Saltillo,
Coah., (apro).- Campesinos del Ejido El Bajío, quienes mantienen un litigio
contra la minera estadunidense Penmont, fueron “levantados” por militares el
pasado domingo 12, denunció Jesús Thomas González, abogado de los ejidatarios.
En
entrevista con Apro, precisó que elementos del Ejército Mexicano destacamentados
en el punto de revisión carretero El Sahuaro, ubicado en el kilómetro 106 del
tramo Caborca-Puerto Peñasco, se llevaron ese día a ocho campesinos.
En ese
destacamento, añadió, los militares sólo se dedican a realizar funciones de
seguridad privada para la minera, ya que esa empresa les proporciona alimentos,
gasolina y otros “beneficios” por cuidar sus instalaciones.
De
acuerdo con el abogado, los jornaleros detenidos son residentes del poblado El
Sahuaro de Caborca, Sonora. Cuatro de ellos viven en esa comunidad y cuatro más
en el Ejido El Bajío, que desde hace meses mantiene un litigio con Minera
Penmont S de RL de CV, socia de la empresa mexicana Minera La Herradura de
Grupo Peñoles, que preside Alberto Bailleres González.
Los
campesinos fueron detenidos cuando regresaban de sus labores diarias. Después
de 24 horas de la ilegal detención, fueron liberados los cuatro que residen en
El Sahuaro, mientras que los habitantes del Ejido El bajío, Raúl Ibarra, Jesús
Soto y los hermanos Erasmo y Pedro Francisco Santiago –que no leen español y
son de origen mixteco– quedaron detenidos.
Posteriormente
Raúl Ibarra y Jesús Soto fueron presentados en la agencia Segunda Investigadora
del Fuero Común de Caborca, acusados de robo.
“Ya no
fueron los militares quienes los presentaron, sino elementos de la policía
municipal de Caborca”, mencionó el abogado.
La
detención se justificó con una querella presuntamente presentada por su propio
ejido, El Bajío, pero inmediatamente se probó que era falsa. Además, los
acusadores no presentaron evidencia alguna del supuesto robo.
Raúl
Ibarra y Jesús Soto fueron liberados tras aclarar la situación ante el
representante social. Sin embargo, los hermanos Santiago fueron puestos a
disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal de Caborca, Sonora,
por los mismos militares que los retuvieron ilegalmente por más de 24 horas,
enfatizó el abogado.
“Los
militares los acusaron por la portación de una escopeta recortada que les fue
sembrada por los elementos del Ejército”, agregó.
Según
Jesús Thomas, tanto Erasmo como Pedro Santiago son mixtecos. El segundo, que no
domina el castellano, continúa recluido hasta ahora en el penal El Rincón de
máxima seguridad de Nayarit.
“Está
acusado por la portación de esta arma y en total estado de indefensión pues no
sabe leer ni escribir y no cuenta con un traductor que lo asista”, precisó el
abogado del Ejido El Bajío.
Hasta
este martes, detalló, lleva nueve días detenido y aún no se le toma su
declaración.
Su caso
se presentó en el Juzgado Cuarto de Distrito en la ciudad de Nogales, y un juez
lo mandó al penal de máxima seguridad, que lo aleja de su entorno para
dificultar su defensa.
“Le
comento que durante las horas que duró esta privación ilegal de libertad los
militares intentaron obtener 100 mil pesos por la liberación de cada
ejidatario, pues ellos aseguraban que la mina les pagaría esa cantidad por cada
campesino encarcelado”, contó Thomas González.
“Esto fue
repetido varias veces, hasta que no hubo forma de que estos jornaleros pudieran
obtener esas cantidades, siendo un militar de nombre Ruperto Rodríguez Dávalos
quien más insistía en esta transacción”, concluyó el abogado.
Los
ejidatarios de El Bajó mantienen un litigio contra Minera Penmont S de RL de
CV, debido a que se apropió ilegalmente de más de 3 mil hectáreas de su
propiedad y de donde extrajo oro durante más de 17 años.
En julio
de 2013 los campesinos ganaron una demanda a Pernmont en el Tribunal Unitario
Agrario (TUA) número 28, que fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN).
A partir
de entonces el TUA ordenó el desalojo de las más de 3 mil hectáreas de tierras
que la minera se había apropiado ilegalmente, y prohibió retirar minerales en
cualquier estado de los terrenos de los ejidatarios.
Tras el
fallo, la empresa, que se dice “socialmente responsable” y que supuestamente
trabaja “en estricto respeto a la ley”, se comprometió a “dar cabal y entero
cumplimiento a la resolución definitiva que fue pronunciada en el juicio
agrario número 188”.
Pero no
cumplió con sus promesas y continuó con la incursión ilegal, por lo que
abogados de los ejidatarios presentaron una denuncia ante el Ministerio Publico
que quedó registrada en el expediente 0987/2014, misma que contiene material
fotográfico y diversas grabaciones.
Los
ejidatarios también presentaron una demanda para que Permmont restituya las
tierras y pague alrededor de 100 millones de dólares por el ilegal saqueo que
hizo durante 17 años, litigio que también se llevará a Estados Unidos y
Londres.
(PROCESO/
Juan Alberto Cedillo/ Seguir a @JuanACedillo 21 de octubre de 2014)
No hay comentarios:
Publicar un comentario