La elección de José
Antonio García Becerra como presidente del Poder Judicial de Sinaloa marca el
tercer capítulo de una relación entre poderes que se había vuelto tirante desde
la elección a gobernador del 2010, tanto con Mario López Valdez como con su
Secretario de Gobierno, Gerardo Vargas.
El dos de enero de
este 2015, como cada inicio de año, se renovó la presidencia del Supremo
Tribunal de Justicia, pese a iniciativas de reforma que buscan que la elección
sea por cuatro años, como sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como única propuesta y votada por unanimidad se eligió a José Antonio García
Becerra, quien llegó como Magistrado siendo gobernador Jesús Aguilar Padilla,
después de una larga estancia en el Congreso de Sinaloa por cinco legislaturas
en la Secretaría General.
Para el relevo,
Enrique Inzunza Cázarez pidió de entrada ser excluido de cualquier propuesta,
después de presidir cuatro años el Poder Judicial, del 2010 al 2014. Para
muchos abogados que esperaban una nueva reelección, resultó sorpresivo el
resultado.
Pero tal como no
pudo influir el gobernador en el 2011 para la elección del presidente del poder
Judicial, tampoco influyó a su gusto en 2015.
CAPÍTULO UNO
En el largo periodo
de cinco meses entre la elección de julio de 2010 y la toma de protesta, el
gobernador electo fue dejando al último al Poder Judicial. La tradición en
México marcaba y marca la intervención del Ejecutivo en la decisión del titular
del poder Judicial, y obligaba a Mario López a intervenir.
Una tarde del mes de
diciembre de aquel 2010, el gobernador electo invitó a comer a todos los
magistrados a un restaurante de mariscos del malecón nuevo, y aunque no se
trataba de una reunión oficial, era claro que ahí se decidiría el relevo de
Canuto López.
Presidía la mesa
Mario López sentado a la cabecera y alrededor los once magistrados y
magistradas, y a un lado del gobernador electo, quien sin nombramiento aún
seguramente asumiría la Secretaría General de Gobierno, Gerardo Vargas.
Un par de asistentes
definieron aquella reunión como fría y distante en su arranque, por más
cordialidad y ligereza que buscaba imprimirle el gobernador electo. De existir
una foto de aquella primera reunión entre poderes —con todo y que López Valdez
aun no tomaba protesta—, sería notoria la diferencia: los magistrados solemnes
hasta en el vestir, Malova en camisa de manga corta y suelto.
Pero López Valdez no
solo iba a escuchar, ya llevaba una decisión a aquella comida: que Canuto
Alfonso López no continuaría como Presidente del Tribunal de Justicia de
Sinaloa. Lo había tachado en medio de la paranoia de quienes, según él, no
habían apoyado su proyecto opositor. Pero al mismo tiempo, sabía el próximo
gobernador, que no le alcanzaban los votos entre los magistrados del Poder
Judicial para sacar adelante su propuesta, o al menos es lo que decía en
público y en privado el Magistrado Claudio Raymundo Gámez Perea: que él estaría
al frente del Supremo Tribunal de Justicia por su apoyo al coterráneo Malova.
Los platillos se
servían pero la tensión impedía comer. Hablaron un par de Magistrados sobre los
retos en materia de aplicación de justicia, los pendientes del futuro,
especialmente la implementación de la reforma para los juicios orales, y se fue
rompiendo el hielo. Al concluir la reunión-comida, aunque no se tocó la
elección del nuevo presidente de manera directa, ya quedaba claro que si el
gobernador le mandaba un mensaje al poder judicial de descartar a uno de sus
miembros —Canuto López—, a su vez ellos no aceptarían la imposición de otro
—Claudio Gámez—.
Los días pasaron y
unas horas después de rendir protesta como gobernador, el último día del 2010,
Mario López Valdez hizo un recorrido vertiginoso para las tomas de protestas de
los alcaldes de todo el Estado. En el helicóptero de norte a sur, de Los Mochis
a Mazatlán con sus escalas, se hizo acompañar de los representantes de los
otros dos poderes: Cenovio Ruiz del legislativo y Canuto Alfonso López, del
Judicial.
Ruiz Zazueta ya
presidía al legislativo —también con él la química estaba rota— y ahí se
quedaría, pero Canuto López no. Tres días después, el tres de enero de 2011
resultaría electo el más joven de los magistrados, Enrique Inzunza Cázarez, con
dos votos en contra, el del propio Claudio Gámez Perea —que antes ya había
votado en contra de López López— y José Manuel Sánchez Osuna.
CAPÍTULO DOS
El gobernador no
rechazaba a Enrique Inzunza, más aún, él mismo por descarte aceptó que fuera
electo como presidente. Inzunza Cázarez tenía una carrera en el poder Judicial,
donde presidió el Instituto de Capacitación Judicial antes de ser nombrado
Magistrado por el Congreso.
Como Presidente del
Tribunal encabezó las destituciones y demandas penales ante la Procuraduría General
de la República contra miembros del propio poder judicial, entre ellos
actuarios, secretarios, e incluso jueces, por su participación en un desfalco a
la Comisión Federal de Electricidad. El asunto ya estaba encaminado desde la
presidencia de Canuto López. Esos funcionarios del poder judicial habían dado
curso a demandas millonarias por la “servidumbre de paso” de los cables de alta
tensión en predios y parcelas, aun cuando no les competía ni territorial ni
judicialmente.
Pero el gran tema
para el poder judicial seguía siendo la migración al nuevo sistema penal
acusatorio, conocido coloquialmente como Juicios Orales. Sinaloa estaba entre
los estados con mayor retraso en la implementación, peor aún, sin respaldos
presupuestales y ni siquiera las adecuaciones legislativas locales que exigía
la reforma federal.
Y es que pese a los
presupuestos “históricos” que ha logrado Sinaloa, el Poder Judicial no va a la
par con esos incrementos.
Los cinco
presupuestos de la era López Valdez han tenido para el poder judicial un
incremento ligeramente superior a la inflación entre el 2011 y el 2015 que está
por ejercer. De los 382 millones 386 mil 501 del 2011, se pasó a 480 millones
467 mil 349 en el 2015, eso es 25.64 por ciento más en el periodo, apenas 6.4
por ciento anual, cuando la inflación fue en promedio en ese periodo de 5.26
por ciento. Incluso, del 2012 al 2013 el presupuesto se redujo: de 407 millones
914 mil 925 bajó a 403 millones 753 mil 915 pesos. Es decir, pese a la
necesidad de implementar los juicios orales, el Ejecutivo castigó al Judicial
con los presupuestos.
Desde la toma de
protesta del gobernador Malova, coincidente con la de Inzunza Cázarez, se
priorizaba la implementación de los juicios orales, pero solo en el discurso,
porque presupuestalmente en ningún año el Ejecutivo estatal destinó los
recursos correspondientes.
Finalmente, casi al
concluir el 2014, se puso en marcha la primera etapa de los juicios orales en
la zona centro norte de Sinaloa. Se inauguró el Centro de Justicia Penal para
cubrir Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Sinaloa de Leyva y Guasave.
El retraso de
Sinaloa ubica a la entidad con una calificación entre los 4 y 5.9 puntos de 10,
en un ranking elaborado por la Secretaría de Gobernación para medir los avances
en cada entidad en el sistema acusatorio. Eso quiere decir que el Estado va
lento a solo año y medio de que se cumpla el plazo establecido.
CAPÍTULO TRES
Con la señal de los
presupuestos enviada por el Ejecutivo, y con unas relaciones frías entre las
cabezas de los poderes, especialmente después del discurso de Enrique Inzunza
en la ceremonia de traslado de poderes a El Fuerte, en septiembre del año
pasado, el cambio de Presidente en el Poder Judicial para el 2015 estaba
anunciado.
Fuentes cercanas al
despacho de López Valdez aseguran que aquel discurso se interpretó por el
gobernador como con dedicatoria, aunque solo se refería didácticamente al
equilibrio de poderes: “Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no
esté asegurada, ni determinada la división de poderes, carece de Constitución”,
citaría Inzunza la declaración de Universal de los Derechos del Hombre de 1789.
Ya en el último
trimestre del 2014 entre algunos de los 11 magistrados empezó a crecer la
necesidad del relevo de Inzunza Cázarez, pero en una decisión de los propios
Magistrados y no una imposición desde el Ejecutivo.
Así, de manera
natural por sus características, las coincidencias fueron apuntando a José
Antonio García Becerra.
(RIODOCE/ ANDRÉS
VILLARREAL/ 11 ENERO, 2015)
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