MÉXICO, D.F. (apro).- El tema de las boletas lo trivializaron
bajo el argumento de que sólo se trataban de mil 500 toneladas de papel
que se almacenaron por siete años con un costo de mil 300 millones de
pesos para el Instituto Federal Electoral (IFE). El magistrado
presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Alejando Luna Ramos, incluso consideró su resguardo una “necedad”
onerosa tras la demanda de apertura hecha por la revista Proceso y el investigador Sergio Aguayo.
Esos papeles eran las únicas pruebas que se tenían de las
irregularidades que hubo en la elección del 2006, los únicos documentos
con los cuales se podría saber la verdad de ese proceso manchado de
irregularidades en el que ganó Felipe Calderón y que ninguna autoridad
mexicana accedió a la consulta a pesar de que son documentos públicos.
Los fraudes electorales en México son parte de nuestra historia
política y han marcado etapas importantes desde hace un siglo. En las
elecciones de 1910, por ejemplo, el dictador Porfirio Díaz se negó a que
se revisaran las boletas como lo pedía Francisco I. Madero para
corroborar el fraude que entonces se orquestó para que el general
oaxaqueño siguiera entronizado en el poder más años. Al rechazar esta
demanda, el movimiento armado comenzó a fortalecerse hasta explotar en
la revolución y en unas elecciones extraordinarias en 1911 que ganó
Madero.
En 1929, cuando Plutarco Elías Calles ya había formado el Partido
Nacional Revolucionario, antecedente del PRI, José Vasconcelos denunció
el fraude con documentos y pruebas. El caudillo ya dominaba el mundo de
la política mexicana y la denuncia del exsecretario de Educación fue
rechazada, ante lo cual Vasconcelos lanzó el Plan de Guaymas
proclamándose presidente electo, desconociendo a las autoridades y
convocando a una nueva revolución. El plan no prosperó y Vasconcelos
salió exiliado rumbo a Estado Unidos.
La tradición del dedazo para elegir al candidato y en automático al
sucesor presidencial se fortaleció al mismo tiempo que el partido en el
poder. En 1940, después de hacer a un lado a Francisco José Mujica, el
general Lázaro Cárdenas puso como candidato al general Manuel Ávila
Camacho, quien compitió contra Juan Andrew Almazán lanzado por el
Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN).
La historia registra que el día de las elecciones hubo fraude y
enfrentamientos entre seguidores de ambos personajes. También represión
del ejército y la policía con un saldo 30 muertos y 158 heridos en la
ciudad de México. Al final Ávila fue ungido presidente con 95% de los
votos y Almazán fracasó en un intento de revuelta.
Hacía las elecciones de 1952, con el PRI ya formado y controlando
todas las instituciones, Adolfo Ruiz Cortines llegó a la presidencia con
denuncias de fraude por parte de Miguel Enríquez Guzmán postulado por
la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM) y Vicente Lombardo
Toledano por el Partido Popular. La misma tónica se mantuvo en los
procesos electorales presidenciales hasta que el fraude se hizo más
evidente en 1988 cuando Carlos Salinas llegó al poder tras la famosa
“caída del sistema” imponiéndose a Cuauhtémoc Cárdenas quien denuncio el
fraude.
Fue en ese año cuando el panista Diego Fernández de Cevallos
convalidó el fraude desde la Cámara de Diputados apoyando la quema de
las boletas electorales que demostraban el fraude con el que ganó
Salinas de Gortari. A partir de entonces el PAN y el PRI juntaron sus
voluntades para ocultar el engaño tramado desde el poder para
mantenerse en la silla presidencial. Eso fue lo que pasó en 2006 con
Felipe Calderón.
Hoy, se escribe una nueva historia en la larga historia de los
fraudes en México. Lo nuevo o lo novedoso es que no se trata del PRI
sino del PAN cuyo candidato, Felipe Calderón, llegó a la presidencia
entre severas sospechas en la legitimidad de su triunfo.
Durante siete años la revista Proceso litigó en
todas las instancias a nivel nacional e internacional para que el IFE
abriera los paquetes electorales y se revisaran las boletas utilizadas
en la elección del 2006. En todo momento la decisión de las autoridades
electorales fue rechazar la petición bajo el argumento de que se trataba
de un asunto de seguridad nacional. Mientras que el tribunal electoral y
la Suprema Corte de Justicia arguyeron que no se trataba de un tema de
acceso a la información, sino uno de índole estrictamente electoral,
reservado a los partidos políticos.
El destino tiene su ironía, pareciera que a partir de la decisión de
la ONU notificada el 22 de agosto de que en la petición de acceso a las
boletas electorales no opera el artículo 19 del Pacto, referido a la
libertad de expresión, con la orden del IFE de reciclar las boletas
utilizadas en la elección de 2006, lo que en realidad se recicla es la
tradición del fraude electoral en México, esa costumbre que ya lleva más
de un siglo de no permitir la limpieza de los procesos electorales
cuando están repletos de manchas y lo peor del caso es que todo indica
que dicha costumbre seguirá siendo el sello de la clase política
mexicana, independientemente del partido que gobierne.
Twitter: @GilOlmos
/ 11de septiembre de 2013)1
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