Las
comunidades nahuas de la Sierra de Manantlán llevan años padeciendo el
saqueo por parte de empresas mineras y madereras, lo que las llevó a
crear sus propios cuerpos de autodefensa. Las autoridades no sólo se
muestran omisas ante las denuncias documentadas por los comuneros, sino
que aun los persiguen cuando quieren organizarse, como sucedió el mes
pasado con Gaudencio Mancilla, del ejido de Ayotitlán, la misma
localidad donde desapareció otro defensor indígena: Celedonio Monroy en
octubre de 2012.
GUADALAJARA (Proceso Jalisco).- Gaudencio Mancilla pensó que era el último día de su vida.
En
julio pasado el dirigente nahua logró huir cuando un comando armado
irrumpió en su casa, en el rancho La Guayaba, ejido de Ayotitlán,
Cuautitlán de García de Barragán, pero la madrugada del 22 de agosto no
pudo esquivar a los “enmascarados” que irrumpieron en su casa y a
patadas, cachazos y cachetadas lo sacaron para treparlo a un vehículo.
Actuaban
como los sujetos que el 23 de octubre de 2012 desaparecieron a su
compañero Celedonio Monroy, también defensor del territorio del que se
quieren apropiar mineras y talamontes. Después, cuando se enteró de que
estaba detenido por el delito de portación de un arma nueve milímetros,
supo que se trataba de elementos de la Fiscalía General del Estado.
Durante
el trayecto sus captores lo cambiaron a una camioneta Van en cuyo
interior había sogas, pinzas, correas y otros objetos de tortura:
“Pensé que con las pinzas me iban a colgar de las orejas”, cuenta a
Proceso Jalisco, luego de pagar 5 mil pesos de fianza para recuperar su
libertad.
A Mancilla, de 62 años, quisieron arrancarle bajo
tortura la declaración de que estaba creando una policía comunitaria.
Sus captores insistían en que admitiera que las armas se las iban a dar
–según relata– el diputado de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda;
el tercer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco,
Alfonso Hernández Barrón, y César Díaz y Jaime Díaz, de la Unidad de
Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI) de la UdeG.
Los policías
estatales que allanaron la casa del dirigente se llevaron documentos de
la comunidad, incluidos los relacionados con el juicio de la
complementaria del ejido de Ayotitlán, así como una foto de 2005 en la
que aparece Mancilla con el subcomandante Marcos.
También
extrajeron volantes “subversivos”, entre ellos unos trípticos que los
comuneros entregaron a principios de año a las autoridades de los tres
niveles de gobierno donde se discutió sobre la creación de un cuerpo de
vigilancia comunitaria para garantizar la seguridad a sus familias.
Su detención no es un caso aislado, como dicen las autoridades; “es un asunto relacionado con las minas”, insiste Mancilla.
Tras
su liberación las autoridades de la UdeG le pidieron permanecer en
Guadalajara, pero él prefirió regresar a su comunidad con su familia. El
pasado 31 de agosto el gobernador Aristóteles Sandoval visitó el ejido
de Ayotitlán y se reunión con los dirigentes del Cuerpo Consultivo
Agrario, incluido Mancilla.
El mandatario se comprometió a
investigar y castigar a los responsables de la tortura a la que fue
sometido Mancilla y pidió “disculpas” a las personas que fueron
golpeadas durante los cateos del 22 de agosto. Además, se instaló una
mesa de trabajó jurídico agrario para revisar el juicio de ejecución
complementaria del ejido y la realización de una auditoría a la Mesa
Directiva actual.
Ese mismo día, la delegación de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Jalisco clausuró las
minas Piedra Imán y Caña Verde, pero el Consejo Consultivo Agrario
afirma que al día siguiente se reanudó la extracción de hierro.
Tibios deslindes
Gaudencio
Mancilla viste una camisa de cuadros nueva pues la ropa que llevaba en
el momento de la detención estaba manchada de sangre, evidencia de los
sistemáticos métodos de investigación de la fiscalía. Su sombrero le
cubre una herida en la cabeza. “Este asunto es por las minas”, dice con
la voz apagada.
“Dijeron que qué me importaba que se trabajaran
las minas –cuenta–. ‘Señores –les respondí–, me importa porque es mi
comunidad, porque soy ejidatario y porque hay una reserva (la de la
Biosfera de Manantlán)’. Y ellos insistían: ‘A ti qué chingados te
importa’…
“El asunto es ese: por haber parado lo de las minas (el 3
de junio pasado, más de 200 nahuas detuvieron dos sitios de explotación
de hierro). Ése es su problema. Pero les aclaro que no es Gaudencio, es
toda la comunidad que las ha querido parar”.
Y aun cuando el
encargado de la política interna del gobierno estatal, Arturo Zamora,
trató de deslindarse, arguyendo que no se trata de un asunto de minas,
según datos oficiales de la Secretaría de Economía (solicitud de
información 0001000063313) las compañías mineras abarcaban ya 33% del
territorio jalisciense. La cifra contrasta con la de 2005, cuando el
gobierno de Jalisco tenía concesionado sólo 6% de su espacio a compañías
dedicadas a ese rubro.
Además, desde 2008 en la región de la
Costa Sur se agudizó el robo de hierro para exportarlo a China por el
puerto de Manzanillo; incluso los lugareños comenzaron a ver gente
armada realizando trabajos de explotación y talando árboles de especies
como el tampicirán y la rosamorada.
En 2011, el entonces titular
de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán, Salvador Montes
Quintero, quien falleció recientemente, detectó maquinaria en las
poblaciones Las Pesadas y en Chanquiahuil, en la zona de influencia del
área natural protegida. La Profepa alcanzó a detenerlos.
En una
entrevista realizada en 2012 explicó: “Luego regresó la presión.
Entraron a la misma hora máquinas Caterpillar y traxcavos a cuatro
lugares… Me acerqué con ellos y vimos que no contaban con ninguna
autorización. Un año después regresan y comienzan a extraer mineral en
todos los sitios clausurados. Se ve que es gente que sabe dónde está
parada”.
Por esas fechas, narró, la maquinaria era escoltada por
hombres armados; nadie se les acercaba. Después de la crisis financiera
global de ese año, agregó, China comenzó a comprar hierro en los puertos
de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, Michoacán.
“Así andamos –dijo
Montes–, tapando por aquí y por allá. Ha sido algo muy delicado para
nosotros. Pues ahí no quisiera tocar el tema, lo único que sí te puedo
decir es que vigilamos con mucha cautela.”
A los ejidatarios de El
Potrero llegaron a advertirles incluso que tenían tres días para
desalojar sus tierras; en otros casos engañaban a la gente y sacaban el
hierro para exportarlo a China, mientras los afectados quedaban
enmarañados en los trámites ante la Profepa, que nunca atendió sus
denuncias.
Desde entonces el saqueo no ha parado en la costa de
Jalisco –que de Ayotitlán hacia el sur es un corredor montañoso habitado
por nahuas– y de Michoacán.
La cercanía con los puertos de
Manzanillo y Lázaro Cárdenas ha convertido la región en zona estratégica
para países asiáticos que introducen precursores químicos. La
Procuraduría General de la República (PGR) ha detectado más
narcolaboratorios en los últimos años en Michoacán, Jalisco y Sinaloa.
“La maña”
Los
asiáticos se llevan hierro y maderas preciosas como el tampicirán y el
granadillo, ambas protegidas por las leyes mexicanas, pues están en
peligro de extinción.
En Jalisco los lugareños aseguran que “la
maña” está metida en estas actividades económicas, pero nadie alude a
los cárteles de la droga ni a sus capos, aun cuando en octubre de 2010
la PGG capturó en Michoacán a cuatro integrantes del cártel de La
Familia Michoacana acusados de exportar a China un millón 100 mil
toneladas de hierro ilegal por un valor de 42 millones de dólares.
Según
la dependencia, los detenidos tenían vínculos con tres importantes
empresas internacionales establecidas en México, dedicadas a la
exportación del mineral hacia China.
Los pequeños mineros van por
hierro a Michoacán porque es donde se encuentra el mineral con mayor
pureza. Según cuentan, tienen que acordar con “la maña” el pago de
extorsión de dos o tres dólares por tonelada de hierro, darle trabajo a
la gente del pueblo cercano y rentarle la maquinaria al cártel.
En
la Sierra Vallejo, en Nayarit, el problema es por la tala de especies
como el tampicirán (enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010) o el
tepemezquite. Tan sólo en 2012 la Profepa hizo cinco decomisos de
tampicirán –10 y 25 de julio, 26 de septiembre, 30 de octubre y 15 de
noviembre–. A mediados de ese año un comando armado llegó a “rescatar”
madera confiscada y a advertir a los inspectores que los rollos y el
negocio era de ellos, cuentan los trabajadores que participaron en
aquellos operativos.
Los habitantes de la región se niegan a
hablar de los “mafiosos” que controlan el mercado porque, dicen, “viven
aquí, entre nosotros”; algunos sólo señalan los presuntos vínculos con
autoridades municipales y estatales pero piden omitir sus nombres.
El
territorio de Ayotitlán se encuentra a una hora de puerto de
Manzanillo, la puerta hacia Asia, donde China se ha convertido en el
principal importador de hierro. El 10 de enero último, por ejemplo, el
The International Business Time publicó un artículo bajo el título
“Importaciones récord de hierro en China refuerzan esperanzas de
recuperación” en el cual documenta ese aspecto.
A su vez, la
Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas
en inglés) publicó el informe “Creciente papel de China en el comercio
mundial de la madera”, donde pone al país asiático como el principal
importador en ese rubro.
Hoy, Jalisco es el segundo estado con
mayor deforestación, después de Chiapas. Y, de acuerdo con la titular de
la Secretaría de Medio Ambiente y Territorio, Magda Ruiz Mejía, es la
región Costa Sur donde se presentan mayores problemas por el cambio en
el uso de suelo.
Acosos y complicidades
Sin embargo, el
gobierno de Cuautitlán de García Barragán, encabezado por el priista
Pedro Sánchez Orozco, sostiene que en Manantlán el problema es el
hambre, no la inseguridad ni el robo de minerales.
Con ese
mensaje, el 17 de marzo último los priistas lograron que los ejidatarios
de Ayotitlán votaran contra la propuesta del Consejo de Mayores de la
Sierra de Manantlán que pedía la creación de un cuerpo de vigilancia
comunitario para frenar la extracción de hierro y de madera en la
región.
Los operadores del PRI organizaron una asamblea de
ejidatarios paralela a la del consejo y comenzaron a regalar birria a
los asistentes, algunos de los cuales murmuraban que esos días habían
visto a “los enmascarados” por la sierra y que cuatro nuevas minas
ilegales habían comenzado a reventar la tierra en los predios Rancho
Viejo, El Pedregal, Piedra Imán, Cañada Verde y Cortapico.
Asimismo,
el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, declaró ese día en
Guadalajara que no permitiría la creación de ninguna policía comunitaria
en Jalisco. Semanas después, la UdeG colocó a un nuevo titular de la
Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, Gabriel Pacheco, quien ha
dejado de lado el acompañamiento al pueblo de Ayotitlán en la defensa
del territorio y contra las mineras, como se había hecho desde 1994,
cuando se creó esa oficina.
Ese 17 de marzo Mancilla increpó al
alcalde Sánchez Orozco: “Que me diga el señor presidente si (las
mineras) se están llevando el material o si se llevaron a Celedonio. Hay
muertes y desapariciones no aclaradas. Que me diga dónde están los
mineros detenidos, los que se llevaron el bosque. Es lo que queremos que
nos digan (las autoridades)”.
Don Lino Roblada, de 80 años, y los
integrantes del Consejo de Mayores recuerdan aún los tiempos en que
había orden en la comunidad, cuando se dedicaban a trabajar el cuamil.
Pero llegó el general Marcelino García Barragán a imponer su ley, movió
incluso la cabecera del municipio, que antes era Ayotitlán.
Y a
quienes no se alineaban al PRI e insistían en defender el territorio,
simplemente los mataba, “así nomás, porque sí”. Hoy, dicen, el
ayuntamiento insiste en que la zona es tranquila y se niega a instalar
retenes; tampoco ha detenido a las mineras que realizan trabajos
ilegales, ni a los talamontes, menos aún protege a los líderes
amenazados, como Gaudencio Mancilla y Vicente Hermenegildo, del Cuerpo
Consultivo Agrario.
El 3 de junio último ambos dirigentes,
acompañados de 200 ejidatarios, decidieron suspender “por la vía de los
hechos” las actividades de dos minas ilegales en Piedra Imán y Cañada
Verde. Dos semanas después, hombres armados irrumpieron en la casa del
representante legal del Consejo de Mayores y le dejaron un recado con su
familia de que no anduviera metiéndose en el asunto de minas.
Cuando
don Lino dice que ya no hay gente seria, incluye al actual comisariado
de bienes comunales, Abraham Isaac Chávez, a quien el consejo acusa de
entregar esos dos predios a la minería de manera ilegal. De ahí,
comenta, sacaron por lo menos mil 200 viajes, es decir, 36 mil toneladas
del mineral (hoy se cotiza hasta en 100 dólares la tonelada de hierro).
A
la explotación ilegal, se suma la connivencia de la Semarnat Jalisco
que no ha dejado de otorgar permisos a las mineras: en 2011 autorizó 68
estudios técnicos justificativos para exploración y seis manifestaciones
de impacto ambiental (MIA); en 2012 emitió 33 estudios técnicos
justificativos procedentes y 18 manifestaciones MIA (el triple que el
año anterior). Prácticamente todas las solicitudes son para la
extracción de hierro y unas cuantas para barita.
En lo que va de
este año suman 50 las autorizaciones ambientales para extraer hierro
(hay otras seis para minas de oro, plata, pirofilita, cuarzo, yeso y
ópalo). La mayoría de los trámites se realizaron en los municipios de
Pihuamo, La Huerta y Tecalitlán, seguidos por Cuautitlán de García
Barragán, Autlán de Navarro, Villa Purificación, Tolimán, Ayutla, San
Sebastián del Oeste y Cihuatlán.
Días antes de su detención,
Gaudencio Mancilla estuvo en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, donde
participó en la Cátedra Tata Juan Chávez. Los participantes emitieron un
pronunciamiento en cuyo punto dos asentaron:
“Los malos gobiernos
y las empresas trasnacionales se han valido de grupos paramilitares
para imponer megaproyectos extractivos mediante la explotación ilegal de
maderas preciosas, particularmente en la costa nahua y la meseta
purépecha de Michoacán, y la comunidad nahua de Ayotitlán, en la Sierra
de Manantlán, Jalisco”.
En Aquila y en Ayotitlán –ambas
comunidades nahuas– opera la trasnacional Ternium, donde, según los
lugareños grupos paramilitares intentan despojarlos de sus tierras. Sus
representantes comunitarios, dicen, han sido agredidos en las últimas
semanas, mientras que las autoridades intentan criminalizar a las
policías comunitarias o de plano impiden la creación de esos cuerpos de
autodefensa.
En Aquila, por ejemplo, la guardia comunitaria
denunció desde el principio la colusión de las bandas delincuenciales
con la empresa minera de hierro Los Encinos, propiedad de Ternium, a la
que le exigían el pago de regalías.
/ 11 de septiembre de 2013)
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