BUENOS
AIRES (apro).- Jorge Rafael Videla murió este viernes, a los 87 años de
edad, en una cárcel común de las afueras de Buenos Aires. El 24 de
marzo de 1976, el entonces teniente general encabezó el golpe militar
que derrocó al gobierno de la presidenta María Estela Martínez, viuda de
Juan Domingo Perón.
Con ello, el llamado Proceso de
Reorganización Nacional inauguró la etapa más negra de la historia
reciente en Argentina. La junta militar puso en marcha un plan
sistemático de secuestro y desaparición de personas.
Los
prisioneros eran torturados y vejados en centros de detención
clandestina, distribuidos a tal efecto en todo el territorio del país.
Sus hijos eran apropiados y sus bienes saqueados. Después de ser
ejecutados de manera sumaria, sus cadáveres eran enterrados en fosas
clandestinas o como ‘NN’ en diferentes cementerios.
La dictadura a
cargo de Videla inauguró una modalidad que pretendía ajustar en un solo
acto la muerte del prisionero y la desaparición de su cuerpo, es decir,
la desparición de toda prueba. Miles de prisioneros fueron arrojados
con vida al mar o al Río de la Plata, pero antes de ser subidos a los
aviones recibían un poderoso sedante.
Los capellanes militares
daban sosiego a algunos ejecutores de los “vuelos de la muerte”,
afirmando que a los detenidos se les daba una “muerte cristiana”.
La
dictadura tuvo en José Alfredo Martínez de Hoz a su emblemático
ministro de Economía. Martínez de Hoz provenía de una familia de
estancieros. Su bisabuelo fue fundador de la Sociedad Rural Argentina.
Joe,
tal como se lo apodaba, llevó a cabo una apertura irrestricta a la
importación de productos extranjeros, al tiempo que estimulaba la
especulación financiera y la fuga de capitales. La industria vernácula
no resistió el embate. El endeudamiento externo pasó de 9 mil 700
millones de dólares en 1976 a 35 mil millones en 1981. La pobreza, que
afectaba a 4.6% de los hogares en 1974, trepó a 21.5% en 1982.
La
dictadura restringió de manera drástica la participación de los
trabajadores en la distribución de la riqueza, revirtiéndose rápidamente
las conquistas laborales obtenidas durante el derrocado gobierno
peronista (1976-1976).
El terrorismo de Estado acalló las
protestas. Con la complicidad de los ejecutivos de las fábricas,
centenares de delegados sindicales fueron a dar a las mazmorras del
régimen y figuran hasta el día de hoy en la lista de los desaparecidos.
“Los
desaparecidos son eso, desaparecidos: no están ni vivos ni muertos,
están desaparecidos”, dijo Videla en noviembre de 1979, durante una
conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, cuando ya el vocablo en
castellano recorría todo el mundo y se transformaba en un emblema de la
dictadura argentina. “No se puede hacer nada con un desaparecido porque
es una incógnita, no tiene entidad, no está”, afirmó Videla.
Campeón del mundo
Videla
nació el 2 de agosto de 1925 en la ciudad de Mercedes, a cien
kilómetros de Buenos Aires. Se graduó como subteniente de infantería en
el Colegio Militar de la Nación en 1944. Cursó la Escuela Superior de
Guerra entre 1952 y 1954.
En los años sesenta fue uno de los
tantos altos mandos argentinos que pasó por la Escuela de las Américas, y
en 1971 fue ascendido a general de brigada. En 1975 se convirtió en
comandante en jefe del Ejército, y tres días después del golpe de Estado
Videla fue designado presidente. Ocupó el cargo hasta 1981.
El 9
de julio de 1978 fue para Videla un día de gloria. Vestido de civil,
frente a una multitud enfervorizada, el dictador le entregó la copa a
Daniel Pasarella, capitán de la Selección Argentina, que acababa de
conseguir el campeonato mundial de futbol.
El festejo de los goles en el
estadio de River Plate, donde se jugó la final entre Argentina y
Holanda, llegaba a oídos de los prisioneros de la vecina Escuela de
Mecánica de la Armada. En la ESMA, el centro de detención clandestino
más emblemático de la dictadura, hoy funciona el Espacio Memoria y
Derechos Humanos.
La vida cultural de esos años estuvo signada por
la censura y el oscurantismo. Los grandes medios apoyaban al gobierno
de facto. Muchos de los más importantes intelectuales del país, que
desde el exilio denunciaban las atrocidades del régimen, eran
vilipendiados por la prensa local, que los acusaba de llevar a cabo una
“campaña antiargentina.”
En diciembre de 1978, la intervención de
último momento del papa Juan Pablo II evitó un conflicto armado entre
Argentina y Chile. Ambos países se disputaban tres islas al sur de
Tierra del Fuego, sobre el Cabo de Hornos, que divide el Océano
Atlántico (reclamado por Argentina) del Pacífico (reclamado por Chile).
El reclamo de soberanía de ambos países sobre la Antártida se superpone
parcialmente. En 1984, poco después del advenimiento de la democracia en
Argentina, ambos países firmaron un tratado de paz y amistad.
Durante
los juicios a las Juntas Militares de 1985, impulsados por el gobierno
de Raúl Alfonsín (1983-1989), Videla fue hallado culpable de numerosos
crímenes de lesa humanidad. Se lo condenó a prisión perpetua con
destitución del grado militar. En 1990, sin embargo, fue indultado por
el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999). Ocho años más tarde, en
1998, volvió a ser procesado y detenido.
El delito –sustracción de
identidad de menores nacidos en cautiverio– quedaba fuera de la órbita
del indulto y de las leyes de amnistía (Obediencia debida y Punto
final), dictadas por el declinante gobierno de Raúl Alfonsín.
Videla
pasó apenas un mes en una prisión militar. A causa de su avanzada edad,
se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria.
“El peor
momento ocurrió con la llegada de los Kirchner al gobierno. Ha habido
una asimetría total en el tratamiento a las dos partes enfrentadas en el
conflicto”, sostuvo el propio Videla en una extensa entrevista
concedida en prisión a la revista española Cambio 16, publicada en
febrero de 2012. El genocida dijo que en Argentina “no hay justicia,
sino venganza”.
El 21 de agosto de 2003, el Congreso derogó, a
instancias del presidente Néstor Kirchner, las leyes de Obediencia
debida y Punto final, que mantenían impunes los crímenes de lesa
humanidad cometidos durante la dictadura.
El 24 de marzo de 2004,
Kirchner hizo descolgar los cuadros de los dictadores Jorge Rafael
Videla y Reynaldo Bignone, que se exhibían en una de las galerías del
Colegio Militar de la Nación.
Poco a poco algunos jueces
comenzaron a reabrir los casos de delitos de violaciones a los derechos
humanos ocurridos durante la dictadura. En 2006, la Cámara de Casación
Penal, máximo tribunal penal de la Argentina, consideró que los indultos
concedidos en delitos de lesa humanidad eran inconstitucionales.
La
sentencia fue confirmada en agosto de 2010 por la Corte Suprema de
Justicia. Cuatro meses más tarde, Videla fue condenado por segunda vez a
reclusión perpetua, por el asesinato de presos políticos en Córdoba.
El
5 de julio de 2012 se lo encontró penalmente responsable del secuestro
sistemático de neonatos y niños durante la dictadura. El tribunal lo
condenó a 50 años de prisión por idear y ejecutar un plan sistemático de
sustracción de bebés nacidos en centros clandestinos de detención.
Este
proceso judicial revistió una enorme importancia. Fue la primera vez
que la justicia comprobó la existencia de un plan orquestado para hacer
desaparecer a los hijos de las personas detenidas ilegalmente.
Uno
de los 18 casos puntuales por los que fue condenado es el de Guido, el
nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto,
cuya identidad y paradero siguen siendo un misterio. El tribunal decidió
unificar las sentencias en una pena única de reclusión perpetua. Desde
entonces, Videla se encontraba en el pabellón de condenados por delitos
de lesa humanidad en el Penal de Marcos Paz, en las afueras de Buenos
Aires.
Tres días antes de morir, Videla visitó por última vez los
tribunales federales de Buenos Aires. Allí se le seguía una causa por el
denominado “Plan Cóndor”, que coordinó la represión ilegal entre las
diferentes dictaduras latinoamericanas. Videla se negó a declarar. Leyó
un breve manifiesto en el que se asumió como “preso político”.
Confesión
En
septiembre de 1975, la presidenta María Estela Martínez de Perón
solicitó licencia por motivos de salud. Durante algunas semanas la
primera magistratura del país fue asumida por el presidente provisional
del Senado, Italo Argentino Luder.
Durante su breve interinato,
Luder firmó tres decretos que ordenaban a las fuerzas armadas
“aniquilar” los elementos “subversivos” que operaban en el país. En
realidad, para esa fecha tanto la Organización Montoneros como el
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) habían sido militarmente
derrotados.
“Luder prácticamente nos había dado una licencia para
matar”, sostiene Videla en el artículo citado. “Casi no hubiera sido
necesario dar el golpe de Estado”, dice. “El golpe de Estado viene dado
por otras razones –explica–, como el desgobierno y la anarquía.”
Videla
reivindicó el accionar de las Fuerzas Armadas y mencionó el apoyo al
golpe de algunos partidos políticos. “Había vacío de poder, parálisis
institucional y riesgo de una anarquía, y frente a este estado de cosas
el clamor ciudadano, con sus dirigentes a la cabeza, pidiendo la
intervención de las Fuerzas Armadas”, sostuvo.
En dicha entrevista
Videla se refirió por primera vez al método del secuestro de personas y
su posterior asesinato. Fijo en siete mil el número de ejecutados,
negando la cifra que históricamente han manejado los organismos de
derechos humanos: 30 mil desaparecidos.
También en 2012, en
entrevistas para el libro Disposición final, del periodista Ceferino
Reato, Videla confesó que el gobierno militar mató “a siete mil u ocho
mil personas” y que sus cuerpos se hicieron desaparecer “para no
provocar protestas dentro y fuera del país”. Dijo que la decisión de que
esa gente desapareciera se adoptó sobre la marcha. “Cada desaparición
puede ser entendida, ciertamente, como el enmascaramiento de una
muerte”, añadió.
“No había otra solución –sostuvo–. Estábamos de
acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra contra la
subversión y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no
se diera cuenta.”
La complicidad de la cúpula de la Iglesia
católica con la dictadura ha sido largamente documentada por los
organismos de derechos humanos de Argentina. “Mi relación con la
Iglesia católica fue excelente, muy cordial, sincera y abierta”, dijo
Videla en la citada entrevista con Cambio16. Sostuvo que la Iglesia “fue
prudente”, ya que no le creó problemas ni siguió la “tendencia
izquierdista y tercermundista” de “otras iglesias del continente”.
Condenaba “algunos excesos”, pero “sin romper relaciones”.
Ante el
deceso de Videla, el secretario de Derechos Humanos, Juan Martín
Fresneda, dijo en Radio Nacional: “Es un orgullo haber logrado una
Argentina con Justicia antes de que se fuera Videla a otro lugar”.
Fresneda
tiene 38 años, es abogado e hijo de desaparecidos. “Desde el Estado
argentino no celebramos la muerte de nadie, pero sí consagramos haber
conseguido Justicia”, dijo.
En realidad, Videla logró cumplir sus
detenciones en dependencias militares o en su casa. En 2008, tras ser
denunciado por violar las condiciones de ese beneficio, se lo envió a
prisión.
/17 de mayo de 2013)
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