- Ya desmanteló Baja Mármol
- Sigue preso ex funcionario
- Acusado de actos de corrupción
La
Paz, B.C.S.- Desde hace una semana cerró sus puertas la negociación
BAJA MÁRMOL, ubicada en el bulevar Abasolo, empresa del ex director de
prensa del gobierno estatal Antonio Alcántar, quien sigue preso en el
Cereso de ésta ciudad acusado de actos de corrupción.
De hecho, la negociación ha sido señalada por reporteros de la
localidad, como fruto de la impunidad en que siempre se desenvolvió el
ex funcionario, consentido y protegido de Narciso Agúndez Montaño, ex
gobernador de sudcalifornia también preso acusado de actos de
corrupción.
El local donde antes estaba la empresa, ahora luce vacío y se puso en venta.
El local donde antes estaba la empresa, ahora luce vacío y se puso en venta.
ANTONIO ALCÁNTAR – SEMANARIO ZETA
Durante
todo el sexenio del ex gobernador del PRD Narciso Agúndez Montaño,
amigos, periodistas, parientes, cómplices, políticos, comerciantes y
hasta funcionarios públicos fueron beneficiarios directos de las
influencias que ostentaba el otrora poderoso ex director de Comunicación
Social, Antonio Alcántar López.
Aunque era un servidor público de tercer nivel, la cercanía con el ex
gobernante perredista lo convirtió en pieza clave para acceder a
jugosos convenios y negocios que iban desde la asignación de contratos
de obras y servicios, préstamos, concesiones, hasta inversiones, cuando
se trataba de abrir un negocio.
Hombre completamente feliz –como se definía— al final del sexenio del
último gobernador del PRD, la suerte le sonreía hasta el 28 de febrero
cuando sorpresivamente fue capturado por agentes de la Policía
Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja
California Sur.
Antonio Alcántar: El único culpable
Luego de recibir el auto de formal prisión por los probables
delitos de peculado y falsificación de documentos, quien fuera el
director de Comunicación Social en el gobierno de Narciso Agúndez podría
enfrentar una condena de hasta 15 años.
Gerardo Zúñiga Pacheco/Alejandro Acuña Rivera
La Paz, Baja California Sur.- Durante todo el sexenio del ex
gobernador del PRD Narciso Agúndez Montaño, amigos, periodistas,
parientes, cómplices, políticos, comerciantes y hasta funcionarios
públicos fueron beneficiarios directos de las influencias que ostentaba
el otrora poderoso ex director de Comunicación Social, Antonio Alcántar
López.
Aunque era un servidor público de tercer nivel, la cercanía con el ex
gobernante perredista lo convirtió en pieza clave para acceder a
jugosos convenios y negocios que iban desde la asignación de contratos
de obras y servicios, préstamos, concesiones, hasta inversiones, cuando
se trataba de abrir un negocio.
Hombre completamente feliz –como se definía— al final del sexenio del
último gobernador del PRD, la suerte le sonreía hasta el 28 de febrero
cuando sorpresivamente fue capturado por agentes de la Policía
Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja
California Sur.
El comunicador, encarcelado, carga con el estigma de haber sido uno
de los principales ex colaboradores del ex gobernador Narciso Agúndez
Montaño, y de la larga lista de amigos, socios, periodistas y políticos
que durante seis años lo asediaron, alabaron y hasta públicamente se
jactaban de tener una relación directa y muy estrecha con “El Toño”, hoy
lo han dejado prácticamente solo.
Dentro del término constitucional, y ampliado a solicitud de su
defensa hasta en 148 horas, ex colaboradores, amigos y hasta socios
fueron citados a declarar como testigos de cargo a favor del ex jefe de
prensa en la causa penal número 023/2012, donde se le imputan los
delitos de Peculado y Falsificación de Documentos en la Modalidad de Uso
de Documento Falso.
Sin embargo, ninguno de los citados, incluido su socio de la compañía
“Baja Mármol”, Adán Mendoza García, abogó a su favor. Los más de 10
testigos –que según el expediente que obra en manos de ZETA–
comparecieron del 29 de febrero al 4 de marzo pasado, todos cayeron en
contradicciones y hasta no supieron qué responder, cuando fueron
cuestionados sobre la reproducción y empastado del libro conmemorativo
de la administración 2005-2011 titulado “Acciones de Hoy para
Sudcalifornia de Mañana”.
La mayoría coincidió en que supieron de la distribución del libro,
pero nadie se enteró del nombre del autor, ejemplares impresos y lugar
de fabricación e impresión, lo que a consideración de la Juez Tercero
del Ramo Penal, Rosario del Carmen Palacios Montaño –y así quedó
asentado en el expediente– “no adquirió valor probatorio a favor del
procesado”; y por lo tanto, el 5 de marzo resolvió lo siguiente:
1.- Siendo las 7 horas del 5 de marzo del 2012, se dicta auto de
formal prisión en contra de Francisco Antonio Alcántar López por su
probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos de peculado
y falsificación de documentos en su modalidad de uso de documento
falso.
2.- Notifíquese personalmente a las partes el contenido de la
presente resolución, haciéndole saber el derecho y término que la Ley le
concede de tres días para interponer el recurso de apelación en caso de
inconformidad.
3.- Se decreta la apertura del periodo de instrucción de conformidad
con el 375 y 376 del Código de Procedimientos Penales vigente en el
estado.
4.- Remítase copia certificada de la presente resolución constitucional.
5.- Infórmese de la presente resolución al Instituto Federal Electoral para los efectos legales correspondientes.
6.- Mediante atento oficio, solicítese al director general de
prevención y readaptación social, se sirva informar a este juzgado si en
la dependencia existen registrados antecedentes penales a nombre del
procesado.
Los testigos
De todos los testigos que comparecieron previamente a la resolución
del juzgador, la intervención más relevante fue la de los responsables
de supuestamente haber expedido la factura por concepto de la
reproducción y empastado del citado libro.
Datos en el expediente exponen que se trata de J. Jesús Moya Rubio y
Maricela Barrera Montaño, ambos pareja y copropietarios de la empresa
“Impresora Californiana”, quienes en sus testimoniales negaron haber
elaborado la factura a favor de la Secretaría de Finanzas por concepto
de la elaboración de la obra, y en su comparecencia exhibieron la
factura 3032 expedida a favor de Nancy L. Hevia Aguiar, Notaria Pública
No. 13, por concepto de 750 formas tamaño oficio impresas en papel
ledger blanco a una tinta y reverso con folio ordinario color rojo del
46, 501 al 47, 250 por la cantidad de mil 665 pesos.
El 30 de mayo del 2011, y presionado por la contraloría general del
estado, el ex director de Comunicación Social, Antonio Alcántar, había
entregado la factura bajo el mismo número de folio, y supuestamente,
expedida por esa compañía, lo que en la comparecencia –según quedó
asentado en el expediente– fue evidenciado, y donde se probó plenamente
que se trataba de un comprobante fiscal falso.
El gerente y el administrador de la imprenta, con registro fiscal
desde 1999, dijeron desconocer a Antonio Alcántar López y recordaron que
un par de años atrás habían elaborado un trabajo de impresión al
gobierno del estado y facturaron a nombre de la Secretaría de Finanzas.
“No recuerdo muy bien cuánto tiempo hace, pero si se facturó a la
Secretaría de Finanzas fue algunos años atrás y esa factura no se
expidió a favor del gobierno, porque no corresponde al tiempo ni al
trabajo que se hizo. Yo la elaboré aclarando que fue expedida a favor de
Nancy L. Hevia Aguiar, ya que la otra no sé quién la elaboro y por
qué”, expuso Maricela Barrera Montaño, quien dijo ser la propietaria del
negocio, pero su esposo era el responsable del manejo de la empresa, ya
que expuso “yo trabajo como secretaria de la Notaría Pública No. 13”.
La mujer recordó que los primeros días de junio recibió en su
domicilio particular la visita de personal de la Contraloría General del
Estado, quien solicitó verificar la factura 3032, y en aquella ocasión
–recordó– sacó los consecutivos 3031, 3032 y 3033, y fue cuando se dio
cuenta que habían falsificado uno de sus comprobantes fiscales.
Las pruebas que terminaron por hundir al ex vocero de Narciso Agúndez
Montaño son las dos pólizas de cheque que amparan la cantidad de 410
mil pesos cada una y firmadas por Alcántar, cuando recogió los cheques
3042 y 8828 de fecha 18 y 28 de febrero del 2011, expedidos por los
bancos Santander, S.A. y Banco Mexicano del Norte, S.A.
En el expediente aparece una declaración testimonial de José Antonio
Ramírez Gómez y Reginaldo Meza Miranda, el secretario de Finanzas y el
director de egresos, quienes reconocieron haber firmado la autorización
de la entrega de cheques y expusieron que el dinero estaba destinado
para la producción y empastado de dos mil libros conmemorativos de la
administración 2005 y 2011 titulada “Acciones de Hoy para Sudcalifornia
de Mañana”.
Con estas pruebas en contra, los abogados de Antonio Alcántar,
encabezados por el ex precandidato a diputado del PRD Jova Murillo,
pretendieron librar de cualquier culpabilidad al ex funcionario, y
salieron a la defensa en una errónea estrategia, basada en la
presentación de testigos de cargo, la mayoría de los cuales, cayeron en
contradicciones, y hasta dijeron desconocer el numero del tiraje, el
nombre de la obra, autor y empresa que produjo los ejemplares, lo que no
abonó en nada a favor del ex vocero. Por el contrario, empeoró su
situación jurídica hasta que se emitió el auto de formal prisión.
En la presentación de testigos, según los datos que obran en el
expediente, ni el empleado de Alcántar que figura como socio de la
compañía “Baja Mármol”, de nombre Adán Mendoza García, supo qué decir. A
la pregunta de que diga el testigo si tiene conocimiento de cuántas
unidades se mandaron a hacer del libro “Acciones de Hoy para
Sudcalifornia de Mañana”, respondió: “Desconozco”.
De todos los testigos presentados por la defensa sólo uno dio
detalles del libro y de la forma en que supuestamente se repartió. Se
trata de Ramón Cota Amador, quien –en su declaración— dijo que le
constaba que antes de terminar la administración supo que el ex vocero
había entregado un compendio de libros en una reunión en la sala de
gobernadores. El testigo que dijo desempeñarse –en aquel tiempo– como
auxiliar del secretario privado del gobernador, César Uzcanga González,
declaró que “miró muy apresurado al señor Alcántar por el término del
sexenio, por lo que el quince de marzo, lo vio entregando libros, uno de
ellos a un servidor y a la gente común, y posteriormente de ese día lo
hizo en una comida de despedida a todos los funcionarios públicos que
habían gobernado. Ya después lo hizo en Bahía Asunción, San Juanico,
Los Cabos y Ciudad Constitución y en todo el estado y me consta que eran
bastantes libros”.
Pero mas allá de los testimonios, y de sus dichos, lo que dejó
intrigado a la Juez Tercero de lo Penal, Rosario del Carmen Palacios
Montaño fue la inesperada presentación de otra factura por la impresión y
empastado del libro conmemorativo.
A punto de vencer el término constitucional para el ofrecimiento de
pruebas a favor de Antonio Alcántar López, la defensa del inculpado
presentó otro comprobante fiscal: la factura 5098 expedida por la
compañía “Enciso Impresores”, misma que –según se puede leer en el
expediente— buscaba reemplazar la factura falsificada.
El razonamiento que la propia Juez Tercero del Ramo Penal, Rosario
del Carmen Palacios Montaño, dio a ese documento fue el siguiente, y el
cual aparece transcrito en el expediente.
“Esto no es óbice para determinar una conexión entre dichos
ejemplares con las facturas 3032 expedida por Impresora Californiana y
factura 5098 emitido por Enciso Impresos, ya que cuando un notario
público dio fe de la existencia de un ejemplar que tuvo a la vista,
adquiere valor probatorio, pero no dio fe notarial de que el ejemplar
que tuvo enfrente, apareciera dentro del mismo de los datos de los
impresores y editores; y al ser dichas facturas los medios presentados
por el inculpado para acreditar el haber destinado el recurso que le fue
dado por parte del erario público, este medio de prueba no favorece
acreditar esta circunstancia por el activo del delito. Por lo cual se
puede concluir con suficiente certeza jurídica que el libro fue datado
por el Notario Público, adolece de los mismos requisitos de Ley, que los
libros presentados por la defensa y el testigo, los cuales fueron
materia de la inspección judicial”.
En ninguna parte del expediente aparece la declaración del inculpado,
por lo que –a decir de trabajadores del juzgado tercero del ramo penal—
Antonio Alcántar, hasta el cierre de esta edición, no había rendido su
declaración.
— ¿Qué sigue ahora?, preguntaron
reporteros de este Semanario al Presidente del Tribunal de Justicia del
estado de Baja California Sur, Daniel Gallo Rodríguez.
“Bueno, inicia el proceso formal, según marcan los artículos 375 y
376 del Código de Procedimiento Penales, y donde se establece que el
juzgador deberá admitir y desahogar los medios de prueba que legalmente
le ofrezcan las partes. El código es claro y establece que cuando exista
un auto de formal prisión, y el delito tenga señalada una pena máxima
que exceda de 2 años de prisión, la instrucción, deberá terminarse en un
término no mayor a seis meses”.
Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado
estableció que el delito de peculado contempla una pena de 6 a 15 años
de prisión y el delito de falsificación de documentos en su modalidad de
uso señala de 1 a 5 años de prisión, los cuales tendrán que ser
valorados por el juzgador, quien será el responsable de emitir la
sentencia correspondiente.
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