Raymundo
Rivapalacio
Restablecer la ley y
el orden es prioridad para el presidente Enrique Peña Nieto, pero el tiempo se
agota rápidamente. Tan pronto descendió del avión que lo trajo de Australia,
afirmó que el último recurso para frenar la violencia que se vive en el país es
la fuerza. ¿Pero cómo restablecer el orden cuando por su naturaleza el
gobierno, cuya función primaria que es proveer la seguridad a sus ciudadanos,
ha claudicado de su responsabilidad? Peor aún, en sus tres niveles los
gobiernos violan los derechos constitucionales de la mayoría de la sociedad,
porque las minorías que rompen las leyes, asaltan, incurren sistemáticamente en
intentonas de asesinato y violan las garantías individuales y las libertades de
los ciudadanos, siempre tienen carta de impunidad. No es la criminalización de
la protesta y el derecho a pensar diferente la razón; es el miedo de aplicar la
ley a quien la rompe, lo que domina el cuerpo político mexicano.
El problema que
enfrenta el Gobierno es por su confusión sobre la aplicación de la ley y el
respeto a las libertades. Ampliar la tolerancia ante quienes expresan
indignación e inconformidad con el gobierno es respetar sus derechos y
libertades; ser tolerantes con delincuentes, es lo que crecientemente tensiona
a la sociedad. La laxitud con la que se aplica la ley –se recarga entre quienes
la respetan y se anula frente a quienes la conculcan-, está generando presiones
de las élites que ante la tolerancia institucional a delincuentes, exige mano
dura.
En una reunión con
el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el viernes pasado, los
empresarios le dijeron que iban a exigir públicamente la destitución del
comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, y del comisionado de
la Policía Federal, Enrique Galindo, por incumplir con su responsabilidad de
proveer seguridad a los ciudadanos. Se les persuadió de pedir los ceses a
cambio de una reunión con el Presidente. El sábado, quienes no tienen acceso a
esos niveles ni disponen de esos recursos, vieron que cientos de granaderos del
Distrito Federal, que no aparecieron cuando un grupo de provocadores prendió
fuego a la puerta del Palacio Nacional, fueron apostados para proteger la casa
particular del Presidente. La ley y el orden en México no son parejos para
todos.
Este tipo de
paradoja aflora porque el Gobierno no supera la contradicción de cómo aplicar
el Estado de Derecho cuando sus acciones lo violan cotidianamente. Al permitir
que se violenten las libertades de terceros o que sean impunes quienes
abiertamente delinquen, el Gobierno tolera el rompimiento de la norma
establecida. Pero no puede impedirlo por la fuerza, porque carece de la
legitimidad para utilizarla.
Esta deficiencia
conduce a la ilegitimidad en el monopolio del uso de la fuerza, en los términos
como planteó Max Weber hace casi un siglo, donde los estados funcionales
reproducen las formas de violencia que sostienen las relaciones sociales de
poder existentes, mientras suprimen aquellas que amenacen con romperlas. México
es un Estado disfuncional, cuya reparación fue soslayada por décadas.
(ZOCALO/
Columna Estrictamente Personal de Raymundo Riva Palacio/ 18 de Noviembre 2014)
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