Carmen Aristegui
Un “programa de urgencia” para Michoacán es lo que necesita México en estos momentos, según comentó en entrevista para CNN Javier Ciurlizza, experto colombiano y director para América Latina y el Caribe de International Crisis Group, organismo internacional que se dedica a realizar investigación y estudios de campo en zonas del mundo donde están presentes conflictos de carácter bélico.
En su primera incursión en México, realizaron un estudio sobre la violencia en el país el sexenio pasado. En su segunda incursión, realizaron un estudio de campo sobre las fuerzas de autodefensa y policías comunitarias, cuya irrupción en Guerrero y Michoacán ha crecido en forma exponencial, a partir de las primeras semanas del año pasado.
El estudio “Justicia en el cañón de un arma: las milicias civiles en
México” disecciona la rápida expansión de grupos civiles armados que se
han organizado para hacer frente a grupos criminales, como es el caso de
“Los Caballeros Templarios”.
El trabajo de campo arroja que, si bien muchos de estos grupos están constituidos por personas que actúan genuinamente y son conformados por “ciudadanos bien intencionados y que han detenido a cientos de sospechosos, su existencia desafía el monopolio básico del Gobierno respecto al uso de la fuerza y la impartición de justicia, y algunos de ellos tienen sus propios vínculos con los carteles”, según el informe y sus conclusiones.
En coincidencia con otros que han abordado el fenómeno en estos días, se plantea que las autodefensas y policías comunitarias pueden contribuir, favorablemente, para el restablecimiento de condiciones mínimas de seguridad y de un Estado de derecho, siempre y cuando se cumplan tres condiciones básicas: el desarme; la incorporación de autodefensas al andamiaje legal e institucional, y, por último, una actuación dentro del más amplio respeto a los derechos humanos.
El Gobierno los ha emplazado a la entrega de las armas, sin lograr su objetivo. Las autodefensas han dicho que no lo harán hasta que sean capturados los siete cabecillas de “Los Caballeros Templarios” y se restablezca el Estado de derecho. Hasta el momento han detenido a uno de los siete nombrados.
Para Ciurlizza: “La policía comunitaria puede contribuir positivamente a luchar contra la inseguridad... pero, sólo si es legal y trabaja con el Gobierno”.
Es innegable que las autodefensas y comunitarias han adquirido experiencia, conocen las localidades, rutas, caminos y reconocen a los personajes clave dentro de las estructuras operativas de la delincuencia y han mostrado “por momentos” una determinación mayor que la de las propias fuerzas del Estado. Autodefensas y comunitarios, por momentos sorprenden y por momentos inquietan. Entusiasman y preocupan, indistintamente. Lo primero porque, con la irrupción de la sociedad organizada, se recupera “si bien en un contexto extremo y con las herramientas de la violencia” la noción básica de la participación ciudadana como factor irrenunciable en cualquier proceso democrático. Preocupa, por otra parte, que el ensanchamiento de las autodefensas y comunitarias conduce a zonas de riesgo y mayor vulnerabilidad institucional.
No hay información pública confiable, por ejemplo, respecto a cuántos son, con cuántas armas y recursos cuentan. También es difícil imaginar el despliegue gubernamental, militar y policiaco de los últimos días, de no ser por el avance, acelerado, de las autodefensas en varios municipios de Tierra Caliente hasta llegar a un paso de Apatzingán.
Después de recorridos y levantamiento de datos, concluyen que el epicentro está en Michoacán y la Costa Pacífica de Guerrero, donde miles de hombres forman parte de organizaciones diversas en esas corporaciones sociales.
El desafío es mayúsculo para el Estado mexicano. No se trata sólo de Guerrero y Michoacán, sino de amplias zonas del país en donde grupos criminales armados dominan franjas importantes del territorio, mientras que guardias y policías comunitarias, por su parte, van ganando espacios y adeptos. En Davos, este jueves, Enrique Peña Nieto fue cuestionado durante su intervención en ese Foro Mundial, precisamente, sobre el tema de las autodefensas. Reconoció que a algunos de esos grupos los impulsan intereses legítimos y los invitó a participar por las vías institucionales. La postura gubernamental no ha variado, es de suponerse que la de las autodefensas tampoco. Sí al desarme pero, primero, exigen resultados.
El trabajo de campo arroja que, si bien muchos de estos grupos están constituidos por personas que actúan genuinamente y son conformados por “ciudadanos bien intencionados y que han detenido a cientos de sospechosos, su existencia desafía el monopolio básico del Gobierno respecto al uso de la fuerza y la impartición de justicia, y algunos de ellos tienen sus propios vínculos con los carteles”, según el informe y sus conclusiones.
En coincidencia con otros que han abordado el fenómeno en estos días, se plantea que las autodefensas y policías comunitarias pueden contribuir, favorablemente, para el restablecimiento de condiciones mínimas de seguridad y de un Estado de derecho, siempre y cuando se cumplan tres condiciones básicas: el desarme; la incorporación de autodefensas al andamiaje legal e institucional, y, por último, una actuación dentro del más amplio respeto a los derechos humanos.
El Gobierno los ha emplazado a la entrega de las armas, sin lograr su objetivo. Las autodefensas han dicho que no lo harán hasta que sean capturados los siete cabecillas de “Los Caballeros Templarios” y se restablezca el Estado de derecho. Hasta el momento han detenido a uno de los siete nombrados.
Para Ciurlizza: “La policía comunitaria puede contribuir positivamente a luchar contra la inseguridad... pero, sólo si es legal y trabaja con el Gobierno”.
Es innegable que las autodefensas y comunitarias han adquirido experiencia, conocen las localidades, rutas, caminos y reconocen a los personajes clave dentro de las estructuras operativas de la delincuencia y han mostrado “por momentos” una determinación mayor que la de las propias fuerzas del Estado. Autodefensas y comunitarios, por momentos sorprenden y por momentos inquietan. Entusiasman y preocupan, indistintamente. Lo primero porque, con la irrupción de la sociedad organizada, se recupera “si bien en un contexto extremo y con las herramientas de la violencia” la noción básica de la participación ciudadana como factor irrenunciable en cualquier proceso democrático. Preocupa, por otra parte, que el ensanchamiento de las autodefensas y comunitarias conduce a zonas de riesgo y mayor vulnerabilidad institucional.
No hay información pública confiable, por ejemplo, respecto a cuántos son, con cuántas armas y recursos cuentan. También es difícil imaginar el despliegue gubernamental, militar y policiaco de los últimos días, de no ser por el avance, acelerado, de las autodefensas en varios municipios de Tierra Caliente hasta llegar a un paso de Apatzingán.
Después de recorridos y levantamiento de datos, concluyen que el epicentro está en Michoacán y la Costa Pacífica de Guerrero, donde miles de hombres forman parte de organizaciones diversas en esas corporaciones sociales.
El desafío es mayúsculo para el Estado mexicano. No se trata sólo de Guerrero y Michoacán, sino de amplias zonas del país en donde grupos criminales armados dominan franjas importantes del territorio, mientras que guardias y policías comunitarias, por su parte, van ganando espacios y adeptos. En Davos, este jueves, Enrique Peña Nieto fue cuestionado durante su intervención en ese Foro Mundial, precisamente, sobre el tema de las autodefensas. Reconoció que a algunos de esos grupos los impulsan intereses legítimos y los invitó a participar por las vías institucionales. La postura gubernamental no ha variado, es de suponerse que la de las autodefensas tampoco. Sí al desarme pero, primero, exigen resultados.
(ZOCALO/ Columna de Carmen Aristegui/ 24 de Enero 2014)
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