Ante la
propuesta del gobernador Francisco Vega de Lamadrid para reformarla,
sindicalistas de la burocracia y del magisterio empiezan a conocer la dimensión
de la propuesta que rechazan; además, están uniendo fuerzas para responder con
una contrapropuesta. Por lo pronto, se manifiestan frente al Congreso del
Estado, instancia que deberá definir el futuro de la seguridad social para
miles de trabajadores
“Yo aguanto que me
bajen el sueldo, pero solo si se lo baja el gobernador, los diputados, los
funcionarios”, comenta el maestro Aldo Misael Jiménez, del Valle de Mexicali.
Él es parte de las decenas de maestros “jubilables” que se han plantado desde
el lunes 8 de diciembre en las afueras del Congreso del Estado para mostrar su
rechazo a la propuesta para reformar la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California
(ISSSTECALI).
Son maestros de la
Sección 37 que ya rebasaron los 30 años de servicio, pero no han podido
jubilarse. “Cumplo 36 años de servicio el uno de enero”, refiere el profesor, y
quienes lo rodean van por el estilo.
Los manifestantes
critican la propuesta de reforma (a lo que consideran la Ley
Laboral-Educativa), cuestionan la reducción del aguinaldo, los topes
salariales, el golpe para maestros que se han preparado, estudiado, esforzado.
Aseguran que se trata de un plantón “presencial”, pacífico-–sin suspender
clases-, esperaban la llegada de maestros y burócratas de Mexicali y Tijuana, luego de Ensenada, y a
todos ellos se sumarían contingentes de burócratas de todo Baja California.
“Vamos a protestar”,
afirman decididos, mientras en la sala de sesiones, un trabajador de la
burocracia grita a los diputados: “No vamos a dejar que pase esa reforma”.
MALVADA, MALÉVOLA, PERVERSA
Para Luis Alfonso
Vargas, abogado laborista, en la propuesta de reforma existe un mal de origen:
“El sustento constitucional del derecho a la seguridad social deriva del
(Artículo) 123 de la Constitución Federal, y técnicamente no pueden ser
sostenidas estas nuevas leyes en la
Constitución de Baja California. No somos una República independiente, formamos
parte de una Federación”.
Vargas sostiene que
la seguridad social deriva de un derecho laboral, no como lo quieren vincular
en el Estado con los Derechos Humanos -basándose en la reforma de 2011-.
“No puedes crear la
seguridad social con base en una cuestión de Derechos Humanos, sino que tiene
como sustento un derecho laboral, ¿por qué? Pues porque el trabajador trabaja y
aporta, y el patrón aporta, contribuye económicamente para sostener ese régimen
que tiene una naturaleza de cooperación; no es individual, es de naturaleza
solidaria”.
El abogado comenta
que estas propuestas -la Ley del
ISSSTECALI en sí y las dos que derivan, una para la burocracia y otra para el
magisterio- las están basando en el Artículo 99 de la Constitución local,
siendo que realmente la Ley local no es fuente suprema; por lo que no puede ser
el sustento constitucional, ya que para la aprobación de estas leyes en materia
de seguridad social, la fuente es la Constitución federal, el 123
constitucional.
Luis Alfonso Vargas
menciona la propuesta a reforma constitucional -al 99 local-, donde se asienta
que las relaciones entre el Estado y sus trabajadores estarán reguladas por la
Ley de Servicio Civil y la Ley del ISSSTECALI.
“La Ley de
ISSSTECALI no es una Ley que regula relaciones
laborales, no es una Ley que regula relaciones entre el Estado y sus
empleados. La Ley de ISSSTECALI es una Ley que se refiere a la seguridad
social. La otra es la Ley laboral, que esa sí regula la Ley del Servicio Civil,
esa sí regula las relaciones laborales entre el gobierno, entre el Estado y sus
trabajadores”.
Considera el abogado
que se trata de una reforma anticonstitucional, ya que -de acuerdo a la
redacción, opina- los profesores -docentes, directivos, administrativos y de
apoyo- ya no son trabajadores, según la Ley de Servicio Civil, los saca y los
pone en otro apartado, especial para el magisterio: “Crean una Ley general, que
es la Ley del ISSSTECALI, y luego crean cuando menos dos leyes especiales en
materia de seguridad social; una para los burócratas, y otra para los maestros.
“De entrada es una
iniciativa discriminatoria que da tratos desiguales a los trabajadores, crean
una Ley especial en la que a los trabajadores al servicio de la burocracia les
dan un trato preferencial respecto a los trabajadores de la educación”.
Ejemplifica con la
parte de la iniciativa para la burocracia, donde se expone que la Ley propuesta
no afectará derechos y prestaciones adquiridas con anterioridad a la reforma.
Es decir, todos los trabajadores que iniciaron su cotización antes de la
reforma, se jubilarán y pensionarán de acuerdo a la actual Ley. La reforma solo
aplicaría para las contrataciones posteriores a la reforma.
Pero en el caso del
magisterio no establece esta excepción,
los que ya están trabajando, los que están cotizando, sí les modifica
condiciones.
Ahí está la tabla
propuesta para la jubilación del magisterio -a los actuales activos les
aplicaría-, empezando con 53 años de edad y 30 de servicio para los que se
jubilen en 2015, progresivamente va subiendo la edad mínimo, 54, 55, hasta llegar
a 60 en 2029.
Pone un ejemplo: el del profesor Agustín
Morales Osuna -actual dirigente del Sindicato Estatal de Trabajadores de la
Educación, SETE-, quien actualmente tiene 28 años de servicio y 48 de edad.
Según la Ley actual, le faltarían dos años para jubilarse, pero con la reforma,
no va a alcanzar la edad mínima hasta que cumpla 60 años de edad, hasta 2029.
Eso significa que tendría que trabajar otros 12 años.
De la posibilidad de
amparo, la Suprema Corte ha resuelto que no se trata de una aplicación
retroactiva, dado que -según un enfoque- “el derecho nace cuando lo cubres,
cuando llenas los requisitos, lo que desde esa óptica significa que el derecho
nacería hasta que el trabajador cumpla los 30 años de servicio. “Es una teoría
malvada, malévola, perversa”, afirma el especialista.
MÁS AÑOS DE TRABAJO, MENOS AGUINALDO, CERO BONOS
“Significa la
destrucción de los principales derechos de los trabajadores, de los maestros,
trabajadores de la educación y de los burócratas de Baja California”, sintetiza
el profesor Ignacio Gastélum -adscrito a la Secundaria Magisterio de la
Delegación II-14, para después asegurar que se está siguiendo el ejemplo de lo
sucedido en el Seguro Social y la burocracia federal: “Estamos junto con los
trabajadores de CFE y de PEMEX, en la pulverización de las Condiciones
Generales de Trabajo”.
Gastélum menciona
que desde el inicio de la gestión de Francisco Vega de Lamadrid en el Gobierno
del Estado, el Ejecutivo citó a los diputados para pedirles dos favores: la
aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, y la Ley del ISSSTECALI.
Refiere las irregularidades: “Igual que en el ISSSTE, no hay auditoria, no hay
responsables, no hay castigo; todos los 93 millones de pesos que condonó a
Tecate (Salvador) Morales Riubí, que ahora es secretario del gobernador, pues
no hay ni un llamado a cuentas; igual el caso de ‘Panchito’ (Pérez Tejada
Padilla, acusado de desviar a gastos las cuotas de ISSSTECALI)”.
El profesor
reflexiona que desde hace varios años se ha insistido a los trabajadores la
necesidad del aumento de las cuotas para resolver el problema, pero pese a los
incrementos, en cuatro, cinco años están quebrados nuevamente, “siempre hay
promesas en las propuestas de iniciativas de Ley, siempre hay una especie de
gancho, de zanahoria. Hoy la zanahoria son los Derechos Humanos, relativos a
los trabajadores de confianza”.
En su percepción,
las constantes irregularidades están llevando al ISSSTECALI a ser un elefante
blanco ante la saturación para prestar servicios. Los empleados del Estado
prefieren, en muchos casos, atenderse con un médico privado o farmacias de bajo
costo.
El sindicalizado
tiene otros señalamientos:
* El aguinaldo, que ahora llaman gratificación, con el
nuevo modelo de “salario regulador” significa una disminución de 30 a 50 por
ciento.
* La edad jubilatoria, donde pretenden ampliarla a los
60 años, significa de nueve a diez años laborales más.
* Los bonos desaparecerán al no haber sido incluidos
en la reforma.
Ante las
inconformidades, los trabajadores de la educación buscan a los burócratas para
unir fuerzas y manifestarse, “no se vale que hagamos acciones separadas cuando
el poder del gobernador y del Presidente de la República aparece como muy
fuerte frente a los trabajadores, si no expresamos una fuerza, un
empoderamiento importante va a pasar”, fue el comentario de Gastélum en la sesión con otros sectores.
Por lo pronto, en
escuelas ya se organizan para unirse y se ha estado enviando, vía correo
electrónico, la propuesta del gobernador, para ser analizada por los más.
Gastélum concluye:
“Los maestros decimos no, no nos están regalando nada, nos están quitando una
cuota más grande que cualquier trabajador de los ISSSTE en los estados de toda
la República, el 16 por ciento es elevadísimo”.
TRAICIÓN A LOS TRABAJADORES
Manuel Guerrero,
sindicalista, empleado de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali
(CESPM) y participante en la renovación sindical de la burocracia en la capital
del Estado, considera que el gobierno implementó una gran estrategia para
diluir a los dos grandes grupos: la burocracia y el magisterio, que estos
últimos serían los más afectados en temas como la pensión dinámica, la cuantía,
el aguinaldo, los bonos y el “salario regulador”, el cual significa bajarles el
sueldo -para pensionarse o en aguinaldo-.
En el caso de la
burocracia, refiere que las reformas aplicarían solo a la nuevas generaciones,
“pero estamos hablando que hay 21 mil personas que tienen la característica de
que son trabajadores basificables y que no están cotizando, van a violar los
derechos de esas 21 mil personas.
Es gente que ya
tiene 14, 15, hasta veintitantos años trabajando sin cotizar y que van a entrar
en un régimen de pensiones -explica el gobierno en su exposición de motivos-
que están en base al protocolo San Salvador, a los principios por persona y a
los principios de Derechos Humanos, pero obviamente es una interpretación
errónea de sus principios.
“Ellos los denominan
de confianza cuando lo han hecho ilegalmente toda la vida, es gente que barre
las calles, es gente que está en los escritorios, que no tiene puestos de
dirección”.
A los burócratas,
argumenta Guerrero, también les pega en la pensión, sobre todo por la forma de
implementación, ya que actualmente se pensionan a los 30 años de servicio y regularmente
están en el nivel salarial 16, pero antes de pensionarse pasan al nivel 17 -el
más alto- y, con la reforma, se pensionarán con el salario promedio de los
últimos 13 años de vida laboral.
Aparte, proponen
dinamizar la pensión en otra forma: “(Hoy) Estamos hablando de 60 días de
sueldo y te van a dar 30, pues en promedio, de un nivel 17 debe ser como de 20
mil pesos, eso les va a disminuir en esa prestación. Casi a la mitad, el 50 por
ciento. Estamos hablando de que hay prestaciones como los bonos, que también
perciben los jubilados y las primas vacacionales, que ya no están contempladas
en la nueva Ley. Ya no se las van a dar.”.
Manuel Guerrero
opina que de concretarse esta reforma, después irían por las prestaciones que
le quedan a la burocracia -ya sin el magisterio en el mismo barco-: “El
gobierno es muy hábil, siempre ha encontrado la forma de dividir y, sobre todo,
de cooptar a la dirigencia… la dirigencia obviamente es tomada en cuenta, pero
no se toma en cuenta a la base. Realmente si tu propuesta es clara, es frontal,
es con aras de hacer algo bueno, la puedes abrir a la sociedad desde que
inicies tu consulta para promover una reforma, nunca han hecho, entonces sacan
una reforma ya planchada, consensuada con el PRI, con el PAN… yo creo que es
una gran traición a los trabajadores”, considera el trabajador de la CESPM.
Para ello han
empezado a organizarse junto con la sección Tijuana de la burocracia y el SETE,
y han participado en reuniones informativas con diputados, para presentar una
contrapropuesta de reforma.
De las
movilizaciones advierte: “Tenemos todos estos días, de aquí al 31 de diciembre
(2014), porque esa es la fecha plazo, tienen que autorizar el presupuesto, si
no autorizan las modificaciones a la Ley
el 31 de diciembre, ya no lo hicieron”.
Desde el punto de
vista de Guerrero, se trata de una situación inducida desde el anterior
gobierno estatal -encabezado por el panista José Guadalupe Osuna Millán-, ya
que desde entonces hubo irregularidades con el pago de cuotas.
“Me parece muy
curioso que quieran linchar a ‘Pancho’
Pérez Tejada, aventando a Victoria Bentley por enfrente, que ya lo agarró de
puerquito, pidiendo juicio político para Francisco Pérez Tejada. Se le acusa de haber desviado 900 millones de
pesos, pero el fideicomiso que firmaron para rescatar al ISSSTECALI, habla de 2
mil 800 millones de pesos que no se pagaron al Instituto, entonces hay un
universo de mil 900 millones que dejaron de pagar entre el ex gobernador Osuna
Millán, los cinco alcaldes pasados y todos los paraestatales”, señala, para
concluir:
“El gobierno fabricó
todo el escenario, destruyó, desmanteló todo el sistema pensionario (...) El
gobierno estaba plenamente consciente de hacia dónde estaba llevando al
ISSSTECALI, hasta colocarlo en la situación que (ahora) lo coloca”.
(SEMANARIO
ZETA/ Sergio Haro Cordero/ 21 de Diciembre del 2014 a las 10:00:00)
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