SIGUE PERCEPCIÓN NEGATIVA DE LA GUERRA ANTINARCO: MITOFSKY

Redacción MÉXICO D.F. (apro).- La décima Encuesta Nacional sobre la Percepción de Inseguridad Ciudadana en México arrojó nuevamente resultados adversos hacia la estrategia antinarco emprendida por el presidente Felipe Calderón: 53% considera que el crimen organizado va ganando la lucha, 43% define la estrategia como “un fracaso” y 80% considera que la seguridad es peor que hace un año. El ejercicio realizado por Consulta Mitofsky en comunión con México Unido contra la Delincuencia, A.C. (MUCD) destaca también que tres de cada 10 personas ha sido víctima de algún delito en los últimos tres meses. Juan Francisco Torres Landa, secretario general de MUCD, aseguró que el combate a la inseguridad se ha visto empañado por “una mayor fragmentación” del Estado de Derecho y vulneración a las garantías individuales y sostuvo que en ningún caso es permisible pensar en sacrificar el cumplimiento del debido proceso en aras de lograr “eficiencia” en la administración de justicia. A casi seis años de que Calderón inició la llamada lucha contra la delincuencia, la encuesta índica que sólo el 17% tiene la percepción de que el gobierno lleva las de ganar en este terreno. Además, señala que el porcentaje de personas que está de acuerdo en utilizar al ejército para combatir al crimen organizado ha disminuido consecutivamente desde enero de 2007. En ese año 84% consideraba adecuada la estrategia y este año la cifra cayó al 67%. En cuanto a la accesibilidad a drogas y armas, casi 70% de los encuestados consideró que “es muy fácil” conseguir un cigarro de mariguana, mientras que el 49.9% declaró que es fácil conseguir una pistola en su ciudad. “Dichas cifras muestran que las drogas están al alcance de todos hoy más que nunca”, enfatizó Torres Landa. Destacó también que el 30% de los encuestados consideró urgente mejorar las estrategias empleadas actualmente, 27% sugirió que las nuevas estrategias sean creadas en México y un 20% pugnó porque se estudien experiencias de otros países en la materia. “Las políticas públicas actuales materializan su fracaso en indicadores como los anteriores; es alarmante la facilidad con la que los mexicanos responden tener acceso a sustancias ilegales y armas de fuego; la estrategia debe ser asumida desde otro ángulo, el de la prevención y la rehabilitación”, subrayó. Añadió que es urgente implementar alternativas al combate al crimen organizado, ya que las consecuencias colaterales impactan todas las esferas sociales, “y no sólo eso, sino que impacta la percepción de la ciudadanía hacia el papel de las instituciones que tienen como objetivo primordial velar por la seguridad”, sostuvo. Las instituciones de seguridad y justicia en los tres niveles de gobierno, dijo, son las más obligadas a dar el ejemplo y siempre actuar dentro del marco jurídico que regula su actuación. Destacó que si hay un estricto apego al Estado de Derecho en todas las actividades que realizan las autoridades de los tres niveles de gobierno, ninguno de los resultados que quieran presentar como “logros” en materia de seguridad y justicia pueden ser aceptados como válidos o conducir a una mejor situación en el país. Torres Landa sostuvo que las acciones gubernamentales que afecten el marco jurídico “son inadmisibles en cualquier caso”, pero particularmente cuando se violenten derechos humanos fundamentales como la vida, la libertad y la integridad física. Calificó como reprobables las situaciones en las que se abusa de la fuerza pública con niveles de violencia que “exceden la legítima defensa o ejercicio de funciones”. Condenó también la investigación, consignación y procesamiento de personas en las que no se respete el debido proceso o no se cuente con las pruebas en las que se pueda sustentar sólidamente el ejercicio para derribar la presunción de inocencia, a la cual todos los habitantes de este país tienen derecho. El dirigente del MUCD se pronunció porque el gobierno mexicano explore y abra el debate a las posibles alternativas para enfrentar el problema de las drogas con menos violencia y costos sociales. Insistió en que se deben tomar como ejemplo los países que han optado por una política de descriminalización o despenalización y que han abordado el tema desde una perspectiva de salud pública, logrando reducir los niveles de consumo y los índices de violencia. Recordó que a mediados de febrero cuando la organización convocó al foro internacional “Drogas: un balance a un siglo de su prohibición”, en conjunto con otras organizaciones académicas y civiles se concluyó que es necesario cambiar la estrategia actual de combate al narcotráfico y se hizo un llamado a debatir alternativas que propicien mejores resultados con base en experiencias nacionales e internacionales. El ejercicio realizado por Consulta Mitofsky en comunión con México Unido contra la Delincuencia, A.C. (MUCD) destaca también que tres de cada 10 personas ha sido víctima de algún delito en los últimos tres meses. Juan Francisco Torres Landa, secretario general de MUCD, aseguró que el combate a la inseguridad se ha visto empañado por “una mayor fragmentación” del Estado de Derecho y vulneración a las garantías individuales y sostuvo que en ningún caso es permisible pensar en sacrificar el cumplimiento del debido proceso en aras de lograr “eficiencia” en la administración de justicia. A casi seis años de que Calderón inició la llamada lucha contra la delincuencia, la encuesta índica que sólo el 17% tiene la percepción de que el gobierno lleva las de ganar en este terreno. Además, señala que el porcentaje de personas que está de acuerdo en utilizar al ejército para combatir al crimen organizado ha disminuido consecutivamente desde enero de 2007. En ese año 84% consideraba adecuada la estrategia y este año la cifra cayó al 67%. En cuanto a la accesibilidad a drogas y armas, casi 70% de los encuestados consideró que “es muy fácil” conseguir un cigarro de mariguana, mientras que el 49.9% declaró que es fácil conseguir una pistola en su ciudad. “Dichas cifras muestran que las drogas están al alcance de todos hoy más que nunca”, enfatizó Torres Landa. Destacó también que el 30% de los encuestados consideró urgente mejorar las estrategias empleadas actualmente, 27% sugirió que las nuevas estrategias sean creadas en México y un 20% pugnó porque se estudien experiencias de otros países en la materia. “Las políticas públicas actuales materializan su fracaso en indicadores como los anteriores; es alarmante la facilidad con la que los mexicanos responden tener acceso a sustancias ilegales y armas de fuego; la estrategia debe ser asumida desde otro ángulo, el de la prevención y la rehabilitación”, subrayó. Añadió que es urgente implementar alternativas al combate al crimen organizado, ya que las consecuencias colaterales impactan todas las esferas sociales, “y no sólo eso, sino que impacta la percepción de la ciudadanía hacia el papel de las instituciones que tienen como objetivo primordial velar por la seguridad”, sostuvo. Las instituciones de seguridad y justicia en los tres niveles de gobierno, dijo, son las más obligadas a dar el ejemplo y siempre actuar dentro del marco jurídico que regula su actuación. Destacó que si hay un estricto apego al Estado de Derecho en todas las actividades que realizan las autoridades de los tres niveles de gobierno, ninguno de los resultados que quieran presentar como “logros” en materia de seguridad y justicia pueden ser aceptados como válidos o conducir a una mejor situación en el país. Torres Landa sostuvo que las acciones gubernamentales que afecten el marco jurídico “son inadmisibles en cualquier caso”, pero particularmente cuando se violenten derechos humanos fundamentales como la vida, la libertad y la integridad física. Calificó como reprobables las situaciones en las que se abusa de la fuerza pública con niveles de violencia que “exceden la legítima defensa o ejercicio de funciones”. Condenó también la investigación, consignación y procesamiento de personas en las que no se respete el debido proceso o no se cuente con las pruebas en las que se pueda sustentar sólidamente el ejercicio para derribar la presunción de inocencia, a la cual todos los habitantes de este país tienen derecho. El dirigente del MUCD se pronunció porque el gobierno mexicano explore y abra el debate a las posibles alternativas para enfrentar el problema de las drogas con menos violencia y costos sociales. Insistió en que se deben tomar como ejemplo los países que han optado por una política de descriminalización o despenalización y que han abordado el tema desde una perspectiva de salud pública, logrando reducir los niveles de consumo y los índices de violencia. Recordó que a mediados de febrero cuando la organización convocó al foro internacional “Drogas: un balance a un siglo de su prohibición”, en conjunto con otras organizaciones académicas y civiles se concluyó que es necesario cambiar la estrategia actual de combate al narcotráfico y se hizo un llamado a debatir alternativas que propicien mejores resultados con base en experiencias nacionales e internacionales.