Sandra Ávila Beltrán, permanecerá en el penal federal El Noreste, en
Tepic, Nayarit, hasta en tanto no se resuelva en definitiva la
suspensión de amparo que un Juez le concedió para no ser ingresada a esa
prisión de máxima seguridad.
Así lo resolvió un tribunal federal quien dijo que no se le puede
mover porque la reclusión que fue motivo de la queja ya es un hecho
consumado que forma parte de una indagatoria y causa penal vigente.
En una sentencia difundida este lunes, pero tomada desde el viernes
pasado, el magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz, del Quinto Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, dividió en dos partes su
resolución.
Primero declaró infundados e inoperantes los agravios expuestos por
la también llamada Reina del Pacífico, deportada de Estados Unidos el
pasado 21 de agosto, tras cumplir la pena de 70 meses de prisión, por
facilitar el tráfico de droga.
En dichos argumentos la mujer consideró que al tenerla en el penal
federal El Noreste, en Tepic, Nayarit, se violan de sus derechos humanos
pues ella no es acusada del delito de delincuencia organizada.
Dijo que estar en la citada prisión de máxima seguridad podría
causarle daños de imposible reparación, en su salud física y metal, pues
está sometida a procedimientos especiales y convivencia con
delincuentes “muy ajenos” a su personalidad.
También alegó que mantenerla en ese tipo de cárcel, la mantendría
alejada de su familia, por estar en un lugar alejado de su lugar de
residencia, con lo que se afectaría en ella la reinserción social que
marca la Constitución.
En segundo lugar, el magistrado Gutiérrez Cruz dijo que el efecto de
su resolución, inscrita en el expediente 56/2013, es que Ávila Beltrán,
sin ser trasladad, quede a disposición del Juez Cuatro de Distrito en
Materia de Amparo Penal quien deberá resolver en los próximos días si
concede o no la suspensión definitiva de amparo.
Será hasta entonces, que se determine si la mujer de 52 años es
sacada de la prisión femenil El Noreste, en Tepic, Nayarit, para ser
llevada a una prisión estatal, o por el contrario, permanecer en la
cárcel de máxima seguridad.
La Reina del Pacífico enfrenta cargos por lavado de dinero, pues se
le han detectado múltiples propiedades y movimientos financieros, detrás
de los cuales podría haber transacciones con dinero de procedencia
ilícita.
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