Por abrumadora mayoría el Cabildo inicia
procedimientos para exigir nulidad de un contrato “hechizo” firmado por Antonio
Astiazarán
Fernando Villa
Escárciga
Más de cien millones de pesos ha cobrado
la empresa recolectora PASA a través
de un contrato “hechizo” y ahora el Ayuntamiento va por la nulidad de un acto
presuntamente ilegal.
Ayer por la noche sesionó el Cabildo
para decidir por mayoría encauzar un proceso jurídico para dejar sin efecto un
contrato ajeno al interés del bien público, se expuso.
El regidor Oliver Flores Bareño leyó un Dictamen
formulado por la comisión edilicia encargada del caso, en el que se establecen
irregularidades al margen de la ley.
Durante la administración anterior el
Ayuntamiento aprobó un documento pero el entonces alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, a
espaldas del Cabildo, firmó otro con la empresa.
“Hay más de 50 diferencias en el
clausulado entre uno y otro contrato, por lo que se debe pedir la nulidad ante
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, explicó.
Entre otras inconsistencias, la Comisión
encontró que el acuerdo original contemplaba que la empresa trabajaría con 14
camiones recolectores pero sólo 8 aparecen en el otro documento.
Igual se especificaba que la empresa
aportaría camiones nuevos, de su propiedad, cuando en realidad son rentadas y
se presume una operación triangulada.
Y es que, en realidad, el acuerdo legal
del Ayuntamiento es con Recolectora
de Residuos King Kong pero quien
presta el servicio y cobra es PASA, que tampoco cumple con otras
cláusulas.
“Lo que se
cuestiona es la participación de tres funcionarios de la administración anterior
en un contrato viciado de origen”, dijo el regidor Ricardo Manjarrez.
Ante la
preocupación expresa de Luis Zaragoza
Navarro sobre los efectos de la demanda en detrimento del servicio, se
explicó que PASA está obligada a continuar sus labores.
La empresa no puede suspender el
servicio mientras no se emita una resolución de la autoridad competente, atajó
el regidor Roberto Maciel Carbajal.
Sobre los adeudos a la empresa, en el
Dictamen se especifica que al término de la administración anterior se le debían
7 millones 387 mil pesos. Hoy el saldo es de 6 millones 23 mil.
A principios de la semana próxima se
cumplen los cinco años especificados en el contrato para que una de las partes
proceda a la revocación del acuerdo, proceso que ayer decidió el
Cabildo.
Así, por
mandato del pleno, la síndico Mónica Marín Martínez deberá
apoyarse jurídicamente para solicitar la nulidad de un contrato que por “sucio”
podría tirarse a la basura.
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