NARCISO AGÚNDEZ: ATRAPADO

Mientras el debate local y nacional se centra en la isla del ex gobernador perredista, a raíz de la publicación de ZETA, la Contraloría iniciará investigación sobre el origen del dinero público desviado, para dar vista a la PGJE o a la PGR

Según abogados y auditores consultados por ZETA, en el caso de la isla del político emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño  resaltan cuatro hechos:

1.- La inscripción irregular del bien inmueble nacional a favor de un particular en el sistema de la Dirección Municipal de Catastro en Comondú.

2.- La utilización de recursos públicos en el sexenio anterior para adquirir o comprar una propiedad privada.

3.- El desvío de dinero público pagado a empresas que, hoy se sabe, eran fantasma en ciudades de Puebla, San Juan Cuautlancingo y San Pedro Cholula, Puebla.

4.- Los dichos de Agúndez contra los documentos publicados por este Semanario sobre la operación irregular, los cuales prueban cómo y de qué manera fue sustraído y triangulado el dinero, hasta lograr inscribir el nombre de Narciso Agúndez Montaño como propietario del islote, en base a la clave catastral 002-019-004-001.

Después de la investigación publicada por ZETA, el ex mandatario estatal quedó atrapado en una encrucijada, donde el principal debate en los medios locales y nacionales, se centró en la propiedad de Cabo San Lázaro, al norte de Isla Magdalena, municipio de Comondú.

Los primeros en entrar al debate fueron los líderes de las fracciones parlamentarias de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), en la XIII Legislatura de Baja California Sur.

El del PRI, Juan Alberto Valdivia Alvarado, consideró como “grave” el caso de la isla, ya que salió a relucir el nombre del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño.

“Creo que a nadie conviene tener a un ex gobernador cuestionado, y sobre todo, debe ser un tema que debe tratarse con seriedad y responsabilidad, las instituciones están obligadas a investigar y actuar en contra de quien resulte responsable de estos hechos”, dijo.

Por su parte, la panista Gisela Páez Martínez opinó que se debe investigar el caso de la isla a profundidad, porque “no es posible que se haya registrado la isla sin que haya salido del dominio de la nación, de ser así, entonces estaríamos hablando de un caso grave de corrupción, porque no se puede inscribir una propiedad así nomás, a la ligera”.

Conocedora del tema, pues fue delegada de la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la legisladora expuso que cuando estuvo al frente de la delegación, Luis Raymundo Cano Hernández solicitó la posesión de Isla Magdalena, argumentando que “era posesionario del predio” y, después de hacer una inspección ocular en la zona, determinaron declarar “nula” su posesión, ya que los únicos posesionarios reales eran los pescadores del lugar, lo cual quedó registrado en una fe de hechos, derivado de que los trabajadores del mar hasta habían presentado actas de nacimiento de Cabo San Lázaro.

Al conocer de la negativa, en su calidad de gobernador, Narciso Agúndez Montaño solicitó la posesión de Isla Magdalena, pero fue denegada en virtud de que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONARP), antes que él, ya había hecho una solicitud para poder manejarla, lo que generó molestia e irritación en el ex gobernante.

La investigación

Después de la publicación, la Contraloría General del Estado requirió a ZETA entregar todas las pruebas documentales sobre el caso, en virtud de que -según un funcionario de la institución- se analizaría y revisaría la información para abrir una investigación al respecto.

El primer paso era revisar el origen del dinero, es decir, si el recurso que fue pagado a las supuestas empresas Piensa Publicidad, S.C.; Bólidos de Cholula, S.A. de C.V.; Publi Design, S.A. de C.V.; y constructora Gran Visión, S.A. de C.V., se hizo con dinero propio o recursos del Gobierno Federal, para una vez determinado el origen y comprobada la distracción del dinero público, dar vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) o a la Procuraduría General de la República (PGR).

Según uno de los reportes de transferencia, el dinero habría sido sacado de la cuenta 0445018309 del banco Banorte y transferido a la cuenta de Publi Design, S.A. de C.V., de Scotibank.

El número de rastreo es el 88464UX8200610040000945026, y fue hecho a la 1:17:27 pm por el tesorero de la Secretaría de Finanzas, Martín Carlos Caldera.

Después del escándalo, Grupo Sexenio se dio a la tarea de corroborar la existencia de las supuestas compañías poblanas utilizadas para extraer 5.5 millones de pesos del erario público, en la operación de la adquisición de la isla del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, y descubrió que son empresas fantasma.

Según el reporte de Grupo Sexenio, durante un recorrido por los domicilios fiscales, y con el testimonio recabado por los vecinos, Piensa Publicidad, S.C.; Bólidos de Cholula, S.A. de C.V. y Publi Design, S.A. de C.V, no existen y jamás existieron, por lo que es evidente que solo fueron utilizadas para extraer dinero de manera ilícita.

A continuación se describe lo que Grupo Sexenio encontró en los domicilios fiscales de las compañías usadas por Narciso Agúndez Montaño:

1.- Publi Design, S.A. de C.V., empresa que recibió 2.5 millones de pesos, resultó ser una bodega casi en abandono, cuyas ventanas no dejaron ver el interior del domicilio de Río Pánuco número 1-A, Colonia Rafael Ávila Camacho, esquina con Avenida Juárez Poniente, del municipio de San Pedro Cholula, Puebla.

Los vecinos indicaron que el inmueble siempre ha permanecido desocupado y nunca han notado actividad en el lugar, por lo que se desconoce quien es el propietario.

2.- Bólidos de Cholula, S.A. de C.V., compañía que recibió un millón de pesos, tampoco existe en el domicilio Río Pánuco Norte 3, Colonia Rafael Ávila Camacho, en Cuautlancingo, Puebla.

La investigación de Grupo Sexenio permitió corroborar que el inmueble se localiza frente a donde supuestamente estaba Publi Design, S.A. de C.V., resultando ser una casa particular donde sus ocupantes utilizan una parte como consultorio dental.

El propietario de la vivienda, Enrique García Cruz, negó tener nexos con el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, y rechazó que en su propiedad haya estado la referida empresa.

3.- La firma Piensa Publicidad, S.C., que recibió un millón de pesos, tampoco existe, pues en el domicilio del local K de la plaza comercial ubicada en Calzada Zavaleta número 2519, Colonia Santa Cruz Buenavista, en la ciudad de Puebla, solo está una pequeña empresa llamada Quark Capital, que ofrece servicios financieros integrales, y donde solo se ven un par de sillones y un mueble con revistas.

Según se advierte en los documentos, las empresas fantasma fueron creadas y utilizadas por el director de la compañía Solo Marketing, S.A. de C.V., Alfonso Peregrina Huerta, con las cuales se distrajo dinero público para usarlo con fines particulares de Narciso Agúndez Montaño.

LA REACCIÓN DEL EX GOBERNADOR

Al verse descubierto, lo primero que hizo el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño fue tratar de politizar el tema, argumentado que le habían atacado por ser aspirante a la alcaldía de Los Cabos; incluso amenazó con demandar a quienes intentaban calumniarlo.

Sin pruebas en la mano más que su dicho, el ex gobernador dijo: “El caso de la isla es totalmente falso” y “una calumnia más de un medio de comunicación (…) donde no existe ningún documento que exponga mi nombre como propietario de la isla”.

El perredista asegura haberse conducido “siempre con transparencia, y así como pude demostrar mi problema de peculado, así lo volveré a demostrar aquí. Yo por supuesto que abro cualquier posibilidad de investigación, vayan a Comondú y verán que no encontrarán ningún documento a mi nombre”.

Agregó que “jamás he aspirado a ser rico”, porque “no es la gran felicidad”.

Sin embargo, y todo lo contrario a su dicho, el nombre de Narciso Agúndez Montaño figura como propietario del predio denominado Cabo San Lázaro, con una extensión de 2 mil 230 metros, según la clave catastral 002-019-004-001, cuya alta se promovió el 7 de diciembre de 2012, cuando había dejado de ser gobernador del estado.

El propio director de Catastro de Comondú, José Luis Perpuly Meza, reconoció que el nombre de Narciso aparece inscrito en el sistema con todo y clave catastral, como causante, pero desconoce cómo y de qué manera fue dado de alta, porque en el expediente no aparece ningún título de propiedad, deslinde o acta de dominio del predio Cabo San Lázaro, al norte de Isla Magdalena.

Como en los viejos tiempos, cuando era gobernador y hacía y deshacía en Baja California Sur, el único que salió a su defensa fue el dirigente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Druk González.

Contraviniendo la “nueva cara del PRD”, de desligarse de políticos corruptos y señalados por la sociedad, Druk expuso que la acusación no tiene fundamentos.

A su ver, y sin pruebas en la mano, consideró que es “imposible que un particular fuera posesionario de una isla, por los planteamientos constitucionales, como lo expresa el Artículo 27 Constitucional”.

No obstante, afirmó que si hay elementos o pruebas suficientes de un uso irregular, “se “haga la denuncia ante las autoridades correspondientes y no se mediatice”, ya que el PRD “no defenderá lo indefendible, y vamos a combatir la corrupción”.

(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ BCS/ Gerardo Zúñiga Pacheco/ 23 de Diciembre del 2014 a las 12:00:01)