DESCOORDINACION Y CORRUPCIÓN EN TIJUANA

Caen las “Fuerzas Especiales”

Mientras la Procuraduría de Justicia de Baja California no investiga los asesinatos de policías municipales ocurridos recientemente, en la corporación tijuanense han concluido que se trata de elementos que fueron parte de las Fuerzas Armadas en la anterior administración, y sin líneas de investigación oficiales, presumen ligas con el crimen organizado o vendettas.

En ambos casos, en el del oficial Hurtado y en el del agente López, ni Ministeriales ni Estatales Preventivos acudieron al auxilio de los Municipales.

Investigaciones ZETA

“Nadie se acercó”, manifestaron sorprendidos  policías de Tijuana. “Nos dejaron solos” en el operativo de búsqueda que dio respuesta al asesinato del agente  municipal César López Camarena, ocurrido los primeros minutos del jueves 12 de abril.

La ausencia de respuesta de la Policía Ministerial y de la Estatal Preventiva, fue similar a la ocurrida cuando, el 18 de diciembre de 2011, intentaron asesinar al oficial Jesús Alberto Hurtado Estrada, o cuando finalmente, los verdugos cumplieron su cometido el 23 de  marzo de 2012.

En ambos casos, el silencio y la falta de acción han sido el común denominador en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), responsable en Baja California de la investigación por el área de inteligencia, y en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), única facultada para las investigaciones. El reclamo al procurador Rommel Moreno se incrementa en estos días.

A pregunta expresa de ZETA, la respuesta en ambas instancias fue que no había avances ni posibles sospechosos en el caso de Hurtado, y menos aún en el de López. Salvo el hecho que el arma calibre 45 usada para asesinar a los dos uniformados fue la misma.

“Tenemos entendido que el procurador tuvo conocimiento que la Municipal estaba investigando para aclarar el asunto de Hurtado y se molestó”, informó un policía municipal. 

Con ello, expuso, el fiscal del estado abandonó su obligación de investigar ante la presunción que el Municipio hacía su tarea -interna y lógica en este caso-.

Mientras en la Policía Municipal de Tijuana tienen una sustentada preocupación ante la falta de indagatorias respecto a los dos crímenes: los elementos asesinados fueron miembros de las Fuerzas Especiales en la administración anterior, y partícipes de varias capturas de delincuentes organizados. 

Incluso luego del asesinato de Hurtado, en la semana que está por concluir, por el sistema de comunicación interno de la corporación, una voz amenazó en repetidas ocasiones a varios Municipales que sólo fueron identificados como “El Boxer”, uno de apellido Laborín, a Othón y al ex director Gustavo Huerta.

No había terminado la semana cuando los agentes se enteraron de una nueva advertencia, esta vez un delincuente menor del fraccionamiento El Florido en Tijuana, acusaba al 015 Melecio (Luis Contreras Melecio) de haberle “robado”  un cargamento menor de heroína y 5 mil dólares. 

La amenaza fue que, o retornaba lo sustraído, o lo mataban. “La versión al interior indica que ya regresaron el dinero, pero todavía traen problemas por la droga”, reveló un uniformado.

Los antes mencionados, incluidos los dos policías asesinados, eran miembros de las Fuerzas Especiales, cuya honradez es cuestionada e investigada por el actual secretario de Seguridad Pública Municipal, Alberto Capella Ibarra, quien desde el inicio de su gestión recibió una serie de denuncias que evidenciaban a cantidad considerable de elementos de ese grupo, como brazos operativos en robos de drogas decomisadas, cuya impunidad era presuntamente ordenada y solapada por el ex secretario Gustavo Huerta  y el ex director Adrián Hernández.

Durante la actual administración, a todos los policías sobre los cual pesa una sospecha, denuncia o señalamiento por parte de delincuentes, fueron remitidos a cursos que la Secretaría de Seguridad organizó para sacarlos de las calles, en lo que Asuntos Internos investigaba, ante la ausencia de una indagatoria oficial por parte de la PGJE.

Sin embargo, tras las amenazas recibidas esta semana, se pudo saber extraoficialmente que dos agentes, Julio César Hernández Laborín y uno de nombre Othón, recibieron protección oficial y “los van a sacar un tiempo para evadir a los delincuentes”; aun cuando continúan investigándose los señalamientos de corrupción en su contra.  Del Capitán Gustavo Huerta, la información indica que se está tramitando su posible traslado a las fuerzas de seguridad pública de Ciudad Juárez, bajo el mando de Teniente Coronel Julián Leyzaola.

Los policías señalados

César López Camarena, el Municipal asesinado la madrugada del jueves 12 de abril, había pasado por  las delegaciones más controvertidas y cuestionadas por la protección que ofrecen a los criminales, La Presa y Cerro Colorado. 

Al interior de la corporación lo tenían ubicado como cercano a Hernández Laborín, y durante el periodo que sirvió en las Fuerzas Especiales, se codeó con Hurtado, el otro oficial recientemente caído.

Antes de su crimen, mandos de la Policía Municipal recibieron denuncias que lo señalaban como un mal elemento, que “andaba metido en la protección de tienditas de droga y venta de piratería, que fuera de sus horarios oficiales se dedicaba a cobrar piso vestido de civil”. 

La indagatoria interna en su contra apenas iniciaba de manera formal.

De hecho, el extinto policía se desempeñó como jefe del Grupo Interdistrital, pero fue retirado del cargo al no cumplir con la expectativa. López no participó en ninguno de los recientes decomisos, tampoco en las capturas realizadas por la Policía Municipal. 

Bajo estas circunstancias, los superiores del Municipal caído -aun en ausencia de las líneas de investigación de la Procuraduría del Estado- dudan que haya sido atacado por su trabajo.

De hecho, el agente César López Camarena fue muerto al finalizar su trabajo en la SSPM, después de haber dejado la patrulla a su cargo en un lugar distinto al de su jurisdicción y llevarse las llaves. 

Por ello sus compañeros tardaron en localizar y abrir el vehículo oficial. 

En el interior localizaron 3.6 kilos de marihuana, tubos usados para consumir droga, pasaportes e identificaciones a nombre de diversas personas, entre otros objetos ilegales.

En este punto, cabe indicar que antes del hallazgo, la PGJE no buscó ni solicitó la patrulla en cuestión para revisar su interior o recabar algún indicio dentro de la investigación por el homicidio.

El agente fue baleado sobre el Libramiento Rosas Magallón, cuando transitaba frente al hotel Edén. Dos camionetas se le emparejaron y desde una le dispararon en cuatro ocasiones. Dos balas de arma corta calibre 45 hicieron blanco.

De todas las corporaciones policíacas supuestamente coordinadas a través del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Baja California, sólo los agentes de la Municipal respondieron al reporte del elemento caído. 

Llegaron a tiempo de llamar a la Cruz Roja para que recibiera servicios médicos; también tuvieron oportunidad de localizar en el fraccionamiento Esmeralda una camioneta Titan Gris con casquillos en el interior, con placas de California sin reporte de robo en el lado mexicano, pero que parecen sobrepuestas.  

Al cierre de esta edición, las autoridades de Estados Unidos no habían proporcionado mayor información del estado legal del auto o sobre su dueño.

Los compañeros del oficial fallecido en las instalaciones hospitalarias después de la una de la mañana, hablaron de malas costumbres y confabularon sus propias hipótesis del crimen: “Compromisos no cumplidos o un baje”. Recordaron que López Camarena y algunos de sus colegas habían hecho de esa forma de actuar, una costumbre en tiempos de Huerta.

Como su homicidio siguió al de Hurtado y en la Procuraduría del Estado no hubo avances en la investigación del asesinato de éste, los Municipales interrogaron a algunas personas. Allegados a los agentes, informantes de la calle e infiltrados en los grupos delictivos.  Los reportes de este hechizo grupo de locales investigadores, indicaron que los ataques vienen de lo que queda de “Los Teos”.

Pero también salieron a relucir nombres de ex policías: Israel de la Cruz López “El Tomate” y Omar Cabrera Bengochea, a quienes atribuyen operatividad desde el interior del Centro de Readaptación Social, donde purgan su condena. Además de los de “Celis” y “Vaca”, quienes fueron retirados de la Policía en tiempos de Julián Leyzaola.

A 20 días del asesinato de Hurtado, lo único que han podido averiguar es que fue planeado y usaron a una fémina de carnada. 

Una mujer curvilínea que se presentó como maestra de zumba y dio un nombre falso a las autoridades, fue quien sacó al policía de su casa, le pidió ayuda para unas reparaciones, lo hizo bajar a su auto donde estuvo por varios minutos, vio cuando Hurtado alcanzó la calle y lo mataron. Se fue de la zona y no regresó.

Nada de investigación

 La pasividad de las autoridades estatales responsables legales de las indagatorias, sean judiciales o de inteligencia, no se refleja sólo en las investigaciones de asesinatos de policías presuntamente corruptos.

Para respaldar la versión oficial de que los cárteles en Baja California están acabados, los reportes oficiales indican este año que los decomisos son siempre de “Sinaloa”, e invariablemente, los detenidos son operadores  independientes, como si Baja california se hubiera convertido repentinamente en tierra de nadie y sin estructura criminal. Así pasan los reportes, y la mayoría de los delincuentes relacionados con el crimen organizado son identificados como poquiteros que  dejan las cárceles en poco tiempo.

Aunque la incidencia en delitos de alto impacto bajó lo mismo que el cúmulo de trabajo, ninguna de las corporaciones responsables de ir al fondo está haciendo su trabajo, las tropas están inconformes y aseguran que sus jefes “no quieren problemas”, y se atreven a agregar:

 “Tiene que ver también que son tiempos electorales”, o “no quieren problemas en esta época con los Derechos Humanos”.

Como ejemplo de la inactividad, destaca la ausencia de resultados en dos casas de seguridad de criminales, donde se localizaron armas y droga, pero que oficialmente no son atribuidas a ningún grupo delictivo.

Una, la del multihomicidio cometido por Ramón Genaro Olivas, López abatido por la Policía Municipal el 29 de marzo de 2012. Las autoridades tienen conocimiento que el domicilio era usado como casa de seguridad y bodega de droga, que las armas localizadas en el lugar pertenecían a un grupo que, el 10 de noviembre de 2008, asesinó a Jesús Astengo Mendoza en la colonia Lomas de La Presa; a Héctor Sáenz Campo, cuyo cuerpo fue localizado en 2009 en Rosarito Baja California; y a un hombre no identificado también acribillado en el quinto municipio, cuya indagatoria es la AP/3717/08/2007.

El segundo caso es más reciente, hubo cinco detenidos, pero la falta de investigación es similar. La excusa es que se trata de delitos federales, pero el resultado es el mismo.

El 9 de abril de 2012, entre las tres y cinco de la tarde, la Policía Municipal cateó dos casas en un fraccionamiento de la Zona Este. Ya con resultados positivos relacionados con crímenes federales en el primer domicilio, solicitaron apoyo del Ejército y entregaron a los soldados a cinco personas detenidas, además de 15 armas largas nuevas, un arma corta, 200 cartuchos, 24 cargadores, 857.7 kilos de marihuana, 29 kilos de crystal y 7.262 kilos de heroína.

La marihuana fue localizada en un segundo operativo realizado en una casa de la calle Sandía y Dátil de El Florido primera sección. El resto de la droga y las armas, en el número 20281 de la calle Montes Cantábricos del fraccionamiento Loma Dorada, donde “Los Teos” solían tener propiedades. En el patio del mismo domicilio, los detenidos cavaban una fosa que pretendían usar como bodega.

Los capturados, Carlos Adrián Guerrero Bernardino, Elpidio Quevedo Núñez, Javier Lira Sotelo y los hermanos Ernesto Alonso y Elizabeth Camacho Loza, hablaron poco.

Delataron como jefe del grupo a Javier Lira Sotelo, encargado de lavar el dinero a través de tres casas de cambio instaladas en la Zona Este. Dijeron ser una célula independiente que opera “pagando piso con droga” a “El Aquiles”. Como jefe inmediato mencionaron a un “Meño” que opera para el Cártel de Guadalajara, que es de donde obtienen la droga que distribuyen al menudeo, mayormente entre operadores de “Los Teos”, ahora encabezados por José Soto “El Tigre”.

Aunque como grupo también cruzaban enervantes a Estados Unidos “en clavos en carros”, y en los mismos escondites se traían las armas que les fueron entregadas para resguardo 21 días antes de ser detenidos. En la casa de seguridad, los distribuidores de droga tenían una lista que acreditaba la recepción y entrega de droga.

Una de las receptoras de mercancía era “La Rosy”, a la que autoridades identifican como hermana de Eduardo Guajardo Hernández “El Güicho”. 

Otros distribuidores identificados fueron “El Tito”, “El Marques”, “El Tribi”, “El Chespi”, “El Bolonia”,  “Nacho”,  “Miguel de Las Canchas”,  “Alan”, “Roberto”,  “Ely”, “El Pony”, “El Guarachín”, “La Doña”, “Felipe”, “El Güero”, “Luisillo”, “Robert”, “Mich” y “Ramón”.

Más de 20 distribuidores de droga que diariamente acudían por un kilo o más de droga para salir a delinquir.

Criminales que según la autoridad, no pertenecen a ningún cártel o banda del crimen organizado, por lo cual no los persiguen y, cuando son detenidos, al poco tiempo están liberados.