El escenario no podría ser peor: Policías municipales que roban y venden
droga, o sirven como facilitadores de secuestros; abusos del Ejército solapados
por la Procuraduría estatal, que tiene a jefes señalados como servidores del
crimen organizado sin investigar; y una Policía estatal paralizada por
cuestiones políticas. Aparte, el Consejo Estatal de Seguridad de Baja California
mantiene bloqueado el tema de la depuración.
Investigaciones ZETA
“No sé si ya trataron el tema, pero quiero poner sobre la mesa el
tema de cómo vamos, todos a asumir el tema de la depuración como prioridad… y
creo que necesitamos abrir un capítulo para conocer cuál ha sido el destino de
los agentes que hemos remitido”.
Palabras más o menos, fue lo que expresó el secretario de
Seguridad Pública de Tijuana, Alberto Capella, en la reunión del Grupo de
Coordinación de Baja California, convocada por el General Gilberto Landeros el 7
de mayo de 2012, a la que por cierto, llegó tarde.
La reacción defensiva del licenciado Luis Antonio González,
subdelegado de la Procuraduría General de la República en Tijuana, alegando que
la PGR no era responsable, pues le remitían para consignación expedientes mal
armados y sin sustento, distrajo a los presentes que concluyeron la reunión sin
llegar a algún acuerdo para conocer cuantos elementos policíacos están siendo
juzgados realmente, si hay algún sentenciado y la cantidad que ha sido
exonerado.
Además de ignorar el tema del enfrentamiento entre policías y
militares (2 de mayo) y el arreglo económico que pretende negociar la
Procuraduría estatal, en la mencionada junta los jefes operativos de policías y
fiscalías tampoco dieron cuenta de los avances en el programa oficial de
depuración, el cual, según información conocida por ZETA, se
encuentra lejos de ser concluido, al únicamente haberse evaluado al 30 por
ciento en la Procuraduría General de Justicia del Estado; 40 a 50 por ciento en
las policías municipales; y 100 por ciento en la Policía Estatal Preventiva
(PEP), y muy pocos de los custodios.
Fuera de orden, las autoridades integradas al Consejo Estatal de
Seguridad decidieron politizar su tema y tratar de sacar lo relacionado a la
corrupción, de la palestra pública, como si al evadirlo dejara de existir.
Incluso se han dado a la tarea de criticar “extraoficialmente” y
en algunos casos, e intentar exponer con tintes partidistas la continuidad en
acciones contra policías corruptos en el Ayuntamiento de Tijuana.
“Yo no puedo dejar de actuar por una temporada política, si mis
policías hacen algo bien se les premia, y si delinquen, se les castiga. Aquí lo
que importa es que con cada acción, quede claro que no hay cabida para actos de
corrupción, ni anomalías de ningún tipo. Y que también en eso, los tres órdenes
de gobierno estamos trabajando de manera coordinada. Si estiran la mano por
veinte dólares o si apoyan al crimen organizado y nos damos cuenta, van a ser
procesados. Los jefes se los dicen todos los días en el pase de lista.
“A estas alturas, todos los policías de Tijuana saben, y se les
recuerda permanentemente, que hasta los rumores tienen consecuencias, no los
corremos porque sería injusto, pero los mandamos al curso, donde les quitamos el
radio, el arma y con actualizaciones, los tenemos ocupados de las ocho de la
mañana a las seis de la tarde, mientras investigamos la solidez de las
acusaciones”, expuso Capella.
La captura de cuatro policías municipales vendiendo droga en el
último mes, hace parecer que el problema de corrupción sólo existe en la
Secretaría de Seguridad tijuanense. “Yo no sé qué pasa en las otras
corporaciones, lo que puedo decir es que no debo permitir que se nos acuse por
estar haciendo las cosas bien. Cuando llegamos la corrupción ya estaba aquí,
nosotros no la generamos, y con hechos hemos demostrado que trabajamos para
limpiar la casa, y en ésa, como en el resto de nuestras tareas, tenemos todo el
apoyo del alcalde Carlos Bustamante.
“A partir de que llegamos, con el apoyo de los jefes y policías
hemos retirado a 40 elementos, hay otros 26 suspendidos y 52 en proceso de
investigación. Pero insisto, son más los agentes buenos, los que han dado como
resultado que en el primer cuatrimestre de 2012 se hayan turnado al Ministerio
Público 8 mil 800 delincuentes para consignación; que se haya retenido a más de
588 mil infractores al Bando de Policía y Buen Gobierno; decomisado 229 armas;
asegurado más de 2 mil 500 kilos de marihuana, 41 kilos de crystal y 8
kilos de cocaína; además de recuperar 943 vehículos. Un cuerpo policiaco con
esos resultados es bueno”, resaltó el titular de la Secretaría Seguridad Pública
Municipal.
Sin embargo, desde su homóloga estatal desestiman los resultados
de la “depuración” municipal, particularmente la de Tijuana, usada por la
federación como ejemplo nacional, porque en la mayoría de los casos, las
sospechas contra los agentes de orden son por delitos graves y los ayuntamientos
terminan deshaciéndose de ellos, dándolos de baja por cuestiones
administrativas, sin consignarlos ni darles seguimiento.
De los separados del cargo de manera definitiva de diciembre de
2011 a marzo de 2012 en Tijuana, 13 agentes fueron dados de baja por sus
relaciones con el crimen organizado, sin embargo, el argumento consistió en que
fueron “faltas injustificadas”.
Se trata de policías capturados en dos
operativos distintos durante 2010, y liberados a mediados de 2011, a quienes el
Ayuntamiento de Jorge Ramos reinstaló, y el de Carlos Bustamante retiró del
servicio de manera definitiva.
Otros 13 agentes quedaron fuera por estar involucrados en abuso de
autoridad cometido en contra de una bailarina exótica presionada para desnudarse
en las instalaciones de la delegación policíaca de La Presa Rural, asunto que
data de mediados de 2011 y no ha sido resuelto por la PGJE.
Se suman tres agentes por faltas injustificadas que dejaron de
asistir cuando se les citó al curso, que imparten para retenerlos mientras
investigan; dos por uso de sustancias psicotrópicas, y otro dado de baja el 16
de enero por extorsión presuntamente cometida en octubre de 2011.
Además, tienen suspensión preventiva otros 16 uniformados: uno por
el asunto de La Presa, cinco por faltas injustificadas, y ocho por uso de
sustancias psicotrópicas.
Municipales detenidos
Todavía estaban frescos en la memoria pública el arresto de tres
policías uniformados el 20 de abril, que a bordo de sus patrullas intentaron
vender una llanta llena de marihuana que habían robado de un decomiso, y el
antecedente de la trifulca entre soldados y municipales del 2 de mayo, cuando
los agentes locales Samuel Tovar Fermín y Noé Cervantes Santillán decidieron, el
sábado 5 de mayo, que podían vender una onza de la droga conocida como
crystal y salir impunes.
Esta vez la denuncia del delito en vías de cometerse llegó a la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, desde donde solicitaron apoyo del
estado para evitar filtraciones.
Los policías estatales preventivos intervinieron a un civil que
los llevó a los oficiales que por radio comunicador le ofrecieron la droga. Uno
de los detenidos estaba en el banco de armas, y el segundo en el curso, bajo
sospecha de servir al crimen organizado, pero habían sido pareja laboral en el
pasado.
La excusa dada por los oficiales que ganan 15 mil pesos al mes,
fue que “necesitaban dinero” y pidieron la cortesía de ser liberados. También en
la semana que concluye, dos agentes con 16 y 18 años de carrera firmaron su
renuncia voluntaria, tras ser denunciados por unos turistas alemanes que les
dieron 120 dólares. No presentaron denuncia ante el Ministerio Público porque se
negaron a confirmar su primera declaración.
Adicionalmente, se inició indagatoria contra cuatro agentes de Los
Pinos y Centenario, por recurrir a viejas prácticas de apoyar a células
delictivas secuestrando a sus competidores, o facilitándoles el camino para
privarlos de la libertad.
“El problema es que como antes estaba permitido, algunos policías
parece que ni siquiera tienen claro que están haciendo algo malo. Parece broma,
pero es realidad”, expuso a ZETA un grupo de agentes.
“Hace 15 años, lo normal era pagar 30 mil dólares para ser jefe de
distrito y entregar cuotas a los directores y al secretario, los jefes de
distrito recibían los teléfonos que servían para conectarse con los criminales
en cajas de zapato, si no agarrabas, te mataban. En la administración pasada
había autorización y a veces hasta orden de matar a los mugrosos,
también había permiso de quedarse con droga, dinero, armas, hasta muebles
sacaban de las casas aseguradas. También estaba permitido el pizcacho, incluso
en el polígrafo te preguntaban si te habías quedado con lana, que no les
importaban los 20, 100 ó 500 dólares, prácticamente te decían ‘puedes robarle a
los malandros’, pero no les aceptes dinero”, explicaron.
“Por eso se les hace fácil y se sorprenden que los estén
capturando y dando de baja, incluso por extorsiones”, refieren los policías
respecto a su compañeros.
Actualmente más de 50 oficiales son investigados de manera interna
por presuntos nexos con células delictivas de René Arzate y/o Arteaga “La
Rana”, José Soto “El Tigre”, “La Rosy” Guajardo Hernández, “El 8-8” y “Los
Chamulas”.
Al respecto, Capella concluyó: “La instrucción es muy clara, no
pueden estirar la mano sin importar la cantidad, todo se investiga. Vamos con
todo y contra todos”.
Ministeriales: Parálisis y proteccionismo
En cuanto a los empleados del procurador Rommel Moreno, quien la
semana pasada anunció a través de Joel Dueñes Hurtado, visitador general, que
164 servidores públicos bajo su mando han sido removidos en lo que va del
sexenio, reportes extraoficiales al interior del Consejo Estatal de Seguridad
Pública indican que los agentes de la PGJE, de los cuales sólo 3 de cada 10 han
sido sometidos a exámenes de confianza, siguen operando al servicio de los
cárteles. Algunos con los remanentes de las células de Fernando Sánchez
Arellano, y los más con Alfredo Arteaga y /o Arzate “El Aquiles”.
En el caso de los que delinquen con Fernando Sánchez Arellano “El
Ingeniero”, la información refiere que los Ministeriales se siguen contactando
con sus células a través de ex empleados de la PGJE: Edgar Iván Torres y Óscar
Hernán López, mencionados en archivos criminales aun antes de darse de baja.
El
último, presuntamente involucrado en la planeación para asesinar a agentes de la
Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), delito que
no se concretó, pero internamente no hay ninguna indagatoria la respecto.
De los jefes de la PGJE recientemente señalados por Octavio Leal
Hernández “El Chapito”, detenido el 26 de abril de 2012, y cinco meses antes por
el traficante Juan Sillas, la Procuraduría estatal no informó que se haya
abierto investigación alguna; tampoco la federación, vía Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Otros mencionados en averiguaciones y confesiones de delincuentes
detenidos son:
Adán Velázquez Nieto. Sólo se notificó su
remoción de la Comandancia de la Policía Ministerial y su reintegración a la
corporación que encabezaba, sin informar sobre el cargo.
Fernando Jáuregui. Continúa en el centro de
capacitación. Áreas de inteligencia locales reportaron esta semana: “Revisamos y
todo indica que no estaba metido, por lo menos con la gente de ‘El Sillas’ o ‘El
Chapito’”. Pero tampoco se ha dado la investigación formal para exonerarlo.
En cuanto la parcialidad con la que han actuado al insistir en la
mediación como solución al altercado entre el Ejército y la Policía de Tijuana
(2 de mayo), a pesar de que los Municipales ya manifestaron que no desistirán de
la denuncia, el procurador desestimó el altercado e insistió el jueves 10 de
mayo: “Se está apelando a la buena voluntad de las partes, debido a que no es un
delito grave y existe la reparación del daño”.
La PEP
También en el estado, la única Policía que ha sido sometida al 100
por ciento a todos los estudios de confianza, ha permanecido en los últimos
meses en notoria inactividad, a partir de los escasos resultados comparados con
los de hace un año.
Incluso elementos de la PEP han externado que no tienen
autorización para trabajar en el combate a la inseguridad, para “no meterse en
problemas”. La referencia es que existe la orden de “no moverse”, sin importar
que se reduzca la productividad o que haya investigaciones avanzadas en contra
de líderes de células del crimen organizado, porque en el Estado no quieren que
la información se les vaya de las manos y los afecte en el campo electoral.
Los policías ya fueron advertidos que no serán respaldados, nada
de iniciativa o acciones operativas que no sean previamente aprobadas por los
jefes. “Nos han regresado”, acusó un uniformado al referirse a una persecución
de criminales.
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