MÉXICO, D.F.,
(proceso.com.mx).- Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de
la República (PGR), confirmó que el capo Rafael Caro Quintero envió una carta
al presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Murillo Karam
reconoció que él mismo recibió la carta, que también llegó al secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong.
“No es supuesta la
carta (enviada por Caro Quintero), yo la recibí, es cierto el asunto”, reiteró
Murillo Karam entrevistado al término del Simposio Internacional contra la
Explotación Infantil.
El funcionario
agregó: “Es un asunto que se resuelve en el ámbito judicial y ahí está”.
En su número 1935,
que comenzó a circular desde el pasado fin de semana, la revista Proceso
publica una carta del capo Rafael Caro Quintero en la que pide al gobierno de
Peña Nieto no dejarse presionar por el ánimo de “venganza y revancha” de
Estados Unidos a partir de su salida de prisión, ocurrida el pasado nueve de
agosto.
“Lo que tenía que
pagar ya lo saldé”, escribió el exjefe del desaparecido Cártel de Guadalajara,
a quien se le atribuye el asesinado del exagente de la DEA Enrique Camarena
Salazar.
Con la extradición a
Estados Unidos como horizonte, Rafael Caro Quintero le pidió al presidente
Enrique Peña Nieto no dejarse presionar por el ánimo de “venganza y revancha”
de Washington a raíz del asesinato del exagente de la DEA Enrique Kiki Camarena
Salazar.
“Lo que tenía que
pagar ya lo saldé”, dice el exjefe del desaparecido Cártel de Guadalajara en
una carta firmada por él y que sus abogados entregaron a la Secretaría
Particular de la Presidencia de la República el pasado 19 de noviembre y
dirigida también al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a
su perseguidor, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
Declarado prófugo
desde el pasado 6 de noviembre, cuando
cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia revirtieron el amparo que tres
meses antes lo había liberado, Caro Quintero le pide también al Poder Judicial
que no se someta a “las presiones y designios” de Washington, luego de haber
cedido y anulado su liberación.
Caro Quintero –por
conducto de sus representantes legales– hizo llegar a Proceso una copia del
escrito dirigido al gobierno mexicano así como la queja que presentó la semana
pasada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la
persecución de la cual, dice, han sido objeto él y su familia por parte de las
autoridades mexicanas “instadas por Estados Unidos”, desde su salida de prisión
el pasado 9 de agosto, en uno de los casos que marcaron el primer año del
gobierno de Peña Nieto.
La madrugada de ese
día el excapo abandonó el penal en compañía de una parte de su equipo de
abogados sin que ningún funcionario de México o representante del gobierno de
Estados Unidos lo impidiera, pese a que las autoridades de los dos países
sabían desde semanas antes que la justicia mexicana lo dejaría en libertad.
En ese momento el
Ministerio Público pudo haber solicitado su retención si el propósito era
mantenerlo en prisión con el argumento de una nueva investigación en su contra,
como ahora argumenta el gobierno de Estados Unidos, dice su defensa desplegada
en Guadalajara y en el Distrito Federal.
Su liberación
provocó una alegada sorpresa de los dos gobiernos, pero sobre todo hizo que se
revisara y quedara en entredicho la versión oficial de México y Estados Unidos
sobre el asesinato, en febrero de 1985, de Camarena y del piloto mexicano
Alfredo Zavala Alvear, informante pagado por la DEA.
Aprovechando su
condición de piloto de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos, Zavala vendía al agente estadunidense información sobre los
cultivos de droga en el país.
La duda la pusieron
los propios excompañeros de Camarena, entre ellos el encargado de la
investigación del doble asesinato, Héctor Berrellez. Éste asegura que el
homicidio se debió a que Camarena se enteró de las relaciones del Cártel de
Guadalajara con la CIA como parte de la trama del Irán-Contras, la ilegal
operación internacional del gobierno estadunidense para financiar a la contrarrevolución
en Nicaragua.
(RIODOCE- Redacción
-diciembre 3, 20130)
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