Se elimina la información sobre
“sueldos, honorarios de servidores públicos”
Solo con mayoría calificada los
comisionados del IFAI podrán interponer acciones de inconstitucionalidad y
controversias constitucionales
Se reservarían los nombres de los
contribuyentes perdonados por el Fisco
Propone que la “autoridad competente”
emita una opinión previa para eliminar la excepción a las reservas de
información, incluso en caso de una violación a derechos humanos
México,
D. F.- La intromisión del presidente Enrique Peña Nieto en la aprobación de la
reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en el
Senado, se dio en forma de un memorándum de su Consejería Jurídica. Estas 81
modificaciones implican un severo retroceso, advierten legisladores de
oposición y organismos de la sociedad civil.
El
documento plantea regresiones en materia de fideicomisos, versiones públicas de
declaraciones patrimoniales y en la publicación de personas y empresas
beneficiadas con condonaciones fiscales, en un momento en que recién se
descubrieron propiedades millonarias de Peña Nieto a través de empresas
contratadas por su gobierno.
“Hoy
tenemos que pedir los mexicanos a las autoridades que sean transparentes, los
casos de enriquecimiento inexplicable de muchas de nuestras autoridades, deben
ser esclarecidos”, dijo Francisco Rivas, director general de Observatorio
Nacional Ciudadano, en entrevista con ZETA.
“En
mal momento Peña Nieto envía un proyecto como éste, como si su imagen estuviera
muy fortalecida en términos democráticos o transparentes. En medio de una corrupción
que lo enloda y frente a la mayor debilidad de imagen pública que ha tenido un
presidente”, consideró el senador Javier Corral.
También
denunció es “un planteamiento perverso, hay una visión y concepción
profundamente autoritaria en este documento del Ejecutivo”.
De
acuerdo al legislador, la propuesta resulta “preocupante porque además de
constituir una cabal radiografía del gobierno actual, muestra las intenciones
del presidente de la República de retroceder en un derecho conquistado por la
sociedad mexicana”.
NEGOCIACIONES EN LO “OSCURITO”
Los
senadores Marcela Torres, Javier Corral, Ernesto Ruffo Appel y Víctor
Hermosillo, en representación del grupo parlamentario del PAN, denunciaron el
ambiente de secrecía en que se desarrolla la etapa final de discusión de la
reforma.
“Es
paradójico que la Ley General de Transparencia se esté discutiendo ahora en la
opacidad. Estamos dañando la esencia misma de la Ley al cerrar a la ciudadanía
y no hacer públicas las posturas de diversos organismos que se verán afectados
con esta Ley”, señaló la senadora panista Marcela Torres.
El
7 febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto
para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información. A partir de entonces, se estableció un plazo de un
año para que estas modificaciones fueran aprobadas por los legisladores.
A
más de un año, la discusión sigue estancada. En un principio, se invitó a la
sociedad civil a participar en mesas de trabajo que constituían un “parlamento
abierto”. Según la organización civil Artículo 19, sumaron 200 horas de
discusión entre asociaciones y legisladores para llegar a una iniciativa.
Sin
embargo, en el proceso final ya no tuvieron participación estas organizaciones.
“Inexplicablemente, en este tramo final se está cerrando (la participación
ciudadana)”, comentó la senadora Marcela Torres.
Por
su parte, el senador Corral advirtió “ese documento ha sido material de
análisis privados, a las cuales ya no se ha convocado a las organizaciones de
la sociedad civil”.
También
acusó que la Comisión de Gobernación no ha sido convocada para la discusión y
análisis de esta reforma. Lo cual sugiere un escenario de negociaciones
ocultas.
Por
lo que el grupo parlamentario del PAN solicitó “todas y cada una de las
sesiones de discusión sobre la Ley de Transparencia, sean transmitidas por el
Canal del Congreso de la Unión.
Ya
que consideran “un contrasentido discutir leyes de transparencia en la
oscuridad. Creemos que orear este debate, transparentar las posturas, exhibir
las posiciones de cada quien va a contribuir a un mejor instrumento
legislativo”, señaló el senador Javier Corral.
Entre
las principales modificaciones propuestas por el Consejero Jurídico de la
Presidencia de la República, están las siguientes:
MENOS ATRIBUCIONES PARA EL IFAI
Con
este cambio al artículo 40, solo mediante mayoría calificada los comisionados
del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) podrán interponer
acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
“Sabe
que pueda hacer avanzar regresiones en la Ley Secundaria, contradicciones
constitucionales y a la vez, está buscando impedirle al órgano regulador (IFAI)
que pueda impugnar estas regresiones por la vía de la mayoría simple”, explicó
el senador Corral.
Para
el legislador, “es una vergüenza que el consejero jurídico de la presidencia
esté planteando mayoría calificada para el proceso de impugnaciones a través de
acciones de inconstitucionalidad o de controversia al IFAI”.
SANCIONES, SIEMPRE NO
En
el proyecto de reforma a la Ley de Transparencia se le otorgaba al IFAI la
facultad de sancionar a aquellos sujetos obligados quienes incumplieran con la
entrega de información. Sin embargo, la Presidencia solicitó modificar este criterio
por el de “medidas de apremio”.
Más
protección a servidores públicos.
Uno
de los capítulos con mayores modificaciones realizadas por el Ejecutivo es el
correspondiente a las obligaciones de Transparencia. Del artículo 70, se
elimina la información correspondiente a “sueldos, honorarios” de servidores
públicos. Ni siquiera se permitiría la información correspondiente a
trabajadores sindicalizados ni los resultados de las evaluaciones de desempeño.
… Y A CONDONADOS FISCALES
La
propuesta de la Presidencia de la República propone reemplazar “los listados de
las personas que han recibido exenciones, cancelaciones y condonaciones en
materia tributaria, vinculando nombre y monto” por simple “información y
estadística de los casos”.
De
esta forma, se reservarían los nombres de aquellos perdonados por el Fisco.
CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
De
acuerdo al artículo 100 de la Ley de Transparencia; “El Comité de Transparencia
será responsable de aprobar la clasificación de la información a propuesta del
titular del área”, pero la propuesta del Ejecutivo transfiere esta
responsabilidad a “los titulares de las áreas de los sujetos obligados”.
Si
bien se reserva “información cuya publicación pueda ocasionar la destrucción o
inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión
de bienes o servicios públicos o puedan dañar la estabilidad monetaria”, la
propuesta de Presidencia agrega “estabilidad financiera, económica o monetaria”
o “afecte la recaudación de contribuciones”.
Además,
busca utilizar “la seguridad nacional” como una razón para negar información
cuando “su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable”.
En
este apartado, el Ejecutivo propone la eliminación de la prueba de daño. Es
decir, la obligación de la autoridad competente de explicar o justificar en qué
radica el daño al interés de la sociedad o a la seguridad nacional.
“La
prueba de daño fue uno de los grandes avances que se plantearon en la
iniciativa plural presentada en el Senado, el hecho de obligar a los sujetos a
realizarla al momento de clasificar la información constituye una medida que
limita el recurrente uso de la (errónea) reserva de información para no
entregar la información al solicitante”, reviró el grupo parlamentario del PAN.
OTRO GOLPE A LOS DERECHOS HUMANOS
Actualmente,
la información marcada como “reservada”, puede ser desclasificada cuando se
trata de violaciones graves a derechos humanos. Sin embargo el Ejecutivo
devuelve esta decisión a la “autoridad competente”, es decir a la encargada de
la investigación del hecho, como podría ser el caso de la PGR.
“Es
una de las más graves regresiones planteadas. Lo que proponen es que haya una
especie de opinión previa de la autoridad competente para eliminar esta
excepción a las reservas de información”, explicó el senador Javier Corral.
Al
respecto, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano
de Seguridad, Justicia y Legalidad, lo consideró un cambio “fuera de medida” y
sin explicación. “Es la que debe ser transparentada más que ninguna otra. Más
ahora que nos estamos dando cuenta que nuestras autoridades están fallando (en
esa materia) y hay que tener una solución inmediata”.
¿CONSEJERO JURÍDICO DE EPN O ASESOR DE
SENADORES PRIISTAS?
No
es la primera vez que Humberto Castillejos actúa como mensajero de Enrique Peña
Nieto para intervenir en las reformas que se discuten en el Senado, acusó el
senador panista Javier Corral.
“¿El
Consejero Jurídico de la Presidencia de la República puede dejar de serlo en
algún momento…puede venir al Congreso de la Unión a presentar documentos
informales o documentos oficiales? Para mí, el documento entregado por
Castillejos es el documento de Peña Nieto porque no creo que Castillejos deje
de ser consejero jurídico en ciertos momentos y venga aquí como un asesor del
PRI. Así se comporta, pero no lo es”.
Recordó
que el mismo mecanismo se utilizó durante la reforma político-electoral, en
telecomunicaciones, en la energética y en la financiera, pero también
responsabilizó al Senado por permitirle la entrada.
Al
respecto, el senador por Baja California, Ernesto Ruffo Appel, opinó “es
lamentable ver que el más alto nivel de la representación de nuestro gobierno,
nos viene con peticiones que regresan las cosas a antes de este momento”.
“SIN INFORMACIÓN, NO VAMOS A PODER
AVANZAR COMO PAÍS”: OBSERVATORIO NACIONAL CIUDADANO
Para
Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, es
visible la mano de la Presidencia en la reforma a la Ley de Transparencia para
hacer “cambios importantes que no permiten tener la misma capacidad de acceso
que podíamos tener”.
“Viene
con mucho retroceso algo tan positivo que es que México cuente con instrumentos
para tener mayor información sobre lo que hace el gobierno”, detalló en
entrevista.
Si
bien consideró que el tema de transparencia es una línea delgada, estimó que la
autoridad no debe sentirse amenazada ni invadida cuando la ciudadanía le exige
cuentas. “Si deciden ser autoridad en este país y que su trabajo se vea
reflejado en la administración pública, también deben asumir ciertas
responsabilidades y compromisos con todos los gobernados. Su vida pasa a ser
del escrutinio público”.
Por
último, consideró que la propuesta de la Presidencia de la República es un
retroceso para todos los mexicanos, puesto que si no se tiene “información
clara, oportuna y relevante, no vamos a poder avanzar como país”.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ Inés García Ramos / 25
de Febrero del 2015 a las 20:24:00)
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