José Manuel Murillo Peralta, Yuan Yee Cunningham y Joel Villegas Ibarra
tendrán que comprobar el paradero de millones de pesos que gastaron del erario
público, porque no entregaron documentación comprobatoria. Según el diputado
Ernesto Ibarra Montoya, presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano de
Fiscalización Superior, dicha omisión los convierte en sospechosos de
malversación de fondos.
Gerardo Zúñiga
Tras la captura y el encarcelamiento del ex director de Comunicación Social
del gobierno del estado de Baja California Sur, Antonio Alcántar López, y casi
dos meses después de haber vencido el plazo para que los ex alcaldes de Mulegé,
Loreto, Comondú, La Paz, así como el ex director del Organismo Operador
Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los
Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, solventaran todas las irregularidades
detectadas sobre los ejercicios fiscales del 2010 y parte del 2011, tres son
los ex ediles perredistas sentados en el banquillo de los acusados.
Se trata de José Manuel Murillo Peralta, Yuan Yee Cunningham y Joel Villegas
Ibarra, quienes, en las próximas semanas, tendrán que rendir cuentas sobre el
paradero de millones de pesos que gastaron del erario público, porque –como el
caso del ex vocero de Narciso Agúndez Montaño— no entregaron la documentación
comprobatoria, lo que, a decir del diputado Ernesto Ibarra Montoya, presidente
de la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior, los convierte
en sospechosos de haber malversado fondos.
De hecho, la primera denuncia penal ya fue presentada el 1 de marzo por el
Presidente del Órgano de Fiscalización Superior, Julio César López Márquez, en
la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Cometidos por
Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Por mandato de la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización
Superior, integrada por los diputados Ernesto Ibarra Montoya, Sergio Barrón
Pinto y Guadalupe Olay Davis, el titular del órgano, presentó tres denuncias
penales. Son las siguientes:
1.- La primera quedó registrada bajo el número de Averiguación Previa
LPZ/025/SPB/2012 e interpuesta en contra de quien resulte responsable en la
administración del ex alcalde José Manuel Murillo Peralta, por no haber
solventado un total de 123 observaciones, de las cuales 100 corresponden a
auditoría financiera y 23 a auditoría de obra pública, y de las cuales, nunca se
tuvo respuesta sobre las observaciones fincadas. El órgano de fiscalización
entregó el resultado de la auditoría y pruebas documentales sobre la cuenta
pública del ejercicio fiscal del 2010 que prueban que no se entregaron
comprobantes de gastos por el orden de 52 millones 218 mil 637 pesos con 88
centavos.
2.- La segunda quedó registrada bajo el número de Averiguación Previa
LPZ/026/SPB/2012 e interpuesta en contra del Organismo Operador Municipal del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Mulegé (OOMSAPAM) encabezado en su
momento por Alejandro Colorado Betanzos, por no haber solventado 175
observaciones de la cuenta pública 2010 por un monto de 9 millones 162 mil 681
pesos con 5 centavos.
3.- La tercera y última quedó registrada bajo el número de Averiguación
Previa LPZ/027/SPB/2012 e interpuesta en contra del Ayuntamiento de Mulegé, por
presentar retraso en la comprobación de la cuenta pública correspondiente de
junio a diciembre del ejercicio fiscal 2010.
Las tres denuncias presentadas en contra de la pasada administración, son el
primer paso –y en virtud de que el alcalde Guillermo Santillán Meza, incumplió
su promesa de llamar a rendición de cuentas a su antecesor– para fincar
responsabilidades en contra de aquellos ex servidores públicos que se
enriquecieron ilícitamente y abusaron del poder.
Durante una entrevista con ZETA, el presidente de la
Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior, Ernesto Ibarra
Montoya, dijo que el caso del Ayuntamiento de Mulegé es el primero de la lista,
porque “en los próximos días quedarán radicadas las denuncias penales de Loreto
y Comondú, porque son las administraciones que presentan el mayor número de
irregularidades y estamos sentado un precedente de algo que nunca se había
hecho, sobre todo porque provienen del Órgano de Fiscalización Superior”.
Las incongruencias
Pero al mismo tiempo que las denuncias e investigaciones avanzan en contra de
los ex alcaldes de los municipios del norte del estado, José Antonio Agúndez
Montaño, el alcalde de Los Cabos, ha tenido la valiosa oportunidad de solventar
la mayoría de las irregularidades dejadas a su paso por la Dirección del
Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Los Cabos.
— ¿Lo están protegiendo?,
se le preguntó al diputado Ernesto Ibarra Montoya.
“El último encuentro que tuve con el titular del Órgano de Fiscalización
Superior, fue informado de que Tony Agúndez había presentado la documentación de
todas las observaciones que en su momento se hicieron, y ahorita están checando
una y otra, y viendo, si se aceptan los documentos presentados o no”.
—O sea que así se quedó…
“De todos es sabido que el tiempo ya se venció, ¿verdad? Que fue el año
pasado, pero hemos sido conscientes, porque son muchas observaciones, y hablar
de observaciones, mucha gente se espanta porque se hablaba de 994 millones que
estaban observados, sin embargo, quiero comentar que a veces tiene que ver una
firma, una factura que no se entregó a tiempo o detallitos de cualquier índole
que representan una observación y una cantidad”.
Datos recabados por ZETA expusieron que el Órgano de
Fiscalización Superior presentó un pliego de 188 observaciones a José Antonio
Agúndez Montaño, sobre el ejercicio fiscal 2010, cuando se desempeñaba como
director del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, de las cuales 148 corresponden a una
auditoría financiera y 40 a una auditoría de obra pública, de las cuales
únicamente había solventado 42 y estaban pendientes 146 que amparaban un importe
de 994 millones 429 mil 213 pesos con 10 centavos.
Sin embargo, el hoy alcalde de Los Cabos, nunca fue requerido formalmente por
ser hermano Narciso Agúndez Montaño, en aquel entonces gobernador. Entre las
irregularidades detectadas a Tony Agúndez, están las siguientes:
1.- Inexistencia de un control de distribución de vales de gasolina.
2.- Copias fotostáticas de facturas, como comprobantes de gastos
provisionales.
3.- Diferencias en conciliaciones bancarias.
4.- Obras públicas en proceso después de un año de ejecución y sin ser
registradas como activo.
5.- Gastos por comprobar y sin soporte documental.
6.- Realización de obras sin licitación previa, violentando los artículos 28
y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios.
7.- Pagos de obras ejecutadas sin presentar fianzas de garantía para el
cumplimiento del contrato.
8.- 40 observaciones sin solventar sobre obras públicas ejercidas en los
ejercicios fiscales del 2007, 2008, 2009 y 2010.
Loreto y Comondú
Pero a diferencia de Los Cabos, y con montos y tiempos mucho más cortos, el
Órgano de Fiscalización Superior prepara la presentación de denuncias penales en
contra de los ex alcaldes de Loreto y Comondú, Yuan Yee Cunningham y Joel
Villegas Ibarra, por no haber solventado millones de pesos gastados sin
comprobación en el ejercicio fiscal del 2010.
En el caso de Loreto, y según el informe del Órgano de Fiscalización
Superior, hubo 113 observaciones, de las cuales 111 no habían sido solventadas
al cierre de esta edición, y las cuales representan un monto de 19 millones 854
mil 725 pesos con 75 centavos.
Del total 110 corresponden a auditoría financiera y sólo 3 a auditoría de
obra pública.
Sin embargo, no sólo se detectaron irregularidades en el ayuntamiento
loretano, sino también en el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado, y donde, según el órgano fiscalizador, hubo 35
observaciones por un monto de 5 millones 107 mil 688 pesos.
En el caso de Comondú, el ayuntamiento de Joel Villegas Ibarra no pudo
comprobar 194 millones 940 mil 14 pesos con 84 centavos, correspondientes a 131
observaciones, de las cuales 80 correspondieron a auditoría financiera y 51 a
auditoría de obra pública.
Como en Loreto, en Comondú también hay observaciones: son 76 no solventadas
por el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
y amparan un monto de 32 millones 045 mil pesos.
En la entrevista con el presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano de
Fiscalización Superior, Ernesto Ibarra Montoya, también llamado “El Diputado de
Hierro”, explicó que el tiempo fatal otorgado a los ex alcaldes y ex directivos
de agua potable ya venció, aun cuando fue enviado un ultimátum de respuesta como
última oportunidad que se les había otorgado.
Pero el legislador dijo que “ya no respondieron, y por lo tanto, tendrán que
atenerse a los consecuencias”.
“El único que respondió todos los requerimientos es José Antonio Agúndez, el
actual alcalde de Los Cabos, pero esto no significa que las observaciones
solventadas estén aprobadas por el órgano, ya que tienen que cumplir ciertos
requisitos, por eso entraron en un proceso de revisión, y en todo caso, si no se
aprueba la documentación, tendrá que ponerse una denuncia penal por parte del
órgano de fiscalización”, comentó el diputado.
El legislador del PAN dijo que siempre se ha manejado con legalidad y
transparencia, por lo que dijo que no se tienen compromisos políticos ni
partidistas o de amiguismos, como en el pasado.
“Lo único que estamos haciendo es aterrizar ese cambio que prometimos, y
darle credibilidad al trabajo del órgano fiscalizador, porque fue creado para
cumplir una función y un trabajo y por lo tanto debe de manejarse con
transparencia y basado en la Ley, porque todo aquel que hizo mal uso del dinero
público o se enriqueció de la noche a la mañana, tendrá que atenerse a las
consecuencias”.
El diputado añadió que el caso de Antonio Alcántar López está sentando un
precedente de lo que le sucederá a todo aquel servidor público que haya hecho
mal uso del dinero del pueblo. “Se comprobó el delito y ahorita está en la
cárcel, como seguramente deberán estar todos aquellos servidores que se
enriquecieron y abusaron del poder, aprovechando que tenían un jefe como Narciso
Agúndez”.
Finalmente, “El Diputado de Hierro” comentó que todavía falta el caso de los
14 millones de pesos, y los cuales, deben revisar la Contraloría y Procuraduría
y castigar ejemplar y enérgicamente a este ex servidor público y otros del
anterior sexenio, como una medida de escarmiento para que ningún funcionario de
la actual administración del PAN y de las alcaldías del PRI, PAN y PRD, se
atreva a utilizar y malversar –como en el pasado— el dinero del pueblo y el cual
debe de ser ejercido y aplicado a donde está destinado.
—Ahora que se detuvo, y se le dictó el auto de formal prisión a
Antonio Alcántar López, repentinamente, se amparó el yerno cómodo del ex
gobernador, Freddy Erubey Martínez Rivera. ¿Qué está pasando?
“Bueno, lo que está pasando es una fiebre de miedo de aquellos que se
despacharon con la cuchara grande y están viendo que ya comenzó aplicarse la
Ley. Yo creo que cuando alguien no debe no teme y yo creo que si alguien se
ampara es porque tiene cola que le pisen. Si nos vamos al Ayuntamiento de Los
Cabos, veremos que hay varios que están amparados. ¿A qué le tienen miedo?,
porque cacería de brujas no hay, y si ellos cometieron algún delito, tienen que
pagar, así de sencillo”.
José Manuel Murillo Peralta, Yuan Yee Cunningham y Joel Villegas Ibarra
tendrán que comprobar el paradero de millones de pesos que gastaron del erario
público, porque no entregaron documentación comprobatoria. Según el diputado
Ernesto Ibarra Montoya, presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano de
Fiscalización Superior, dicha omisión los convierte en sospechosos de
malversación de fondos.
Gerardo Zúñiga
Tras la captura y el encarcelamiento del ex director de Comunicación Social
del gobierno del estado de Baja California Sur, Antonio Alcántar López, y casi
dos meses después de haber vencido el plazo para que los ex alcaldes de Mulegé,
Loreto, Comondú, La Paz, así como el ex director del Organismo Operador
Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los
Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, solventaran todas las irregularidades
detectadas sobre los ejercicios fiscales del 2010 y parte del 2011, tres son
los ex ediles perredistas sentados en el banquillo de los acusados.
Se trata de José Manuel Murillo Peralta, Yuan Yee Cunningham y Joel Villegas
Ibarra, quienes, en las próximas semanas, tendrán que rendir cuentas sobre el
paradero de millones de pesos que gastaron del erario público, porque –como el
caso del ex vocero de Narciso Agúndez Montaño— no entregaron la documentación
comprobatoria, lo que, a decir del diputado Ernesto Ibarra Montoya, presidente
de la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior, los convierte
en sospechosos de haber malversado fondos.
De hecho, la primera denuncia penal ya fue presentada el 1 de marzo por el
Presidente del Órgano de Fiscalización Superior, Julio César López Márquez, en
la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Cometidos por
Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Por mandato de la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización
Superior, integrada por los diputados Ernesto Ibarra Montoya, Sergio Barrón
Pinto y Guadalupe Olay Davis, el titular del órgano, presentó tres denuncias
penales. Son las siguientes:
1.- La primera quedó registrada bajo el número de Averiguación Previa
LPZ/025/SPB/2012 e interpuesta en contra de quien resulte responsable en la
administración del ex alcalde José Manuel Murillo Peralta, por no haber
solventado un total de 123 observaciones, de las cuales 100 corresponden a
auditoría financiera y 23 a auditoría de obra pública, y de las cuales, nunca se
tuvo respuesta sobre las observaciones fincadas. El órgano de fiscalización
entregó el resultado de la auditoría y pruebas documentales sobre la cuenta
pública del ejercicio fiscal del 2010 que prueban que no se entregaron
comprobantes de gastos por el orden de 52 millones 218 mil 637 pesos con 88
centavos.
2.- La segunda quedó registrada bajo el número de Averiguación Previa
LPZ/026/SPB/2012 e interpuesta en contra del Organismo Operador Municipal del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Mulegé (OOMSAPAM) encabezado en su
momento por Alejandro Colorado Betanzos, por no haber solventado 175
observaciones de la cuenta pública 2010 por un monto de 9 millones 162 mil 681
pesos con 5 centavos.
3.- La tercera y última quedó registrada bajo el número de Averiguación
Previa LPZ/027/SPB/2012 e interpuesta en contra del Ayuntamiento de Mulegé, por
presentar retraso en la comprobación de la cuenta pública correspondiente de
junio a diciembre del ejercicio fiscal 2010.
Las tres denuncias presentadas en contra de la pasada administración, son el
primer paso –y en virtud de que el alcalde Guillermo Santillán Meza, incumplió
su promesa de llamar a rendición de cuentas a su antecesor– para fincar
responsabilidades en contra de aquellos ex servidores públicos que se
enriquecieron ilícitamente y abusaron del poder.
Durante una entrevista con ZETA, el presidente de la
Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior, Ernesto Ibarra
Montoya, dijo que el caso del Ayuntamiento de Mulegé es el primero de la lista,
porque “en los próximos días quedarán radicadas las denuncias penales de Loreto
y Comondú, porque son las administraciones que presentan el mayor número de
irregularidades y estamos sentado un precedente de algo que nunca se había
hecho, sobre todo porque provienen del Órgano de Fiscalización Superior”.
Las incongruencias
Pero al mismo tiempo que las denuncias e investigaciones avanzan en contra de
los ex alcaldes de los municipios del norte del estado, José Antonio Agúndez
Montaño, el alcalde de Los Cabos, ha tenido la valiosa oportunidad de solventar
la mayoría de las irregularidades dejadas a su paso por la Dirección del
Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Los Cabos.
— ¿Lo están protegiendo?,
se le preguntó al diputado Ernesto Ibarra Montoya.
“El último encuentro que tuve con el titular del Órgano de Fiscalización
Superior, fue informado de que Tony Agúndez había presentado la documentación de
todas las observaciones que en su momento se hicieron, y ahorita están checando
una y otra, y viendo, si se aceptan los documentos presentados o no”.
—O sea que así se quedó…
“De todos es sabido que el tiempo ya se venció, ¿verdad? Que fue el año
pasado, pero hemos sido conscientes, porque son muchas observaciones, y hablar
de observaciones, mucha gente se espanta porque se hablaba de 994 millones que
estaban observados, sin embargo, quiero comentar que a veces tiene que ver una
firma, una factura que no se entregó a tiempo o detallitos de cualquier índole
que representan una observación y una cantidad”.
Datos recabados por ZETA expusieron que el Órgano de
Fiscalización Superior presentó un pliego de 188 observaciones a José Antonio
Agúndez Montaño, sobre el ejercicio fiscal 2010, cuando se desempeñaba como
director del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, de las cuales 148 corresponden a una
auditoría financiera y 40 a una auditoría de obra pública, de las cuales
únicamente había solventado 42 y estaban pendientes 146 que amparaban un importe
de 994 millones 429 mil 213 pesos con 10 centavos.
Sin embargo, el hoy alcalde de Los Cabos, nunca fue requerido formalmente por
ser hermano Narciso Agúndez Montaño, en aquel entonces gobernador. Entre las
irregularidades detectadas a Tony Agúndez, están las siguientes:
1.- Inexistencia de un control de distribución de vales de gasolina.
2.- Copias fotostáticas de facturas, como comprobantes de gastos
provisionales.
3.- Diferencias en conciliaciones bancarias.
4.- Obras públicas en proceso después de un año de ejecución y sin ser
registradas como activo.
5.- Gastos por comprobar y sin soporte documental.
6.- Realización de obras sin licitación previa, violentando los artículos 28
y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios.
7.- Pagos de obras ejecutadas sin presentar fianzas de garantía para el
cumplimiento del contrato.
8.- 40 observaciones sin solventar sobre obras públicas ejercidas en los
ejercicios fiscales del 2007, 2008, 2009 y 2010.
Loreto y Comondú
Pero a diferencia de Los Cabos, y con montos y tiempos mucho más cortos, el
Órgano de Fiscalización Superior prepara la presentación de denuncias penales en
contra de los ex alcaldes de Loreto y Comondú, Yuan Yee Cunningham y Joel
Villegas Ibarra, por no haber solventado millones de pesos gastados sin
comprobación en el ejercicio fiscal del 2010.
En el caso de Loreto, y según el informe del Órgano de Fiscalización
Superior, hubo 113 observaciones, de las cuales 111 no habían sido solventadas
al cierre de esta edición, y las cuales representan un monto de 19 millones 854
mil 725 pesos con 75 centavos.
Del total 110 corresponden a auditoría financiera y sólo 3 a auditoría de
obra pública.
Sin embargo, no sólo se detectaron irregularidades en el ayuntamiento
loretano, sino también en el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado, y donde, según el órgano fiscalizador, hubo 35
observaciones por un monto de 5 millones 107 mil 688 pesos.
En el caso de Comondú, el ayuntamiento de Joel Villegas Ibarra no pudo
comprobar 194 millones 940 mil 14 pesos con 84 centavos, correspondientes a 131
observaciones, de las cuales 80 correspondieron a auditoría financiera y 51 a
auditoría de obra pública.
Como en Loreto, en Comondú también hay observaciones: son 76 no solventadas
por el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
y amparan un monto de 32 millones 045 mil pesos.
En la entrevista con el presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano de
Fiscalización Superior, Ernesto Ibarra Montoya, también llamado “El Diputado de
Hierro”, explicó que el tiempo fatal otorgado a los ex alcaldes y ex directivos
de agua potable ya venció, aun cuando fue enviado un ultimátum de respuesta como
última oportunidad que se les había otorgado.
Pero el legislador dijo que “ya no respondieron, y por lo tanto, tendrán que
atenerse a los consecuencias”.
“El único que respondió todos los requerimientos es José Antonio Agúndez, el
actual alcalde de Los Cabos, pero esto no significa que las observaciones
solventadas estén aprobadas por el órgano, ya que tienen que cumplir ciertos
requisitos, por eso entraron en un proceso de revisión, y en todo caso, si no se
aprueba la documentación, tendrá que ponerse una denuncia penal por parte del
órgano de fiscalización”, comentó el diputado.
El legislador del PAN dijo que siempre se ha manejado con legalidad y
transparencia, por lo que dijo que no se tienen compromisos políticos ni
partidistas o de amiguismos, como en el pasado.
“Lo único que estamos haciendo es aterrizar ese cambio que prometimos, y
darle credibilidad al trabajo del órgano fiscalizador, porque fue creado para
cumplir una función y un trabajo y por lo tanto debe de manejarse con
transparencia y basado en la Ley, porque todo aquel que hizo mal uso del dinero
público o se enriqueció de la noche a la mañana, tendrá que atenerse a las
consecuencias”.
El diputado añadió que el caso de Antonio Alcántar López está sentando un
precedente de lo que le sucederá a todo aquel servidor público que haya hecho
mal uso del dinero del pueblo. “Se comprobó el delito y ahorita está en la
cárcel, como seguramente deberán estar todos aquellos servidores que se
enriquecieron y abusaron del poder, aprovechando que tenían un jefe como Narciso
Agúndez”.
Finalmente, “El Diputado de Hierro” comentó que todavía falta el caso de los
14 millones de pesos, y los cuales, deben revisar la Contraloría y Procuraduría
y castigar ejemplar y enérgicamente a este ex servidor público y otros del
anterior sexenio, como una medida de escarmiento para que ningún funcionario de
la actual administración del PAN y de las alcaldías del PRI, PAN y PRD, se
atreva a utilizar y malversar –como en el pasado— el dinero del pueblo y el cual
debe de ser ejercido y aplicado a donde está destinado.
—Ahora que se detuvo, y se le dictó el auto de formal prisión a
Antonio Alcántar López, repentinamente, se amparó el yerno cómodo del ex
gobernador, Freddy Erubey Martínez Rivera. ¿Qué está pasando?
“Bueno, lo que está pasando es una fiebre de miedo de aquellos que se
despacharon con la cuchara grande y están viendo que ya comenzó aplicarse la
Ley. Yo creo que cuando alguien no debe no teme y yo creo que si alguien se
ampara es porque tiene cola que le pisen. Si nos vamos al Ayuntamiento de Los
Cabos, veremos que hay varios que están amparados. ¿A qué le tienen miedo?,
porque cacería de brujas no hay, y si ellos cometieron algún delito, tienen que
pagar, así de sencillo”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario