— “es un hecho vergonzoso”, el robo más grande de la
historia de este destino de playa por el monto del dinero en efectivo sustraído
por encima incluso de asaltos en bancos, tiendas departamentales y gasolineras.
EL ROBO
La
primera noticia que se tuvo sobre el millonario robo fue alrededor de las 4:07
de la madrugada del pasado primero de febrero, cuando el agente y único guardia
de seguridad de la sede del gobierno municipal, Raúl Orozco Martínez, reportó
el atraco y solicitó el apoyo de todas las unidades de la policía municipal de
Los Cabos.
Los
primeros en llegar –según el parte informativo de la policía—fueron los
siguientes:
1.- El comandante de la guardia
nocturna, Jesús Leyva Valenzuela, y el agente, Paúl Portal, a bordo de la
patrulla DST-1003.
2.- El comandante Alberto Burgoin, y el
agente, Evelia Robles, a bordo de la patrulla DST 844.
3.- Los agentes Julio Castillo y Daniel
Coronado, a bordo de la patrulla DST-862.
4.- Los agentes Rolando Duntón Díaz y
Antolín Cota, a bordo de la patrulla DST-978.
El
policía relató a sus compañeros que alrededor de las 3:20 de la madrugada, tres
sujetos cubiertos del rostro con pasamontañas, entraron corriendo por la puerta
lateral del palacio municipal, localizada en la calle Manuel Doblado en la
colonia Centro de San José del Cabo.
El
agente de 50 años de edad se dijo sorprendido y expuso que “uno de los tres
sujetos le apuntó con una pistola e inmediatamente lo sometieron y le amarraron
las manos con un cincho de plástico por la parte de la espalda, después de
desarmarlo”.
Los
delincuentes “le apuntaron en la cabeza”, le dijeron que “era un asalto” y que
venían a robar el dinero, llevándolo con ellos a todos los lugares donde
destrozaron los cajones de los muebles y sacaron el dinero de las cajas fuertes
para echarlo en una mochila deportiva de color negro y en un costal tipo
harinero.
Los
hampones “tenían acento sinaloense” y portaban chamarras tipo sudadera, una
azul marino con manga gris, otra azul entero y otra azul cielo; además traían
guantes de tela tipo jardinero.
El
agente dijo que después del atraco lo sujetaron con cinta color gris en las
piernas, y lo tiraron al piso. Posteriormente, “como pudo se liberó” y reportó
el suceso por su radio.
Sin
embargo, los agentes de investigación de la Policía Ministerial del Estado,
llegaron a la escena del robo hasta las 5:30 de la madrugada, y quienes
acordonaron la zona y no permitieron el acceso a nadie.
Los
investigadores encontraron el arma del policía, una pistola marca Smith and
Wensson, calibre 9 milímetros y número
de serie TAM 7152 en la jardinera de un ciruelo localizado frente a la oficina
de Recaudación de la Tesorería y 28 cartuchos útiles regados por todos lados.
La
puerta lateral del palacio municipal, utilizada como acceso de servicio, estaba
todavía abierta, por donde se presume entraron y salieron los presuntos
delincuentes.
EL RELATO DE LOS HECHOS
En
su declaración preparatoria, el policía Raúl Orozco Martínez dijo que el día
del atraco se había presentado a laborar alrededor de las 4:00 de la tarde, y
donde estuvo platicando con su compañero, Eulogio Olivas, hasta entrada las
9:00 de la anoche, cuando se retiro y cerró la puerta de la sede gubernamental,
la cual no atracó porque era muy temprano.
El
oficial expuso que se fue al área donde está instalado un cajero automático,
donde estuvo sentado checando su computadora laptop hasta la una y media de la
madrugada, cuando la apagó, fue y la resguardó donde comúnmente guardan sus
cosas personales.
Comentó
que acomodó la silla a un lado del cajero, y poco antes de las 3:00 de la
madrugada de ese día, escuchó por radio un reporte que había una riña en el bar
“Ay Ay Ay”, localizado a media cuadra de la sede gubernamental y estaban
solicitado el apoyo de patrullas.
“En
eso salí y emparejé la puerta por afuera, y caminé treinta metros hacía donde
estaban las patrullas, y ya que se llevaron a un detenido de ese lugar, y se
retiraron las patrullas, me regresé al interior del palacio municipal”,
declaró.
Dijo
que habrían pasado unos 15 minutos, cuando “escuché un ruido en la parte
posterior del palacio municipal”, es decir, por la calle Manuel Doblado,
particularmente en un portón por donde se saca la basura, y no le tomé
importancia porque ahí siempre se escuchan muchos ruidos.
“Fue
cuando en ese momento de esa parte salieron tres tipos con capucha, y antes de
llegar a donde yo estaba, el que iba hasta adelante me dijo ¡no te muevas hijo
de tu puta madre!”, explicó y opinó: “Yo creo que se metieron al palacio
municipal, cuando yo salí, me pusieron una pistola en la sien del lado
izquierdo, y otro de ellos me sacó el arma que traía yo y el cargador extra que
traigo”.
El
policía dijo que lo primero que le preguntaron era “¿dónde está la caja
fuerte?”, y les contesté que no sabía, porque yo nunca había entrado a ese
lugar, y me quitó la pistola y me dijo “no te hagas pendejo” y “vamos a
buscarla hasta que la encontremos”.
El
guardia de seguridad señaló que de inmediato lo jalaron de la chamarra, y lo
primero que hicieron fue llevarlo a la parte de la tesorería sin dejar de
apuntarle con un arma en la nuca, y uno de ellos traía una barra de metal como
de 80 centímetros con una punta plana y empezaron abrir todas las puertas hasta
que encontraron donde está la caja fuerte, la cual estaba en una oficina
chiquita en el área de Nómina, y le empezaron a sacar un marco de madera que
tenía porque estaba incrustada en la pared, y cuando lograron botarla fueron y
la llevaron hasta el área de caja general, donde hacen los cheques y pago de
proveedores y ahí la voltearon con la puerta para arriba.
El
agente policiaco dijo que los malhechores traían arrastrando un costal
harinero, del cual sacaron dos tanques pequeños, como de un metro, con una
manguera verde y una roja y un soplete, y empezaron a sopetear las bisagras de
la caja fuerte; cuando terminaron le
hicieron palanca con una barra de metal que traían hasta que le quitaron las
dos puertas que tenía, de ahí sacaron varias bolsas de papel color manila, y
otras bolsas transparentes, y las echaron en una maleta negra que traían.
Los
delincuentes ya se iban –según el guardia—y empezaron a discutir entre ellos y
expusieron textualmente que “ni el trabajo que hicimos porque no había nada”,
echando agua a la caja para apagar el rojo vivo del metal.
Cuando
se retiraban –de acuerdo al policía—“uno se resbaló con el agua que había
tirado, y estiró la mano y movió por accidente un mueble de la misma oficina, y
vieron que había otra caja fuerte, y quitaron el mueble, y le dieron vuela a
esa otra caja fuerte e hicieron la misma operación, y sacaron otro sobre
manila, algunos traían documentos, otros traían cheques y otros dinero en
efectivo, y un maletín negro que estaba lleno de dinero, y lo vaciaron en la
maleta que llevaban”.
El
agente policiaco expuso que cuando los delincuentes ya se iban, el del soplete
me dice “párate” y “ven para acá”, cuando estaba sentado en una silla de color
rojo, me pega una cachetada en la mejilla izquierda, me dijo no te muevas, sacó
un cinto de plástico como de 80 o 90 centímetros y me lo puso en las manos y
una cinta gris, y me dijeron sabemos dónde vives y te tenemos ubicado, y me
venda los ojos y me golpea con la rodilla en la espalda y me pega unas
cachetadas en la mejilla derecha y me dice gracias a tus compañeros, y se sale
del palacio municipal por la parte de atrás.
Finalmente,
el policía dijo que cuando los delincuentes huyeron, “me volteé boca arriba y
traté de sentarme, y ya que estuve sentado me quité un zapato, y luego el otro,
y arrastrándome salí de la oficina donde estaba encerrado y empecé a mover
recio los pies hasta que aflojé la cinta, y ya cuando me logré zafar me empecé
a jalar los brazos, y logré zafarme un brazo, corrí hacia donde estaba tirado
el radio, y le hablé a la patrulla, hasta donde llegaron varias”.
LA POSTURA OFICIAL
Sobre
estos hechos, el tesorero del XI Ayuntamiento de Los Cabos, Gerardo Manríquez
Amador, no descartó que algún servidor público pudiera estar involucrado, sobre
todo cuando el atraco fue muy preciso y
violento.
“No
se descarta nada”, dijo textualmente y lamentó que la delincuencia haya tocado
esta vez a la sede del palacio municipal de este destino de playa.
Durante
una entrevista con ZETA, el responsable de las finanzas municipales, de
inmediato se justificó de “no haber depositado el dinero de los contribuyentes”
porque –según dijo—“el horario fue ampliado en los últimos tres días de la
campaña de descuento, es decir, jueves, viernes y sábado hasta las 6 de la
tarde, y derivado del horario ya no se pudo depositar el dinero en el banco y
se guardó en las cajas fuertes”.
El
funcionario comentó que las cajas recaudadoras cerraron a las 6:00 de la tarde
y todavía se tuvieron que esperar a los cortes de caja y a la elaboración del
informe correspondiente, terminando el sábado hasta muy tarde.
Acompañado
del secretario general del XI Ayuntamiento, Enrique Pascal Navarro, y de las
directoras de Ingresos y de Contabilidad, Susana Burgoin Amézquita y Ana Luisa
Guluarte Arista, respectivamente, así como del director de Comunicación Social,
Jorge Castañeda, señaló que la normatividad marca que el dinero recaudado por
concepto del pago de impuestos y derechos, debe depositarse al día siguiente en
el banco.
Sin
embargo, como el sábado y el domingo eran días inhábiles, y el lunes era
festivo, se pretendía depositar hasta el martes, por lo tanto, el dinero de los
impuestos se guardó en las cajas fuertes de recaudación y de nómina.
El
funcionario confirmó que el robo ascendió a 3 millones 130 mil pesos –según el
análisis y la revisión de los cortes de caja—, de los cuales 2 millones 130 mil
pesos eran de impuestos recaudados y alrededor de un millón de pesos pertenecía
a la nómina que se pretendía pagar el martes a 150 de 300 trabajadores que
rayan en efectivo.
No
supo explicar cómo y porqué esos empleados cobran su dinero en efectivo, cuando
la mayoría de los trabajadores reciben su sueldo cada quincena a través de
transferencia bancaria.
El
tesorero Gerardo Manríquez Amador rechazó que los ladrones se hayan llevado
documentación oficial, tal y como ha salido en algunos medios, y lo único que
se robaron fue dinero en efectivo.
La
sede del palacio municipal carece de cámaras de seguridad por dentro y fuera,
lo que había complicado hasta el pasado 4 de febrero la ubicación física de los
presuntos ladrones.
-
¿No es una incongruencia que el alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez,
anuncie que pusieron una cámara de seguridad aquí y otra allá, y el propio
gobierno, carezca de esta herramienta de seguridad?, se le preguntó.
“Pues
sí. Créame y es algo a lo que debemos poner atención, derivado de los hechos y
tenemos que reforzar la seguridad”.
Finalmente,
dijo que ya está en proceso de compra un equipo de cámaras de seguridad, como
parte de las medidas correctivas, donde también se está contemplado la
contratación de una compañía especializada en el manejo y traslado de valores y
evitar otro asalto de ese tipo.
LAS CONTRADICCIONES
El
caso del millonario robo tiene sumido en un torbellino político principalmente
al alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, y su hermano, Narciso, y
quien pretende sucederlo en el poder.
Los
dos, a partir del robo con violencia, son prácticamente los principales
protagonistas en todas las redes sociales, con todo tipo de memes y caricaturas
sobre este atraco que políticamente es un golpe bajo por extraer ilícitamente
dinero del erario público.
Casi
por nada, y según datos recabados por ZETA, el propio alcalde ordenó una
investigación paralela a la contraloría municipal de Los Cabos, y solicitó a la
PGJE ir hasta el fondo y deslindar responsabilidades penales en contra de los
presuntos responsables.
De
hecho, al cierre de esta edición, el edil José Antonio Agúndez había solicitado
la renuncia del tesorero Gerardo Manríquez Amador y del comisario de la
Dirección de la Policía Municipal, Seguridad Pública y Transito Municipal,
Guillermo Marrón Rosas, como un paso importante para no entorpecer las
investigaciones.
Y
es que –según los agentes de investigación—, el caso del millonario robo está
plagado de contradicciones, las cuales se están investigando. Por citar algunos
ejemplos:
1.- El guardia de seguridad, Raúl Orozco
Martínez, dijo en el parte informativo elaborado por sus propios compañeros que
los delincuentes entraron corriendo, cuando en su declaración ministerial
expuso que llevaban cargado un saco harinero con taques y mangueras del
soplete.
2.- El policía aseguró que fue golpeado,
pero no presenta hematomas en la cara y la espalda.
3.- Expresó que estaba sentado a un
costado del cajero de Banamex y la silla en la que dijo estar fue encontrada
afuera de la oficina del tesorero.
4.- Expuso que los ladrones entraron por
la puerta de enfrente cuando salió a ver el pleito del bar “Ay Ay Ay”, y
contradictoriamente expuso que entraron y salieron por la puerta de atrás.
5.- En su declaración ministerial, dijo
que uno de los delincuentes se había resbalado con el agua que había echado a
la primera caja de seguridad sopletada, cuando una caja de la otra, estaban en
dos oficinas diferentes.
La
versión del policía –según su declaración ministerial—, contraviene la del
propio tesorero Gerardo Manríquez Amador, porque mientras el guardia de
seguridad dijo que en una caja de seguridad no había nada, el responsable de
finanzas expuso a ZETA que en una había alrededor de un millón de pesos y en
otra 2 millones 130 mil pesos.
Total,
ninguno se pone de acuerdo, y en las primeras investigaciones comenzaron a caer
en contradicciones.
Ni
el tesorero sabe qué hacía un millón de pesos en efectivo para el supuesto pago
de nómina de trabajadores, los cuales sospechosamente no se presentaron a
cobrar en la quincena, a sabiendas de que sería fin de semana largo por el
puente vacacional, y donde el oficial mayor, Edilberto Graciano Chávez, como
responsable de Recursos Humanos, no quiso aclarar el trabajo que hacen los 300
supuestos trabajadores, los cuales están en una lista de raya y reciben su pago
en efectivo.
(SEMANARIO ZETA BCS/ REPORTAJEZ BCS /Gerardo
Zúñiga Pacheco/ 10 de Febrero del 2015 a las 12:00:00)
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