Cien
millones de dólares en tres años fue la ganancia del Cártel de Sinaloa después
de una triangulación para lavar dinero mediante la compra y reventa de oro. Una
investigación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos infiltró
a una banda delincuencial que adquiría el metal en Chicago con dólares producto
de la venta de drogas, lo revendía en California y Florida, y desde ahí el
efectivo era enviado a México, a las manos del Mayo Zambada…
WASHINGTON
(Proceso).- El gobierno de Estados Unidos desmanteló una red mexicana de lavado
de dinero la cual, mediante la compra y reventa de oro, en tres años envió a
México más de 100 millones de dólares, cuyo beneficiario final fue el Cártel de
Sinaloa.
Ante
la Corte Federal del Distrito Norte en Chicago, el Departamento de Seguridad
Nacional (DHS) presentó un encausamiento de 311 páginas en el cual acusa a los
ciudadanos mexicanos Diego Pineda Sánchez, El Botas, y Carlos Parra Pedroza,
Walter, Walt Disney, Don Walt o Ari, de ser cabecillas de una red de lavado de
dinero del narcotráfico, especializada en la compra y reventa de oro.
El
gobierno estadunidense acusa a 32 personas –mexicanos en su mayoría– de
integrar esa red de lavado de dinero que adquiría el oro en el área de la
ciudad de Chicago para después venderlo por medio de empresas dedicadas a la
compra de ese metal en Los Ángeles, California, y en el estado de Florida;
después esas firmas enviaban los dólares a varias cuentas bancarias en México
o, bien, mandaban gente que llevaba grandes cantidades de dinero en efectivo.
“Por
medio de una investigación se descubrió que la organización dirigida por Pineda
Sánchez y Parra Pedroza se encargaba de que los integrantes de su agrupación
criminal basada en Estados Unidos recolectara dinero procedente de la venta de
narcóticos a través de varios narcotraficantes y manejadores de dinero, para
utilizar esos fondos en la compra de joyas y piezas finas de oro en tiendas
ubicadas en el área de Chicago.
“Después,
por medio de servicios de paquetería enviaban las joyas y las piezas de oro a
otras tiendas dedicadas a la compra de joyas y cedacería de oro, las cuales
pagaban a los lavadores de dinero en dólares, que después eran transferidos a
México”, se lee en el larguísimo expediente judicial cuya copia consultó
Proceso.
Jill
N. Dennewitz, agente federal especializado en temas de lavado de dinero y
narcotráfico del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) del DHS, quien llevó a
cabo la investigación, entregó al juez federal Daniel G. Martin un recuento
detallado de la manera de operar de la agrupación de Pineda y Parra, a la que
en el encauzamiento identifican con las iniciales MLO (money laundering
organization).
Con
ayuda de informantes infiltrados en la MLO, la intercepción de conversaciones y
mensajes de texto y la grabación de pláticas entre los integrantes de la banda
delincuencial, Dennewitz pudo sustentar la siguiente conclusión ante el juez
Martin: “Pineda Sánchez, Parra Pedroza y los otros involucrados lavaron más de
100 millones de dólares procedentes de la venta de narcóticos desde agosto de
2011 hasta septiembre de 2014 para el Cártel de Sinaloa”.
El
agente le explica al juez que entre los cárteles del narcotráfico mexicano es
muy común el lavado de dinero por medio de la compra de joyas o metales
preciosos, especialmente oro.
Como
ejemplo de estas prácticas ilícitas se citan las operaciones de los cárteles de
Sinaloa, Juárez, del Golfo, Nueva Generación, así como La Familia Michoacana y
Los Caballeros Templarios.
“Este
caso se refiere a que el lavado de dinero por medio de la compra y reventa de
oro por parte de la MLO, se llevaba a cabo a nombre del Cártel de Sinaloa”,
puntualiza el encauzamiento sobre los más de 100 millones de dólares enviados
desde Estados Unidos a la agrupación que encabeza Ismael El Mayo Zambada
García.
En
el inciso del expediente judicial titulado Hechos para respaldar la causa
probable, Dennewitz revela al juez que utilizó a dos informantes a quienes
infiltró en la MLO; gracias a ellos pudo conseguir grabaciones sobre los
métodos y estrategias que facilitaron las operaciones de lavado de dinero.
A
sus informantes, Dennewitz en el encauzamiento judicial los identifica
simplemente como C1 y C2.
“Bajo
las órdenes de Parra Pedroza, C1 y C2 recibían con frecuencia cantidades de
dinero de entre 20 mil y 1.2 millones de dólares (en efectivo) procedentes de
la venta de drogas y de parte de varios narcotraficantes y transportadores de
dinero”, pone como ejemplo.
Como
pago por sus servicios, los informantes CI y C2 percibían ganancias que
oscilaban entre 1 y 2% de cada una de las cantidades en dólares que enviaran
exitosamente a México.
ÓRDENES DE APREHENSIÓN
El
dinero obtenido para comprar el oro en el área de Chicago procedía de la venta
de cocaína, metanfetaminas, mariguana y heroína que el Cártel de Sinaloa,
mediante sus operadores en Estados Unidos; distribuye en los estados de
Illinois, Indiana, Kentucky, Georgia, Carolina del Norte y Ohio, de acuerdo con
lo que se desprende del encauzamiento.
Para
la compra y reventa del oro, la investigación federal asegura que los
dirigentes de la MLO incluso utilizaron el nombre de empresas ficticias, de
entre las cuales destacan dos –Shopping Silver y Shopping S–, por medio de las
cuales se lavaron varias decenas de millones de dólares.
Sólo
entre agosto de 2011 y octubre de 2012 los informantes C1 y C2 “lavaron
aproximadamente unos 23 millones de dólares provenientes de la venta de
narcóticos con la compra y reventa de cedacería de oro”, enfatiza el
expediente, para dar un pequeña muestra de lo lucrativa que es para el Cártel
de Sinaloa la compra de oro en Estados Unidos.
El
agente del ICE señala que las instrucciones que recibía la MLO por parte del
Cártel de Sinaloa establecían como prioridad y preferencia la compra y reventa
de piezas y joyas de oro de 24 quilates, cuyo valor por onza estaba al momento
de concluir la investigación en unos mil 404 dólares.
La
extensión del encauzamiento judicial se debe a que para “amarrar” su caso,
Dennewitz presentó ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois la
transcripción de todas las grabaciones, intercepción de llamadas y mensajes
telefónicos y de correos electrónicos que se hicieron a los 32 acusados y con
las cantidades precisas de dinero que manejaron, las cuales arrojan una
cantidad superior a los 100 millones de dólares.
“Parra
Pedroza contó a C1 y a C2 que los narcotraficantes en México (el Cártel de
Sinaloa) le estaban pidiendo que si el dinero procedente de la compra y reventa
del oro lo podría enviar más al sur de México, a Colombia”, le explica el
agente al juez en el encauzamiento develado en la Corte Federal el lunes 9.
Durante
el desmantelamiento de esta red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa en
Estados Unidos, el Departamento de Justicia sólo pudo confiscar poco más de 4.5
millones de dólares entre varios de los acusados. Incautó además 33 kilos (en
2011) y otros 8.3 kilos de cocaína el 24 de febrero de 2014 y el 30 de
septiembre de 2011, 147 kilos de mariguana.
Bajo
la supervisión del fiscal federal Zachary T. Fardon, el caso ante el juez Martin
mantiene sellados los nombres de las empresas estadunidenses dedicadas a la
compra de oro que fungieron como intermediarias para el envío de dinero a
México, a varias cuentas bancarias identificadas como “del Cártel de Sinaloa”.
En el encauzamiento a las empresas ubicadas en Los Ángeles y Florida, sólo las
identifica como “Refinerías A y B”, respectivamente.
En
la Corte Federal de Distrito Norte de Illinois el documento con el nombre de
las empresas estadunidenses se mantiene “bajo resguardo”, pues el mismo día en
que se dio a conocer el expediente judicial sobre la MLO mexicana en Estados
Unidos, Fardon giró una orden de aprehensión firmada por Martin contra todos
los implicados, así como una orden de confiscación de bienes.
“Se
mantiene bajo custodia del juez el nombre de las empresas porque aún no se han
concretado todos los arrestos ni confiscaciones”, explica una funcionaria de la
Corte Federal en Illinois, quien pidió el anonimato.
La
funcionaria rechazó dar a conocer el nombre de algunos de los acusados que ya
fueron detenidos, y en especial declinó hablar de la situación de Pineda y
Parra.
“En
este caso contamos con la colaboración del gobierno de México, porque varios de
los individuos señalados en el encauzamiento se encuentran en territorio
mexicano”, dijo por su parte un funcionario del Departamento de Justicia, quien
condicionó su platica con Proceso sobre este caso a que no se diera a conocer
su identidad. “Muy pronto habrá noticias de esto. Es una operación de
cooperación con las autoridades mexicanas que sin duda será exitosa”, agregó.
El
encauzamiento 1:15-cr-00061, dado a conocer por órdenes del juez Martin, acusa
de lavado de dinero procedente de la venta de drogas que exporta y trafica el
Cártel de Sinaloa en Estados Unidos, además de los mexicanos Pineda y Parra, a
José Abel Mendoza Parra, María Loera Alvarado, Ernesto Ruiz Ramírez, Mario
Herrera, Anthony Leiva, Teodocio Caro, Luis Reyna Téllez, Héctor Chávez Cuevas,
Juan Carlos Núñez Gálvez, José Sanantonio, Pedro Saucedo Palominos, Omar López
Cabrera, Virgil Durbin, Valentín Rodríguez, Alma Lorena Ortiz de Rosas Vera,
Casimiro Isaías Padilla, Efrén Mota, Félix Lemus Guevara, Pedro Urquiza Osorio,
Luis Armando Acosta Vizcarra, Óscar Montes Lamas, Joel Estrada, Harranah
Samori, Gabriel Salcedo, Tomás Salgado Reyna, Óscar Acosta, Federico Barrera
Pérez, Emmanuel Díaz, José Hernández Ochoa y Alfonso Nevárez.
(PROCESO/
REPORTAJE ESPECIAL/ J. JESÚS ESQUIVEL/ Foto:
AP photo / Mark Wilson /26 DE FEBRERO DE 2015)
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