ALCALDES: OBJETIVOS ESPECIALES DE AUTORIDADES

Chilpancingo, Gro.- Un total de 12 alcaldes de Guerrero pueden tener vínculos con diferentes grupos criminales, sea por voluntad propia o debido a actos de coerción de asociaciones delictivas.

De acuerdo con información de Milenio, es una carpeta informativa que registra algunos de los trabajos de inteligencia realizados por cuerpos de seguridad del Estado, hasta julio del presente año.

Estos ediles del estado están catalogados como “objetivos de atención especial”, con el fin de vigilar con más énfasis sus actividades cotidianas y relaciones.

Ocho presidentes pertenecen al PRD y cuatro al PRI; de estos 12, ya han sido capturados José Luis Abarca (Iguala) y Feliciano Álvarez Mesino (Cuetzala del Progreso), ambos militantes del sol azteca.

Además de estos hechos, se han registrado otras historias e imputaciones con otros alcaldes del mismo estado, como es el caso de Ignacio de Jesús Valladares Salgado, presidente municipal en Teloloapan, con posibles vínculos con el cártel de “La Familia Michoacana”.

Otros casos que se señalan, son los de Efraín Peña Damacio (Apaxtla de Castejón), Salomón Majul González (Taxco), el ex presidente municipal de Iguala Eric Fernández Ballesteros,  Francisco Javier García González (Chiapa de Álvarez), Mario Moreno Arcos (Chilpancingo), Crescencio Reyes Torres (La Unión de Isidoro Montes de Oca), Mario Alberto Chávez Carbajal (Tlacotepec), Leopoldo Ramiro Cabrera Chávez (Leonardo Bravo), y Rey Hilario Serrano (Coyuca de Catalán).

En fechas recientes, fuerzas federales han tomado el mando de diferentes alcaldías de Guerrero, ante investigaciones de sus cuerpos policiacos, así como de sus alcaldes, por posibles nexos con grupos de la delincuencia organizada. Lo anterior también se ha aplicado en algunos municipios del Estado de México.

RECHAZAN RELACIONES

Alcaldes perredistas en Guerrero rechazaron tener vínculos con el crimen organizado, por lo que incluso exhortaron a las autoridades realizar las investigaciones correspondientes, para deslindarse de estas imputaciones.

Rey Hilario, presidente municipal de Coyuca de Catalán, consideró que estos supuestos indicios derivan de la relación del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, con la organización criminal Guerreros Unidos, misma que es señalada por la desaparición de los 43 normalistas.

“Si hay investigación... Pues dicen que el que nada debe nada teme, entonces que se haga la investigación.

“Por el caso Iguala, por unos pagan otros”, enfatizó luego de una reunión con el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega.

“Si estamos en la mira de todos tenemos que darle una satisfacción a la ciudadanía y a mí me interesa mucho que mi nombre esté completamente limpio y si para ello tienen que investigarnos las dependías correspondientes, por supuesto que estoy a la disposición”, subrayó Ignacio Valladares, munícipe de Teloloapan.

Incluso, en el caso de Tlacotepec y Apaxtla, los alcaldes Mario Chávez y Efraín Peña, destacaron la disminución en los índices delictivos en sus respectivos ayuntamientos y en particular con ilícitos de alto impacto.

“En el caso de Tlacotepec en el que dicen que ha existido la inseguridad y la violencia, hasta el momento yo no he recibido queja de algún ciudadano y menos a hacer alguna denuncia”, aseveró Chávez.

“Tenemos un año sin ningún secuestro, sin ningún homicidio, sin ningún robo, absolutamente nada, muestra de que cuando la gente se organiza se combaten todos los males”, dijo Peña respecto a Apaxtla, donde se encuentra un movimiento de Policía Comunitaria.

YA ESTABAN ADVERTIDOS

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó en un documento oficial, fechado en marzo de 2014, que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, podía estar involucrado en asuntos del crimen organizado tras la muerte de tres activistas, así como el secuestro y tortura de otras cinco personas.

En el texto elaborado por el órgano de Gobierno estadounidense, dedicado sólo a México, se detallan más de 20 casos de violación de derechos humanos, incluido el caso Abarca.

“El 3 de junio (2013) las autoridades del estado de Guerrero encontraron los cuerpos de tres activistas políticos que fueron secuestrados el 30 de mayo. Otros cinco activistas escaparon de sus captores y alegaron que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, había ordenado su tortura y mató a un activista con una escopeta. Un amigo o conocido del secuestrado dijo a periodistas que Abarca tenía relación con el crimen organizado”, detalla el documento.

En una entrevista con el diario español “El País”, Nicolás Mendoza Villa, quien era chofer de uno de los activistas asesinados en las orillas de Iguala, dijo que vio a Abarca apuntar a la cabeza de Arturo Hernández Cardona, ex líder del movimiento campesino Unidad Popular.

“Vi cómo Abarca le apuntaba a la cabeza, en la mejilla izquierda, y le disparaba. Una vez caído en la fosa, le volvió a disparar”.

Mendoza Villa quien desde junio de 2013 vive escondido, pensó que sería el siguiente en ser asesinado después de Hernández Cardona.

“Sólo pedí que arrojaran mi cuerpo cerca de una carretera para que mi familia pudiera hallarlo”, recuerda, pero en ese momento él pudo escapar.

Sin embargo, durante más de un año, sobre el alcalde no cayó ninguna denuncia penal por el caso.

QUERÍAN MÁS ‘IMPERIO’

Entre los escombros del Palacio Municipal de Iguala, que fue incendiado por manifestantes el 23 de octubre, se halló una estrategia para que el matrimonio Abarca-Pineda se mantuviera al frente del Ayuntamiento de la localidad, y para que extendiera su influencia a Taxco y Teloloapan, a través de candidaturas ciudadanas.

La propuesta, elaborada por los asesores políticos del matrimonio, revela que los Abarca serían expuestos todos los días en los medios de comunicación entregando apoyos económicos masivos.

(ZOCALO/ Agencias/18/11/2014 - 10:13 AM)