En 2011 un
comando zeta atacó un municipio coahuilense: buscaba a dos supuestos traidores.
Como no los halló, decidió secuestrar a unas 50 personas. Algunas fueron
asesinadas, pero el destino de la mayoría aún se desconoce. El Ejército
permitió el paso del convoy, la PGR supuestamente filtró información a Los
Zetas y los policías municipales fueron los “guías” de los pistoleros –un caso
que recuerda al de Ayotzinapa, en Guerrero. Así se explica que el hecho se haya
mantenido oculto más de dos años y que a la fecha sólo se hayan emitido cuatro
órdenes de aprehensión.
ALLENDE, COAH.
(Proceso).- Más de tres años después del ataque perpetrado el 18 de marzo de
2011 en Allende y el norte de Coahuila, la Procuraduría de Justicia estatal
liberó cuatro órdenes de aprehensión, dos de ellas contra policías municipales
–de los 40 que protegieron a los criminales.
Mientras, el
gobierno federal mantiene silencio sobre esos asesinatos, que se ordenaron
desde un lujoso rancho ubicado en las inmediaciones del kilómetro 13 de la
carretera Villa Unión-Guerrero, el cual fue el centro de operaciones del excabo
de infantería Heriberto Lazcano Lazcano El Lazca y Omar Alejandro Treviño
Morales El Z-42, otrora líderes de Los Zetas.
Al presentar en
conferencia de prensa los avances en la averiguación sobre el ataque que
perpetraron Los Zetas en la región conocida como Cinco Manantiales, el
procurador estatal, Homero Ramos Gloria, recordó que, en enero de este año, se
realizó un operativo de búsqueda en el cual participaron más de 250 militares,
policías estatales, federales y forenses.
Se revisaron los
municipios de Guerrero, Allende, Zaragoza, Morelos, Nava, Piedras Negras,
Acuña, Jiménez, Hidalgo, Monclova y Sacramento, en donde localizaron al menos
tres “narcococinas”, de donde fueron recolectados restos humanos.
Aseguró que las
evidencias reunidas sólo en ese despliegue apuntan al secuestro de 28 personas.
Se tiene la certeza de que 11 fueron asesinadas, dijo, y de las otras 17 se
desconoce su paradero.
En general, además,
“la Procuraduría de Justicia de Coahuila ha localizado en el norte de Coahuila
3 mil 450 indicios óseos, de los cuales 2 mil 977 de ellos no es posible (sic)
determinar su origen ni obtener el ADN por su grado de calcinación”, informó.
Los 473 restantes son analizados para obtener su ADN, “y los resultados sin
duda contribuirán en el esclarecimiento de los hechos”, agregó Ramos Gloria.
Horas más tarde, el
procurador compareció ante el Congreso estatal y ahí cambió su versión sobre el
número de víctimas. A los diputados les comentó que pueden ser más de 50
fallecidos tan sólo en Allende.
Cualquiera de esas
cifras contrasta con las que manejan el actual alcalde allendense y las
organizaciones de familiares de víctimas: “En total son aproximadamente 300
desaparecidos, pero no se descarta que sean un poquito más”, comenta el
presidente municipal Reynaldo Tapia.
La Asociación de
Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, en
tanto, ha abierto 88 expedientes de menores y jóvenes que quedaron huérfanos
debido a la violencia en aquella zona.
El secretario de
Gobierno de Coahuila, Armando Luna Canales, asienta que la Procuraduría local
tiene alrededor de 55 denuncias por personas desaparecidas en Allende. Algunas
de ellas implican el secuestro de familias completas: “Partimos de que hay un
derecho a la verdad y eso implica que investigamos a fondo”.
Durante su rueda de
prensa, Ramos Gloria confirmó los hechos que ha documentado Proceso desde
diciembre de 2012:
“La tarde noche del
18 de marzo de 2011 arribó a diversos domicilios de los municipios de Allende y
Piedras Negras, Coahuila, un número no determinado de sujetos armados”, dijo.
Las investigaciones han revelado que los sicarios provenían de Tamaulipas,
llegaron en más de 40 camionetas y fueron apoyados y protegidos por los 40
policías municipales de Allende.
“Su objetivo era
localizar y privar de la libertad a una persona que realizaba operaciones
financieras con recursos cuya procedencia se atribuye a actividades de un grupo
de la delincuencia organizada y con quien los miembros de éste habrían tenido
un desacuerdo.
“Al no ser ubicado
en los domicilios registrados, el grupo armado privó de la libertad –con el
objetivo de causarles un daño o perjuicio– a diversos familiares cercanos de
esta persona y, junto con ellos, a sus trabajadores, así como a civiles que
tenían –o que quienes ejecutaron la orden asumieron que tenían– alguna relación
con quien buscaban.”
En realidad el
comando buscada a dos varones: se trataba de los capos de Allende, Héctor
Moreno y José Luis Garza Gaytán, quienes provenían de familias adineradas y
presuntamente lavaban las ganancias del narco mediante carreras de caballos
cuarto de milla para Miguel Ángel Treviño El Z-40.
El procurador dijo
que el grupo armado “vandalizó y dañó las viviendas que eran habitadas por
familiares de Moreno y Gaytán. Derivado del censo llevado a cabo en Allende se
sabe que fueron 48 las viviendas destruidas por el grupo armado y
posteriormente saqueadas”.
Semanas antes, los
gatilleros ya habían destruido 27 casas y departamentos en Piedras Negras,
propiedad del “contador” Alfonso Cuéllar, quien huyó a Estados Unidos y fue
imitado por Héctor Moreno y José Luis Garza.
Según las
indagatorias, Moreno se llevó entre 5 y 8 millones de dólares de ganancias del
tráfico de drogas. En Estados Unidos, él y Gaytán se entregaron a las
autoridades y ahora son “testigos protegidos”. Cuéllar también fue detenido en
Dallas. Los tres operadores de Los Zetas tienen orden de aprehensión vigente en
Coahuila.
Ramos Gloria destacó
que, hasta ahora, se han liberado únicamente cuatro órdenes de aprehensión: dos
contra exelementos de la Policía Municipal (María Guadalupe Ávalos Orozco y
Jesús Alejandro Bernal Guerrero) y dos contra supuestos miembros de Los Zetas
(Fernando Ríos Bustos y Germán Zaragoza Sánchez).
“De estos avances se
dará vista a las autoridades federales para que en el ámbito de su competencia
ejerzan la facultad de atracción y procedan a la investigación” concluyó el
procurador.
EL CASTILLO DE LA IMPUREZA
El ataque en Allende
se organizó desde un lujoso rancho propiedad de Heriberto Lazcano. Desde ahí
también se trazaron nuevas ruta del narcotráfico y se diseñaron las estrategias
de la guerra contra el Cártel del Golfo y las huestes del Chapo Guzmán, exjefe
del Cártel de Sinaloa.
Lazcano habitó ese
rancho a partir de 2010. También lo usó Omar Treviño Morales. La vivienda de
estilo californiano está decorada con fina madera y lujosos detalles. El
interior destaca por su elegancia y diseño sobrio.
El predio cuenta con
caballerizas, corrales, amplias residencias, bodegas, juegos infantiles, casa
de muñecas y un pequeño lago artificial, donde habitaron cocodrilos y ahora
luce seco.
El espacio contrasta
con otros “narcorranchos” incautados en Tamaulipas, Michoacán o Sinaloa, los
cuales se distinguen por una decoración abigarrada.
Fuentes de la Cuarta
Región Militar confirman que el mandamás de Los Zetas operó en este sitio a
partir de los primeros meses de 2010. Lazcano lo escogió por su ubicación: está
cerca de carreteras solitarias que en pocos minutos llevan a la frontera con
Texas. Las conexiones incluyen ciudades de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León.
Además, está rodeado de decenas de brechas para escapar a regiones serranas.
La élite de Los
Zetas abandonó Tamaulipas y se refugió en Coahuila a finales de febrero de
2010, cuando se separaron del Cártel del Golfo y comenzó una narcoguerra entre
ambas organizaciones.
El auge de Los Zetas
ocurrió bajo la administración del gobernador Humberto Moreira. Desde 2007 ese
grupo comenzó a controlar las principales ciudades del estado: Saltillo, la
capital; la estratégica Piedras Negras; Ciudad Acuña; Monclova, y la zona
metropolitana de Torreón.
El zeta Mario
Alfonso Cuéllar, segundo al mando en Piedras Negras, contó a las autoridades
estadunidenses que Los Zetas cambiaron a la frontera de Coahuila el contrabando
de droga que anteriormente realizaban por Tamaulipas. Especificó que metían a
Estados Unidos entre 800 y mil kilos de cocaína al mes por Piedras Negras, ciudad
fronteriza que continúan controlando y donde recientemente se reunieron los
capos de cuatro organizaciones delictivas para acordar una alianza.
Desde 2008 Omar
Treviño fue designado jefe de la región norte de Coahuila y era quien operaba
el trasiego de drogas a través de Piedras Negras.
Poncho Cuéllar contó
que tenían compradas a todas las autoridades: “A la policía se le paga una
cuota para que trabaje para Los Zetas, lo mismo al Ejército y altos
funcionarios del gobierno”, confesó.
En Coahuila, Lazcano
incursionó en el negocio de las minas de carbón, que vendía a través de
empresarios de la industria acerera. Incluso consiguió contratos con el
gobierno de Moreira, los cuales salieron a relucir en el juicio que se le sigue
en San Antonio al extesorero estatal Javier Villarreal.
Lazcano debió
abandonar su lujoso rancho en 2011 y refugiarse en Monclova, cuando efectivos
de la Séptima Zona Militar lo intentaron capturar. La Secretaría de la Defensa
jamás informó sobre el fallido operativo y en el sitio únicamente quedaron las
huellas de la batalla.
En Monclova, el 23
de abril de 2012, Lazcano volvió a escapar de los militares, pero finalmente
fue abatido por marinos la tarde del 7 de octubre de 2012 en Progreso, gracias
a una delación de miembros de su cártel.
A OCULTAR LOS HECHOS
La masacre y
secuestro colectivo que perpetraron Los Zetas en Allende contó con la
complacencia y complicidad de varias autoridades: Las municipales, que
proporcionaron a los sicarios la ubicación de residencias de integrantes de las
familias Moreno Villanueva y Garza Gaytán; efectivos del Ejército que vigilaban
la región –apostados en la garita del kilómetro 53 de la carretera 57– y que
dejaron pasar a decenas de camionetas provenientes de Tamaulipas con hombres
armados, y las autoridades estatales y federales, que mantuvieron ocultos los
crímenes por cerca de dos años.
Además, y de acuerdo
con fuentes allegadas al caso, los asesinatos fueron inducidos por altos mandos
de la Procuraduría General de la República (PGR), que supuestamente filtraron a
Treviño Morales información proporcionada a esa dependencia por la DEA, la cual
precisaba que los capos de Allende estaban traicionando al líder zeta.
Los sicarios
encabezados por el lugarteniente tamaulipeco Comandante Flacaman levantaron a
familiares de Moreno y Villanueva y a decenas de personas. Los llevaron a un
rancho propiedad de la familia Garza Gaytán, ubicado en el kilómetro siete de
la carretera Allende-Villa Unión, donde fueron ejecutados e incinerados. A
diferencia de lo que supuestamente ocurrió en Cocula, Guerrero, con 43
normalistas, los sicarios estuvieron trabajando varios días para desaparecer
los cadáveres, los cuales se metieron en barriles y fueron incinerados con
diésel y aceites. En el rancho aún se pueden ver decenas de envases de combustibles
comprados a distribuidores de Pemex.
Esos delitos fueron
denunciados por los familiares de las víctimas y quedaron registrados en la
denuncia penal CEIYCS/012/2011 de la Procuraduría de Justicia de Coahuila. Sin
embargo, el entonces procurador Jesús Torres Charles se lavó las manos y,
argumentando que eran “delitos de orden federal”, se limitó a mandar la
denuncia a Patricia Bugarín Gutiérrez, titular de la ahora llamada
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO).
Para conocer el
contenido de ese documento, el diputado local del PAN Edmundo Gómez Garza
solicitó una copia al procurador federal, Jesús Murillo Karam. La PGR respondió
que entre sus archivos no existe ese papel.
“Se ha informado que
en esta institución se recibió el expediente relativo a los sucesos trágicos
ocurridos en el municipio de Allende (…). Con fundamento en los artículos 1, 6,
8, 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se solicitó la búsqueda de la información en la Unidad Especializada
adscrita a esta Subsecretaría, misma que indicaron que no encontraron registro
alguno de lo antes descrito”, respondió la PGR a la petición del diputado.
Gómez Garza también
envió una misiva a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos preguntando por
qué no investigaron los hechos. La respuesta del organismo que presidía Raúl
Plascencia Villanueva fue: es un asunto de carácter local.
El exómbudsman
incluso se negó a hablar sobre los crímenes cuando acudió a Saltillo para
participar en un acto sobre desaparecidos. Fue hasta septiembre de 2014 que el
entonces titular de la CNDH aseguró que ya estaban “investigando el caso de
Allende”, es decir, más de tres años después de la tragedia.
(PROCESO/
REPORTAJE ESPECIAL/ JUAN ALBERTO CEDILLO/ 19 DE DICIEMBRE DE 2014)
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