En la última
semana los ánimos se exacerbaron en Guerrero. Los padres de los normalistas de
Ayotzinapa, cansados del desdén de las autoridades a su petición de investigar
al Ejército, arremetieron contra las instalaciones del 27 Batallón de
Infantería en Iguala. Ese evento terminó por doblar a las autoridades
federales. El martes 13, el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
se comprometió a abrir las puertas del cuartel a los padres agraviados, e
invitó a la CNDH a acompañarlos. Santiago
Aguirre Espinosa, subdirector del Centro Prodh, dice que el largo historial de
abusos militares obliga a las autoridades civiles, por lo menos, a investigar
al Ejército.
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Las escenas de confrontación entre padres de los normalistas de Ayotzinapa
desaparecidos y soldados el lunes 12 frente a instalaciones del 27 Batallón de
Infantería de Iguala, son muestra de su desesperación por saber dónde están sus
hijos.
El desdén de las
autoridades federales para atender institucionalmente su petición y la negativa
del gobierno de Enrique Peña Nieto a abrir una línea de investigación sobre el
Ejército, alimentó el encono de los padres, sostiene Santiago Aguirre Espinosa,
subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh),
una de las organizaciones que los representan.
“Los papás han
estado insistiendo mucho en este punto (la revisión de los cuarteles) desde
hace tiempo. En ese sentido, lo que pasó el lunes 12 en Iguala se explica
porque no se le ha buscado un cauce institucional a su petición”, comenta
Aguirre Espinosa a Proceso.
Esa inquietud por
buscar a sus hijos en instalaciones militares ha sido una constante, insiste.
El 29 de septiembre, por ejemplo, acudieron al 27 Batallón y preguntaron al
comandante José Rodríguez Pérez sobre la refriega del 26 de septiembre.
El militar les dijo
que se había enterado “al último” y rechazó que los soldados a su cargo
hubieren participado en las detenciones de normalistas o de policías agresores.
Pero los padres no han quitado el dedo del renglón.
El martes 13, en una
reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el
procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, los padres de los
jóvenes desaparecidos lograron el compromiso de las autoridades para ingresar a
instalaciones del 27 Batallón de Infantería. Horas después la invitación se
hizo extensiva al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), Luis Raúl González Pérez.
(Fragmento
del reportaje que se publica en la revista Proceso 1994, ya en circulación)
(PROCESO/
GLORIA LETICIA DÍAZ/ 17 DE ENERO DE 2015)
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