En 2014, 15 magistrados y 13 jueces de
distrito han sido sancionados. Se les investiga por proteger a casineros,
importadores de autos extranjeros, algunos delincuentes, así como por
movimientos millonarios en sus cuentas bancarias
Un aumento en la presentación de quejas y
denuncias, con una renovada voluntad para erradicar irregularidades,
incapacidad y hechos delictuosos por parte de los impartidores de justicia,
arrojan como resultado la sanción administrativa a 53 funcionarios del Consejo
de la Judicatura Federal (CJF) durante el primer semestre del año.
Los casos de presunta corrupción y de venta
de protección legal a empresarios casineros, agencias aduanales y comerciantes
de autos de procedencia extranjera dispararon las cifras de jueces y
magistrados suspendidos o amonestados. Incluso se presentaron denuncias de
hechos ante el Ministerio Público de la Federación por enriquecimiento ilícito
y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El órgano administrativo del Poder Judicial
Federal ha sorprendido con sus acciones de control interno durante 2014 y más
allá de las simples faltas o irregularidades comunes se ha actuado en contra de
servidores públicos sospechosos de delitos graves.
La Contraloría y las áreas de Vigilancia,
Información y Evaluación del CJF y sus convenios con la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores han permitido a la
institución indagar sobre la situación bancaria y patrimonial de sus
trabajadores, detectándose algunos casos de probables beneficios ilícitos que
algunos funcionarios han obtenido.
JUECES
Y MAGISTRADOS A DESCANSAR
La Secretaría Ejecutiva de Disciplina del
CJF informa a través de su sistema estadístico que del 1 de enero al 30 de
junio se iniciaron 819 procedimientos administrativos en contra de funcionarios
y servidores públicos de todos los niveles que laboran en los órganos
jurisdiccionales del país.
En visitas de inspección o por
comparecencia de usuarios de la justicia ante el órgano de control del Poder
Judicial se presentaron en ese periodo 608 quejas y 157 denuncias. Además se
iniciaron 29 procedimientos disciplinarios, 14 investigaciones y 11 expedientes
varios a indagar.
En ese lapso se resolvió que 53 de los
servidores públicos señalados incurrieron en algún tipo de responsabilidad,
desde leve hasta grave, motivo por el cual fueron sancionados por la Secretaría
Ejecutiva de Disciplina, destacando de entre ellos 15 magistrados de circuito y
13 jueces de distrito.
La lista de los sancionados la completan 4
secretarios de tribunal de circuito, 9
secretarios de juzgado de distrito, 4 actuarios judiciales, 5 oficiales
administrativos y otros tres servidores públicos dependientes del CJF.
De los 15 magistrados sancionados, 5 fueron
suspendidos, la mayor cifra en la historia del Poder Judicial en tan breve
lapso. Otros 5 magistrados recibieron amonestaciones públicas, 3
apercibimientos privados, uno fue apercibido públicamente y otro más
inhabilitado para desempeñar la función. Por su parte, de los 13 jueces de
distrito, 4 fueron suspendidos, 3 tuvieron amonestaciones públicas, 2 fueron
apercibidos públicamente y 4 más apercibimientos en privado. Otro fue
amonestado en privado.
Además del otorgamiento indebido de
suspensiones provisionales para que algunos negocios sigan funcionando sin
pagar impuestos, entre otros actos de corrupción, se sabe que otras conductas
investigadas a los funcionarios judiciales están relacionadas con la falta de
profesionalismo, incurrir en múltiples irregularidades, retirarse temprano del
órgano jurisdiccional y no regresar a laborar, malos tratos a sus subordinados,
despidos injustificados, utilizar a subordinados para litigar asuntos a favor
de familiares o amigos y hostigamiento o acoso sexual a su personal.
LOS
CASINEROS DE LA LAGUNA
Al iniciar el año, el 23 de enero el
Consejo de la Judicatura Federal informó que inició procedimientos
disciplinarios de oficio en contra del juez Primero de Distrito del Centro
Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila, Luis Armando Jerezano
Treviño y de su secretario de acuerdos Gerardo Tiscareño Mercado, a quienes
suspendió sin goce de sueldo por presuntas irregularidades relacionadas con la
actividad de casinos cuando laboraban en el Juzgado Cuarto de Distrito en La
Laguna, con sede en Torreón.
Las investigaciones del CJF arrojaron el 15
de mayo que ambos funcionarios se habían enriquecido de manera ilícita y que
probablemente efectuaron operaciones financieras con recursos de procedencia
ilícita, motivo por el que fue presentada una denuncia de hechos ante el
Ministerio Público de la Federación.
Se detectó una irregular protección del
juzgador y de su secretario en los permisos otorgados a empresas de juegos y
sorteos, concretamente a la compañía “Atracciones y Emociones Vallarta”, que
promovió el juicio de amparo 99/2008 en el que fue favorecida. Pero no solo
eso, sino que se advirtieron irregularidades en los diversos juicios de amparo
correspondientes a los años de 2006 a
2009 en los que estuvieron involucrados ambos funcionarios en Torreón.
Por su parte, la Contraloría del Poder
Judicial de la Federación detectó que Jerezano Treviño no justificó ingresos
adicionales a los percibidos con motivo de sus encargos por la cantidad de 3
millones 518 mil 959 pesos, además de que efectuó operaciones aparentemente
ilegales por 3 millones 650 mil pesos en créditos que fueron liquidados de
manera anticipada, así como abonos o depósitos a sus familiares por un monto
total de 4 millones 150 mil pesos.
Uno de los familiares del juez federal coahuilense
recibió depósitos de origen desconocido por 2 millones 218 mil 955 pesos, sin
que la persona hubiera reportado ingresos por el desempeño de alguna actividad
ante el Servicio de Administración Tributaria y durante el periodo sujeto a investigación. Dicho
familiar adquirió inmuebles con valor superior a los 13 millones de pesos.
CASAS
DE APUESTA EN NUEVO LEÓN
En su sesión del 5 de marzo último, el
Pleno del Consejo resolvió iniciar procedimiento de responsabilidad
administrativa en contra del Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa
de Nuevo León, Ricardo Hiram Barbosa Alanís, y de sus secretarios Héctor
Fernando Monterrubio Pontigo, Alejandro Tovar Álvarez y Eusebia González
González, además de suspenderlos hasta que concluyan las investigaciones.
La situación laboral de los funcionarios
federales neoleoneses se vio afectada por las diversas quejas presentadas en su
contra por el probable otorgamiento indebido de suspensiones provisionales y
definitivas a casas de apuestas desde 2011. Las pesquisas internas prosperaron
y el 29 de mayo se informaba de una nueva denuncia de hechos ante el Ministerio
Público de la Federación.
Otra vez figuró la empresa Emociones
Vallarta S.A. de C.V. entre las beneficiadas de manera constante con los fallos
irregulares del juez Barbosa Alanís. También están entre las favorecidas
Cervezas Modelo de Nuevo León, S.A. de C.V. y Entretenimiento de México S.A de
C.V.
Además de ponerse en duda la verdadera
justicia en las resoluciones del juzgador, la contraloría identificó
movimientos bancarios a favor de éste, en depósitos o abonos por un monto
superior a los 597 mil pesos y cuyo origen se desconoce. A familiares directos
de Ricardo Hiram Barbosa les depositaron 5 millones 123 mil 555 pesos sin
conocerse los detalles.
Al secretario Héctor Monterrubio Pontigo le
detectaron movimientos por depósitos o abonos en sus cuentas bancarias por un
millón 572 mil 066 pesos y a las personas relacionadas con éste, depósitos por
más de 946 mil pesos sin justificación alguna. Por lo que se refiere a las
cuentas del secretario Alejandro Tovar Álvarez, se identificaron movimientos
por depósitos en sus cuentas y cuyo origen se desconoce por un monto que rebasa
los 859 mil pesos. Sus familiares también reportan movimientos bancarios
inusuales por más de 2 millones 466 mil pesos.
La secretaria Eusebia González González
también gustaba de manejar mucho dinero. Sus cuentas de banco mostraron
depósitos de poco más de un millón 464 mil pesos. Una persona relacionada con
la funcionaria tenía movimientos de más de millón y medio de pesos. Las
investigaciones no han concluido.
OTROS
PROTECTORES DE CASINEROS
El 8 de mayo el Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal informó su determinación de suspender de manera inmediata y
sin derecho a percepción alguna, a los magistrados Eduardo Ochoa Torres,
presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil en Monterrey, a José
Manuel Rodríguez Puerto, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del
Trabajo en Tamaulipas, así como al juez Javier Rubén Lozano Martínez, titular
del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León.
Oficialmente el CJF afirmó que la decisión
de suspender a los funcionarios judiciales obedecía a la investigación de
hechos públicos presuntamente delictivos, mas no se abundó en los datos.
Trascendió que de manera similar a la de otros jueces y magistrados
favorecieron con sus fallos irregulares a los empresarios dueños de casinos.
El 14 de mayo la institución federal
presentó denuncia de hechos ante el Ministerio Público de la Federación sin
especificar las conductas atribuidas a los señalados, dos de los cuales tenían
antecedentes de haber sido sancionados anteriormente por la Secretaría
Ejecutiva de Disciplina.
El magistrado Ochoa Torres fue apercibido
en privado en marzo de 2004, cuando se desempeñaba como Juez Tercero de
Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León. En sesión del Pleno se le
encontró responsable de “no cumplir con la máxima diligencia el servicio
encomendado”, falta considerada como leve.
Por su parte, al magistrado Rodríguez
Puerto, que fungía como magistrado de circuito del Tribunal Colegiado con
residencia en Cancún, se le sancionó por “falta de profesionalismo” en octubre
de 2003, falta también catalogada por el Pleno como leve, por lo que solo
ameritó un apercibimiento privado.
Simultáneamente a la suspensión de los tres
funcionarios referidos, se aceptó la separación de Mario Alberto Prado
Rodríguez, al cargo de Secretario Técnico de la ponencia del consejero Daniel
Francisco Cabeza de Vaca Hernández. El Consejo solo informó en un escueto
comunicado que esta medida se daba “con el fin de facilitar la investigación
del caso en que se han visto involucrados funcionarios judiciales federales en
posibles actos ilícitos relacionados con la actividad de casinos”.
AUTOS
“CHOCOLATE” EN BAJA CALIFORNIA
El 16 de junio, luego de más de dos años de
quejas y denuncias presentadas en su contra, fueron suspendidos Daniel José
González Vargas, juez Segundo de Distrito en el estado de Baja California, con
sede en Mexicali, y su secretario
Ricardo Arreola Villanueva, señalados de traficar con amparos y suspensiones
provisionales a favor de agencias aduanales e importadores de autos
extranjeros.
Las irregularidades detectadas en la
revisión de las actuaciones de uno de muchos amparos indirectos sospechosos,
consisten en el cambio de criterio del juez González Vargas y de su secretario,
al negar, primero, la suspensión provisional solicitada por el representante
legal de una empresa moral dedicada a la importación de autos usados, y
posteriormente, conceder la suspensión definitiva, dejando de aplicar diversas
jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y contraviniendo a
varios artículos de la misma Ley de Amparo.
El Consejo de la Judicatura Federal informó
que durante las investigaciones se realizaría una visita de inspección con la
finalidad verificar y recabar información relacionada con las probables
irregularidades e inconsistencias referidas por usuarios de la justicia,
principalmente en el trámite de juicios de garantías en los que se reclamen
actos contra leyes en materia aduanera.
Motivo de las indagaciones ordenadas por el
Pleno del Consejo también se mencionan los juicios en los que aparezcan como
partes determinadas empresas dedicadas a la importación de vehículos usados y
otras personas físicas que constantemente fueron beneficiadas.
La Visitaduría Judicial podrá durante el
tiempo que tome la visita recabar más denuncias o quejas presentadas por
abogados, ofendidos o cualquier ciudadano sobre actos que se puedan considerar
como ilegales. La investigación administrativa puede extenderse a cualquier
otro servidor público.
ESCANDALOSOS
DEPÓSITOS A SECRETARIO
El 18 de junio se informó de la suspensión
de otro juez. Ahora tocó turno a Álvaro Tovilla León, titular del Juzgado
Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. También se
presentó denuncia de hechos ante la fiscalía federal y no solo contra el funcionario,
sino contra diversos litigantes.
El Consejo de la Judicatura Federal informó
al respecto que ya se había destituido con anterioridad y era procesado
penalmente el ex servidor público Esiquio Martínez Hernández, quien fungía como
secretario de Tovilla León y al que éste encubrió en la presunta comisión de
actos delictuosos.
Trascendió que entre 2006 y 2008 el
juzgador conoció de 23 juicios de amparo en los que aparecen como abogados
“promoventes” o autorizados diversas personas cuyos nombres aparecen como
depositantes en las cuentas bancarias del secretario de acuerdos Martínez
Hernández, quien desde junio de 2012 es procesado por enriquecimiento ilícito.
En las cuentas de Esiquio se registraron
movimientos millonarios a finales del año 2011 por una cantidad mayor a los 432
millones 536 mil pesos, siendo que el servidor público durante ocho años de
trabajo en el Poder Judicial de la Federación solo había obtenido como ingresos
netos 5 millones 444 mil 814 pesos.
Años más tarde, las áreas internas de
vigilancia y disciplina del CJF recabaron testimonios en el sentido de que
presumiblemente bajo la titularidad del juez Tovilla León ocurrieron actos para
conocer y manipular los asuntos que no habían quedado bajo su control
.
LAS
CUENTAS DE LUNA ALTAMIRANO
El 11 de junio la Judicatura Federal
suspendió al magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano y tres días después
presentó una denuncia para que se le investigue por la comisión de probables
conductas delictuosas en la tramitación y resolución de 12 tocas penales y
juicios de amparo, así como por haber obtenido ingresos distintos a los que por
razón de su encargo le correspondían.
Todo inició en mayo de 2012 durante una
visita extraordinaria al Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer
Circuito (Distrito Federal), donde los visitadores encontraron conductas que
denotaron la presunta “falta de profesionalismo y de imparcialidad, notoria
ineptitud y descuido” en el trámite y resolución de diversos tocas penales y
juicios de amparo por parte del magistrado Luna Altamirano.
Al indagar los ámbitos bancario, fiscal, de
registro de bienes inmuebles y declaraciones patrimoniales, la Contraloría del
Poder Judicial de la Federación, detectó que el funcionario judicial realizó
movimientos por depósitos o abonos por un monto que asciende a 2 millones 705
mil 852 pesos, y se retiraron 8 millones 469 mil 131 pesos, presentando cifras
distintas en sus declaraciones patrimoniales de 2004 a 2012.
De familiares de Jesús Guadalupe Luna se
detectaron depósitos por un monto total de un millón 970 mil 440 pesos y
retiros por 8 millones 469 mil 131 pesos. En dólares americanos se detectaron
127 operaciones por un total de 633 mil 981 dólares. Además el magistrado
suspendido hizo la donación de una propiedad ubicada en Coyoacán, con valor de
4 millones 929 mil 600 pesos, a favor de una de sus hijas, sin declarar el
valor del inmueble.
EL
NEGOCIO DE LOS METALES Y LAS JOYAS
Recientemente, el CJF también solicitó a la
Procuraduría General de la República abra una averiguación previa en contra de
Jorge Figueroa Cacho, magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Tercer Circuito (Jalisco), por haber incurrido en probables conductas
delictivas derivadas de operaciones bancarias y transacciones financieras inusuales
con empresas dedicadas a la compraventa de metales y joyas del Estado de
Jalisco.
Las operaciones inusuales de Figueroa Cacho
estriban en la recepción de tres cheques que suman la cantidad de un millón 792
mil 250 pesos, además de otros tres cheques que le fueron endosados a su nombre
por un total de 855 mil 652 pesos. Todos los documentos librados por empresas
dedicadas a la venta de metales finos.
La totalidad de los recursos señalados –dos
millones 647 mil 902 pesos– fueron retirados de la cuenta del suspendido
magistrado dos días después, mediante un cheque de caja por el valor
equivalente en dólares americanos, a favor de una mujer.
Del análisis de los estados de cuenta de
Figueroa Cacho se identificaron depósitos bancarios por la cantidad de 2 millones
869 mil 205 pesos. Y en el caso de los
registros bancarios de cinco de sus familiares, se identificaron depósitos por
un monto de 6 millones 175 mil 618 pesos.
En productos financieros en dólares
americanos, se advirtió que en una cuenta registrada a su nombre se realizaron
depósitos y abonos por un monto de 50 mil 449 dólares. El Consejo de la
Judicatura Federal informó que colaborará con el agente del Ministerio Público
Federal durante la integración de las respectivas indagatorias y continuará haciendo
públicos los casos de corrupción.
(SEMANARIO ZETA/ Investigaciones ZETA /
Fotos. Cuartoscuro.com/ 20 de Octubre del 2014 a las 12:00:00)
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