En la víspera
de la designación del candidato a la gubernatura del PRI, arreció la guerra
sucia entre Ricardo Barroso, Esthela Ponce, e Isaías González Cuevas. Mientras
el PAN promueve a Carlos Mendoza Davis, la alianza de “Las Izquierdas” perfila
al alcalde de Mulegé, Guillermo Santillán
“La presidenta municipal de La Paz, Esthela
Ponce Beltrán, recibe la cantidad de 50 mil dólares mensuales para que la
Policía Municipal proteja a sicarios y facilite sus operaciones en el
municipio, así lo declaró Cruz Alonso Lozoya Uriarte alias ‘El Grande’ en
instalaciones de la SEIDO en la Ciudad de México, luego de ser cuestionado
sobre funcionarios involucrados en operaciones del narcotráfico…”, transcribe
un mensaje enviado masivamente a un sinnúmero de cuentas de correo electrónico
y subido en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn.
La información sobre
la supuesta detención y declaración del jefe de sicarios del Cártel de Sinaloa
en La Paz, es completamente falsa, porque “El Grande” no ha sido capturado, ni
se encuentra detenido en el Centro de Arraigo de la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Prácticamente es prófugo de la justicia.
Pero la propagación
de rumores y la guerra sucia es “el pan de todos los días” en la víspera de la
designación del candidato a gobernador por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) de Baja California Sur.
Las noticias falsas
y hasta los memes políticos que recuerdan explícitamente “Nunca olvides el
rostro de un traidor”, y enseguida la foto de los senadores Ricardo Barroso
Agramont e Isaías González Cuevas, acompañado del siguiente texto: “Votaron a
favor del aumento del IVA; el incremento de la gasolina y están a favor de la
minería tóxica”, forman parte del pleito por la candidatura a gobernador en el
tricolor, aun cuando en la reunión del Consejo Político Estatal del partido,
los tres aspirantes se abrazaron, apapacharon y adularon mutuamente.
Después de darse a
conocer el método de selección del candidato oficial al PRI, el 19 de
noviembre, pareciera haberse desatado una guerra política al interior del
partido, donde los precandidatos se mueven según sus intereses políticos.
En primer lugar,
Esthela Ponce Beltrán presiona para que, como se establece en la convocatoria
oficial y aprobada en el seno del Consejo Político Estatal, quede en firme el
método de selección a través del voto de delegados, en una convención que
todavía no tiene fecha, lugar ni hora.
Sabedora de que
tiene a su favor 140 de los 230 delegados, la aspirante lo mismo se reúne con
el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de PRI, César Camacho Quiroz, que
con senadores, diputados federales, secretarios de Estado y algunos alcaldes
influyentes dentro del llamado Grupo Atlacomulco, como la de Toluca, Martha
Hilda González Calderón, quien vino el 4 de diciembre procedente del Estado de
México, la tierra de Enrique Peña Nieto, a destapar a la edil paceña.
“Vengo hacer un
reconocimiento a su alcaldesa, porque estamos orgullosas de que haya mujeres
con el perfil de Esthela, que está dando resultados y floreciendo La Paz. Estoy
convencida de que ella cuenta con el perfil para gobernar no solo Baja
California Sur, sino también el Estado de México”, externó González Calderón
palabras más, palabras menos, durante el evento de la firma del convenio del
Plan de Movilidad Urbana en La Paz.
En segundo lugar, el
senador Ricardo Barroso Agramont promueve, a través del Partido Verde
Ecologista de México, que el método de selección sea modificado y se acuerde la
designación de una candidatura común, según el resultado de encuestas, después
de que el 8 de diciembre, el PRI formalizó y registró una alianza con el PVEM y
Partido Nueva Alianza (PANAL).
La coalición,
registrada a punto de vencer el plazo establecido por el Instituto Nacional
Electoral (INE), establece que PVEM y PANAL respaldarán al candidato que sea
elegido por el PRI.
A cambio -según el
compromiso firmado por los líderes del PRI, PVEM y PANAL, Juan Alberto
Valdivia, Rommel Fiol y María Leticia Cerón Camacho, respectivamente-, irán juntos
en diez candidaturas a diputaciones locales, y seis más, junto con las cinco
alcaldías del Estado, quedarán libres para analizar y determinar si se pueden
afianzar algunas candidaturas comunes en el futuro.
En tercer lugar, el
senador Isaías González Cuevas promueve -como Esthela Ponce Beltrán- que el
método de selección sea el de la votación vía delegados, a pesar de la alianza
con el PVEM y el PANAL, y buscar que el candidato de esa unión salga del PRI.
Conocedor de que con
60 de los 230 votos a su favor, prácticamente no tendría posibilidades de ser
candidato ni siquiera tejiendo una alianza de facto con Ricardo Barroso
Agramont, quien dicho sea de paso, cuenta con 30 votos de delegados, el
legislador emprendió una campaña abierta y de operación política dentro de las
organizaciones y sindicatos, los cuales serán clave en el registro de los
delegados de la convención donde habrá de definirse el candidato a gobernador.
Por su parte, el
sindicato democrático de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y
la Asociación de Vendedores Ambulantes, fueron los primeros en adherirse a
Isaías González Cuevas, y sus dirigentes, Humberto Osuna Orozco y Gloria
Salgado Salazar, Coincidieron en señalar al también líder de la Confederación
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) como “la mejor carta del PRI” y
como un político experimentado, con vocación de servicio y sensibilidad social,
a pesar de que 1989, se vio implicado en la privación ilegal de la libertad de
Norberto Ceseña Ceseña, cuando -según el expediente del caso- ordenó su
levantón y desaparición.
En su calidad de
dirigente de la CROC, Isaías González Cuevas, tuvo que huir de Baja California
Sur –tras librarse una orden de aprehensión en su contra, cuando algunos de sus
propios compañeros lo delataron- y reapareció hasta que, luego de 23 años, prescribió
el caso, donde la víctima salvó su vida.
La disputa entre los
tres aspirantes del partido tricolor podría prolongarse hasta finales de enero
o principios de febrero de 2015, cuando -de acuerdo con un consejero político-
se defina el nombre del candidato a gobernador, después de que sean designados
los candidatos a las cinco alcaldías y las 16 diputaciones locales, así como
dos diputaciones federales.
LOS DEL PAN Y LAS IZQUIERDAS
A diferencia del
PRI, el único político que tiene prácticamente limpio el camino rumbo a la
candidatura a la gubernatura del Estado, es el senador panista Carlos Mendoza
Davis.
El legislador
solicitó el 11 de diciembre licencia indefinida para separarse del cargo, con
el fin de oficializar su candidatura a gobernador, efectiva a partir del día 20
del presente mes.
El líder de la
bancada panista en el Senado de la República, Jorge Luis Preciado, dijo
sentirse muy contento de que su ex compañero vaya a contender por la
gubernatura del Estado de Baja California Sur.
“No queremos que
regrese, o si regresa, que sea como gobernador del Estado”, arengó.
En su lugar quedó el
empresario Juan Fernández Sánchez Navarro, quien fungía como regidor en el
gobierno del alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño.
Tras separarse del
cargo, el aspirante del Partido Acción Nacional iniciará su campaña en medio
del escándalo de la captura de su concuño, Abelino Montoya Saracho “Abelino”,
en posesión de casi siete toneladas de marihuana en el patio de una agencia
aduanal anexa a la garita de Otay, en el domicilio 9346 Customhouse Plaza de
San Diego, California.
Con un escenario
políticamente descompuesto por la ola de crímenes, y sin definir aún el nombre
del posible candidato a la presidencia municipal de La Paz -después de la caída
del aspirante Armando Martínez Vega-, el legislador aprovecha las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, con
la celebración de “posadas azules” en todos los municipios de la entidad, donde
no solo lleva buenos deseos a los habitantes, sino canastas, despensas y
regalos, a manera de estrategia para “ir permeando” en el ánimo de los
electores sudcalifornianos.
Pero si en el PAN la
candidatura está prácticamente resuelta, en la casa de enfrente, es decir, en
la llamada alianza de “Las Izquierdas”, integrada por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano,
se avizora una lucha de poder por la candidatura entre los alcaldes de Los
Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, y el de Mulegé, Guillermo Santillán Meza,
después de que el coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento
Ciudadano, Cristian Walton Álvarez, destapara al edil mulegino como “candidato
oficial” a la gubernatura.
El 17 de diciembre,
el comisionado nacional citó a conferencia de prensa y, anticipándose a la
decisión del PRD y del PT, presentó a Santillán como candidato oficial, porque
“de manera colegiada, así lo decidió el máximo órgano del partido”.
La nominación de
Guillermo Santillán Meza puso en evidencia al ex gobernador Leonel Cota Montaño,
como presunto vocero de las llamadas “izquierdas”, y la cantaleta del también
ex mandatario Narciso Agúndez Montaño, de que el PRD, PT y Movimiento
Ciudadano, irían juntos en la elección de 2015.
La evidente ruptura
de las izquierdas fue cuestionada a Cristian Walton Álvarez, quien declaró: “Yo
creo que cada quien es responsable de sus actos, si en un momento en Baja
California Sur, alguien o algunos opinaron en función de las izquierdas, pues
que ese tema lo aclare quien lo hizo”.
El desligue de los
ex gobernadores que tienen prácticamente acaparado el PRD y el PT, generó tanto
desconcierto que ni el propio ex gobernador Leonel Cota Montaño supo reponerse
de la balconeada, solo atinó a decir que “esperarían hasta principios de enero
para que se puedan conocer las condiciones en las que participarán los partidos
de izquierda en las candidaturas comunes”.
El coordinador de
Movimiento Ciudadano advirtió que
buscarán el consenso de la candidatura de Santillán Meza con el PRD y el PT,
pero de no concretarse, “no tendremos inconveniente en ir solos en la carretera
por la gubernatura en el proceso electoral de 2015”, aun cuando “podamos ir juntos en
algunas candidaturas comunes en diputaciones y alcaldías del Estado”.
LAS RENUNCIAS
A pesar del frío que
empieza a registrarse en Baja California Sur, en esta temporada decembrina, el
ambiente político se encuentra bastante caliente.
Y es que 13 de los
21 diputados locales que conforman la XIII Legislatura, planean solicitar
licencia para separarse del cargo, en busca de las diferentes alcaldías y
diputaciones federales del Estado de Baja California Sur.
Durante la clausura
de los trabajos legislativos del Congreso local, el presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política, Juan Domingo Carballo Ruiz, expresó que trece
de sus compañeros va a salir del Congreso y “las licencias que van a solicitar
dependerán de los estatutos de cada partido, es decir, algunos por 30 días,
otros por 60 y otros por más, según sea el caso”.
De acuerdo con el
legislador, los suplentes tendrán que ser llamados en cuanto se oficialicen las
solicitudes de licencia, por lo cual podrían ser citados a un periodo
extraordinario de sesiones.
La siguiente es la
lista de los aspirantes a nuevos cargos:
* Juan Alberto Valdivia Alvarado y Maricela Ayala, del
PRI; además de Gisela Páez Martínez y Ernesto Ibarra Montoya, del PAN, buscarán
la candidatura a la diputación federal por el II Distrito Electoral.
* Carlos Castro Ceseña y Alberto Treviño Angulo, del
PRI, pretenden la candidatura a la alcaldía de Los Cabos.
* Axxel Sotelo Espinoza de los Monteros y Omar Zavala
Agúndez, del PRI, buscarán la alcaldía de La Paz.
* Sandra Luz Elizarrarás Cardoso, del PRI; Luis Martín
Pérez Murrieta, del PAN; y Jesús Salvador Verdugo Ojeda, del PRD, aspiran a la
candidatura a la presidencia municipal de Mulegé.
* Adela González Moreno y Dora Elda Oropeza
Villalejos, del PAN, buscarán la alcaldía de Comondú y Loreto, respectivamente.
(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ BCS/ Gerardo Zúñiga
Pacheco/ 23 de Diciembre del 2014 a las
12:00:00)
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