*Tres miembros de esa corporación fueron liberados. En la tarde se
reunieron integrantes de la CRAC con Martínez Garnelo; el funcionario
dijo que no está en el diálogo el caso de Nestora Salgado
Lourdes Chávez
Chilpancingo.- La Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJE) consignó por
secuestro agravado a seis policías comunitarios dela Casa de Justicia de
El Paraíso, Ayutla, que estaban arraigados desde el 21 de agosto en el
hotel Royalti en Acapulco, entre ellos se encuentra el coordinador,
Bernardino García Francisco, quien fue detenido el mismo día que la
coordinadora Nestora Salgado García.
Según versiones extraoficiales a las 7:45 de la noche fueron ingresados al reclusorio de Acapulco, el coordinador, Bernardino García y cinco policías comunitarios: Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos.
En tanto, fueron liberados tres policías comunitarios que estaban arraigados, así como 32 detenidos que estaban en proceso de reeducación en la Casa de Justicia de El Paraíso, acusados de diversos delitos por la justicia comunitaria, y que fueron detenidos por Ejército cuando irrumpió en El Paraíso en 21 de agosto. Para que regresaran a su comunidad, en Ayutla, a los ex arraigados les dieron entre 100 y 150 pesos para su regreso a Ayutla.
Un anuncio en falso
En la tarde, el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis
Acatlán, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC),
Eliseo Villar Castillo, anunció la liberación de nueve policías
comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, arraigados en
Acapulco, luego de la reunión con el secretario general de gobierno,
Jesús Martínez Garnelo, donde demandaron la libertad de 13 comandantes y
policías de ese lugar, y 12 de Zitlaltepec.
Sin embargo, el abogado del Centro de Defensa de Derechos Humanos, Vidulfo Rosales Sierra, aclaró que a las 9 de la noche vencía el plazo para liberar o consignar a los arraigados, pero que el funcionario no se comprometió a nada en el encuentro.
Los arraigados eran investigados por secuestro y fueron detenidos por militares el mismo día que la coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá, Nestora Salgado García, el 21 de agosto, quien se encuentra en un penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit.
Martínez Garnelo negó que en la mesa de trabajo se revise la liberación de Nestora Salgado García, incluso, aseguró que no se encontraba ese punto en el pliego petitorio que le presentaron las autoridades comunitarias.
En un receso, Martínez Garnelo declaró que los comunitarios llevaron muchas peticiones, pero la más importante era la liberación de 12 policías comunitarios de Zitlaltepec, detenidos en Cochoapa El Grande el domingo y consignados por la Procuraduría General de República (PGR) el martes en la madrugada.
Pero el funcionario insistió que “tratándose de delitos federales, aunque el gobierno del estado quisiera intervenir… (no puede) sin embargo, ahorita estamos en este diálogo y esperamos llegar a buenos acuerdos”.
Sobre la coordinadora de Olinalá, acusada de secuestro agravado en un juzgado del fuero común, pero en prisión en un penal federal, aseguró que es un asunto que no se analiza, “no, no ha lugar, porque se acordó desde hace un tiempo… no está dentro del punto petitorio”.
Por separado, Vidulfo Rosales Sierra puntualizó que el caso de Nestora Salgado García se lleva en Chilpancingo, ante la juez Amelia Gómez García.
La reunión que se realizó a puerta cerrada con autoridades comunitarias de la Casa de Justicia de El Paraíso y la de San Luis Acatlán en el Palacio de Gobierno por la liberación de los detenidos, comenzó casi a la una de la tarde y terminó a las 3:30.
Al término, Villar Castillo anunció que por la noche liberarían a los
policías comunitarios de Ayutla, arraigados por secuestro en Acapulco, y
en el próximo martes continuaría la mesa de diálogo con el gobierno del
estado para sacar de prisión a todos los encarcelados.
Adelantó que podría haber más movilizaciones de la CRAC si no hay avances en la mesa de negociación, “tenemos que evaluar el avance que se dé, en caso de que no haya avance tienen que tomarse otras acciones”.
Aunque por la noche no había ninguna confirmación, sino versiones de que varios arraigados serían consignados.
En entrevista, se le recordó que de manera insistente, él dijo que la CRAC desconoció a las Policías Comunitarias que pertenecen a la Casa de Justicia de El Paraíso, incluso se negaba a defender a los policías de Ayutla de los Libres y de Olinalá detenidos por el Ejército.
Reiteró: “se había desconocido a la Casa de Justicia de El Paraíso por sus malas actitudes y acciones que habían tomado, pero después hubo acuerdo de asamblea regional, en el sentido de que se estaban afectando a terceras personas, a todas las comunidades, y por eso se reactivó la Casa de Justicia de El Paraíso”.
Aclaró que el acuerdo se tomó apenas este sábado pasado, 5 de octubre, así como la decisión de bloquear la carretera nacional a la altura de Marquelia el lunes, para exigir la libertad de todos los detenidos de la CRAC. “Claro que antes había inquietud de protestar, pero se completó el agravio (a la CRAC) con la detención de 12 comunitarios de la casa de Justicia de Zitlaltepec en Cohoapa El Grande”, con otros dos civiles que los acompañaban.
Afirmó que previendo que continúen las acciones de hostigamiento a la institución comunitaria, se pidió la mesa de diálogo al gobierno estatal, con quien tienen acuerdos y leyes que respaldan sus acciones, “por eso manifestamos nuestra inconformidad, la violación que se está dando a nuestros derechos”.
Indicó que en otro de los puntos del pliego de demandas, están solicitando patrullas, uniformes y la devolución de todo el armamento que ha decomisado el Ejército este año, y que estimó en unas 200 armas de distintos calibres.
Los civiles de Cochoapa
En el encuentro, estuvieron los hermanos Félix y Anselmo Flores
Modesto, vecinos de Cochoapa el Grande que fueron detenidos por el
Ejército, junto a los 12 policías comunitarios de Zitlaltepec el
domingo. Ahí, Félix denunció que la Policía Municipal de Cochoapa
tergiversó los hechos para acusarlos ante la PGR, de llevar una mochila
con cartuchos útiles que pertenecen a la CRAC-PC.
Sin embargo, decidieron pagar la fianza de 12 mil pesos y continuar el proceso del libertad, aunque ellos son los agraviados.
Explicó que un mes antes, solicitó al síndico procurador de Cochoapa, Bernardo Ponce García, que pidiera la intervención de la CRAC para resolver un problema de invasión de terrenos, y consiguieron un escrito donde aceptaba la intervención de la Policía Comunitaria de Zitlaltepec.
Añadió que la intervención era para resolver un problema de invasión de terrenos, y acusó a Faustino García Chávez y tres personas más de adueñarse de su propiedad, incluso indicó que cuando la Policía Comunitaria decidió tomar el caso para investigarlo, fue apoyada por la Policía Municipal, para detener e interrogar al acusado.
Cuando estuvieron en Cochoapa el Grande, Faustino García Chávez, disparó a los comunitarios y ellos respondieron lanzando tiros al aire, pero huyó. Luego, el Ejército detuvo a los policías comunitarios.
Denunció que el síndico y la Policía Municipal desconocieron los acuerdos y volteó los cargos contra los comunitarios, “no se vale, porque son autoridades”, lamentó.
(EL SUR DE ACAPULCO/ Lourdes Chávez/ oct 11, 2013)
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