El tramitador
Francisco Armenta Apodaca acusó penalmente a Obed Silva y siete funcionarios
más del ayuntamiento de Tijuana por intentar venderle protección a sus clientes
para que vendieran alcohol aunque no tuvieran permisos, y pedirle pagos de 4
mil dólares por cada representado, para que el cabildo aprobara las solicitudes
de venta de alcohol en tiendas de autoservicio de sus representados que sí
reunían todos los requisitos. El Secretario General se negó a hablar del tema,
y Enrique Parra, regidor señalado, refutó los señalamientos. El Coordinador de
gabinete dijo que investigarán
Obed Silva Sánchez, Secretario General de
Gobierno del XX ayuntamiento de Tijuana, fue denunciado el 29 de agosto de 2013
por “extorsión en grado de tentativa” ante la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Baja California, lo acusan de haber pedido cuotas “fuera de caja”
a los dueños de negocios que venden alcohol.
Lo señalan también
por haber ofrecido liberar la venta de alcohol a negocios que no tengan
permisos autorizado por el cabildo, todo a cambio de una cuota mensual por la
que no recibirían recibo.
La cotización fue
diferente para cada giro: 3 mil 500 pesos para abarrotes; 4 mil pesos para
Abarrotes y Loncherías, 5 mil pesos los negocios dedicados a la venta de
Clamatos; 900 dólares para Billares; 1 mil 500 dólares para bares.
Incluso piden 2 mil
500 dólares para dejar operar Table-Dance, sitios sobre los cuales hay una
moratoria, conforme a los acuerdos edilicios desde 2012 no se aprueban permisos
de este tipo, aunque es público el hecho de que continúan permitiéndose, y la
prueba más reciente es la denunciada apertura del Caribean de la Sexta, sitio
que fue exhibido, solo porque fue denunciado el 31 de agosto de 2013 por el
resto de los comerciantes de la zona por considerar que el giro no corresponde
al uso que pretenden darle a la zona.
La denuncia indica
también que si el deseo del empresario es hacer las cosas legales, además de
reunir los requisitos y pagar todos los impuestos y derechos en la Ley de Ingresos,
también deberá hacer un pago a los funcionarios de la Secretaría General que no
se registrará en las cajas municipales. Les piden 4 mil dólares por una
autorización de permisos de alcohol que, garantizan, pasará la votación del
cabildo.
Estas acusaciones
fueron interpuestas por el tramitador Francisco Armenta Apodaca, quien también
acusa a Silva Sánchez de los delitos de abuso de autoridad, coalición de
servidores públicos y difamación, explica que el dinero se lo pidió cuando era
Director de Gobierno y Alcides Beltrones Rivera Secretario General.
Se trata del
expediente 7984/13/21/AP y como coacusados, Armenta incluyó a: Daniel Arturo
León Ramos (Director de gobierno, ex jefe de Reglamentos); al Regidor Eduardo
Enrique Parra Romero; Fernando Adolfo Bejarano Pesqueira, director de bebidas
Alcohólicas; y los inspectores Pedro Orozco Velázquez, Eduardo Ayala Alejandré,
Alejandro Flores Palomares y Juan Ignacio Macías Miranda.
ASUNTO
VIEJO E ILEGAL
Las extorsiones
permanentes de parte las secretarías Generales de Gobierno Municipales a los
dueños de negocios donde se vende alcohol es histórica, por razones
ilegales comerciales y políticas los
empresarios usualmente pagan sin chistar.
En los últimos 22
años, algunos de los comerciantes extorsionados, en diferentes tiempos han denunciado a ZETA pero han solicitado
ocultar su nombre por temor a represalias, es la primera vez que uno de los
afectados interpone una denuncia penal y la hace pública.
Previo a esta las
únicas denuncias oficializadas datan del 9 de abril de 1991 cuando Carlos
Martín Gutiérrez Ruiz renunció como secretario del XIII ayuntamiento de Tijuana
oficialmente por “razones personales” mientras la Contraloría lo investigaba
por una extorsión de 10 mil dólares” denunciada por comerciantes, quienes
aseguraban les cobraba por “anuencias” para permisos de bares. Los
investigadores aseguraban tener elementos por considerar que el funcionario
estaba “prolongando la autorización” a manera de presión. Este asunto no llegó
a sanción, el señor Armenta Apodaca espera un mejor resultado para él.
Dado que los
primeros intentos de extorsión y amenazas que denuncia datan de agosto de 2012
y las negativas o dilaciones intencionales del ayuntamiento de Tijuana para
otorgarles permisos de venta de alcohol a sus clientes, quienes desde tiempos
del ayuntamiento de Jorge Ramos reunían los requisitos se le pregunta por qué
no denunció antes y argumenta:
“Cierto que los tres
meses que tenia el ayuntamiento para responder a mis clientes se vencieron
también en el tiempo de Jorge Ramos, pero yo no quería problemas con ellos,
como no los quería con la administración de Bustamante, por eso traté de hacer
las cosas sin enfrentamientos” algunos trámites de permisos para venta de
alcohol iniciaron desde 2008.
“Además en el
ayuntamiento pasado estaba Julián Leyzaola (Secretario de Seguridad Pública) y
le tenia miedo, se decía mucho de él y era muy tenebrosos”.
“Con este gobierno
seguí los trámites y tampoco me dieron respuesta. Y sí me pidieron dinero desde
el año pasado y no se los di, preferí solicitar amparos para mis clientes
porque sabía que cumplía los requisitos y tenían que darles el permiso
legalmente.
Al final Armenta se
decidió a denunciar porque se vio amenazado como explicó a quienes recibieron
la denuncia, detalló que 5 de julio de 2013 recibió la vista de los 4
inspectores de alcoholes en su despacho y el de nombre Pedro Orozco le informó
que traían un recado de Silva y León: “… te mandan decir que te dejes de estar
presentando amparos porque si no lo haces te van a matar”.
Tras la advertencia
hizo las cuentas: “…la ley me da hasta un año para denunciar el delito de
extorsión y decidí hacerlo”.
LAS REUNIONES Y LA VERSIÓN DE ARMENTA
Armenta explica que
se reunió con los funcionarios siempre acompañado de dos testigos, David Noé
García Ávila y Luis Alfonso Magallanes.
Acorde a su dicho,
la primera cita fue con Obed Silva y Daniel León en la Dirección de Inspección
y Verificación Municipal el 29 de agosto de 2012 y ahí le dijeron que
necesitaban informarle las reglas para los tramitadores y gestores con el
ayuntamiento.
Ahí Sánchez le dijo
que Jorge Ramos había dejado el ayuntamiento en quiebra y por esa razón
necesitaban recabar recursos. Le advirtieron que cualquier permiso, desde uso
de suelo hasta alcohol pasaba por la Dirección de la secretaría y si quería el
visto bueno tenían que pagar y se trataba de tributaciones “fuera de caja”.
Como se negó,
asegura que le advirtieron que en adelante todas las gestiones que realizara
iban a ser obstaculizadas sin importar si cumplía o no los requisitos. Al día
siguiente tuvo una reunión similar pero con León Valdez, quien le advirtió
“estamos autorizados” por el alcalde para hacer los cobros y le dio las tarifas
para permitir la venta de alcohol a los negocios sin permisos.
Cuando reiteró la
negativa detalla que el funcionario le advirtió que todos los demás
tramitadores y dueños de diferentes giros estaban cooperando y tenía el apoyo
de la PGR y la PEP y que si insistía en la actitud no le autorizarían ni actas
de nacimiento.
El 4 de septiembre
de 2012 acudió a una cita con el director de bebidas alcohólicas, Fernando
Bejarano, quien le explicó el costo extra de un permiso pero con la certeza de
que sería aprobado por los regidores, lo rechazó y de nuevo le advirtieron que
para él, ni cambios de domicilio.
El tramitador
también acusa una reunión con el regidor Parra Romero el 26 de junio de 2013
donde le pidió una respuesta por “los cobros excesivos y sin fundamento
constitucional” que le estaban haciendo a sus clientes por los permisos de
autoservicios. Según él, la repuesta del edil fue acusarlo de panista, amenazar
su vida y reclamarle los amparos que tramitó para sus clientes.
Asimismo, relató que
desde el año pasado y parte de 2013, los funcionarios empezaron a contactar a
sus clientes y a decirles que no les aprobarían nada, que mejor
contactarán a otro tramitador de
apellido Kim que estaba autorizado por el ayuntamiento, también les ofrecieron
rentarles permisos para venta de alcohol a la Tecate y la corona que ya los tiene
autorizados y por los cuales deberían pagar mensualmente 3 mil 300 pesos.
“Después el Tribunal
Contencioso les concedió a mis clientes el amparo que yo tramité (algunos desde
mayo de 2012), donde obligaba al ayuntamiento a responder conforme a la Ley y
como cumplían desde el principio, les otorgaron los permisos, los funcionarios
les volvieron a llamara para ´mentirles y decirles que el permiso se los habían
dado porque el alcalde así lo había decidido y que yo no estaba cumpliendo con
mi obligación de tramitar”.
Por eso los denunció
por difamación.
“Si cumplieron sus
amenazas de extorsionarme e intimidarme, causándome un perjuicio patrimonial al
tener que afrontar y tramitar diversos juicios, toda vez que la mayoría de mis
representados (clientes) se negaron a pagarme y me vi obligado a demandarlos
por la vía ejecutiva mercantil…y otros clientes me demandaron también…”,
describió así la situación en su denuncia.
Al respecto ZETA se
entrevistó con el regidor Eduardo Enrique Parra Romero, quien admitió que los
permisos a los clientes de Armenta se otorgaron a partir del amparo pero
aclaró:
“El contencioso no
nos ordena darles el permiso, solo nos ordena responderles en función de las
leyes vigentes, y por eso decidimos aprobar los permisos”.
— ¿Por qué cumplían
los requisitos de ley, y siempre los han cumplido, desde tiempos de Jorge Ramos
y cuando empezaron los tramites con ustedes?
“Sí”.
—Entonces ¿por qué
no se los habían aprobado?
“Porque empezaron a
verlo por otra vía con los amparos”.
— ¿Pero los trámites
seguían en proceso en el ayuntamiento?
“Y se los
otorgamos”.
— ¿Pero hasta que
giró instrucciones el Tribunal Contencioso?
“Mira ahí el asunto
problema de origen es de dinero”.
LA RESPUESTA DE
LOS DENUNCIADOS
ZETA buscó a través de la Secretaría General
de Gobierno y de la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento, primero se les
explicó a detalle la acusación y se solicitó la versión de los funcionarios
señalados, 24 horas después de la petición la respuesta desde el área de
atención a prensa, fue “El secretario no quiere hablar del tema”.
Se pidió hablar con
el Consejero Jurídico que se tiene conocimiento ha estado buscando al
licenciado Armenta, pero tampoco hubo respuesta.
Ante la ausencia del
alcalde Carlos Bustamante, que informaron estaba en la Ciudad de México
tramitando recursos de seguridad, mientras atendía agenda pública el 4 de
septiembre, en el edificio de la CANACO este semanario habló con el Coordinador
de Gabinete, Antonio Cano Jiménez, se le comentó el tema y lo primero que
respondió fue “…desconozco, no lo hemos tratado”.
“La única respuesta
oficial que te puedo dar es que vamos a revisarlo, se va a revisar
detenidamente y en su momento se emitirá un comunicado donde se fije una
postura, en su caso, ¿no? Es lo que te puedo decir, vamos a revisarlo, ahorita
no tengo yo mayores elementos para dar una opinión.
“Es, son varios
servidores, tendrá que reunirse, tendrán sentarse con los abogados y hacerlo
conforme a derecho y lo que resulte”.
— Dices que el
ayuntamiento no tiene conocimiento. Porque Armenta comenta que Ordorica
(Roberto) intentó comunicarse con él, entonces si el Consejero jurídico trató
de contactarlo significa que el ayuntamiento como institución ya tiene
conocimiento de la denuncia.
“Eso habría que
preguntárselo a Ordorica”.
Se le explicó a Cano
que ya se había hecho la solicitud a Comunicación de hablar con el abogado del
municipio, y ahora se le hacía a él la
misma petición, en su calidad de coordinador de gabinete, al tiempo que le
reiterábamos la petitoria de hablar con el Secretario General. Pero esta vía
tampoco dio acceso a los funcionarios.
Enrique Parra
Romero, el regidor, fue el único que aceptó hablar del tema, cuando se le
contactó vía telefónica para la cita, comentó entre sonrisas que ya sabia de
qué denuncia se trataba.
Como Armenta dijo
que se había asegurado de que cada uno de los acusados recibiera copia de la
denuncia la última semana de agosto, se le preguntó al edil si la tenía, Parra
refirió que el denunciante no le había entregado nada, pero ya la había visto
por otro lado.
“…dice que yo lo
amenacé, que le dije palabras altisonantes, y eso nunca sucedió, y está mis
empleados que pueden atestiguar, porque por falta de espacios trabajan en la
misma oficina que yo.
“Para empezar yo
nunca he hablado con él, he recibido a sus representados –los empleados del
regidor estaban en la misma oficina, asegura y pregunta–, ¿si sabes cuál es el
origen del problema?”. Los permisos retrasados y los amparos, responde ZETA.
“Son permisos de
2008 que nosotros ya resolvimos favorables”, reitera.
Recuerda que son
permisos que se solicitaron desde el anterior ayuntamiento panista y que
entonces no se pelearon.
“Traíamos un rezago
importantísimo de permisos del alcohol del XIX ayuntamiento, lo que hicimos fue
clasificar los permisos según su impacto social y la problemática que pudieran
generar en las zonas. Primero a supermercados eran el 80 por ciento del rezago.
“Y el resto son
permisos de orden particular ubicados en colonias y fraccionamiento que es el
caso de los que representa el señor Armenta”
El regidor recuerda
que recibió a 5 o 6 de los representados
de Armenta, quienes le plantearon la inconformidad porque querían pagar sus
permisos para venta de alcohol al precio que estaban en 2008 cuando los
tramitaron y se los estaban cobrando al precio 2013 cuando se los concedieron.
“Pero eso no se puede hacer, se ampararon y se los negaron porque eso nadie se
los puede conceder”.
—El señor Armenta
segura que ustedes trataron de convencer a sus clientes de cambiar sus permisos
de tienda de autoservicios por abarrotes para que les saliera más barato
(porque se les reduce el horario de venta de alcohol).
“Eso no es cierto,
la gente vino a decir que tenía abarrotes”.
En este punto el tramitador
explica que efectivamente, algunos de sus clientes si tienen abarrotes pero que
se solicitó permiso de autoservicios para que tuvieran un horario más amplio.
Y la queja es porque
subieron el precio del permiso de 113
mil a 600 mil, sin que ese costo estuviera justificado en la Ley de Ingresos.
“Ése es el precio,
la cantidad no la referimos nosotros, no es arbitrario, no es un capricho, está
en una Ley aprobada por el Congreso”.
Consultada la Ley de
Ingresos 2013 del ayuntamiento de Tijuana se encontró que el permiso nuevo para
venta de alcohol se tasa de la siguiente manera: para abarrotes
1616.20 veces el
salario mínimo, que equivale a 104 mil 665.11 pesos; mercados 2426.35 veces
salario mínimo, igual a 157 mil 130. 42 pesos; supermercados, autoservicios y
licorerías, 5 mil 384.20 veces salario mínimo, igual a 348 mil 680.79 pesos; y
sub agencia, 3701.20 veces salario mínimo, 239 mil 696.18 pesos.
Parra concluyó
diciendo: “Entiendo su inquietud –la de Armenta–, pero no se vale que en base a
esa inquietud genere una serie de infamias y difamaciones, que dice que yo le
dije y no sé qué tanto que leí en la denuncia, porque jamás traté ningún asunto
con él, yo traté con los interesados”.
(SEMANARIO
ZETA/ Rosario Mosso Castro / septiembre 9, 2013 12:01)
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